Sobre el taoísmo y la indignidad

 En La Mirada Semanal

La Convención constitucional fue primero virulentamente criticada porque supuestamente no avanzaba en su tarea y ahora se la acusa de precipitación y hasta se pide que resigne su tarea cuando está en plena etapa de decantación de su articulado luego de amplios procesos de consulta. Se agregan las señeras voces del consenso y los acuerdos amplios, solo que ahora en contra de los que está adoptando la Convención por 2/3 para hacer realidad los cambios institucionales que la sociedad demanda.

Cristián Warnken ha escrito lo que sigue: “¿Qué pasaría si la Convención se detuviera y se declarara en estado de silencio y escucha, y entendiera que la verdadera urgencia es “no hacer —por ahora— nada”? Por querer hacerlo todo y cambiarlo todo, no seremos más eficaces en superar las injusticias e inequidades de nuestro país. Nos falta un Lao-Tsé en el Palacio Pereira. Y también en La Moneda. Un consejero taoísta como al que suelo acudir cuando mis urgencias me impiden pensar, y vivir“.

¿No sería recomendable que, frente a la evidente agitación contra la Convención Constitucional de Warnken, volviera a recurrir a su consejero taoísta para entrar en un estado de silencio y escucha, digamos hasta el 6 de julio? En ese momento, con un poco más de calma, tal vez podrá apreciar el enorme avance que constituirá para Chile una nueva Constitución emanada de la representación de la soberanía popular y el sustancial contraste con la que nos rige en materia de libertades y de derechos individuales y colectivos. La Convención Constitucional tiene que trabajar en los tiempos y plazos que mandató el anterior Congreso por 2/3 de sus miembros y ratificó el 80% del electorado en octubre de 2020.

A los que no les guste el resultado, podrán votar en contra. Si el pueblo la aprueba, podrán organizar libremente una coalición política que propugne su reforma. La Constitución de 2022 llegará a puerto como resultado de arduas luchas por casi 50 años, en las que tantos dejaron sus vidas y desvelos y en las que otros nunca aparecieron o trabajaron para su mantención como soporte de un orden oligárquico y autoritario. La nueva Constitución será reformable por mayoría del parlamento o por iniciativa popular con firmas suficientes, como corresponde a un orden democrático. Algo bien distinto a la constitución espúrea de 1980, cuyo fin definitivo le cuesta tanto aceptar a meros agitadores que defienden el statu quo y que son a la postre tan poco taoístas.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza califica de “indignidad” la eventual supresión del Senado y su sustitución por una cámara territorial que tendrá facultades colegisladoras en algunos temas de interés regional (aunque es un error incluir ahí la ley de presupuestos), pero con capacidad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por 4/7. ¿La razón?: “a mí lo que me molesta mucho es la reducción sustantiva de sus atribuciones, de su trabajo, de lo que hacemos (…). Pero aquí, lo que me llama más la atención de todo esto es que se diga que hay una Cámara de Diputados y una cámara de las regiones y que las dos legislan, pero cuando tiene una opinión la Cámara de Diputados, esa es la que prevalece. Es un poquito ridículo, porque uno siente que esa gente va a legislar sin ningún motivo“.

En Gran Bretaña, Francia, España y una larga lista el Senado representa los territorios en el proceso legislativo, pero sin prevalecer sobre la cámara que representa la soberanía popular. La complementa y propone cambios legislativos, pero no los dispone. Desde el nacimiento de la democracia moderna en la revolución francesa, los diputados no están para representar a sus distritos como lo hace un dirigente gremial a su gremio, sino para concurrir a conformar la legislación de general aplicación en escala nacional.

En algunos lugares, como en Alemania, una parte de la Cámara se elige por listas nacionales precisamente para subrayar que la ley está llamada a ser de validez para la Nación en su conjunto, no para un lugar particular del territorio. La administración territorial tiene otros órganos de decisión y representación para las funciones que le competen. Insulza lamenta que la representación territorial no prevalezca sobre la representación popular. Esta postura es legítima, pero sostener que la fórmula que está aprobando la Convención no existe en otras partes es un error de hecho un tanto interesado. Lo propio puede decirse de esta otra afirmación: “en ningún país de la región ha funcionado nunca un sistema unicameral”. Sin ir más lejos, en Perú el sistema parlamentario es unicameral.

Y luego viene la Gran Acusación: “lo que pasa es que han llegado ahí una cantidad de jóvenes, de personas, no son tan jóvenes tampoco, a la Convención Constitucional que creen que hay que destruirlo todo, y están pensando por destruir lo que les parece más molesto, que parece más simbólico y uno de esos es el Senado (…). Este senado que han inventado no sirve francamente para nada“. La molestia se extiende a la propia idea del proceso constituyente: “a uno le gustaría que esta cosa de la Constitución de pronto alguien dijera ‘no, no estoy de acuerdo’. Pero salir a buscar acuerdos así completamente vagos y poco precisos para contentar a moros y cristianos, a mi juicio es negativo para el país“.

Insulza es un conocido adepto de los acuerdos transversales y de los consensos, pero al parecer solo cuando favorecen su postura conservadora. Se le agradece, en todo caso, su franqueza, pero bastante menos sus afirmaciones que no se atienen a los hechos. ¿Votará, y el partido al que pertenece, en contra de la nueva Constitución? Así lo indica el tono y el contenido de sus comentarios, en la línea de Warnken y sus amarillos. Insulza, como coautor del mal arreglo de 2005, que mantenía el binominal, los altos quórum y el Tribunal Constitucional como tercera cámara legislativa, entre otras instituciones no democráticas, al parecer se inclina por plegarse a la idea de mantener lo esencial del antiguo régimen. Está en su derecho. Ahora bien: ¿qué tiene que ver esa postura con el socialismo y con la tesis histórica de Allende de suprimir el Senado y, más importante todavía, con la voluntad contemporánea de la sociedad chilena de dotarse de instituciones que expresen las opciones mayoritarias en vez de encadenarlas e imposibilitar que prevalezcan en beneficio de intereses oligárquicos? Una recomposición de las fuerzas políticas ayudaría bastante a una clarificación de las posturas y visiones de sociedad, para mejor ilustración de las opciones que se presentan a la ciudadanía.

El malestar oligárquico con la nueva constitución

 En La Mirada Semanal

Todos los días se evidencia con gran profusión mediática el malestar que provoca a los voceros de las culturas políticas tradicionales escuchar voces distintas a las usuales en la Convención Constitucional. En ella se han ido expresando propuestas sensatas de normas y otras que no lo son, como en muchas otras esferas de la vida nacional. Pero no existe ningún argumento válido para echar atrás el proceso actual.

Se escuchan con frecuencia insensateces, en ocasiones mucho mayores, en el Congreso o por parte de organizaciones gremiales para ganar audiencias mediáticas o defender descarnadamente intereses particulares (en lo que destacan los gremios de los grandes empresarios), sin que nadie se altere demasiado. Esa constatación no impide desear que la evolución política del país vaya permitiendo que caigan poco a poco por su propio peso las variantes más demagógicas y estridentes de la expresión pública de ideas e intereses. Pero lo concreto es que, hasta ahora, no se ha aprobado ninguna norma en la Convención que merezca el calificativo de insensata. Varias de las normas aprobadas necesitan precisiones y mejoras de redacción, lo que ocurrirá de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

El trasfondo parece ser que las elites dominantes suelen vivir con recurrentes temores, incluyendo peligros fantasmagóricos que las más de las veces imaginan y alimentan ellas mismas. Y ahora, lo que tiene más fundamento, aparece el temor de que aquí en adelante la democracia establezca normas que contradigan o limiten sus intereses. Ocurre que desde 1973 no están acostumbradas a que ello se produzca en dimensiones significativas. Su apoyo a un golpe sangriento hace 50 años fue precisamente para restablecer su dominio incontrarrestado sobre la sociedad, el que había sido erosionado desde 1920 por los avances democráticos progresivos que terminaron en la reforma agraria, la chilenización y nacionalización del cobre y un área significativa de empresas públicas. Su férreo diseño institucional post dictadura fue multiplicar los candados que impidieran el ejercicio de la voluntad mayoritaria. Estos candados están terminando de abrirse, lo que incrementa sus temores y su malestar. 

Ya avanza la definición de Chile como una República dotada de un Estado Social y Democrático de Derecho para regir sus destinos, como en Alemania y otros países, el que ampliará los derechos individuales y colectivos. Y también dotada de un Estado Regional que otorgará mayores potestades a las administraciones subnacionales para reflejar mejor la diversidad territorial del país, en el marco de funciones nacionales indelegables en materias soberanas, económicas y redistributivas. Se avanza, a su vez, en la previamente ignota definición de un Estado plurinacional que reconocerá la existencia y derechos colectivos de los primeros pueblos y culturas, los que podrán tener autonomías territoriales junto a una pluralidad de sistemas de justicia debidamente coordinados. Ese reconocimiento, que la ley delimitará en el futuro en un probable marco de diálogo con los representantes de esos pueblos, estará en mejores condiciones de traer progresivamente paz y equidad a espacios hoy convulsionados por las profundas injusticias acumuladas en la historia. Por su parte, la propiedad privada y la libre iniciativa económica ya no serán sacrosantas sino que tendrán como límite el interés general. La autonomía del Banco Central existirá previsiblemente, según avance la redacción final, para poner la política monetaria al servicio de contener la inflación y también para contribuir a mantener altos niveles de empleo y a facilitar la diversificación productiva y la lucha contra el cambio climático. Además, se reconocerá el rol de la economía social y solidaria sin fines de lucro.

No hay todavía acuerdo en la Convención sobre un régimen político que permita una mayor congruencia entre Ejecutivo y Congreso, aunque el presidencialismo sin mayoría parlamentaria como fuente de conflicto potencial será seguramente objeto de cambios. Por su parte, la naturaleza del “bicameralismo asimétrico” sigue en discusión. Probablemente desaparecerá el Senado “espejo”, cuya modalidad de elección y plazos de ejercicio de los mandatos tienden a bloquear a una Cámara plural y representativa de la voluntad popular periódicamente expresada (dicho sea de paso, es bastante vergonzoso el acuerdo entre la UDI, el PS y otros para intentar mantener el Senado en su actual composición y rol de bloqueo).

El hecho es que en la primera semana de julio terminará el trabajo de la Convención y que lo aprobado se plebiscitará hacia septiembre. Mientras, hay quienes cuestionan el mecanismo aprobado por el parlamento en 2019 según las normas vigentes de reforma constitucional por dos tercios, a la vez que se extendió ese quórum a la totalidad de las normas que apruebe la propia Convención. El intento de volver atrás es salirse totalmente del cauce establecido, lo que para conservadores dados a "no modificar las reglas del juego" es un tanto paradojal. Se busca nada menos que modificar el proceso cuando está en curso porque a la derecha y a sus socios no le están gustando los resultados previsibles. Se lee en la prensa que discuten “alternativas”, como la idea que se agregue en la papeleta del plebiscito algo así como “Rechazo para alcanzar un nuevo acuerdo constitucional”, como propuso Pablo Longueira. Nada de esto ha tenido mayor eco, salvo contribuir a crear un clima que favorezca el voto por el rechazo a la nueva constitución.

Por su parte, el planteamiento “alternativo” de reformas constitucionales futuras en el Congreso es bastante risible. Se presenta con la autoridad de una llamada Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa (no de la Unión Europea) sin mayor incidencia, y plantea algo totalmente obvio: la posibilidad de modificaciones posteriores a la nueva constitución para quienes no queden contentos con la que redacte la Convención y sea eventualmente aprobada por el pueblo en septiembre. Evidentemente, la Constitución de 2022 no será inmodificable, como en la práctica lo fue la de 1980 por la tozudez de la derecha. Lo que hasta ahora se ha discutido en la Convención es que la nueva constitución será modificable por el parlamento por mayoría absoluta o bien por iniciativa popular juntando un cierto número de firmas. Algunos convencionales han agregado que se incluya un plebiscito ratificatorio para ciertas normas que se reformen en el parlamento, lo que es muy razonable. Eso es lo que corresponde desde la lógica democrática: que una constitución se pueda modificar en el futuro en cualquier momento en el Congreso o mediante iniciativa popular. Si alguna norma no le gusta a algún colectivo significativo, procurará que se modifique, pero no mediante trampas ni por la fuerza. Deberá conseguir una mayoría absoluta en el parlamento y eventualmente una mayoría popular en las urnas. 

No existe ningún argumento para echar atrás el proceso actual. Salvo el de sostener que los pueblos no deben dotarse de normas de convivencia según lo determinen sus representantes libremente elegidos, posteriormente ratificadas por la ciudadanía, lo que nadie se atreve a reconocer. Los mismos de siempre seguirán inventando mil subterfugios. Eso es lo que les pasa a las oligarquías y sus asociados que no creen en la soberanía popular ni en la libre deliberación democrática. Pero eso ya es un asunto de ellas y ellos, no de la nación chilena. Por si todavía no se dan cuenta, cabe indicarles que no son lo mismo. Y en 2022 menos que nunca.

La tentación de la polarización

En La Mirada Semanal

Será una tarea de todo el sistema político evitar la polarización del país ahora que se inicia un nuevo ciclo de cambios institucionales y económico-sociales. Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha tradicional y a la neoderecha emergente a una conducta más racional que la mostrada hasta ahora.

Los dichos despectivos del ex ministro Gerardo Varela sobre los nuevos equipos gobernantes o la frase de la ex ministra Mariana Aylwin según la cual la Convención Constitucional quiere poco menos que destruir la democracia, auguran la persistencia de expresiones recalcitrantes de una parte de las llamadas elites. La clave para Chile es que no se inclinen hacia la idea de un "Plan B", en palabras del ex ministro Ignacio Walker, definitivamente productor de malas frases, es decir conductas de connotaciones antidemocráticas. Indico que se trata de ex ministros porque eso debiera, en principio, llevarlos a una mayor autocontención de sus pasiones políticas para preservar una esfera pública de rasgos razonablemente republicanos. Pero no es el caso.

Los que empujan la polarización entre nuevas versiones de "buenos y malos" y la descalificación de los cambios que Chile necesita a ojos vistas -para lograr una mayor integración social, para desconcentrar y diversificar la economía y el poder político y para disminuir sustancialmente las desigualdades- solo han venido obteniendo derrotas en el último tiempo. Varios deben estar lamentando la ceguera de su conducta al oponerse a la evolución institucional democrática desde 1990 con una implacable lógica de trinchera y de retención ilegítima de resortes de poder. También le debe ocurrir algo semejante a los que se opusieron desde fuera y desde dentro al cambio constitucional propuesto muy razonablemente por la presidenta Bachelet, así como a su propuesta de reforma tributaria progresiva original y a sus reformas laborales en favor de ampliar la negociación colectiva con titularidad sindical.

A ese mundo de la política chilena le pasó que se encontró a la vuelta de la esquina con la rebelión social inorgánica más grande que conozca la historia nacional, canalizada hacia una Convención Constitucional en la que no dispone siquiera de un tercio de veto, como hubieran deseado para seguir manteniendo la concentración de poder económico y político vigente. La Convención Constitucional pasó ahora a ser para ese mundo la expresión de todos los males, en circunstancias que lo aprobado hasta acá, como el Estado democrático y social de derecho, el Estado regional, la justicia plural y los derechos sexuales y reproductivos, son importantes progresos institucionales desde el ángulo que se le mire, mientras las propuestas que exceden el dominio constitucional o expresan un mero verbalismo radical van cayendo por su propio peso. El bloque tradicional de poder se encontró, entre tanto, con que ahora gobernará una nueva coalición de izquierda por voluntad ciudadana que incluye al PC, su gran, mítico e inútil fantasma. Desde luego esta coalición está mucho mejor dotada de capacidades de canalización de la demanda social y tiene mejores posibilidades de construir poco a poco una nueva gobernanza que deje atrás el muy mal gobierno reciente.

Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha a una conducta más racional, como la que se expresó en el reciente acuerdo para administrar el Senado. Lo propio debiera hacer el gran empresariado. Es cierto que ese sector deberá pagar más impuestos, dado que el 1% concentra cerca del 30% de los ingresos, más que en casi cualquier otra parte del mundo (ver https://wid.world/es/country/es-chile/), y que los que explotan recursos mineros, pesqueros y forestales no pagan al país las regalías que debieran, y eso no puede seguir ocurriendo. Y deberán someterse a más reglas de equidad social, control de abusos y preservación ecológica, además de acostumbrarse a servicios públicos más fuertes, es decir a un Estado de bienestar que existe con variantes en muchas partes como un valor en sí mismo y para proveer estabilidad democrática y social. Y el conjunto del sistema económico interno deberá asumir, también, que el cambio climático es una amenaza global que debe enfrentarse sin dilación, iniciando una drástica transición energética.

El bloque tradicional de poder está en su derecho democrático de oponerse a todo lo anterior. Por razones de salubridad pública no debiera presentarlo, sin embargo, como un apocalipsis o profiriendo insultos. Se trata de cambios propuestos a la sociedad por una coalición que requerirá construir el voto mayoritario de aprobación de la Constitución de 2022 y luego deberá obtener el apoyo periódico del parlamento en el marco de un Estado de derecho. La reglas democráticas, en vez de cualquier tipo de Plan B, deberán ser el único espacio de acción política legítima.

Ojalá la nueva generación de derecha sea más republicana que sus antecesoras y que la neoderecha autodenominada amarilla no siga tergiversando a las izquierdas y al movimiento social de manera tan destemplada. Al país le irá mejor sin polarización, aunque siempre valorando el debate contradictorio, por rudo que sea, pero llamado a ser democráticamente zanjado. Y también le irá mejor a la derecha, que tiene un espacio en la sociedad, incluyendo el de postular periódicamente a ser gobierno, pero que ojalá no sea usado para descalificar e infundir miedo (por el momento busca terminar de comprar los medios de comunicación que no se les subordinan del todo) y tampoco, como ha ocurrido desde el fin de la dictadura de la que formaron parte, intentar una y otra vez imponer normas tramposas de subordinación de la ciudadanía a sus intereses.

¿Será posible mantener un mínimo de conducta cívica, buena educación y honestidad intelectual -que incluye como requisito llamar las cosas por su nombre- en el espacio público y en el debate sobre los cambios que vienen? La experiencia pasada y presente no empuja al optimismo. Pero es un esfuerzo indispensable en el que cabe persistir para mejorar la convivencia democrática.

Cambio de folio

En La Mirada Semanal

El 11 de marzo se inaugura un nuevo gobierno que expresará un completo recambio político en el país. No solo la derecha dejará de ser gobierno, sino que una nueva generación, la emergida de las luchas estudiantiles de 2011, y una nueva coalición de centro-izquierda, que poco tiene que ver con la Concertación y la Nueva Mayoría, se harán cargo de la administración del país en medio de un cambio constitucional de amplias proporciones. 

El gobierno que termina tuvo un mal récord institucional, económico y también en el abordaje de la pandemia. En materia institucional, prolongando la ceguera de la derecha desde 1990, se negó a realizar los cambios constitucionales pendientes desde la transición. La presidenta Bachelet los dejó presentados en la semana previa a terminar su segundo gobierno con un corte más bien moderado. Hoy muchos en la derecha echan de menos ese formato. El resultado del inmovilismo político fue la rebelión de 2019 y el obligado pacto de cambio constitucional que al saliente presidente se le escapó de las manos, al no lograr la derecha en la elección de convencionales constituyentes el tercio de veto que había logrado imponer en el acuerdo del 15 de noviembre. Entre tanto, Piñera declaró la guerra contra un “enemigo poderoso”, cuya inexistencia señaló el propio general a cargo de manejar el estado de excepción, con una represión que violentó y mutiló a cientos de personas y terminó en la muerte de decenas de ellas, sin lograr evitar en nombre del orden las múltiples destrucciones y saqueos. El enfoque represivo frente al conflicto de la Araucanía no hizo más que agravarlo. Piñera intentó incluso, con la complicidad terminal de una parte de la ex concertación, militarizar constitucionalmente el orden público, lo que hubiera implicado un histórico retroceso de la democracia chilena.

Por su parte, la gestión económica de Piñera II partió con el diagnóstico según el cual el país necesitaba reformas liberales para crecer más e insistió, sin éxito por no tener mayoría parlamentaria, en un plan de disminución de impuestos a los empresarios y de desregulaciones laborales y ambientales. Luego navegó a la deriva al desatarse la protesta social, largamente contenida. Esta fue el resultado del hastío hasta la ruptura ante la falta de oportunidades, una protección social insuficiente, los abusos empresariales y el sobre-endeudamiento generalizado. Más tarde, la gestión de la pandemia dejó mucho que desear, aunque era de suyo bastante difícil. Las necesarias transferencias masivas a los hogares y pymes fueron tardías y de baja escala inicial, con la consecuencia de perder el control de factores claves de la política económica, que pasó a manos del parlamento con los tres retiros de fondos de AFP. Esta inacción política impidió al gobierno conducir un proceso racional de uso de esos ahorros, así como de los del seguro de desempleo, precipitando una fuerte recesión, la mayor desde 1983. 

Más tarde, bastante avanzado el año 2021 y ante sus sucesivos fracasos electorales, Piñera provocó el mayor aumento de gasto público que conozca la historia de Chile, llevándolo a más de 30% del PIB, para luego generar un ajuste brutal en 2022. Se recuperó la producción e incluso creció en 2021 sobre el nivel previo a la crisis, pero el empleo quedó atrás: aún falta crear 400 mil puestos de trabajo para alcanzar el nivel prepandemia. 

El zigzagueo  de cierres y aperturas de actividad para enfrentar la pandemia se realizó buscando nuevas normalidades a destiempo en la producción y la educación, aunque se acompañó de un buen proceso de vacunaciones que descansó en la desdeñada salud primaria y de una adecuada gestión unificada de la respuesta hospitalaria, con corruptelas incluidas, despido temprano del personal adicional y sin lograr comprar las vacunas de mayor calidad (como si lo hizo Israel, por ejemplo), aunque las adquiridas cumplieron con su cometido. El resultado final es que, de acuerdo a los datos disponibles recopilados por la OCDE (Healh at a Glance), Chile ocupa uno de los peores lugares del ranking en términos de exceso de mortalidad desde la llegada del Covid-19, en relación al promedio registrado en los últimos cinco años y los decesos que se proyectaban, en circunstancias normales, para el período. Los fallecimientos se incrementaron un 25%, ubicando a Chile como el tercer país con mayor exceso de mortalidad asociada a la pandemia en la OCDE. 

El cambio de folio, signado por el fuerte fracaso del segundo gobierno de la derecha desde 1990, incluye un cambio sustancial en el espacio del centro y la izquierda. La idea de un centro político predominante apoyado por una izquierda supuestamente socialdemócrata pero en realidad integrada al orden existente (el eje "transversal" DC-PS al estilo de Foxley-Walker y Escalona-Insulza), como hemos criticado abiertamente desde 2005, ha llegado a su fin. Este diseño no es el mismo que el que supone realizar acuerdos entre el centro y la izquierda en determinadas etapas, lo que muchos pensamos han sido y pueden seguir siendo necesarios y constructivos para fines específicos en el pasado y en el futuro. Pero no para construir un dique conservador que impida los cambios en la sociedad, como terminó siendo. La creación de nuevas fuerzas políticas emergentes en la izquierda, y su fragmentación, resultó inevitable.

Desde el 11 de marzo gobernará otra coalición, como algunos venimos postulando desde hace un buen tiempo: la de Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Chile Digno, conformado por el PC, regionalistas-verdes y otras izquierdas) y el grupo de partidos PS-PPD-PR, la que se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Entretanto, terminó su ciclo la ex-Concertación, consagrando un rebaraje de cartas entre el mundo del centro y el de las diversas izquierdas. No obstante, ambos espacios eligieron 37 diputados cada uno, mientras en el Senado la presencia DC, PS y PPD sigue siendo predominante. Por ello, el nuevo presidente Boric ha procurado conformar una alianza estable de gobierno entre Apruebo Dignidad, con el grupo de 2011 a la cabeza, y la izquierda llamada socialdemócrata. Deberá, además, lograr acuerdos con la DC, el PH y el Partido Verde, dadas las realidades parlamentarias, junto a conseguir al menos un voto de oposición en el Senado para hacer avanzar sus iniciativas legales.

El nuevo parlamento habrá de debatir sobre las transformaciones que han estado en debate en la esfera pública, tales como: 1) una reforma tributaria progresiva y suficiente y una fuerte política de desconcentración de mercados; 2) una regalía minera basada en las ventas, eventualmente corregida por la productividad de los yacimientos, con una tasa que aumente significativamente según suba el precio del cobre, cuyo destino sea financiar el desarrollo científico y tecnológico y la diversificación productiva sostenible, incluyendo la expansión de CODELCO y la creación de una Empresa Nacional del Litio; 3) una reforma de pensiones sin AFP que introduzca un sistema mixto con reparto intergeneracional, solidaridad de género y acumulación de fondos colectivos con pensiones acordes con los aportes individuales, junto a una pensión universal básica que se acerque al 75% del salario mínimo; 4) un aumento del salario mínimo hasta alcanzar 500 mil pesos y un cambio en la negociación colectiva para que se realice por rama con titularidad sindical, junto a un fortalecimiento legal de la igualdad salarial entre géneros;  5) el mejoramiento del acceso universal a la salud, con extensión prioritaria de la salud primaria; 6) el fortalecimiento de la educación pública y de la calidad formativa no sexista en todos los niveles; 7) la creación de un sistema nacional de cuidados y de un subsidio familiar extendido, junto a un cambio drástico en la política hacia la infancia en dificultades que aumente el umbral de respecto a sus derechos y su integración social; 8) un fortalecimiento de las competencias descentralizadas para la gestión de los servicios urbanos, un fuerte impulso a la vivienda social y el urbanismo integrador y una expansión de las infraestructuras sociales y productivas; 9) la reforma de las policías para fortalecer la seguridad ciudadana, trabajar día a día contra la violencia de género y garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, con una persecución más eficiente del crimen organizado, del tráfico de personas y de la delincuencia cotidiana en los territorios; 10) la despenalización de la producción controlada del cannabis y poner término a la persecución del consumo, junto a políticas de contención y tratamiento de las adicciones, entre otros temas considerados en el programa de segunda vuelta de Gabriel Boric.  

Probablemente la nueva coalición perderá votaciones parlamentarias y tendrá que construir compromisos más allá de sus filas, pero está llamada a defender su programa ante la sociedad para avanzar en la relegitimación de la democracia en el país, que es tal vez el desafío central del nuevo gobierno y debiera concitar el apoyo de todo el sistema político e institucional. 

En el corto plazo, seguramente el gobierno abrirá un amplio proceso de diálogo en la Araucanía, fortalecerá la contención de la inmigración ilegal en el Norte y comprometerá su apoyo al trabajo de la Convención Constitucional para crear las mejores condiciones de un plebiscito de salida exitoso hacia septiembre. Deberá también sortear el peligro de provocar otra recesión evitable (como las de 1999 y 2009) dada una política monetaria restrictiva en un contexto de un nuevo choque de precios externos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, la que no se puede controlar subiendo la tasa de interés. Este choque será, con una alta probabilidad, de gran magnitud y afectará directamente a los combustibles y los cereales, es decir el poder de compra de la mayoría. Al mismo tiempo, habrá que enmendar el choque fiscal dejado maquiavélicamente por el gobierno de Piñera, que prevé una caída de 23% del gasto público en 2022, con evidentes consecuencias recesivas. De no cambiar rumbos, nos encaminaremos a un horizonte de simultánea caída de la producción y el empleo con una fuerte inflación importada. Será la pesada herencia económica para el gobierno que se inicia. Los distintos desafíos deberán abordarse, como se observa, desde el día uno con un gran optimismo de la voluntad y el debido pesimismo de la inteligencia.

Nuevas turbulencias

En La Mirada Semanal

La invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, y  a la recesión interna en ciernes.

La invasión de la Rusia de Putin a Ucrania y las medidas de retaliación económica de Europa y Estados Unidos agregan más incertidumbres a la economía mundial, con un impacto de corto plazo traducido en precios más altos de la energía, las materias primas y los cereales, además de perturbaciones financieras y logísticas. Es temprano para saber cuánto se rebajarán las previsiones de crecimiento global, pero el conflicto en curso alterará el mercado de hidrocarburos y de cereales por un buen tiempo, en un contexto, no obstante, en que el PIB de Rusia es solo algo superior al de España, es equivalente al de Brasil y representa el 39% del de Alemania y el 10% del de China, según los datos del FMI para 2021. 

El problema es que la invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, incluyendo la duplicación del precio de los combustibles y una escasez de semiconductores. Esta inflación se origina primordialmente en rupturas de abastecimientos y cuellos de botella en la producción y la logística de transporte y almacenamiento de bienes durante la pandemia, junto a cambios en los patrones de demanda (de servicios a bienes) en los países de altos ingresos. Toma 16 meses expandir una planta de fabricación de semiconductores y 36 meses construir una nueva. El trasfondo es la desregulación progresiva de las cadenas logísticas en las grandes economías occidentales y el privilegio sistémico de las utilidades empresariales por sobre cualquier otra consideración, junto a la equivocada idea que la respuesta de la oferta se garantiza siempre con ese privilegio en caso de desequilibrios de suministro en las cadenas globalizadas y cambios en la demanda. Entre tanto, las utilidades de las empresas de transporte, logística y distribución en gran escala han aumentado sustancialmente y empujado la inflación en cadenas altamente concentradas en pocos oligopolios que proveen la mayor parte de la oferta.

En palabras de Larry Summers, “en general el pensamiento económico ha privilegiado la eficiencia sobre la resiliencia, y ha estado preocupada de modo insuficiente de los grandes inconvenientes de la eficiencia. Para salir adelante vamos a necesitar más énfasis en ‘just in case’ (por si acaso), incluso con algunos costos en términos de ‘just in time’ (justo a tiempo)”, en referencia a la lógica de gestión empresarial que ha procurado en las últimas décadas minimizar las holguras, las reservas y las existencias en los procesos de producción y distribución, que son precisamente las que permiten hacer frente a contingencias inesperadas. 

Por eso la política chilena de constituir reservas fiscales desde inicios de los años dos mil fue correcta para enfrentar los ciclos, aunque haya sido mal manejada a destiempo por el gobierno que termina, y debe ser recompuesta una vez superada la emergencia. Pero debe acompañarse de una más activa política de diversificación de al menos una parte de la oferta de suministros esenciales y de una revisión de las condiciones de entrega de los servicios básicos y sus tarifas públicas abultadas, junto a una firme política de competencia que ataque la fijación monopólica de precios, como la que se acaba de evidenciar en el caso del gas licuado. 

En el corto plazo, siguiendo a Barry Eichengreen, “los bancos centrales han estado observando atentamente si la inflación general, que pesa mucho sobre estos componentes (volátiles), comienza a desanclar la inflación subyacente, que los excluye, o las expectativas. Todavía no hay indicios de esto último, ni en las lecturas de inflación, donde la subyacente europea sigue siendo moderada, ni en las encuestas de consumidores. Pero con el conflicto entre Ucrania y Rusia acaparando los titulares, existe el peligro de que el ancla comience a arrastrarse”. No se observa una tendencia general de refugio en el dólar, mientras los países productores de materias primas se verán beneficiados por los altos precios. Para Chile, los términos del intercambio dependerán de la relación de precios cobre-petróleo, con los aumentos del uno probablemente anulando los del otro, lo que pone en perspectiva aún más estratégica la sustitución de la importación de hidrocarburos por energías renovables.

El panorama externo agrava una perspectiva interna con nubarrones. Existe un efecto recesivo en la economía por la combinación de un ajuste fiscal de una gran brusquedad (-23% de caída programada del gasto público para 2022) y una seguidilla de aumentos de la tasa de interés de referencia desde julio de 2021 por el Banco Central (llevándola desde el 0,5% al 5,5% actual, nivel inexplicablemente muy superior al de la FED norteamericana y el BCE europeo y que la nueva e híper-ortodoxa presidenta quiere subir aún más), a lo que se agregaron en su momento devaluaciones del peso que contribuyeron a aumentar la inflación (con una cima mensual de 849 pesos por dólar en diciembre 2021, a comparar con 735 pesos un año antes y en torno a los 800 pesos al iniciarse marzo) y a disminuir los salarios reales. Estos cayeron en el último trimestre de 2021, contribuyendo a una dinámica recesiva. 

Luego de un fuerte impulso entre mayo y octubre de 2021, que llevó a la economía a crecer un impresionante 12% en el año, esta se desaceleró progresivamente. El Índice Mensual de Actividad Económica desestacionalizado, que es el indicador relevante para seguir la coyuntura, cayó por segundo mes consecutivo en enero de 2022, en este caso en -1,0% luego de la caída de -0,4% registrada en diciembre de 2021. La caída del comercio en -3,2% indica que el motor de expansión constituido por la demanda de consumo de los hogares está en retroceso, pues los efectos de los amplios retiros de fondos de las AFP, por un monto total hasta ahora de 50,3 mil millones de US$, son básicamente por una vez, como hemos subrayado una y otra vez, por elevados que hayan sido y aunque una parte permanezca ahora bajo formas de ahorro más líquidas que pudieran ir a consumo. 

Es de esperar que no entremos en una etapa de simultánea recesión e inflación. Esto puede ocurrir si no se reacciona en materia monetaria y fiscal y se mantiene una alta inflación externa, sobre la que no tenemos control y no será demasiado sensible a las altas tasas de interés internas, salvo un efecto incierto sobre el tipo de cambio peso/dólar (una revaluación persistente del peso ayudaría a bajar la inflación), hoy muy influido por las turbulencias de la coyuntura. 

Mientras, en el trimestre noviembre-enero de 2021/2022, en cifras despejadas de la estacionalidad propia del empleo, se crearon apenas unas 6 mil nuevas plazas respecto al trimestre octubre-diciembre de 2021. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (este coeficiente suma a los que no encuentran trabajo y a los que están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente un empleo) alcanzó, según el INE, la aún muy alta cifra de 15,4%, muy lejos del pleno empleo. A las personas desocupadas, que alcanzaron en el trimestre noviembre-enero el número de 683 mil, cabe sumarles otras 859 mil personas desalentadas pero dispuestas a trabajar. Se trata de un total de más de 1,5 millones de personas sin empleo, más otras 434 mil con empleo de jornada parcial involuntaria. Se registra, además, un 28% de ocupados en condición de informalidad y unos 376 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian. Esta es la magnitud del problema de empleo que enfrentará el próximo gobierno, con sus consecuencias siempre dramáticas sobre la pobreza y la exclusión.