Se duplican las grandes fortunas y caen los ingresos del resto

En La Mirada Semanal

La ONG británica Oxfam ha publicado un informe (https://oxfamilibrary.openrepository.com/…/bp…) que indica que la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia (marzo de 2020 a noviembre de 2021), mientras los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Esto se debe en buena parte a que “los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, muchos de los cuales acabaron en los bolsillos de los multimillonarios“. Se trata de Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Steve Ballmer (ex Microsoft) y Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Se observa el predominio de los dueños de las grandes empresas tecnológicas que monopolizan datos, inteligencia artificial y robots y emplean a millones de asalariados que los hacen funcionar repartidos por el mundo y venden sus productos y servicios globalmente.

El problema es que este nivel de concentración económica no es inocuo y, por el contrario, tiene graves consecuencias: “el aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales y las desigualdades entre los países destruyen nuestro mundo”, indica la ONG en su informe titulado “Las desigualdades matan”. Según Oxfam, la desigualdad contribuye a la muerte de “al menos 21.000 personas al día” debido a los decesos mundiales por falta de acceso a la atención sanitaria, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Las emisiones individuales promedio de los 20 mayores milmillonarios superan en 8 mil veces las de cualquiera de los mil millones de personas más pobres en el mundo. ¿Una solución parcial para Oxfam?: “un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos procedentes de la pandemia de los diez hombres más ricos permitiría producir suficientes vacunas para el mundo, proporcionar una protección social y médica universal, financiar la adaptación al clima y reducir la violencia de género en 80 países”. Estos se quedarían todavía con “8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.

Como se observa, estamos lejos de las fatuidades de quienes señalan que en el mundo actual estaría superada la diferencia entre la izquierda (que defiende los derechos de los que viven de su trabajo, de las mujeres, de las minorías y de la naturaleza) y la derecha (que defiende con fiereza el sistema de acumulación ilimitada de capital privado que alimenta el crecimiento desigual, las discriminaciones y la depredación). El tema central en juego es que el aumento de la riqueza global -que ha crecido, según el Banco Mundial, en 44% entre 1995 y 2018- por el progreso técnico y el esfuerzo humano basado en el conocimiento permitiría hoy, y desde luego en Chile si se realizan las reformas necesarias, que al menos cada persona -empezando por niñas y niños y por las personas mayores- reciba ingresos y servicios básicos que le permitan desarrollar una vida digna, junto a una mayor retribución del trabajo a la altura de los aportes realizados a la prosperidad común.

La evolución reciente del mundo no puede menos que alimentar la aspiración colectiva a que la sociedad se organice de acuerdo al principio de la igualdad efectiva de derechos, obligaciones y oportunidades para alcanzar una vida en común equitativa y sostenible, y al mismo tiempo libre de dominaciones burocráticas. La aspiración igualitaria y libertaria (no hay libertad sin medios para ejercerla, afirmación que es la base de la distancia entre las ideas socialistas y las neoliberales) requiere defender la idea de una sociedad basada en el trabajo eficaz, la solidaridad y el respeto por la diversidad que construye una prosperidad democrática y sostenible. Esta supone poner a su servicio los aumentos de productividad -derivados del progreso técnico y de instituciones apropiadas- mediante el gobierno social y ecológico de los mercados, la diversificación de la economía y retribuciones acordes con las competencias y el esfuerzo realizado, junto a redistribuciones justas que permitan el acceso a ingresos básicos universales. Estas son posibles de  financiar por un sistema tributario progresivo que contribuya al fin de la concentración extrema de riqueza heredada y de la apropiación indebida de rentas colectivas (especialmente las provenientes de los recursos naturales), empezando por redistribuir parte de los ingresos y la riqueza para al menos evitar la pobreza extrema, asegurar una educación universal de calidad y cubrir los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez precaria de los sectores de ingresos bajos y medios.

En el caso de Chile, el trasfondo estructural a superar es el hecho que el 10% de más altos ingresos concentra nada menos que un 59% del ingreso total, mientras el 50% de menos ingresos (la mitad de la población) obtiene solo el 10% de ese total, según el World Inequality Report de 2022 (ver https://wir2022.wid.world/). Esta realidad se replica en otras partes, pero no con la misma intensidad (con la excepción de países como Sudáfrica y Brasil). En Estados Unidos, las cifras son de 46% y 13%, en China de 42% y 14%, en Alemania de 37% y 19%, en España de 35% y 21%, en Francia de 32% y 23% y en Suecia de 31% y 24%, respectivamente. Así, en este país nórdico el 10% más rico concentra anualmente la mitad de los ingresos que en Chile, mientras el 50% menos rico recibe una proporción de los ingresos totales que es 2,5 veces mayor que en Chile. Esa es la diferencia distributiva concreta entre un modelo socialdemócrata y uno neoliberal, lo que depende de la voluntad colectiva de la sociedad y no de alguna inexistente condición natural inevitable o de un falso “precio a pagar” por un mayor crecimiento. Está más que demostrado que una mayor igualdad distributiva contribuye al crecimiento, y no a la inversa (ver https://www.researchgate.net/publication/264052444_Redistribucion_desigualdad_y_crecimiento).

Esta situación de inequidad profunda es la que explica la rebelión social de 2019 y las votaciones de 2020 y 2021, que han iniciado el desplazamiento de los defensores del orden existente (esperemos que lo suficiente, pues habrá bloqueos de todo tipo), lo que tendrá un hito sustancial con la nueva constitución en este año 2022.

Salida de crisis: perspectivas de la producción y el empleo

En La Mirada Semanal

La producción ha crecido mucho más que la ocupación y el subsidio a la creación de empleos no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio indirecto al empleador. Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa.

En enero-noviembre de 2021 (últimos datos disponibles del Banco Central), la economía creció a un ritmo anual de 12,1%, recuperando con creces la pérdida de actividad de 2020 (-5,8%). La producción de bienes y servicios está en el nivel más alto hasta ahora registrado, pues el Índice Mensual de Actividad Económica se situó en noviembre de 2021 en un nivel que es un 9,2% superior al de noviembre de 2019 y un 8,0% superior al de enero de 2020, cuando ya habían pasado parte de los efectos de la rebelión social. Este dinamismo se explica por el gran aumento de la demanda de consumo de las familias por los retiros de ahorros previsionales y los subsidios de ingresos a las familias de mayor magnitud y extensión entre junio y noviembre. Este proceso fue acompañado de una reactivación de la inversión, incluyendo un importante flujo de inversión extranjera.

No obstante, la economía creció en noviembre -despejando los factores estacionales- en un 0,3% respecto al mes anterior. Se trata de una buena cifra -un ritmo anual de más de 3%- pero que es bastante menor que la de los meses previos. El efecto del aumento de las tasas de interés y de la caída de los salarios reales ya se está manifestando, como lo hará en los meses próximos el fin del IFE, que impactará el consumo de las familias más modestas. Es fundamental no bajar de ese ritmo de aumento del PIB para recuperar el empleo previo a la crisis de 2020 y generar las holguras (junto a la reforma tributaria) que sostengan la tarea transformadora de la próxima etapa gubernamental: garantizar más derechos sociales e iniciar una diversificación productiva sostenible. Atenuar la dinámica de expansión de 2021 es necesario para abatir gradualmente el 7% de inflación de 2021, pero sin llegar a quebrarla y menos provocando una recesión, que es lo único que saben hacer los economistas ortodoxos. Cabe tener muy presente que la inflación se ha acelerado en parte por los mencionados impulsos de demanda, pero también por el encarecimiento de las importaciones derivado de la devaluación del peso, la duplicación del precio del petróleo y el aumento del costo del transporte internacional, en medio de cuellos de botella que estrangulan la oferta en las cadenas nacionales e internacionales de abastecimiento de productos. Muchos de estos factores no se prolongarán en el tiempo.

El desempleo seguirá siendo un problema central, pues está aún lejos de recuperarse el nivel de ocupación previo a la crisis. Se registraron en noviembre de 2021 (últimos datos del INE disponibles) unos 487,0 mil empleos menos que en noviembre de 2019 y unos 557,3 mil empleos menos que en el trimestre terminado en enero de 2020, el nivel de ocupación más alto hasta ahora. De los dos millones de empleos perdidos en la crisis, se ha recuperado alrededor de un millón y medio.

El subsidio a la creación de empleo no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio al empleador, que hubiera contratado personas de todas maneras, dadas las expectativas de mejoramiento de las ventas (se creó un “efecto regalo“). Cabe precisar que el empleo asalariado es ya más alto que antes de la crisis, por lo que el rezagado es el empleo informal y por cuenta propia que depende crucialmente de la dinámica de la demanda interna.

Además, están en juego tendencias estructurales en materia de empleo. Entre 2010 y 2021, el PIB se ha duplicado (Banco Central), mientras el empleo ha crecido en cerca de un 20% (INE). La “elasticidad producto-empleo”, o intensidad en empleo del crecimiento, ha sido inferior a la de décadas previas. Esa tendencia se mantiene en la salida de crisis y, si todo sigue igual, tomará todavía bastante tiempo recuperar el empleo y la participación en la fuerza de trabajo previos a la crisis. La tasa de ocupación (empleo como proporción de la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% a 53,6% en dos años y la de mujeres bajó de 48,4% a 43,7%. Por su parte, la tasa de ocupación informal es en el trimestre terminado en noviembre de 2021 de 28,1% (con un incremento de 1,5% en un año), mientras la tasa combinada de desocupación y de inactivos dispuestos a trabajar es todavía de 15,7%. Esta es una cifra muy lejana al pleno empleo, que debiera ser una meta central de la política económica de la que ni siquiera se escucha hablar.

Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa. No olvidemos que, según el World Inequality Report de 2022, el año pasado el 10% de más altos ingresos sigue concentrando cerca de un 60% del ingreso total y gana en promedio 30 veces más que el 50% de menos ingresos, que obtiene solo el 10% del ingreso total. Por su parte, el mencionado rezago en la recuperación de puestos de trabajo implica que la integración social a través del empleo está siendo todavía más débil que antes en Chile y amplía la fractura social. La no integración de los NiNi (jóvenes que no trabajan ni estudian, unos 345 mil según el INE), de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, de los trabajadores menos calificados y/o de mayor edad, de los inmigrantes precarios, que estuvo en la base de la rebelión social de 2019, es un problema estructural de la sociedad chilena cuya reversión va a requerir de políticas correctivas mucho más enérgicas.

Dada la polarización de los ingresos y la incapacidad del crecimiento productivo tradicional -incluso a tasas aceleradas- para crear suficientes empleos, un esfuerzo tributario y de gasto público redistributivo relativamente moderado es indispensable para avanzar sustancialmente en la disminución de la pobreza y de la exclusión social en Chile, junto a la diversificación productiva de más largo plazo, mediante nuevos programas de ingresos familiares y de cuidados a las personas, de acceso a la vivienda social y de mejoramiento de espacios urbanos y ecosistemas en todo el país, en estrecha alianza con los gobiernos territoriales.

El futuro del litio y del cobre

En La Mirada Semanal

La diferencia entre los costos de extracción y elaboración de minerales, incluyendo una utilidad normal, y el precio de mercado constituye la llamada renta minera, la que debiera beneficiar íntegramente a todos los chilenos y chilenas, que son sus dueños.

Cabe indicar que por razones estratégicas la dictadura sacó la extracción de litio del régimen de concesiones permanentes a privados, contrariamente al cobre, donde disponía de CODELCO para asegurar divisas. Por ello existe para el litio un esquema de contratos temporales de extracción que es, en todo caso, mucho más coherente con la norma constitucional que establece la propiedad pública del subsuelo. El tema es, desde el punto de vista del interés público, deliberar sobre la pertinencia de hacer esos contratos de explotación en cada caso y sobre sus contenidos de ser necesario un aporte de capital privado con utilidades razonables.

El gobierno de Piñera llamó en octubre a una licitación para aumentar la extracción de litio en el Salar de Atacama, cuya evaluación ambiental no existe y sin contraparte alguna en materia de aumento del encadenamiento productivo nacional con mayor valor agregado. Pretende dejar amarrado por los próximos 29 años el uso de 400 mil toneladas de este recurso que pertenece a todos los chilenos. Según la publicación del Diario Oficial, cada licitante podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos cuotas, por un total de 160.000 toneladas. Como referencia, SQM está trabajando en un proyecto para llegar a producir 120.000 toneladas anuales. Las reservas totales del país son de 9,2 millones de toneladas.  El ministro de Minería Jobet ha insistido en que los contratos implicarán para el fisco recaudar unos 200 millones de dólares en lo inmediato (muy poco para la escala de ingresos de la extracción de este material) y unos 1.000 millones en régimen, en varias décadas más, al precio actual.

Así, un gobierno que termina pretende en los últimos días de su gestión amarrar estos contratos del siguiente modo: habría un plazo de siete años para hacer la exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos, y otros 20 años para la producción. Esto es simplemente inaceptable. Un mínimo de decoro debiera dejar la decisión de política del litio para las próximas tres décadas en manos del gobierno que eligieron los ciudadanos en diciembre, que incluye en su agenda la creación de una Empresa Nacional del Litio. Esta no podría disponer de los recursos licitados a última hora, los que debieran ser parte de su cartera de desarrollo de la extracción de este componente crucial de las baterías para la futura electromovilidad a escala mundial y para otras extensiones de la electrificación de procesos para combatir el cambio climático.

Pero no se debe dejar de lado el tema del cobre, cuya importancia para Chile y su futuro es crucial. El precio del cobre alcanzó en 2021 el valor anual promedio más alto desde 2011 (4,22 dólares la libra, a comparar con 2,80 en 2020), aunque la producción física chilena cayó por segundo año consecutivo (-2,2% este año). No obstante, según la Comisión para el Mercado Financiero, las 13 mineras privadas más grandes del país acumularon utilidades en 2021 por unos US$8.400 millones, cerca de 3% del PIB, una cifra gigantesca que es 3,7 veces superior a la de US$2.280 millones de 2020. Los tributos, en cambio, crecieron de US$1.486 millones el año pasado a US$3.781 millones en el actual ejercicio, una cifra solo 2,5 veces superior y que suma un 1,3% del PIB.

¿Por qué esa asimetría? Muy simple: el Impuesto Específico a la Minería, el Impuesto de Primera Categoría y el Impuesto Adicional, los tributos que se pagan sobre las utilidades de la gran minería privada, no capturan para el país sino una parte de las utilidades sobre normales que derivan de un alto precio del cobre, gracias al persistente poder de la minería privada y sus aliados. Estas utilidades sobre normales se presentan en períodos de altos precios por exceso de demanda sobre la oferta, mientras los costos se mantienen sin variaciones mayores. La diferencia entre los costos, incluyendo una utilidad normal, y el precio constituye la llamada renta minera (cuyas bases conceptuales fueron establecidas por David Ricardo en 1818 y cuya existencia reconoce el enfoque económico neoclásico al uso), que debiera beneficiar a todos los chilenos y chilenas, dado que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación desde 1971. En cambio, nosotros los regalamos en una alta proporción a través de las llamadas concesiones permanentes a privados desde 1982, con un limitado impuesto especial introducido en 2005 después de múltiples batallas y de que el Congreso dominado por la derecha rechazara el establecimiento de una regalía minera.

La consecuencia es que, según la Dirección de Presupuestos, la recaudación de impuestos de la minería privada sumará en 2021 unos US$ 3.085 millones, con dos tercios de la producción, mientras los ingresos aportados por CODELCO sumarán unos US$ 3.896 millones, con solo un tercio de la producción. Por unidad producida, la minería privada paga en 2021 menos de la mitad en impuestos que el aporte de la minería estatal al fisco, incluso suponiendo todas las ineficiencias que se quiera -incluyendo las altísimas remuneraciones de sus altos ejecutivos- en el funcionamiento de la empresa estatal. Esto no tiene ningún sentido desde el ángulo que se le mire.

Nótese que la extracción, refinación y elaboración de cobre requiere de muchos capitales y es legítimo que éste sea remunerado cuando se autoriza la participación de privados. Lo que no es legítimo es que los actores privados se apropien de los aumentos de valor de un recurso natural escaso, que no se puede reproducir (aunque si reciclar con precios altos) y sin el cual no pueden desarrollar su actividad extractiva.

Ese es el Chile que debe cambiar. En el mediano plazo, Codelco debiera asegurar una mucha mayor proporción de la producción de cobre -ampliando sustancialmente su producción propia y adquiriendo parte de la producción privada- y en el corto plazo se debiera cobrar las utilidades sobre normales mediante una regalía minera sobre las ventas, descontando los diferenciales de productividad física de los yacimientos y la mayor elaboración en su proceso de producción. Esta regalía debiera partir en un 2% de las ventas y ser de monto creciente según el precio (hasta 70%, según propone el proyecto que pasó de la Cámara al Senado, aunque en mi opinión debiera alcanzar hasta el 100% a partir de un precio superior a 5 dólares la libra). De otro modo, el aumento del precio de un recurso escaso que pertenece a los chilenos será apropiado más allá de lo razonable por privados, llegando a utilidades sobre capital faraónicas y que no existen en ninguna otra actividad legal (el costo de producción difícilmente supera los dos dólares en las grandes faenas), todo sin realizar esfuerzo ni inversión adicional alguna para obtenerlas.

En suma, en materia de litio y cobre solo cabe insistir en que la renta minera debe ir en lo principal al dueño del recurso natural, no al contratista o concesionario privado que extrae ese recurso. Este debe recibir una utilidad razonable y no las utilidades ultra sobre normales que le están siendo regaladas por el Estado chileno, las que deben ser recuperadas y puestas al servicio de la diversificación productiva y tecnológica del país y de sus territorios, que mucha falta le hacen.