Las confusiones discursivas y las salidas de la crisis

En La Mirada Semanal

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social en el mundo actual, agravados por la crisis sanitaria y económica, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y contribuyen a la confusión sobre lo que está en juego, sin construir procesos de cambio efectivo. Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”.

El poder del lenguaje para describir fenómenos y darles sentido puede orientarse tanto a acrecentar la lógica de los mitos y la confusión sobre los asuntos colectivos como a hacerlos más comprensibles y eventualmente catalizar acciones colectivas efectivas. Vivimos hoy una etapa en que la confusión aumenta, con una gran fragmentación de los discursos, lo que incluye a quienes tienen visiones críticas de la sociedad. Estos suelen remitirse ad nauseam al reclamo contra el neoliberalismo, las élites, el patriarcado, el centralismo, la representación y así sucesivamente, antes que a las transformaciones secuenciales y sostenidas para superarlos. Estas requieren articular intereses diversos en tiempos cortos y largos, lo que es la tarea básica de la vilipendiada política. 

Se combinan al menos cinco tipos de efectos en la sociedad de hoy que aumentan la ansiedad colectiva: las secuelas de la crisis económica global de 2008-2009 y la persistencia de las desigualdades; los efectos iniciales del cambio climático de origen antropogénico; la pandemia de COVID-19 originada por nuevos saltos de virus peligrosos desde animales a humanos con la reducción de la frontera de la vida natural; el paso a una nueva etapa tecnológica y, finalmente, una crisis generalizada de la representación en las sociedades democráticas, con liderazgos desprestigiados y siempre detrás de los acontecimientos. El resultado es que los sistemas políticos son crecientemente impotentes para asegurar una gobernabilidad democrática inclusiva y capaz de dominar los parámetros básicos del futuro. Están frecuentemente dominados por las oligarquías económicas, mientras se asiste a cambios culturales y mediáticos acelerados que aumentan la fragmentación de las audiencias y de las interacciones individuales y sociales. 

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social de esta magnitud, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y amplían en su beneficio el miedo al cambio, a la enfermedad, al desempleo, a la inmigración, a la pérdida de lugar en la sociedad, a la manipulación tecnológica, a la delincuencia. Ahí prosperan las demagogias de distinto tipo. 

Las respuestas ultraderechistas a lo Trump y Bolsonaro se focalizan en la oferta de orden represivo, en estimular los reflejos identitarios, en desdeñar el conocimiento científico y la cultura e identifican un enemigo: las élites. Con la excepción de las élites económicas, a las que se alían y defienden, cuando no provienen directamente de ellas, como Kast en Chile. Y llegan a conseguir adhesión social, aunque sea solo temporal. En algunas partes este populismo de derecha ha ido desplazando a la derecha tradicional y tiene su caldo de cultivo estructural en la concentración económica y en la precarización del empleo que son propios del capitalismo financiarizado actual. 

Estos fenómenos no encontraron por décadas respuestas en el progresismo o en la socialdemocracia tradicional. En Europa y Estados Unidos dejaron la primacía de la representación del mundo del trabajo y giraron a representar emancipaciones culturales necesarias y a clase medias integradas a los flujos dinámicos de la globalización económica. Algunos simplemente giraron al neoliberalismo. Esto se está hoy corrigiendo emblemáticamente por los socialistas portugueses y españoles, los laboristas neozelandeses y en parte Biden, cuya respuesta sanitaria y económica a la crisis ha sido hasta aquí contundente. 

En América Latina, las respuestas de las izquierdas han girado en torno a redistribuciones de las rentas de recursos naturales desde el Estado, sin realizar cambios estructurales en la economía que permitan sostener grados básicos de dinamismo persistente, cohesión social y preservación de la naturaleza. Esas respuestas basadas solo en las obligaciones de la  inmediatez, en ocasiones acompañadas de la clientelización de la acción política, es altamente dependiente de los mercados mundiales de materias primas y es, por tanto, inestable. Y puede derivar en el rentismo puro y simple que, combinado con el tradicional caudillismo,  termina por descomponer las capacidades sociales y productivas, como ha ocurrido dramáticamente en países como Venezuela, de larga tradición rentista. El intervencionismo de las derechas y los bloqueos norteamericanos no hacen, por otro lado, más que acentuar la miseria de los afectados y ayudar a la sobrevivencia de los regímenes burocráticos antes que a su necesaria evolución democrática.

Hacia el futuro, como he escrito en otra parte, es posible identificar tres trayectorias no deseables, siguiendo a Daron Acemoglu. La primera es la de la “continuidad trágica” del declive de las instituciones y de la mantención de las desigualdades y depredaciones de las últimas cuatro décadas neoliberales. La segunda es la de un vuelco hacia la verticalidad estatal de control social, bajo el supuesto de la ineficiencia de la gobernanza democrática frente a las “nuevas amenazas”, lo que refuerza los regímenes autoritarios existentes o bien los afanes de poder de caudillos que manipulan los miedos de la sociedad. La tercera es la de la “servidumbre digital”, con los gigantes tecnológicos y de capitalismo de plataforma sustituyendo a gobiernos en bancarrota en sus funciones sanitarias y sociales, configurando nuevas formas desreguladas de teletrabajo y determinando las conductas colectivas en medio de una enorme concentración privada de poder mediante el manejo de datos en democracias en descomposición.

Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”, que sea un avance efectivo respecto de aquel que emergió en el siglo XX después la depresión y de los fascismos y de aquel que resultó de las reducciones de la era neoliberal y de las crisis recientes. Su sustrato material es la cuarta revolución industrial en curso, que sucede a la tercera que generalizó los soportes digitales. Esta nueva etapa tecnológica tiene tanto enormes potencialidades como amenazas, como la citada concentración de la información en gigantescos monopolios privados (el  impacto en el empleo, en cambio,  suele exagerarse como parte de la difusión de los miedos: el tema central sigue siendo no “cuánto empleo habrá” sino “el tipo de empleo que hay hoy y que habrá en el futuro”). Está basada en un gran aumento de la capacidad de transmisión y procesamiento de datos usando inteligencia artificial, la robotización de la producción y el transporte, la manufactura aditiva, las energías renovables, las biotecnologías, la criptoeconomía, el internet de las cosas. Pero puede y debe dejar de ser un mero impulso adicional de acumulación y concentración privada y ponerse al servicio de un bienestar equitativo y sostenible de la sociedad. 

En efecto, la primera tarea pospandémica es asumir las debilidades institucionales demostradas en la crisis sanitaria y bregar por un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia más eficaz, descentralizada, proba, basada en un Estado de derecho socialmente respetado y en capacidades de acción colectiva que combinen la tríada de un sentido estratégico de la política, un mayor rol de la ciencia y el conocimiento y formas extendidas de participación social. 

El Estado de bienestar democrático 3.0 deberá en el corto plazo robustecer la salud pública, aminorar las brechas digitales y enfrentar la ampliación de la economía informal junto a la pérdida de empleos y/o su precarización, además de la salida de muchas mujeres del empleo formal y su retraimiento hacia el trabajo doméstico. Esto debe traducirse en una reactivación impulsada por incrementos salariales, por la extensión de las redes de seguridad social y la remuneración del trabajo doméstico (una asignación propia y además por hijo o dependiente puede ser un buen mecanismo que aumente la autonomía económica de las mujeres). Se deberá establecer un sistema de ingresos básicos (diferenciados para la infancia, la vida activa y la edad avanzada) y de empleo social en servicios a las personas (empezando por el cuidado) y en servicios ambientales (empezando por mejorar el manejo del agua en las cuencas y amplios planes de forestación), financiado con un mayor aporte tributario del 10% de más ingresos.

Y mas allá de la salida de crisis, se requiere invertir fuertemente en urbanismo integrador y sostenible, avanzando a energías domésticas renovables y a una electro movilidad generalizada que atenúe sustancialmente los problemas de salud que provoca la contaminación del aire. Y también invertir en revitalizar los espacios rurales, que en parte podrán beneficiarse de formas ampliadas de teletrabajo. 

Los cambios en la política social y en el ordenamiento territorial y espacial suponen lograr una más inteligente regulación y coordinación de los actores económicos, así como de los sistemas educativos y de formación permanente para avanzar tanto a aumentos de productividad como a transformaciones del régimen de producción/consumo. El nuevo paradigma debe ser una economía circular con toda la tecnología verde disponible para mejorar la resiliencia ambiental y sanitaria de la producción, mediante una reconversión productiva financiada con la plena captación tributaria de las rentas de los recursos naturales. Esta reconversión debe fortalecer a la pequeña empresa y a la economía social y del cuidado, y también a los sectores de alta productividad articulados con cadenas globales de valor, pero con más servicios tecnológicos de origen nacional y un mayor valor agregado local. Como hemos señalado en artículos previos, esto supone un gran salto en la capacidad nacional de investigación y desarrollo y financiar y fomentar la producción de bienes sanitarios, medicamentos y vacunas, de alimentos saludables, de energías renovables y de soportes de la electromovilidad. El extractivismo depredador debe transitar a una minería, agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles, y transformar a Chile en un modelo exportador de bienes que respeta la resiliencia de los ecosistemas y que está inserto en un mercado interno fortalecido por las redistribuciones y los servicios a las personas y a la producción. Este cambio significará un gran esfuerzo empresarial y del mundo del trabajo, pero se transformará en un factor de competitividad en mercados mundiales cada vez más exigentes. 

Deberá también terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas, que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Varios de esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin calidad de servicio.

En suma, una nueva fase en la vida del país requerirá un Estado más democrático y paritario con más capacidades sociales y productivas, pero también una sociedad que vigila y orienta la economía y las instituciones y una cultura de mayor responsabilidad colectiva con el cuidado recíproco y con  las nuevas generaciones. 

El desgobierno y el Ejército

En La Mirada Semanal 

El gobierno conduce de manera cada vez más errática su fin de mandato. Esto incluye el manejo de la pandemia y de los apoyos sociales, pero también las salidas de rol del Ejército y las otras ramas de la defensa nacional. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

La administración de Sebastián Piñera ha seguido en la pendiente del desgobierno. Demoró increíblemente en poner en práctica lo que tiene que hacer en materia de transferencias a las familias frente al recrudecimiento de la epidemia de COVID-19 desde febrero, la que a su vez no logró controlar por su mala política de restricciones con ires y venires cada vez menos efectivos. Esto derivó en una sobre exigencia del sistema sanitario muy superior a la de junio pasado, el primer peor momento de la epidemia en Chile. En vez de actuar desde principios de marzo con un Ingreso Familiar de Emergencia ampliado a sectores medios que hubiera tal vez permitido a mucha gente sostener mejor el nuevo confinamiento y no seguir en actividades para ganarse el sustento diario, termina haciéndolo tardíamente. Las coberturas son más amplias que las iniciales, pero se llega a ellas después de reclamos múltiples y de confrontaciones con la oposición y con su propia coalición, en medio de una gran confusión. Pareciera que le resulta sicológicamente imposible gobernar usando los recursos públicos para proteger, aunque sea por un período breve, a las mayorías sociales en medio de una gran crisis. Es como si esos recursos disponibles no estuvieran precisamente para eso y usarlos fuera sinónimo de  “populismo”, esa anteojera mental que se han construido hasta el ridículo quienes nos gobiernan. 

Esta conducta irracional, incluso desde el punto de vista de sus propios intereses, llevó a que la propuesta de un tercer retiro de ahorros previsionales de las personas haya obtenido el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, con muchos votos de la coalición de gobierno. En vez de acomodar un proyecto que cautele que los retiros de las personas de mayores ingresos paguen el correspondiente impuesto a la renta, o que no se autorice disminuir los retiros programados y las rentas vitalicias por sustracción de una parte del capital que las sustenta y reemplazarlos por apoyos directos suficientes, el gobierno vuelve a pedir otra vez al Tribunal Constitucional que inhabilite la soberanía que emana de nada menos que dos tercios del parlamento. Lo hace, además, con una falta de legitimidad agravada de ese Tribunal, que está envuelto en una insólita telenovela de reproches cruzados y odiosidades entre sus miembros de derecha, hoy sobre representados, incluyendo acusaciones de corrupción y maltrato. Nunca se había visto algo así, lo que no hace sino reflejar la descomposición de las instituciones de bloqueo de la voluntad popular de la constitución de 1980.

En este contexto, las Fuerzas Armadas se han permitido volver a deliberar con la pretensión de nada menos que pautear el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

El Ejército ha declarado que a raíz de sarcasmos sobre la carrera militar y sobre los casos judiciales que involucran a miembros de sus filas "no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad. El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad, lo que no ha ocurrido en este caso”. Ha obtenido el apoyo público de la Fuerza Aérea y la Armada, y nada menos que del propio ministro de Defensa, que no ha ejercido su rol.

Lo que es aceptable o no en materia de libertad de prensa no es algo que deban pautear las Fuerzas Armadas. Su carácter de instituciones disciplinadas y no deliberantes les impide, además, emitir cualquier juicio u opinión en la materia. El monopolio del uso legítimo de la fuerza armada para fines de defensa que la ciudadanía les otorga tiene esa contrapartida: la prescindencia en los asuntos públicos. Ese es el arreglo institucional básico y universal en los Estados de derecho para impedir la intervención o abuso de la fuerza militar en los asuntos de la sociedad.

Toda persona o institución que se desenvuelve en la esfera pública puede en democracia ser objeto de críticas, sarcasmos e ironías. En cambio, la injuria, la calumnia o la incitación al odio y la discriminación están penalizadas -bien o mal, pero esa es harina de otro costal-y corresponde a la autoridad civil, y no a los militares de manera autónoma, activar ante la opinión pública o ante los tribunales cualquier acción que afecte a las instituciones armadas. Estas deben, naturalmente, tener el derecho a defenderse frente a ellas, o de manifestar su dolor o incomodidad por algún reproche que se les haga, pero a través de las autoridades competentes y con la debida y formal autorización del poder civil, que en ese caso asume la responsabilidad pertinente. 

Las Fuerzas Armadas no pueden pretender pautear la conducta de ningún actor de la sociedad, y menos a los medios de comunicación, sobre cómo ejercer la libertad de expresión, o las formas que puede o no tomar el humor y el sarcasmo. Su misión constitucional es la defensa y seguridad nacional sujeta a la autoridad civil, y punto (artículo 101). Lo que han declarado es absurdo e inconstitucional. No están autorizadas a deliberar, en este caso a emitir juicios sobre la forma en que se ejerce o no un derecho, ya sea que se trate del derecho de opinión o de cualquier otro. No se entiende en qué mundo viven los que sostienen que esto no es deliberación sobre asuntos públicos que escapan a la función de defensa, sobre los que el mundo militar no tiene nada que opinar. Así de simple. El hecho que se hayan sumado declaraciones en el mismo sentido del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, evidentemente coordinadas, constituye, además, un pronunciamiento de órganos sujetos a disciplina que es completamente inaceptable.

Está más que claro que una pendiente de intervencionismo militar en el funcionamiento de la vida social no va a ser aceptado por la gran mayoría del país. No por casualidad está detenido en el parlamento el proyecto de reforma constitucional del gobierno que autoriza a las fuerzas armadas a realizar tareas policiales. Esta pendiente, que la extrema derecha alienta con la complicidad activa o pasiva de otros en el espectro político, puede llevar a otra grave confrontación histórica en Chile y a una masiva reacción contra el militarismo. No tiene sentido no tomar en cuenta que las instituciones armadas han demostrado en el último tiempo no ser capaces de controlar graves actos de corrupción que han involucrado a sus mandos, o bien que han incurrido en la desobediencia expresa a la ley en materia de vigilancia de personas, que son hoy objeto de persecución judicial y de un extendido reproche social. Por ello, el control civil sobre las instituciones armadas debe aumentar, no disminuirse (nótese que aquí no estamos siquiera aludiendo el descontrol de Carabineros en los últimos años, que es otra materia pues remite al orden público). El Ejército no puede pretender que no haya al menos sarcasmo frente al hecho que dos de sus ex comandantes en jefe y muchos de sus mandos estén procesados por malversación de caudales públicos para fines personales (robo, en castellano antiguo) que se cifran en millones de dólares. O que no se produzca una crítica frontal a sus mandos por haber incurrido en vigilancia secreta de periodistas que investigan la corrupción en su seno, aunque se haya hecho, al parecer, con la complicidad de un juez. 

Las Fuerzas Armadas se deben a la República, no a sí mismas, como todas las otras instituciones. No se puede seguir alentando el corporativismo en el Estado, con ciudadanos cada vez más escépticos sobre el buen uso de los impuestos que pagan todos los días. Por ello, la disciplina militar debe restablecerse con urgencia. El gobierno no puede escamotear ese deber constitucional con declaraciones vacuas apoyando la libertad de expresión, pero sin señalar que el Ejército y las otras ramas no pueden pretender orientar su modo de ejercicio. Lo que corresponde es una respuesta civil enérgica -ojalá de amplia transversalidad- que remita a las Fuerzas Armadas a su rol, para excluir de una vez y expresamente toda deliberación o intento de cercenar derechos de la ciudadanía garantizados por el orden jurídico vigente. El gobierno debió ponerse a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

¿Un nuevo paradigma para una economía innovadora?

 En La Mirada Semanal 

Las experiencias desde marzo pasado de subsidio a la creación de nuevos productos sanitarios frente a la emergencia, acompañadas de posteriores compras públicas, serán tal vez el inicio de una política industrial que se generalice para lograr la transición a una economía circular diversificada, a la agregación sostenible de valor y a la inserción selectiva en cadenas globales de producción que asegure la resiliencia de los ecosistemas y la ampliación de los bienes comunes. 

En medio de las acciones urgentes que la pandemia de COVID-19 obligó a realizar en diversos ámbitos en Chile, hay que destacar algunas de política industrial. Si, como se lee, de política industrial, el vilipendiado concepto del que la ramplona ortodoxia del pensamiento único chileno no ha querido escuchar hablar durante décadas, siempre en nombre de la religión de las ventajas comparativas y de la especialización en la producción de materias primas que de ella deriva.

En efecto, el Ministerio de Ciencia y CORFO convocaron el 31 de marzo de 2020 a presentar iniciativas para ser financiadas a través del programa "Retos de Innovación Covid-19", que destinó $800 millones, es decir casi nada, a apoyar el resguardo al personal de salud expuesto al virus “frente a la escasez mundial de elementos de protección”. El objeto fue “desarrollar y producir estos elementos aquí en Chile en plazos muy acotados, frente a situaciones críticas o emergencias”, en palabras del ministro del área.  

Bastó este llamado, de muy pequeña escala, para que diversas iniciativas tomaran vuelo. Fueron seleccionados trece proyectos de diseño y fabricación de elementos de protección, como mascarillas quirúrgicas, escudos faciales y trajes de protección. Algunos fueron apoyados por compras públicas y a un año de la convocatoria gubernamental, se han entregado 172 mil de esos implementos de confección local en 150 recintos hospitalarios, entre los que se cuenta una máscara fabricada a través de impresión 3D e inyección plástica con vida útil de hasta 5 años y el potencial de inactivar el SARS-CoV-2; escudos faciales con resistencia a la humedad y a la grasa, de larga durabilidad y reutilizables; mascarillas lavables y reutilizables con acción antimicrobiana con partículas de cobre y zinc; batas reutilizables antimicrobianas con tecnología nano Cobre–Zinc en la tela. Es decir, nada menos que el esbozo de un nuevo paradigma en acción: la manufactura en Chile de productos reutilizables, con mayor vida útil, de diseño local, en circuitos cortos de producción-consumo.

Siete de los proyectos seguirán siendo apoyados para su escalamiento nacional e internacional, a través de un subsidio de... hasta $60 millones. Seguimos en Chile, nada de iniciativas de apoyo público importantes, no vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que el subsidio a la producción de nuevos bienes y su desarrollo mediante compras púbicas pueda reemplazar al sacrosanto mercado. Y no vaya a ser cosa que nos acostumbremos a que los proyectos productivos consideren, además, la sustentabilidad, en este caso mediante la búsqueda de materiales inocuos y la extensión de la vida útil. Sobre todo, que no cunda la ocurrencia de empujar más diversificaciones productivas, porque son cosas muy caras y no corresponden a la idea de “optimizar la asignación de recursos” que los dilapidadores de siempre no entienden. 

Esta manera neoliberal de ver la dinámica económica no considera que obviamente las economías de escala nunca llegan el primer día, pero que políticas industriales bien concebidas y persistentes pueden transformar países desde el atraso agrícola y manufacturero a la industrialización en gran escala y la innovación productiva de frontera, con el ejemplo de Corea del Sur a la vista.  Pero, además, ocurre que el "ventilador mecánico invasivo de emergencia rápido y seguro", desarrollado por una universidad gracias al financiamiento de CORFO y de privados, se fabrica con un 10% del costo de producción de un ventilador mecánico de alta gama. Si, leyó bien, con un equipo importado se compran 10 fabricados en Chile. El costo es mucho menor “porque los equipos están diseñados con un concepto de fabricación por ensamble de piezas confiables y más fáciles de encontrar en el comercio", según uno de los conceptores. Ya ven, un nuevo paradigma. Es decir cambios en los modelos de producción, consumo y distribución. 

Se discute en esta etapa sobre los necesarios cambios tributarios (terminar exenciones, separar los impuestos al ingreso personal y corporativo, volver a mayores tasas marginales a la renta, eliminar el tope de la patente industrial y comercial, establecer impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras, así como una regalía a las ventas mineras) y laborales (negociación colectiva supra-empresa con titularidad sindical, aumento del salario mínimo, igualdad salarial de género, participación de 30% en las  utilidades e incidencia de los trabajadores en los directorios) que el país debe abordar de alguna u otra manera después de la crisis social. 

Pero también se debe avanzar en el paradigma productivo y de organización del tejido económico empresarial: ¿por qué no adoptar la propuesta de Jeannette von Wolfersdorff de transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas mayores a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica? Si esto es resistido, ¿por qué no reformar, entonces, el impuesto a las herencias y transferir la mayor parte del capital heredado -la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas en su totalidad es simplemente nula- a ese fondo patrimonial público? Este debiera ser gestionado de manera autónoma y profesional y su giro único debiera ser obtener una rentabilidad con sustentabilidad social y ambiental que financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato con su enfoque de las misiones tecnológicas (definir un problema que necesita ser solucionado con aportes de muchos sectores). Esto debe empezar en Chile por dar un fuerte impulso ya no solo a algunos productos sanitarios sino a la industria farmacéutica local, empezando por genéricos y vacunas (que en esta pandemia se han adquirido a un alto precio), a las energías renovables, a la electromovilidad, a la alimentación saludable, a la agregación de valor en una minería sustentable, a los servicios a la producción con tecnologías avanzadas.

Las regalías sobre recursos naturales y el esquema de transferencias de propiedad deberán impulsar el esfuerzo de reconversión y diversificación productiva en los diversos territorios. Esta transición debe acompañarse de la desconcentración de los mercados para dar espacios a nuevos actores empresariales, de fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, de una banca de fomento efectiva, de la promoción de la pequeña empresa innovadora y de la economía social, solidaria y sostenible con facilitación del acceso a mercados y más intensa transferencia tecnológica y de mejores prácticas. 

Se trata nada menos que de realizar como país una planificación estratégica y selectiva de largo plazo de la transición a una economía circular diversificada, basada en una especialización productiva que incorpore la agregación sostenible de valor, la dinamización de las economías locales y de los circuitos cortos de producción-consumo junto a la inserción inteligente y más provechosa en cadenas globales de producción. Esto supondrá un fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. 

Tal vez en el futuro la pandemia actual será recordada como el punto de partida de una transición que transformó el destino del país porque ayudó a cambiar nuestra manera de pensar.

Debates que avanzan

En La Mirada Semanal

Si siguen predominando los economistas neoliberales que postulan, como Milton Friedman, que el mejor impuesto es que el no existe, no se pondrá avanzar hacia pensiones básicas y transferencias de ingresos que son indispensables en las actuales condiciones chilenas.

Hace unos días, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, volvió a plantear en un seminario universitario su opinión favorable a la propuesta que algunos venimos haciendo desde hace muchos años: establecer una Pensión Básica Universal en Chile. Esto probablemente se explica por su idea de preservar a las AFP en el futuro, pero con una especie de reconocimiento implícito de que el sistema de capitalización individual no resuelve los dos problemas públicos que un sistema de pensiones está llamado a abordar: preservar a todos los mayores de la pobreza en la vejez (cobertura) y permitir un ingreso no demasiado divergente con el salario previo (tasa de reemplazo). Está más que argumentado que el sistema de AFP no resuelve ninguna de las dos cosas. La primera, porque existe del orden de 30% de trabajo informal en Chile, que en muchos casos se prolonga a lo largo de toda o buena parte de la vida activa (como las mujeres que realizan solo trabajo doméstico no remunerado). Esto da lugar a la ausencia o a una muy baja suma de aportes previsionales obligatorios. A su vez, la alta rotación en el empleo que se observa en Chile genera lagunas de ingresos y, por tanto, de cotizaciones, que repercuten en la tasa de reemplazo del salario por la pensión. Al parecer, las AFP ya no quieren insistir en esos temas y buscan que los resuelva una pensión básica que se universaliza de cargo del Estado. Las AFP, en realidad, debieran pasar a ser un instrumento voluntario de ahorro complementario. Pero es efectivo que una pensión universal significativa, como la que existe en Nueva Zelandia desde el siglo XIX y desde entonces en muchas otras partes del mundo, efectivamente funciona como un derecho de los mayores que resuelve la cobertura y disminuye la caída de ingresos al jubilarse. Este mecanismo se financia con impuestos generales, independientemente de la historia laboral de las personas.

Pero esto cuesta bastante dinero fiscal. En Nueva Zelandia se gasta un 5% del PIB en la pensión universal. En Chile, la pensión básica establecida en 2008 para el 45% de familias de menos ingresos y luego para el 60% ha costado menos del 1% del PIB, es decir menos que el subsidio a las pensiones militares. Los incrementos recientes y previstos en la reforma previsional del gobierno lo elevarían a del orden de 1,5% del PIB . Con el reciente anuncio gubernamental de extender la pensión básica solidaria al 80% (desde 1,7 a 2,3 millones de personas) y subir su monto hasta la línea de pobreza, se agregaría un costo de 0,4% del PIB. Llegar al 100% implicaría una cifra similar, según la Dirección de Presupuestos, incluyendo el pago del 7% de cotización de salud.

Los académicos Salvador Valdés y Rodrigo Valdés cuestionaron en el seminario comentado la propuesta de las AFP. Salvador Valdés tildó la idea de “imprudente”, argumentando que “es tremendamente caro” y el país está “al borde la inviabilidad fiscal”, mientras Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, la calificó de “irresponsable” si no detalla los ingresos fiscales para financiarla, aunque cree deseable llegar a una pensión universal en el largo plazo.

Cabe considerar, además, que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de transferir ingresos a las familias más vulnerables por carencia de ingresos. Si se transfiriera a la mitad de los 4,3 millones de menores de 16 años una asignación familiar equivalente a la línea de pobreza (177 mil pesos), se estaría haciendo realidad aquello de “los niños primero”, con un costo de 2% del PIB. Un vuelco de la política social en Chile, garantizando ingresos mínimos a estos dos universos de la vejez y los niños tendría un costo adicional de unos 4,5% del PIB. No veo que ningún gobierno futuro pueda plantearse hacer mucho menos que eso en materia de pensiones y de transferencia de ingresos a las familias, salvo que se quiera permanecer en la fractura social que hoy vivimos, con las consecuencias que conocemos.

Si se está "al borde de la inviabilidad fiscal" y para no ser "irresponsables", parece ser necesaria una reforma tributaria a la altura del desafío. Esta reforma debe llevar el déficit estructural a no mucho más de 1% del PIB hacia 2026, al finalizar el próximo gobierno (en 2020 se contuvo en 2,7% del PIB). Junto a una reducción drástica de la evasión tributaria, esa reforma tributaria debe partir por separar completamente la tributación de las utilidades de las empresas, salvo las pymes, y la de los ingresos personales. Debiera en materia de impuesto a la renta, además, restablecer las tasas del impuesto de 2012 y restablecer la tasa marginal más alta a 50% como en 1990, junto a eliminar buena parte de las exenciones a ese impuesto. Se debe también eliminar parte de las exenciones del IVA y de la renta presunta y reponer el impuesto a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones con presencia bursátil eliminado en 2001. Y se debe crear, como han propuesto Ramón López, Gino Sturla y Simón Accorsi, un nuevo impuesto a las transacciones bursátiles de 0,3%, un nuevo impuesto a los grandes patrimonios y una regalía ("royalty") que apunte a captar la renta minera por el equivalente a 20% del valor de las ventas. Esto podría realizarse con una escala progresiva (hasta 3% con menos de 2 US$ a 100% sobre US$ 5 la libra) según el precio a las ventas de la gran minería privada, como planteamos en nuestra anterior columna.

Si siguen predominando los economistas neoliberales que postulan, como Milton Friedman, que el mejor impuesto es que el no existe, no se pondrá avanzar hacia lo razonable en las actuales condiciones chilenas, es decir llegar a la tasa de tributación promedio de la OCDE . Esta fue de 33,8% del PIB 2019, contra 20,7% en Chile. El promedio OCDE no refleja que hay países con una tasa de 46,3%, como Dinamarca, que diversos indicadores ponen como el país con mayor bienestar de su población en el mundo. Estos economistas neoliberales creen (es efectivamente una afirmación del orden de las creencias) en el chorreo de ingresos que provendría del crecimiento, que erróneamente postulan se debilitaría con más impuestos, especialmente los progresivos. La experiencia de los países de la OCDE está ahí para demostrar lo contrario, especialmente los países nórdicos y diversos europeo-continentales, así como Nueva Zelandia, países con una carga tributaria mayor a la chilena actual cuando tenían el mismo PIB de Chile hoy. Este último país acaba de aumentar el salario mínimo y el impuesto a los más ricos. Estados Unidos también acaba de aumentar los impuestos a las utilidades de las empresas y prepara un aumento del salario mínimo. Es lo que tendrá que hacer Chile a partir de marzo de 2022.

La renta minera no debe seguir siendo regalada

En La Mirada Semanal

Hay quienes defienden en materia minera, como en casi todo lo demás, que la mejor política pública es la entrega de su desarrollo a la gran empresa privada. Aluden los efectos en cadena del sector en términos de producción, exportaciones y empleo y su supuesta mayor eficiencia para maximizar la inversión.

Otro argumento erróneo ha sido la idea de extraer al mayor ritmo posible el mineral de cobre, recurriendo al capital transnacional, por el riesgo eventual de aparición de algún sustituto de menor valor, como ocurrió con el salitre, que dejara sin valor el recurso. Dado que en Chile existe desde 1971 la propiedad pública del recurso minero (“el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”), los neoliberales han defendido con éxito otorgar concesiones permanentes para la explotación privada, como la establecida en la dictadura por Pinochet y José Piñera, y asimilar la explotación de recursos naturales a los otros sectores de la economía.

Ante el fuerte aumento del precio del cobre, en 2005 el parlamento dominado por la derecha aceptó, después de una ardua batalla y a cambio de una cuestionable invariabilidad tributaria -ampliada en 2011 hasta 2024- una tributación específica a la minería basada en los márgenes brutos de explotación obtenidos por las compañías privadas. Esto ocurrió luego que la derecha votara en 2004 en contra de una regalía minera sobre las ventas, que fue el proyecto original de Ricardo Lagos y de la coalición de partidos que lo apoyaba, incluyendo la DC de Adolfo Zaldívar.

Este proyecto buscaba avanzar hacia la maximización del retorno fiscal por el uso de un recurso no renovable de propiedad común, cuyos menores costos de producción en Chile otorgan un alto retorno a la inversión, especialmente cuando los precios suben por incrementos de la demanda por sobre la oferta. Se buscaba, asimismo, financiar una diversificación productiva de los territorios desde los que se extraen y compensar la extracción y agotamiento futuro del recurso. Lograr ambos objetivos sigue pendiente, dado el veto de la minoría de derecha sobre el sistema político que ha logrado mantener desde 1990.

La política apropiada para alcanzar esa maximización es capturar toda o la mayor parte la “renta económica”, que desde Adam Smith y David Ricardo y su tratamiento de la renta (“arrendamiento”) de la tierra se entiende como un ingreso distinto a la utilidad empresarial. Aunque en el lenguaje común se utilice la palabra renta como equivalente a ingreso (“el impuesto a la renta”, por ejemplo), la renta es entendida hoy en el análisis económico, incluso por el enfoque convencional neoclásico, como el excedente del rendimiento necesario para mantener en explotación un recurso escaso por parte de un agente económico que maximiza el retorno del capital invertido. Sin utilidad, no habrá inversión privada. Sin renta económica, pero con una utilidad normal que justifique la inversión de capital, habrá tanto inversión privada como remuneración a la colectividad por el uso de un recurso que le pertenece.

Para capturar la renta se puede establecer ya sea la propiedad y explotación pública de los recursos mineros o bien la propiedad pública del recurso combinada con la explotación privada y una tributación significativa sobre las utilidades obtenidas más allá del retorno normal del capital invertido. La opción de que una empresa pública se haga cargo de captar la totalidad de la renta, como fue la intención de la nacionalización de 1971, requiere minimizar los fenómenos de captura de la empresa pública por sus gestores y productores directos (en el caso de que busquen obtener remuneraciones por sobre las del resto de la actividad económica de similar productividad), y/o de captura por sus proveedores para abastecer a la empresa pública con insumos con sobreprecios.

En 1990 se cometió el grave error de que CODELCO se desprendiera de pertenencias valiosas para impulsar la minería privada, cuando la dictadura ya había entregado el principal y más productivo yacimiento, La Escondida. Antes no se había pugnado por una limitación temporal a las concesiones. Dejar las cosas como estaban fue una exigencia de la DC para cerrar el programa de gobierno de 1989, en nombre del desarrollo de la inversión privada en el sector después de los traumas de la nacionalización. Esto lo resistió sin éxito el PS, privilegiando la unidad de la nueva coalición. A su vez, la gestión posterior no siempre eficiente de CODELCO y la limitación de sus inversiones impuesta por el dominio neoliberal en el manejo de la política minera desde 1990 -que fue mayor que en otras áreas en donde se expresaron con más fuerza las opciones progresistas, las que terminaron por perder su influencia- provocaron la continua caída en la participación de la empresa pública en la producción de cobre y en los ingresos que genera.

Además, el otorgamiento de concesiones para explotar los recursos del subsuelo no se acompañó de la voluntad de establecer un cobro suficiente de derechos y regalías como medio para recuperar la mencionada renta económica, en ausencia, además, de algún mecanismo de asignación competitiva de las concesiones de explotación (como se discutió en su momento respecto a los derechos de pesca, otro recurso natural que genera renta económica más allá de las utilidades normales, o se hizo en la asociación de CODELCO con privados en El Abra). La mayor parte de esta renta queda en manos del que explota el recurso a través de una concesión y no del dueño del recurso. Ese es el fondo del problema aún no resuelto. El impuesto específico a la minería, de muy bajo monto desde 2005 y apenas ajustado en 2020, ha recaudado apenas del orden del 0,3% del PIB. Se ha provocado una pérdida para la colectividad de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares anuales, según las estimaciones, entre cerca de 2 y 4% del PIB, es decir cifras que mucho hubieran necesitado los presupuestos anuales de investigación y desarrollo y de educación, salud y cultura.

Esto es lo que tiene que cambiar. En principio, para captar toda la renta minera, se debiera hacer tributar a una tasa de 100% toda diferencia entre los ingresos y los costos de explotación más alguna estimación de utilidad normal. En el caso de la más reciente modificación tributaria en Australia, por ejemplo, se fijó en el rendimiento de los bonos gubernamentales. Las múltiples variantes de cobro por el derecho de uso de recursos naturales existentes en diversos países se resumen en dos modalidades básicas: regalías brutas y regalías netas. Las primeras son un porcentaje de las ventas, proporcionales o bien progresivas, y tienen como característica no incluir el costo de explotación en la base de la tributación. Las regalías netas, por su parte, se asemejan a una forma de tributación de las utilidades al tomar en cuenta los costos de producción. También pueden ser proporcionales o progresivas. La regalía bruta tiene la ventaja considerable de ser de simple aplicación. Su cálculo es sencillo y no requiere de grandes gastos de administración fiscal para impedir elusiones y evasiones. Sin embargo, al no considerar los costos de explotación, tiene fuertes probabilidades de no lograr captar la renta económica potencial si los yacimientos tienen costos que varían mucho. El problema que se plantea entonces es que no deja un incentivo al empresario para controlar de manera eficaz sus costos de explotación, con el resultado de que la renta percibida por la regalía sería de nuevo inferior a la renta económica potencial. En ese caso, la regalía debe prever deducciones tributarias que inciten a bajar los costos. La combinación de regalías brutas y netas es la solución adecuada para captar la totalidad de la renta minera.

Ningún gobierno que cautele verdaderamente los intereses nacionales puede aceptar la persistencia de un trato como el actual, en el que las compañías mineras privadas reciben un muy alto retorno -especialmente algunas de ellas con menores costos de producción por la alta ley del mineral- que cuando sube el precio llega a 80% y más (solo comparable a los tráficos ilegales), mientras el país apenas capta el beneficio de los altos precios, aunque haya una cierta progresividad en el impuesto actual. En ella se ha refugiado el actual ministro de Hacienda para no innovar, en un gobierno que, una vez más, defiende los intereses del gran empresariado, en este caso transnacional.

Las compañías privadas deben poder tener utilidades por sus inversiones, pero no con tasas de retorno que no guardan relación alguna con el riesgo incurrido como las que logran en Chile cuando los precios suben. El precio del cobre se ha duplicado en un año, dada la escasez relativa actual de su oferta ante una demanda que aumenta empujada por China, generando enormes utilidades a las empresas del cobre sin que eso sea atribuible a su eficiencia o capacidad de innovación (sus costos no han bajado). Se debe a la apropiación de un bien con oferta limitada en el corto plazo y con pocos sustitutos, salvo el reciclaje que se hace rentable cuando los precios suben.

La Cámara de Diputados está tramitando una moción parlamentaria sobre el tema. Es cierto que el parlamento no tiene facultades para establecer impuestos, pero si puede marcar una voluntad del legislador ante el ejecutivo. La mayoría ha argumentado, además, que se trata de una contribución y no de un impuesto. Entre los que votaron en contra de establecer un modesto 3% de regalía sobre las ventas se cuenta a la derecha en bloque. Se han presentado indicaciones por parlamentarios regionalistas para perfeccionar el proyecto que defienden la idea del cobro a la gran minería de una regalía escalonada según el precio, lo que es lo técnicamente indicado para que el Estado capte la renta minera que le pertenece sin inhibir la inversión privada. El planteamiento (elaborado junto a Gino Sturla en el Instituto de Economía Política y Social) es que el cobro sea de 3% de las ventas hasta 2 dólares la libra, de 25% entre 2 y 3 dólares la libra, de 50% entre 3 y 4 dólares, de 75% entre 4 y 5 dólares y finalmente de 100% para aquella parte adicional del precio superior a 5 dólares la libra. Se ha agregado que aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado (cátodos de al menos 99,99% de pureza) pague un menor valor equivalente al 5% del monto anual de la regalía correspondiente. La idea es favorecer el procesamiento industrial de los concentrados de cobre en el país. Los porcentajes marginales de regalía por nivel de precio están calculados para mantener un retorno por ventas que permita una remuneración normal del capital, incorporándose la regalía bruta como gasto (no como crédito) para efectos de la tributación usual a las utilidades.

Si este año el precio del cobre se situara entre 3 y 4 dólares la libra, la regalía así concebida hubiera permitido recaudar 6.500 millones de dólares (tomando en cuenta el valor promedio de los años en que el cobre ha estado en ese rango de precios), con una tasa efectiva de 20% sobre las ventas. Si alcanzara entre 4 y 5 dólares, la cifra sería de 13 mil millones, siempre considerando el valor promedio pasado, muy superior a lo que recauda el actual impuesto, y la tasa efectiva sería de 35%. Estos recursos no están disponibles para todos los chilenos por el bloqueo del sistema político logrado sistemáticamente por los representantes de los intereses de los concesionarios privados de la explotación minera. Se trata, en su gran mayoría, de empresas transnacionales. O bien por la desidia irresponsable de los que no están en disposición de desafiar esos intereses.

Suelen ser los mismos que después exigen pronunciamientos perentorios contra las rebeliones sociales que en buena parte surgen de la inacción de las instituciones democráticas para allegar los recursos que se requieren con urgencia para disminuir la marginalidad (las familias que viven en campamentos precarios han pasado de 25 mil en 2005 a 82 mil en 2021) y la inaceptable desigualdad en Chile. Y también promover la diversificación económica, o bien enfrentar las recesiones y pandemias sin tener que recurrir masivamente a los ahorros personales. En este tema, como en tantos otros, la irresponsabilidad histórica de la derecha y de quienes se le subordinan fue acumulando los bloqueos a las reformas indispensables, lo que ya no puede seguir esperando.