martes, 28 de enero de 2020

¿Recomposiciones en la izquierda?



En estos días se viven recomposiciones en diversas organizaciones que configuran el vasto mundo de la izquierda, disperso y fragmentado en medio de un escenario que cambió totalmente desde el 18 de octubre. Pero igual se puede afirmar que su rol en el presente y en el futuro próximo es indispensable para una salida constructiva de la crisis actual. También que la crítica de la izquierda al orden actual está bastante más reivindicada por los hechos históricos recientes: el modelo de democracia restringida y de mercado máximo/Estado mínimo colapsó en Chile.

Este es un colapso de su forma extrema nacida en dictadura y defendida hasta hoy por el mundo conservador, pero también en su forma morigerada, al ser defendida por la llamada "centroizquierda" que hizo de "necesidad virtud" al acomodarse a instituciones que no reflejan la voluntad social mayoritaria. Una que además perdió en el camino la voluntad de cambiarlas, en el caso de la parte de la dirigencia política del fin de la dictadura y la transición que logró derrotar, en medio de una intensa lucha política que hoy se da por inexistente, a quienes persistieron en el proyecto de terminar con el sistema de vetos minoritarios de la derecha. Una que terminó acomodándose a un modelo económico que mantuvo en niveles inaceptables la concentración de la riqueza y de los ingresos, más allá de avances significativos en materia de condiciones de vida, de empleo y de ingresos. Pero estos avances no desmienten lo principal: persistieron, a pesar de los esfuerzos del mundo político y social de orientación crítica, instituciones que no reflejan la soberanía popular y un funcionamiento económico altamente desigual, concentrador y ambientalmente depredador.

Cabe ahora en esta nueva etapa rediscutir –y reafirmar– lo específico de una opción de izquierda democrática: mantener vivas las ideas socialistas de emancipación de la sociedad de las estructuras de dominación de una minoría oligárquica sobre la mayoría, para dar paso a un orden democrático socialmente justo, paritario y ecológicamente resiliente. Esto debe traducirse en una acción política de construcción desde la ciudadanía y sus movilizaciones de nuevas estructuras políticas, sociales y económicas que consagren el fin del dominio oligárquico. El horizonte debe ser avanzar a un bienestar colectivo social, territorial y ambientalmente sostenible, en el que cada cual sea tratado con igual dignidad, consideración y respeto. Y siempre con las reglas de la democracia.

A partir de una reforzada identidad de la izquierda democrática, se podrá proponer respuestas a la demanda social por cambios a través de rediseños de instituciones y de políticas públicas, empezando por la reforma política urgente que Chile requiere. Ahí hay una secuencia de trabajo para:

a)  Lograr, a pesar de los innumerables obstáculos existentes, empezando por el quorum de 2/3 de aprobación, una nueva Constitución que garantice derechos, revitalice la representación y la deliberación combinada con democracia directa y establezca el principio de que gobierna la mayoría y no la minoría, aunque esta tenga el derecho pleno a existir y a procurar transformarse periódicamente en mayoría.

b) Construir una nueva alternativa coherente de gobierno para el período 2022-26, que nazca de las convergencias en el proceso constituyente, pero sin la presencia de actores que bocoiteen desde dentro el programa de transformaciones. Gobernar por gobernar no tiene sentido y termina llevando a crisis como la que estamos viviendo.

Una nueva coalición de gobierno alternativa a la derecha debe ser ahora coherente y proponerse de manera consistente y realista diseñar y poner en práctica una desconcentración, diversificación y reconversión sostenible de la economía y una fuerte descentralización y profesionalización del Estado, junto con reforzar la capacidad regulatoria gubernamental.

Debe contener las tarifas de servicios básicos y el precio de los medicamentos, impidiendo las utilidades indebidas que hoy prevalecen.

Lograr una nueva distribución de los ingresos en la empresa (con salarios mínimos más altos y una negociación colectiva efectiva más allá de la empresa), redistribuciones adicionales significativas a través de un sistema de impuestos y transferencias progresivas –empezando por financiar una pensión básica universal y una asignación familiar sustancial que saque a los adultos mayores y a los niños de la pobreza– y una reconstrucción efectiva de los servicios públicos.

Se deben lograr avances sistemáticos, lo que requerirá de importantes reformas institucionales y en su financiamiento, en la cobertura y calidad de la atención de la infancia, la educación, la salud, las pensiones y los servicios urbanos, articulados con los órganos descentralizados en cada territorio.

Una nueva institucionalidad legítima, la diversificación sostenible y una redistribución de ingresos y de activos no solo no dañarán la economía, sino que le darán nuevos impulsos. Es con la actual arbitrariedad y desigualdad que las empresas no tendrán ningún futuro.

¿Por qué no imaginar, para alcanzar estos fines, una coalición antioligárquica que vaya desde el Frente Amplio, el PC y los regionalistas y lo que quede de izquierda tradicional, invitando desde ahí al centro progresista y a todas las nuevas fuerzas autónomas e independientes emergentes que quieran avanzar a un país con grados básicos de decencia y de calidad de vida para todos?

Hay quienes insistirán en cursos alternativistas que rompan con la "vieja política" y cualquier cosa que se parezca al pasado. La crítica al pasado siempre es necesaria, pero negarlo mesiánicamente es un error y un imposible, aunque sea recurrrente y parte de los procesos políticos e intergeneracionales. Cabe recordar que eso es lo que postuló en Chile una parte de la generación de los años 60, que terminó articulándose con la izquierda histórica, aunque algunos que usaron tonos altos viraron finalmente a la derecha y a la defensa de los intereses de la gran empresa.

Vista la experiencia histórica, los tonos de la consistencia y de la coherencia en el tiempo son más recomendables.

La pulsión refundacional mueve, también hoy, a una parte de la generación salida de las movilizaciones del 2011, la que en una década ha logrado bastante menos que sus promesas, "porque no ha tenido la fuerza suficiente". Con eso su crítica destemplada a la izquierda que le antecedió, que evidentemente tampoco logró muchas de sus aspiraciones por "no tener la fuerza suficiente", va mostrando su falta de perspectiva. La tarea de transformación de la sociedad es larga y progresiva y no solo una de momentos de paroxismo. Ni de mera voluntad de algunos líderes, sino de procesos sociales amplios y persistentes. Requiere de articulaciones variadas. El mesianismo en política siempre termina por caer por el propio peso de su falta de capacidad para lograr los objetivos que se propone y/o su falta de capacidad para mantenerlos en el tiempo.

La política de izquierda y transformadora no es "vieja" o "nueva", es "buena" o "mala" para resolver los problemas de la mayoría social y, en esta coyuntura, para reconstruir democráticamente las bases de la República y terminar con el orden oligárquico renacido después de 1973 con la violencia que sabemos. Para abordar esa tarea democrática colectiva, será menester lograr nuevas síntesis y no cultivar divisiones nacidas de identidades y particularismos respetables pero inconducentes.

miércoles, 15 de enero de 2020

Alternativas democráticas a la concentración del capital


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Las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en nada menos que 25% en el año 2019, según el índice de Bloomberg. Así va el mundo, dominado hoy más que nunca por la lógica de la acumulación ilimitada de capital. La consecuencia es llevar la desigualdad a niveles cada vez más inaceptables socialmente (como se demostró en Chile a partir del 18/0, en uno de los países en que el 1% más rico concentra una de las mayores proporciones de patrimonio e ingresos en el mundo) y de paso llevar la depredación del planeta a límites que hacen peligrar la propia sobrevivencia de la especie humana por un desorden climático generalizado.

Ya cada vez más voces urgen establecer, además de cambios en los modelos de producción y de consumo, un impuesto al patrimonio para disminuir la alta concentración de activos en pocas manos, como el propuesto por Zucman y Saez y promovido por varios candidatos demócratas en Estados Unidos, junto a terminar con los paraísos fiscales, siguiendo las propuestas de Stiglitz, Piketty y otros.

Poner límites a la concentración de capital debe ser también parte de la plataforma de una nueva izquierda en Chile, como lo propusieron economistas como Nicolás Grau y otros, junto a restablecer el impuesto a las ganancias de capital como existía en 2002 y terminar con la renta presunta. Se debe, además, establecer regalías mineras con una mayor progresividad de tasas según la rentabilidad de la extracción, pues se trata de recursos que pertenecen a todos los chilenos, junto a fortalecer CODELCO y crear una Empresa Nacional del Litio que lidere la reconversión a la electromovilidad en vez de los fallidos intentos de asociación con transnacionales promovidos por CORFO.

Los cambios tributarios por venir deben disminuir el peso de los impuestos al consumo y minimizar los mecanismos de evasión y de fuga al exterior. Y combinarse con un mecanismo como el propuesto por Jeannette von Wolfersdorff para transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica. 

Además, debe reformarse el impuesto a las herencias y transferirse el capital heredado a partir de, digamos, un millón de dólares (la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas es simplemente igual a cero) a ese fondo patrimonial público cuya rentabilidad financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato, en la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para transitar a un nuevo modelo productivo social y ambientalmente sustentable. Esto puede empezar por dar un fuerte impulso -con más tecnologías adaptadas o propias- a las energías renovables. En este tema clave del futuro, Chile tiene un amplio potencial y puede llegar con menos dificultades que otros a la carbono neutralidad en 2050 y al 100% de generación eléctrica con fuentes renovables en 2030.

Asimismo, debe canalizarse la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas haciendo efectiva la modalidad de distribución del 30% de las utilidades después de impuestos a los trabajadores una vez al año, terminando con la incorporación al salario que hoy permite la ley y diversas elusiones. Se trata de algo bastante elemental: que las empresas compartan con los trabajadores una parte de sus utilidades cuando estas se producen, lo que de paso contribuye potencialmente a aumentos de la productividad del trabajo. En materia salarial, el nivel actual de madurez de la economía chilena permite proponerse como sociedad que el salario mínimo asegure en plazos breves a todo trabajador de jornada completa un ingreso que al menos cubra la línea de pobreza para el hogar promedio de 4 integrantes y alcance 500 mil pesos líquidos, con una transición mediante un subsidio mayor que el planteado por el gobierno para cubrir la diferencia con el mínimo legal hoy todavía en 301 mil pesos brutos para las empresas con ventas anuales inferiores a las UF 100.000. Para que los subsidios a la remuneración del trabajo no se transformen en subsidios a las utilidades, deben ser temporales y acompañar transiciones, sin perjuicio de mecanismos permanentes para jóvenes, mujeres y personas con capacidades diferentes.

El gobierno en ejercicio se ha mostrado incapaz de abordar un agenda de cambio como la señalada, y persiste en maniobras de corto aliento para intentar “dejar atrás” la rebelión social iniciada el 18/0. No ha querido dar pasos consistentes en temas que ya evidentemente no se sostienen, como un sistema privatizado que no provee pensiones con tasas de reemplazo mínimamente decentes, un sistema segmentado de salud (uno para los altos ingresos, otro para los militares y otro para el resto) con deficiencias múltiples, un sistema educacional privatizado y clasista como en ninguna parte del mundo y ciudades segregadas. El gobierno actúa como si la sociedad debiera aceptar sin más los salarios y pensiones bajas y la provisión deficiente de salud, educación y servicios urbanos. En definitiva, parece dispuesto a todo para evitar un nuevo pacto social en Chile que ponga en cuestión la dominación del 1% más rico sobre el resto de la sociedad.

En 2020, el gran hito será el plebiscito de abril y la probable elección en octubre de constituyentes, cuya misión será redactar en 2021 una nueva constitución. En ese proceso, una mayoría se pronunciará, según lo previsible, por garantizar derechos civiles y políticos y también económicos, sociales, culturales y ambientales en línea con los pactos internacionales suscritos por Chile a lo largo de los años. Salvo que algún tercio vete la garantía de esos derechos, lo que de manera absurda se incluyó en el acuerdo de habilitación de una nueva constitución. Recordemos que la constitución de 1980 establecía un quórum máximo de 3/5, probablemente porque a los que la redactaron un quórum mayor les debe haber parecido impresentable para cualquier canon democrático. Pero desde 1989 los rubores desaparecieron y se inició el camino de imponer los 2/3 para todo lo fundamental, lo que fue erróneamente aceptado por los que negociaron la transición y que desde entonces se prolonga.

Una nueva constitución no está llamada a definir políticas económico-sociales específicas o a imponer conductas propias de la libre decisión individual. Si deberá establecer los derechos fundamentales y los deberes hacia la comunidad y sobre todo habilitar la acción efectiva de gobiernos periódicamente electos que puedan actuar de acuerdo a las preferencias mayoritarias. Hoy la institucionalidad en buena medida no lo permite, aunque los espacios existentes no han sido utilizados por las coaliciones de gobierno como se podría haber hecho, por ejemplo en materia de impuestos, reglas laborales y previsionales. Esto no fue posible por la presencia de fuerzas conservadoras de bloqueo en las coaliciones desde 1990 y por directa defensa de los intereses oligárquicos en los dos gobiernos de derecha. 

Las opciones mayoritarias de la sociedad ya no pueden, salvo asumir un escenario de rebelión social permanente, seguir siendo frustradas ilegítimamente por candados y vetos constitucionales o por un tribunal constitucional de bloqueo de las mayorías. Chile puede tener una institucionalidad y un gobierno con nueva legitimidad a partir de 2022, nacido de la libre evolución democrática de mayorías y minorías en el común respeto de los derechos fundamentales, que le permita abordar los desafíos de una prosperidad compartida y sustentable, con un orden público democrático. Pero siempre está la alternativa de persistir en la mediocridad del empate forzado o en la reiteración del conflicto social permanente nacido de desigualdades inaceptables. Las opciones que se resuelvan en 2020 serán, entonces, fundamentales para el futuro y para tener un país en el que la concentración del poder y la riqueza no sea su signo principal.

lunes, 13 de enero de 2020

Sobre la paridad y las listas cerradas



El trabajoso proceso constitucional - decisivo para el futuro del país - tiene la tarea de completar los temas que fueron dejados de lado en el acuerdo del 15 de noviembre, en la comisión técnica posterior y en la reforma constitucional promulgada el 23 de diciembre de 2019. Uno de ellos es el de la paridad de género en la elección de miembros de la Convención Constitucional. Esto es importante para la Convención, pero también como esquema permanente, pues probablemente el acuerdo al que se llegue será el que prevalezca en el futuro sistema electoral.

La UDI ha planteado, y con ella más tarde todo el oficialismo, el rechazo a lo aprobado en la Cámara con corrección de género posterior a la elección.

Promueve ahora un sistema de lista cerrada con hombres y mujeres alternados. Es mejor que las dos papeletas, una de hombres y otra de mujeres, de la que también había hablado la UDI, pero que era una obvia vuelta al sistema binominal por la poca amplitud numérica de los escaños a elegir en la mayoría de los distritos.

Como la UDI es un partido esencialmente autoritario y vertical, busca que la jerarquía partidaria determine la prelación de nombres en las listas de candidaturas y, por tanto, defina a los que tienen más posibilidades de elegirse.

No obstante, no todo es rechazable en este esquema. Puede tener diversas virtudes, además de asegurar al menos un 40% de paridad de género.

Partamos por considerar la corrección de género después de la elección, aprobada en la Cámara de Diputados. Este mecanismo puede dejar a muchas mujeres que terminen electas con menos votos que los hombres que sustituyan sujetas a un pernicioso cuestionamiento de legitimidad. En la lista cerrada este no es el caso, pues se vota por un equipo paritario.

Respecto a los independientes que los partidos inviten a ser parte de sus filas, su presencia (o no) en la parte elegible de la lista expresaría la voluntad real de que sean parte (o no) del órgano representativo que se elige. Así se disminuye la invitación manipulada sin elegibilidad.

Por otra parte, lo que se pacte debe incluir la inscripción autónoma de independientes con firmas de un piso de solo 0,5% de los electores en cada distrito y la posibilidad de inscribir de listas de independientes asociados por algún fin común con el mismo número de firmas, con la opción de que se vote por individuos o por colectivos, para permitir la representación de la sociedad civil y evitar el monopolio de los partidos tradicionales.

Otra virtud del esquema comentado es que aunque la lista cerrada le resta a los ciudadanos la posibilidad de elegir personas directamente - aunque lo hacen al ver y sopesar los/as cabezas de lista que tendrán mayor posibilidad de elegirse - permite que se presenten equipos ante la ciudadanía y no solo individuos que se aglomeran en sociedades de intereses personales, lo que desgraciadamente son hoy algunos partidos políticos.

Creo que esta es una de las causas del deterioro radical del sistema político chileno, con demasiadas personas que están en política al margen de proyectos colectivos. Muchos están más bien en la promoción del interés propio, con el trasfondo de la ambición de llegar a transformarse en caudillos (figura que tiene una larga - y bastante nefasta - historia en nuestros países) y adhieren a partidos de manera esencialmente utilitaria. Su generalización es hoy el neoliberalismo en acción en la política.

Como observarán, de lo dicho se deduce que la oposición debiera tomar la propuesta de la derecha en materia de paridad y listas cerradas, pero complementándola con bajas barreras a la entrada tanto de independientes como de listas de independientes.

Esto es desde luego mejor que nada, pero es, además, un esquema con virtudes suficientes, partiendo de la base que también tiene defectos y que no hay sistema electoral perfecto.

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