¿Qué diríamos en Chile sí al lado de los lugares de votación hubiera puestos de control del partido de gobierno de tarjetas que permiten acceder a bienes básicos, en medio de una grave escasez? ¿No lo llamaríamos cohecho? Sí, es cohecho y manipulación y debe criticarse, aunque también lo hagan los conservadores. Criticable ha sido también que un parlamento ganado por la oposición haya sido desconocido y sustituido por una asamblea constituyente conformada de un modo no representativo. Criticable es una conducción económica basada en las rentas del petróleo y en el endeudamiento, especialmente con China, que según los vaivenes de la coyuntura permite distribuir más o menos subsidios sin una estructura productiva coherente, y, máxima paradoja, con una producción petrolera que decae. Esto no es atribuible primordialmente al boicot externo sino que a la gestión clientelista interna. Lo reprochable en la conducta de Maduro es su voluntad de mantener el poder a toda costa para él y su casta burocrática y militar y no aceptar ninguna alternancia democrática, aunque sea al precio del sacrificio cotidiano de la mayoría social en medio de la hiperinflación, la escasez y el desorden productivo, con un 20% de desempleo y sin ninguna perspectiva de futuro que no sea un eventual y mágico aumento estable del precio del petróleo.
Que el régimen de Maduro sea confrontado por Estados Unidos -teniendo como sustrato el interés por sus recursos petroleros- no lo transforma en un régimen progresista, como tampoco ocurre con el régimen sirio de Al Assad, con los ayatollas en Irán o la Rusia de Putin. Es en este caso un bonapartismo basado en una casta de poder que tolera la corrupción, dominada crecientemente por militares y dispuesta a prolongarse en el control del Estado por cualquier medio, como también es hoy el caso de la Nicaragua de Ortega. El bonapartismo latinoamericano -el concepto de populismo nos parece en exceso vago para el análisis- se opone a las derechas tradicionales pues se construye contra las oligarquías históricamente dominantes y las élites que las sirven. Busca el poder para apoyarse en estructuras estatales clientelares y en la fusión de una nueva elite con una parte del mundo popular. Pero se distingue de las izquierdas republicanas, a pesar de sus políticas que favorecen políticas sociales hacia el mundo popular, por el ejercicio autoritario y caudillista del poder, la restricción de las libertades públicas, el no respeto de la separación de poderes, el rechazo de la alternancia y el uso frecuente de mecanismos plebiscitarios de legitimación. Las izquierdas republicanas, en cambio, se definen por su adhesión a proyectos y no a personas y su cautela de las reglas democráticas y a la voluntad mayoritaria, respetando el derecho de las minorías a transformarse en mayoría, sin perjuicio de reivindicar en determinadas circunstancias el derecho a la defensa propia o a la rebelión frente a la tiranía, el que debe ejercerse en un marco ético y siempre respetando los derechos fundamentales. Para las izquierdas republicanas la transformación social igualitaria y libertaria debe ser consistente, previsible, no crear percepciones de amenaza inútiles y realizarse siempre en democracia para no desnaturalizar sus fines. Su estrategia de transformación de la sociedad es la consolidación de derechos sociales que no sean desmontables por las derechas en contextos de alternancia, manteniendo siempre la legitimidad e integridad de la democracia como un fin en sí mismo y para evitar que las oligarquías tradicionales logren desbordes autoritarios para favorecer sus intereses, como en Chile en 1973-1989.
Mucha gente de izquierda, aunque no le gusta el régimen de Maduro, hace la vista gorda frente a su accionar porque asimila su situación a las feroces agresiones internas y norteamericanas que sufrió Salvador Allende en 1970-1973 y considera legítimo su derecho “a defenderse por cualquier medio”. Pero, aunque sería muy largo detallarlo, la situación se parece bastante poco, entre otras cosas porque la guerra fría terminó, incluyendo la “amenaza soviética”, y Estados Unidos se sitúa estratégicamente frente a América Latina con otras prioridades en el mundo. Chávez y luego Maduro han gobernado desde 1999 comerciando y vendiendo petróleo a Estados Unidos. La nacionalización del petróleo ocurrió en 1976 con Carlos Andrés Pérez (junto a la del hierro en 1975). El régimen mantiene incluso acuerdos con una parte del gran empresariado, aunque ha tomado el control militar de la distribución y de buena parte de la industria y la agricultura, con malos resultados productivos que fueron compensados durante una década con altos precios del petróleo. La muerte de Chávez en 2013 y la caída del precio del petróleo iniciaron la crisis del modelo “bonapartista” venezolano.
Eso no quiere decir que no sean muy condenables las sanciones financieras norteamericanas desde agosto de 2017 a la capacidad de endeudamiento de Venezuela, que en nada ayuda a la democracia y que aplauden los conservadores, cuyo record a favor de la democracia en todas partes y en particular en Chile no es especialmente notorio. Y agudiza una crisis humanitaria de vastas proporciones que se va resolviendo día a día con la emigración de centenares de miles de personas a los más variados países, incluyendo Chile.
Absurda ha sido también la actitud de la oposición venezolana, que luego de haber llegado en febrero en Santo Domingo a un acuerdo razonable con el gobierno para obtener garantías en el proceso electoral, terminó por no estar dispuesta a concordar una fecha de elección, dejando la confrontación como única perspectiva y permitiendo a Maduro realizar todas las maniobras de manipulación electoral que quiso. Venezuela está llegando al extremo de la insensatez política, que solo augura más catástrofes. Algunos, como el economista Ricardo Haussman, incluso llegan a promover una invasión “humanitaria”. ¡Como si Venezuela no tuviera 115 mil soldados, tanques y aviones de combate y no fuera un país de 30 millones de habitantes, con al menos un tercio que el domingo apoyó a Maduro!
Tomar distancia desde la izquierda en Chile, por coherencia básica con su propio proyecto de cambio, con la conducta de Maduro y la militarización de su régimen, condenando al mismo tiempo las sanciones externas, no supone tener la pretensión de poner como ejemplo la muy imperfecta democracia post 1989. Aquí quien nos gobierna obtuvo el voto de un 27% del padrón electoral, menos que Maduro. El principio de mayoría sigue siendo inefectivo para aprobar leyes fundamentales y los grupos económicos que controlan la economía han legislado en materia tributaria, pesquera y minera de la mano de parlamentarios que defendieron desembozadamente sus intereses, haciendo perder fuertemente -a pesar de avances económicos, sociales y culturales, aunque sin lograr un cambio distributivo de importancia- la legimitad de los actores históricos de la democracia. Se debilitó la participación hasta muy bajos niveles. En Chile no podemos hablar hoy desde ninguna ejemplaridad. Pero si podemos hacerlo desde nuestras convicciones, que incluyen rechazar todo intento de golpe militar en Venezuela y por supuesto cualquier invasión extranjera. Cuando Vargas Llosa dijo hace poco que apoyaría una acción militar “no como algo definitivo sino como algo transitorio” ya sabemos lo que pasó en Chile con esa tesis, que fue la de Frei Montalva: 17 años de dictadura sangrienta que, entre otros horrores, lanzaba al mar a prisioneros vivos desde helicópteros mientras se declaraban tiempos para callar.
Y en Venezuela la solución a la crisis, en la que se ha empeñado como llanero solitario el ex presidente español Rodríguez Zapatero, y aunque allí muy pocos crean en ella, deberá ser política y mediante el diálogo como única alternativa a la confrontación violenta, la que solo conducirá a nuevas tragedias en nuestro continente.
