El nuevo escenario político: ¿cómo gobernará Piñera?

En Voces La Tercera

Se dio inicio al mandato presidencial 2018-2022 con un cambio de mando marcado por un clima de normalidad institucional, con pocos anuncios políticos presidenciales, salvo el reciente y miope endurecimiento de penas contra lo que Piñera denomina terrorismo en la Araucanía, que es en realidad violencia contra la propiedad, con menos mal pocas excepciones que han resultado en atentados a personas.

La derecha, con el triunfo histórico de su líder -10 puntos de diferencia en la segunda vuelta presidencial de 2017 – sobre la dividida coalición de centro e izquierda, se ha planteado el objetivo de prolongar su gobierno durante dos mandatos. Con ese fin Sebastián Piñera ha adoptado un tono en ciertos aspectos dialogante y propuso como horizonte de su administración, asumiendo que no dispone de mayoría parlamentaria y rebajando expectativas, cinco acuerdos todavía imprecisos en materia de “infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad para todos, paz en La Araucanía, alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza durante los próximos ocho años”. Dejó fuera de esa agenda los tres temas más controversiales en el debate público en los últimos años: la constitución, la educación y las pensiones.

La derecha que reingresa a La Moneda dispone de una adhesión ciudadana de amplio espectro y del beneplácito del poder económico, pero no cuenta con una capacidad ejecutiva suficiente para avanzar en sus propósitos. Está acotada por la falta de mayoría parlamentaria en el Senado (19 de 43 miembros) y en la Cámara de Diputados (72 de 155 miembros). Los partidos de derecha solo sumaron poco más del 40% de los votos y, a pesar del premio mayoritario del sistema D’Hont y de las circunscripciones de poca población que permanecieron como binominales, no lograron predominar en ninguno de los dos órganos colegisladores.

La oposición parte muy fragmentada y políticamente disminuida por el mal fin del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Para Sebastián Piñera, el hecho de no disponer de mayoría parlamentaria y de haber sido elegido con legitimidad pero con el apoyo de solo el 26,5% de los ciudadanos habilitados para votar (recordemos que la abstención fue de 52%) augura algunos problemas de gobernabilidad. Esto le ocurrió a su manera a Michelle Bachelet, en su caso por los graves problemas de cohesión de su coalición que le hicieron imposible ejercer una mayoría parlamentaria que resultó ser solo teórica en los temas fundamentales.

Una ventaja para el nuevo presidente, sin embargo, es que la coalición conservadora ha mostrado en la campaña y en la conformación del gobierno bastante coherencia, aunque la convivencia entre el polo más conservador representado por la UDI y el más liberal representado por Evolución Política implicará algunas tensiones. Ya se observa algo así con el anuncio de desobediencia de la UDI en el tema de la identidad de género de niños y adolescentes, incluyendo la amenaza del envío de la eventual ley hasta ahora bloqueada por la señora Van Rysselberghe al Tribunal Constitucional. Este ostenta hoy más que nunca una mayoría militantemente instalada -contra toda prudencia- en la defensa de la ideas de la derecha dura y distorsiona de la manera más desembozada la representación democrática. Cambios en la composición y funciones del Tribunal Constitucional y de los quorum antidemocráticos de aprobación de leyes debieran ser parte de las exigencias de la oposición y de sendas reformas constitucionales en los más breves plazos.

En este contexto, es probable que Sebastián Piñera busque un acuerdo estable con la Democracia Cristiana, lo que no le será fácil de obtener si persiste en actos tan regresivos como nombrar en su gobierno a Alberto Cardemil, el famoso subsecretario del Interior que atrasó la entrega de resultados del plebiscito de 1988 y el año pasado se declaró culpable de actos ilícitos de financiamiento ilegal de campañas por el grupo Penta. Además, los parlamentarios DC más afines a la derecha liberal fueron derrotados en la reciente elección, mientras se fortaleció su ala más proclive a la continuidad de los acuerdos con la izquierda. No olvidemos que las expresiones políticas más a la izquierda del espectro político sumaron el 45% del electorado participante y reúnen hoy el 41% de los escaños de la Cámara de Diputados y el 40% de los escaños del Senado. Esto incluye en primer lugar a la izquierda tradicional, constituida por los partidos PS, PPD, PR y PC, con un 24% del voto y 43 diputados y 15 senadores, junto al Pro-País y su cerca de 4% del voto y una diputada y un senador en ejercicio. Y también a la izquierda emergente, agrupada en el Frente Amplio, con 17% del voto y 20 diputados y un senador. Además, hay que considerar a la también emergente Federación Regionalista-Verde-Social, con 2% del voto y cuatro diputados.

La Democracia Cristiana alcanzó poco más de 10% de los votos y suma solo 14 diputados (9% de los escaños) y 6 senadores (14% de los escaños). Es una fuerza hoy debilitada para obtener una negociación con la derecha significativa y con contrapartidas democráticas consistentes (como en algún sentido fue el acuerdo RN-DC de 2012). Además, acuerdos estables de la DC con la derecha probablemente aumentarían los quiebres en sus filas. Aunque se ha manifestado como no disponible para integrar alianzas, en definitiva la DC (con pocas excepciones) concurrió al acuerdo “administrativo” pero con significación política que permitió instalar mesas de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado el 11 de marzo, a la par que asumía el nuevo presidente. Recordemos que el gobierno de Piñera 1 logró el control de la Cámara en sus cuatro años de ejercicio gracias al apoyo de disidentes DC, lo que ahora no ocurrió.

En los asuntos sustanciales, la nueva oposición se pondrá a prueba en al menos dos temas de agenda para este año 2018. El primero es el relativo al endurecimiento represivo en la Araucanía, en el que no es posible imaginar a personalidades como Francisco Huenchumilla sino en una actitud de oposición a la criminalización de la protesta de los grupos indígenas radicalizados. El segundo es el de la rebaja del impuesto a las utilidades de las empresas a través del fin a la separación parcial de la tributación de empresas y personas, anunciada por el ministro de Hacienda Felipe Larraín. Esta medida busca retrotraer lo avanzado en materia de equidad tributaria en la reforma de 2015, y ya ha sido rechazada por economistas DC como Ricardo Ffrench-Davis, que por el contrario postula separar completamente la tributación a las empresas y a las personas para que el sistema tributario contribuya a disminuir la fractura social chilena. De este empeño la Democracia Cristiana ha sido parte desde su origen y es lo que dio fundamento, junto a la tarea común de recuperación de la democracia, a su alianza con la izquierda desde 1990.

Balances: ¿fin del ciclo socialdemócrata o del ciclo social-liberal?

En Voces La Tercera
Al terminar el segundo gobierno de Michelle Bachelet concluye también un ciclo más largo: el de las administraciones dirigidas por la izquierda de gobierno desde 2000 (con el interregno de Piñera I). ¿Se trata del fin de una suerte de ciclo “socialdemócrata” en Chile? Nuestra tesis, con el grado de subjetividad que supone haber sido parte de los procesos y siendo corresponsable parcial de ellos, es que más que “socialdemócrata” fue un ciclo “social-liberal”. Aunque no necesariamente por diseño, pues se trató más bien de ir haciendo de necesidad virtud, proceso que fue el resultado de las dificultades para impulsar el proyecto original de recuperación de la democracia y su profundización (que se expresó en el programa de gobierno de Patricio Aylwin). Se sumaron las rígidas relaciones de fuerzas existentes en el escenario político de la transición y una suerte de “entropía política”, es decir la pérdida progresiva de la voluntad política transformadora de las fuerzas de inspiración socialcristiana, socialista y socialdemócrata. Se produjo un acomodo de estos mundos a las instituciones del Estado y al poder económico. Y poco a poco se consagró el alejamiento de la ciudadanía movilizada desde 1983 para poner fin a la dictadura y que confió, luego de las penurias vividas, en ser representada por la Concertación en sus aspiraciones de democracia y mejoramiento de su bienestar. Más tarde, se llegó a perfeccionar una cooptación progresiva –consagrada en las reglas de financiamiento de 2003- del sistema político por el poder económico emergido de la dictadura y la aparición de corruptelas que lo desprestigiaron enormemente. La ampliación de la coalición de gobierno al PC no cambió mucho las cosas. El resultado final fue un abstencionismo creciente y divisiones que la mala gestión política no supieron evitar y que abrieron las puertas a sendos triunfos de la derecha en los dos gobiernos de Bachelet.

Pero reconstruyamos un poco los hechos. Los gobiernos del “decenio DC” estuvieron orientados hacia el centro por la naturaleza de sus liderazgos y del período político. El de Aylwin actuó lealmente con una coalición cohesionada en la tarea de replegar a los militares a sus cuarteles (no sin dificultades, como los estallidos del “ejercicio de enlace” de diciembre de 1990 y el “boinazo” de mayo de 1993), restituir el gasto social y democratizar el poder local sin disponer de mayoría parlamentaria, y reinsertar a Chile internacionalmente. Se logró además un alto crecimiento junto a reformas tributarias y laborales, desmintiendo a los neoliberales que auguraban catástrofes. El gobierno de Frei consolidó, en cambio, un proyecto de continuidades y profundizaciones liberales (privatización de las sanitarias, concesiones no siempre justificadas para infraestructura, subsidio de capital a las escuelas privadas para ampliar la jornada escolar, expansión de la educación superior privada, mayor subsidio a la demanda que inauguró una suerte de “capitalismo de los subsidios”, rebaja del impuesto a la renta de los más ricos), incluyendo un intento de validar la auto-amnistía militar en materia de violaciones a los derechos humanos, fracasado por la resistencia de las organizaciones de familiares y, desde el gobierno, del Partido Socialista. 

Esta resistencia no se extendió suficientemente a la impronta liberal de la política económico-social y a la política de ajuste procíclico frente la crisis asiática en 1999. Probablemente desplegar en su totalidad ambas resistencias hubiera puesto en peligro la coalición de gobierno, que estuvo a punto de quebrarse por el tema de derechos humanos, en el que prevaleció la tesis socialista. Terminó por ampliarse la resignación y adaptación al modelo de mercado máximo y Estado mínimo preferido por Frei, Aninat y Massad, con avances en la reforma de la justicia penal y en aumentos del salario mínimo, pero pocas medidas redistributivas y desconcentradoras. Fue el inicio de la derrota del sector de la coalición llamado por la prensa “autoflagelante”. El resultado es que se detuvo por entonces el proyecto de profundización social y democrática, cuyos partidarios nos volcamos a preparar el cambio de liderazgo de la coalición y a abrir una “etapa socialdemócrata”. 

La opción de Ricardo Lagos (“crecer con igualdad”) ganó por 70% en la primaria de la coalición de gobierno, pero por muy poco en la segunda vuelta presidencial de 2000, frente a una derecha recompuesta y con un centro debilitado y desgastado por la crisis económica. Tuvo un impulso inicial por la validación de las capacidades gubernamentales de aquella parte de la izquierda que participó en el decenio DC y sobre todo por la promesa futura explícita de a) hacer avanzar la justicia (“que las instituciones funcionen”); b) establecer nuevos equilibrios de poder con reformas constitucionales profundas; c) avanzar en libertades civiles y derechos de la mujer; d) construir políticas sociales activas con más tributos y gasto público redistributivo; e) una política macroeconómica contracíclica que evitara crisis como la de 1999, enfrentada con métodos ortodoxos, y garantizara más inversión y gasto social y territorial; y e) una diversificación económica en el largo plazo. Los “años socialdemócratas” de Lagos y Bachelet tuvieron en esencia esos ejes programáticos y en virtud de ellos es que deben evaluarse.

En materia de justicia, si bien su logro no ha sido completo, se avanzó considerablemente, al punto que hoy no se discute sobre si deben o no estar en prisión los violadores de los derechos humanos sino sobre el tipo de cárcel que debe confinarlos. En materia democrática, estamos lejos de los ejercicios de enlace. Lagos se propuso y logró asentar el poder civil sobre las FF.AA, sin facultades y sin mayoría parlamentaria, lo que además quedó básicamente resuelto en las reformas constitucionales de 2005. Este fue un gran mérito suyo. Pero cometió el error de insinuar que no debía seguir el ciclo de cambio hasta su culminación en un ejercicio constituyente legítimo y concordado. El resultado de no abordar de frente el tema de la nueva constitución ha sido la persistencia de dos candados cruciales de los diseñados por los autores de la “democracia protegida” y que limitan gravemente la soberanía popular en Chile: los quorum supra-mayoritarios de aprobación de leyes y el rol de tercera cámara legislativa del Tribunal Constitucional. Esto se ha acentuado con la actual mayoría de derecha en el hoy más políticamente desenfadado de los tribunales que conozca la historia de Chile. Lo que la derecha no gana en las urnas lo sigue obteniendo con las trampas constitucionales. 

Resulta muy difícil de entender que Lagos haya declarado en su momento que había una constitución de 2005 (lo que hay es una de 1980 remendada, decadente e indefendible, al punto que a nadie se le ocurre distribuirla en los colegios o proponerla de ejemplo a otros países). Y que Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de nueva constitución en los cinco últimos días de su segundo gobierno y no en los primeros cinco días de su primer gobierno. El liderazgo presidencial de izquierda cedió en este tema ante la derecha y los conservadores de su propia coalición de gobierno, dejando un gran pasivo simbólico y político. En el límite de lo inexcusable. En cambio, fue un importante paso haber logrado el fin del sistema binominal -aunque su principal efecto político haya sido institucionalizar la división de la izquierda y de ésta con el centro- y la elección de gobernadores regionales para darle más vida a la representación y a la descentralización política en el futuro próximo. Las normas de prohibición del financiamiento empresarial de campañas de 2016 fueron también un gran avance.

El aborto en tres causales logrado gracias al liderazgo de Bachelet, que superó milagrosamente el escollo del Tribunal Constitucional, ha sido un gran éxito, junto al Acuerdo de Unión Civil. En materia de derechos civiles, se sumaron a la abolición de la pena de muerte y al divorcio obtenidos en el gobierno de Lagos. Chile se modernizó en este ámbito gracias al liderazgo resuelto de ambos presidentes de izquierda. 

En materia de protección social, el seguro de desempleo, la prohibición del trabajo infantil, los 12 años de educación obligatoria, el plan Auge en salud, el programa Chile Solidario y la institucionalidad cultural de Lagos, así como las pensiones básicas solidarias, el programa infantil Chile Crece Contigo, el fin gradual de los copagos escolares en la educación subvencionada, la gratuidad para el 60% en educación superior de Bachelet y muchas otras iniciativas son avances incuestionables y meritorios, incluyendo el escaso royalty minero y la barroca reforma a la tributación de las empresas. Podrían constituir un “proto Estado de bienestar” que en algo equilibre la gigantesca distancia de ingresos y patrimonio existente en Chile (el 1% más rico controla 1/3 de los ingresos devengados). Pero todo esto se quedó muy corto. En efecto, la OCDE hace notar que el gasto en protección social en Chile es sustancialmente más bajo que el promedio de sus países miembros y no ha cambiado (11,0% del PIB en 1990 y 11,2% en 2015, frente a un 21,0 % de media de la OCDE). En proporción al tamaño de la economía, el gasto en protección social debiera en Chile casi duplicarse para alcanzar ese promedio y contribuir más activamente a la disminución de la pobreza y de la desigualdad. No haber avanzado en procesos redistributivos de cierta significación no es algo de lo que congratularse para gobernantes socialdemócratas. Emblemático es que la reforma al sistema de pensiones no haya sido abordada sino a última hora por la presión social y con fórmulas alambicadas que en esencia mantienen el sistema de AFP, que debiera salir del esquema de seguridad social. 

Este minimalismo de las políticas tributarias y sociales se explica por la tenaz oposición del gran empresariado y sus representantes de derecha, la ausencia de mayoría parlamentaria primero, el condicionamiento y boicot interno después y sobre todo por la pérdida de convicciones (“la tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”, Lagos dixit, agosto de 2017), como si no se pudiera crecer redistribuyendo y cautelando el ambiente. Esto se acompañó por el nombramiento por Lagos y Bachelet de liberales duros en la jefatura económica como Eyzaguirre, Velasco y Valdés para dar absurdas garantías a los poderes fácticos, que nunca van a aprobar reforma alguna. Estos ministros se opusieron a cualquier esquema socialdemócrata de negociación salarial real con sindicatos fuertes, y no solo con empresarios fuertes, a la tributación progresiva y a la redistribución que caracterizan a la socialdemocracia (al que dude de esto se le ruega ver los términos del reciente acuerdo Merkel-SPD en Alemania). 

El hecho es que la gestión económica de los presidentes de izquierda fue bien poco socialdemócrata o siquiera socialcristiana (si nos remitimos meramente a los estándares OCDE, para no hablar de los países nórdicos). Las excepciones principales fueron la política fiscal contra-cíclica inaugurada por Lagos, aunque morigerada erróneamente en el actual gobierno con el resultado de un crecimiento por debajo del potencial, y los límites ambientales a las inversiones mineras defendidos con valentía por Bachelet acompañada de un ministro competetente, deteniendo lo que hay que detener para defender los derechos de las nuevas generaciones sobre los ecosistemas. Sacar a los ministros económicos para terminar con su boicot pro-empresarial se produjo sin consecuencias, demostrando que el chantaje seudotecnocrático de los neoliberales de todo orden no debe aceptarse. Pero la ausencia de política industrial se expresó en el misérrimo gasto de 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, que hipotecó toda diversificación moderna de la economía. El acuerdo Bitrán-SQM, que si bien aumenta el royalty de explotación del litio, vino a consagrar la falta de voluntad de castigar de manera ejemplar a una empresa privatizada que quiso comprar el sistema político. No se le quitó por mero ideologismo privatista la incumplida concesión otorgada en los años 90, respecto de la cual se había iniciado un procedimiento legal, y se frustró la oportunidad de iniciar una actividad estatal de extracción y de asociación con privados para desarrollar una industria vinculada a las cadenas globales de electromovilidad y agregar valor a nuestros recursos naturales.

En definitiva, el mérito del ciclo Lagos-Bachelet fue poner temas de cambio estructural en la agenda y correr el límite - al menos simbólico- de lo posible. Su defecto fue frustrar en importante medida su realización por no haber podido, sabido o querido llevarlo a cabo “en la medida de lo necesario”, y en especial dejar crecer la concentración económica hasta niveles intolerables en una democracia. Después del nuevo interregno derechista que ha querido la sociedad, probablemente cansada de la incoherencia de señalizar para un lado y doblar para el otro, un nuevo proyecto habrá de emerger para superar este ciclo. Entender a la sociedad actual desde la izquierda –dejando atrás a aquella que transitó desde el maximalismo voluntarista de los años sesenta al minimalismo resignado de los años recientes- necesitará más que nunca discutir, pensar, recrear sentidos y agrupar y movilizar de manera amplia y sistemática a las fuerzas sociales de cambio. Pero esa ya es tarea de otra generación, que ya ha hecho un buen recorrido y ojalá se dé el tiempo para evaluar las luces y sombras de la experiencia de sus antecesores y dar lugar, ahora en propiedad, a un ciclo socialista democrático consistente y con un proyecto igualitario de transformación social-ecológica de nuestra sociedad frente a sus nuevos retos.