¿El crecimiento a cualquier precio?

La economía chilena, que combina una esfera primario-exportadora que genera las divisas que permiten importar todo tipo de bienes y otra de producción de servicios que crea dos tercios del empleo, la mayor parte con bajas remuneraciones, entró, al terminar el ciclo de altos precios del cobre iniciado en 2004, en una fase de crecimiento lento. Este es del orden de 1-2% anual desde mediados de 2013. La inversión minera se desplomó y arrastró a la baja a la inversión en general, mientras las remuneraciones reales dejaron de crecer a tasas significativas. Además, la creación de empleo se hizo más lenta y el consumo de los hogares, la principal fuente de expansión de la demanda, se estancó. El gobierno decidió en 2016 y 2017 hacer caer la inversión pública, en uno de sus mayores errores de política económica, justo cuando más se necesitaba impulsarla para contrarrestrar el ciclo bajo de la inversión minera. Además decidió desatender la innovación y la diversificación futura estancando el presupuesto en investigación y desarrollo. Todo un clásico de los economistas ortodoxos, que tanto daño han provocado en tantas economías cuando el poder político los deja actuar, al punto que hasta el FMI ha ido cambiando sus enfoques procíclicos y reconocido la subestimación de los multiplicadores fiscales de las políticas ortodoxas (ver Olivier J. Blanchard y Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers). 

No poner en práctica una más fuerte política fiscal contracíclica, y por tanto hacer aún más lento el crecimiento, es el precio que las actuales autoridades económicas decidieron pagar para intentar evitar deterioros en la condición crediticia del país. Desde luego no lo lograron, pues la caída adicional del crecimiento fue mayor de lo que estimaron, lo que desmejoró los coeficientes de la deuda respecto al PIB (aunque no cabe exagerar, porque la evaluación del riesgo país sigue siendo muy buena, en especial por la credibilidad acumulada de la política fiscal contracíclica llevada a cabo desde el año 2000). 

La evolución estructural de la economía chilena no es buena. Seguimos exportando un 60% de cobre, lo mismo que en 1970. La diversificación exportadora es mínima, no promovemos la producción de bienes con alguna sofisticación pues las utilidades obtenidas mediante rentas de los recursos naturales o mediante rentas monopólicas –incluyendo invertir en condicionar el sistema político- tienen una mucho mejor relación costo-beneficio para el gran empresariado que innovar buscando una mejor relación con sus trabajadores y con sus entornos ambientales  y menos intentar ser parte de las cadenas dinámicas de agregación de valor en el mundo, con pocas y valorables excepciones. La productividad en la minería ha caído, por la baja de las leyes del mineral (se necesita remover más tierra para obtener la misma cantidad de cobre fino), mientras en los servicios la productividad nunca podrá crecer mucho. Chile requiere repensar sus factores de crecimiento futuro.

La respuesta de los economistas ortodoxos -dentro y fuera del gobierno- es la de siempre: promover el crecimiento de la gran inversión privada a cualquier precio. Nada de límites ambientales, nada de capacidades efectivas de negociación salarial: cualquier cosa que no sea apoyar los beneficios futuros de grandes grupos económicos internos o externos es “no tener al crecimiento como prioridad”. Efectivamente, habemos quienes no tenemos el crecimiento a cualquier precio como prioridad, sino la búsqueda del mayor bienestar posible para las mayorías. La pregunta de ¿crecimiento para quién? no puede ya dejar de hacerse en Chile sin inmutarse –ni ruborizarse- cuando sabemos que las rentas económicas ilegítimas de la gran minería privada del cobre en Chile (GMP-10) fueron estimadas en USD 120 mil millones por Sturla, Accorsi, López y Figueroa (2016) para el periodo 2005-2014, un 45% del PIB de 2014. Si esas rentas hubieran quedado en manos de todos los chilenos, como hacen países como Noruega con los excedentes de su industria petrolera –en vez de ser repatriadas como utilidades de las empresas mineras internacionales- se hubiera podido llevar a cabo un sustancial plan de inversión pública, de diversificación productiva y de transición energética. 

Las autoridades ambientales que han impulsado el principio de preservación de un ecosistema marítimo único amenazado por la extracción minera, y que es un bien común que debe quedar a disposición de las nuevas generaciones, frente a un proyecto extractivo de oscura tramitación en el gobierno pasado, y que es un bien privado, son ahora objeto de una descalificación insólita por el sindicato de los economistas ortodoxos en el gobierno, encabezados por el ministro de Hacienda. La arrogancia de este club parece no tener límites ni pudor en el ejercicio de un poder que ya va terminando. Y no solo por el fin del actual gobierno, en el que han conseguido gran influencia al punto de esterilizar cualquier reforma significativa, sino porque el modelo de acumulación ilimitada ha terminado de fracasar en Chile pues no proveee ya su promesa principal: un crecimiento persistente del PIB.

¿Por qué no poner las prioridades donde deben estar? La primera prioridad es el bienestar y su maximización. El bienestar de los seres humanos no es la maximización del aumento del PIB por habitante, lo que se nos prometía ridículamente como “acceso al desarrollo” una vez que alcazaramos el nivel del de Portugal. El bienestar es otra cosa y depende de múltiples dimensiones, que incluyen la disposición de condiciones de libertad y seguridad y de no exposición a discriminaciones de género, étnicas, de pertenencia social o de orientación sexual, así como la inserción en la vida social en condiciones de igualdad justa de oportunidades y de capacidad de influir en las decisiones colectivas. El bienestar está también vinculado a dimensiones materiales como el ingreso personal y familiar  básico que permite el acceso al consumo de bienes y servicios para una existencia humana digna; la provisión continua de servicios ecosistémicos en interacción con la actividad humana y la provisión de bienes públicos y equipamientos para la vida integradora en los territorios y comunidades. 

En este contexto, Chile no puede ya seguir creciendo en base a la mera explotación de recursos naturales sin respetar a sus trabajadores, a sus comunidades y a sus ecosistemas, exponiéndose además sistemáticamente a ciclos económicos que desorganizan periodicamente la economía y la vida colectiva. Así de simple. Su nueva estrategia económica debe combinar crecimiento productivo, del empleo, de los ingresos laborales y un cambio de su matriz productiva y energética. El cambio de la matriz energética debe ser el gran dinamizador de la inversión, con el fin programado hacia 2050 de la generación eléctrica en base a combustibles fósiles y de su uso predominante en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas y en sistemas de transporte basados en la electro-movilidad y el transporte público, como ya lo hará Noruega en 2025, cuando entrará en vigencia la prohición de venta de automóviles a gasolina y diesel. Su uso no supone ya sobrecostos, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.

Los programas de inversión verde deben ser el gran instrumento de una transformación social-ecológica como nueva estrategia de crecimiento, tanto en la reconfiguración urbano-territorial para permitir un crecimiento integrado de las ciudades como en la intensificación de los programas de redistribución de activos y de ingresos destinados a cerrar las brechas sociales. La apropiación social de las rentas monopólicas (incluyendo las de la banca) y de la renta que proviene de la extracción de recursos naturales (pero en condiciones social y ambientalmente pertinentes) debe contribuir a financiar las reconversiones y diversificaciones productivas que compensen la restricción de la inversión y actividad de los sectores tradicionales extractivistas, como el del proyecto Dominga. Una nueva estrategia de desarrollo equitativo debe utilizar con más intensidad mecanismos de impuestos y transferencias de carácter socialmente progresivo, orientarse a proveer mejores servicios públicos universales y coberturas sociales de riesgos en materia de enfermedad, vejez y desempleo, promover reglas de ordenamiento territorial y modificar los precios de mercado a través de impuestos verdes (a las emisiones de CO2 y al uso de combustibles fósiles y al uso del automóvil privado). Se trata tanto del decrecimiento relativo y absoluto del parasitismo financiero y comercial, del uso de las energías fósiles, de la economía de lo superfluo y la producción de bienes de obsolescencia programada, del urbanismo destructor de las comunidades, de las contaminaciones y depredaciones de los ecosistemas, como al mismo tiempo del crecimiento de la producción de bienes útiles y durables necesarios para satisfacer las necesidades humanas en condiciones de trabajo decente y no depredatorio de la biosfera, incluyendo el ahorro de energía y el uso de energías renovables no convencionales, los circuitos cortos de producción/consumo, la economía circular, la economía de los servicios a las personas (salud, cuidados a la infancia y a las personas de edad avanzada o con capacidades diferentes) y los servicios urbanos integradores de las comunidades de acuerdo a la variedad de capacidades/necesidades de cada territorio. Ese es un crecimiento que vale la pena, y no el de las mineras domingas.

Frente Amplio: el desgobierno de las pulsiones

En Voces La Tercera

La salida a la dictadura requirió reunir a todas las fuerzas políticas posibles con el propósito de redemocratizar el país. Esto llevó a las principales fuerzas de izquierda a privilegiar una alianza democrática amplia por sobre sus planteamientos programáticos propios, históricamente centrados en los temas de la justicia social, de las libertades y de la igualdad de género. Pero evidentemente esto no podía ser eterno, si de dejar atrás la constitución del 80, avanzar en recuperar el control público sobre los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos y disminuir las desigualdades sociales se trataba, o bien de permitir la autonomía indígena, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y así sucesivamente. O se renunciaba a esas banderas en aras de mantener una mayoría centrista cómoda para permanecer en el gobierno, o se las hacía avanzar con el costo de arriesgarse a un boicot interno, como terminó de ocurrir en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En este gobierno se fisuró la coherencia de la acción de la coalición creada en 1990 y ampliada en 2014, al punto de producir escasos resultados con una amplia mayoría legislativa que terminó siendo de papel. Los partidos de la izquierda gubernamental renunciaron por falta de convicción o por realismo sin visión de futuro a elementos básicos de su programa –resignándose a reformas tributarias, laborales y educacionales sin profundidad y renunciando en la práctica al cambio constitucional- con tal de seguir manteniendo una coalición ficticia y ocupando cargos estatales. No clarificaron su relación con los que se oponían desde dentro al programa de la presidenta Bachelet, y terminaron aceptando sus vetos, ni el financiamiento de algunos por los grupos económicos dominantes. Como consecuencia, acabó por surgir, después de variados intentos, una articulación política a su izquierda con perspectivas serias de constituirse en alternativa de poder. Ese fue el Frente Amplio, nacido en 2016 después de las elecciones municipales.

No obstante, constituir una fuerza política nueva que pueda llegar a gobernar supone un proceso evolutivo y de maduración que puede ser más o menos breve si logra o no dominar una serie de pulsiones (o de impulsos primitivos, si se quiere, que empujan a la vida o retrotraen a la muerte, en el lenguaje del sicoanálisis) que son propias de las estructuras síquicas y se proyectan sobre la esfera política desde siempre.

La primera pulsión que el Frente Amplio no ha sabido manejar es la que gobierna la identidad juvenil. Como señala el sicoanalista Jean Jacques Tizler, aunque en otro contexto, “es difícil de explicar por qué asistimos hoy día en muchos jóvenes a un tal aumento de la rigidez de la identidad”, aunque algo tiene que ver con la pérdida de brújula que provoca en las estructuras síquicas la ansiedad individualista de la sociedad de mercado, y que algunos confunden con modernidad. Toda fuerza política que nace tiene la tentación de hacer tabla rasa del pasado, pero eso es un error infantil: la edad de los miembros de una fuerza política no asegura nada y tiene un plazo fijo dado por el simple paso del tiempo. No existe la nueva y la vieja política, como les gusta decir a Andrés Velasco y a los líderes del Frente Amplio. Existe la buena y la mala política, desde siempre. Por ejemplo, mala política es aquella que se asocia para financiarse al Grupo Penta, como la UDI y Velasco, o a los grupos SQM, Angelini, Luksic y otros en buena parte del espectro político tradicional, con las debidas honrosas excepciones.

Ese es uno de los parte aguas, como además la postura frente a las instituciones no democráticas y frente a los abusos del poder económico. No lo es en absoluto la edad de los participantes, la que no garantiza nada en el presente ni en el futuro respecto a los temas centrales de la política. En vez de convocar a los que siempre se han negado al maridaje de la política con el dinero y la mantención de una constitución ilegítima que protege una estructura distributiva que está entre las más desiguales del mundo, el Frente Amplio prefirió decirle que no con arrogancia y vetos sin desparpajos a todos los que hubieran participado en política antes que ellos, aunque no tuvieran demasiadas diferencias en los principios y propósitos declarados. Desde ahí empezó a desaparecer la política en el Frente Amplio y su reemplazo por las luchas individuales de poder.

Además de la pulsión identitaria juvenil, el Frente Amplio no pudo superar otra dimensión ancestral de la acción política: el control de la pulsión de conquista monopólica del poder por personas o grupos cerrados, aquella que la sabiduría de los seres humanos desde los griegos fue dominando hasta dar forma a las instituciones democráticas modernas, única garantía contra las tiranías y las oligarquías.

Existen las tiranías verdaderas y graves y las de pacotilla, como en este caso. Dado que los líderes juveniles naturales del Frente Amplio no tienen edad para la disputa democrática presidencial y senatorial, primero se plantearon no participar de la elección presidencial y remitirse a la identidad del tribuno parlamentario en la Cámara de Diputados, augurando disputas narcisistas futuras de marca mayor. Y luego, ante lo inexplicable de una fuerza política que no disputa los resortes principales del poder, decidieron invitar a un rostro de la televisión para usar su notoriedad como figura en la elección presidencial de 2017, con la idea de luego, me temo, dejarla caer en el olvido en la proyección futura de los liderazgos. Rostro que se permitió dar pasos agigantados en la despolitización, al señalar que entendía que no le correspondía tener opinión sobre política exterior “por razones de Estado” –argumento que superó todos los límites de la lógica para una candidatura presidencial destinada por definición a discutir los asuntos del Estado- o bien argumentar que trató a Allende de “totalitario” en un medio conservador para que “no se demonice al Frente Amplio”, con la correspondiente posterior y fácil petición contrita de perdón. Y ya está, vamos a la siguiente.

La siguiente fue la primaria presidencial de julio, la que tuvo el mérito de suscitar debates contestatarios saludables, pero que terminó en una pésima gestión posterior de la posición a otorgarle al que llegó segundo, que a su vez anunció por los medios la prolongación de su carrera en un distrito parlamentario. Y luego se llegó al extremo de acusarlo en un juicio sumario de maltrato a personas y se lo condenó sin aviso a la exclusión de toda candidatura “por unanimidad”, lo que se modificó mediante una “autocrítica”. El maltrato era inexistente y la unanimidad otro tanto. La historia del estalinismo se construyó con esos métodos y ese lenguaje. Dejarse llevar por la pulsión del autoritarismo en nombre de un impreciso “colectivo”, que en realidad se dedica a acomodar intereses parlamentarios de poca monta y fulmina sin presencia ni defensa del acusado, es tan grave (imagínense a ese “colectivo” con un poco de poder) que debiera conducir al menos a un examen de conciencia, ya que no político, en el Frente Amplio.

La pulsión autoritaria se acompañó, además, de la pulsión moralista, que también sirvió para vetar candidaturas, y que terminó en la insólita afirmación –los moralismos suelen resultar bastante hipócritas- según la cual hay infracciones de leyes del tránsito (y por tanto candidaturas) aceptables y otras similares que no lo son. Para no hablar de la pulsión de la victimización social, que terminó en que una persona que es abogado de la Universidad de Chile no es de “la elite” pero si lo es una que estudió sociología en la Universidad de Chile, mientras ambos viven a dos cuadras en el mismo mesocrático barrio. El sentido del ridículo se ha echado de menos.

El Frente Amplio pudo ser una opción de gobierno para 2018, por la división y el desgaste de la Nueva Mayoría y la regresión social que anuncia la derecha. La incapacidad de gobernar sus pulsiones lo impidió, como lo hacen a su manera y en otro registro los caudillismos personalistas de Enríquez-Ominami y Navarro, que construyen organizaciones con la condición de que sean devotas de sus inclinaciones personales, incluyendo, en este último caso, la defensa inaceptable de los desvaríos antidemocráticos de Maduro. La izquierda democrática, la que tiene desde siempre como proyecto la emancipación social igualitaria en un Estado social de derecho, y también en el siglo XXI la preservación de los ecosistemas por responsabilidad con las nuevas generaciones, tendrá que esperar para recomponerse. Esa recomposición habrá de venir con los que están dentro y fuera de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio, pero del único modo en que esto es posible: con reglas democráticas. Las que incluyen para dirimir los liderazgos la ausencia de todo veto a personas, practicando el derecho a elegir y a ser elegido en tanto se comparta valores que inspiran un proyecto de cambio que exprese los intereses de la mayoría social. La recomposición de una coalición amplia y democrática de izquierda –que no debe abandonar la capacidad de dialogar con el centro- deberá ser la alternativa tanto al acomodo frente al poder oligárquico como al desgobierno de las pulsiones autodestructivas. Mientras, habrá que seguir invocando con paciencia el sentido común en el desierto, hasta que florezca.