Encaminando las reformas

Columna en La Tercera Digital

La Presidenta Bachelet ha puesto en funcionamiento su segundo gobierno y avanzado en sus compromisos iniciales. Al cabo de los primeros cien días se podrá hacer un balance, que se aprecia bastante bien encaminado.

No obstante, debiera tal vez haberse trazado una línea divisoria más clara en el nombramiento de autoridades que deben responder por la aplicación del programa del nuevo gobierno – y que es indispensable que reemplacen a las del anterior gobierno, aunque algunas incomprensiblemente no lo han sido, como los responsables de la Comisión Nacional de Acreditación o de la Agencia de Cooperación Internacional- y los funcionarios de carrera, que deben asegurar la continuidad de la tarea de la administración del Estado. Es demasiado el personal público que nuestro ordenamiento jurídico permite que sea despedido por las autoridades sin expresión de causa, junto a la excesiva extensión de la condición contractual que se presta para discriminaciones y para el clientelismo. En muchos casos ni siquiera se trata de favoritismos de partido, desde luego reprobables,  sino de grupos afines que copan parte de los órganos de la administración, lesionando la eficacia pública, retardando la puesta en marcha del programa de gobierno y perturbando la continuidad de la acción gubernamental.  Las personas que cumplen funciones profesionales y  son competentes debieran permanecer en sus cargos aunque cambie el gobierno, pero estamos lejos todavía de tener una administración profesional, mientras el oneroso sistema de Alta Dirección Pública ha demostrado ser bastante inútil en este sentido por las deficiencias en su diseño. No distingue de modo pertinente el dominio de la confianza presidencial junto a la responsabilidad política en el diseño y dirección de políticas y programas, del dominio del  profesionalismo en el acompañamiento y la ejecución de los mismos.

Tarea pendiente no solo para este gobierno sino para el país, que debiera dotarse de una función pública competente y profesional a un ritmo más acelerado.

En materia de compromisos programáticos en el área política, aunque no estaba originalmente previsto, se ha enviado una reforma al sistema electoral binominal tempranamente, para  darle curso a la antigua aspiración de darle mayor representatividad al parlamento, bloqueada por los conservadores. Ahora nadie puede levantar los ya clásicos pretextos de proximidad de próximas elecciones y otros de la especie. La oposición ultramontana de la UDI ahora raya en el ridículo: critica la reforma al mecanismo binominal porque no aumentaría la proporcionalidad de la representación… En fin, cuando de defender ventajas constituidas se trata, todos los argumentos parecen válidos. La nueva Constitución será tarea para el segundo semestre, aunque se abre paso la idea de dirimir el tema mediante una consulta plebiscitaria autorizada por el Congreso.

Hasta ahora el más relevante compromiso cumplido en el área económica es el envío de la reforma tributaria. El inicio de su tramitación parlamentaria ha suscitado un importante revuelo, en circunstancias que había sido detallada en el programa de la actual presidenta y la persona a cargo es la responsable de su diseño. Parece del todo natural y lógico que la lleve adelante desde las primeras semanas de gestión.  Su médula es aumentar parcialmente la tributación de las utilidades de las empresas grandes y medianas, así como la de las ganancias de capital, junto a eliminar el DL 600 que asegura una invariabilidad tributaria a la inversión extranjera. Se argumenta que esto perjudica la inversión, como siempre hacen los economistas liberales ante cada reforma tributaria sin que nunca se cumplan sus predicciones catastróficas. Pero el incremento apenas viene a compensar en parte el gasto fiscal en bienes públicos que hace posible que esas utilidades existan. Por lo demás, éstas podrían ser mayores en el futuro si se invierte la mayor recaudación, como contempla el programa del nuevo gobierno, en más bienes públicos que acrecientan las capacidades humanas en el país. Esto está más que demostrado por la trayectoria de las economías hoy desarrolladas, la mayoría de las cuales mantenía cargas tributarias y gastos en educación mucho más altos que los nuestros a similar nivel de ingreso por habitante. Por lo demás, una buena parte del capital corporativo opera en Chile con rentabilidades sobre-normales originadas en prácticas monopólicas y en el uso cuasi gratuito de recursos naturales, cuya tributación debiera en realidad ser mucho mayor sin que se inhiba la inversión. En especial, al omitirse el aumento de la tributación minera en el diseño de la reforma, por ejemplo aumentando el impuesto adicional de 35 a 40%,  se ha cometido un grueso error, como al dar una señal equívoca al rebajarse de 40 a 35% el impuesto para los ingresos superiores a 6 millones de pesos al mes. Ambas tasas debieran unificarse en 40%, permitiendo tanto recaudar más sobreutilidades mineras (¿alguien piensa seriamente que se van a ir a otra parte las empresas mineras que han tenido una  utilidad de 77% anual promedio entre 2005 y 2011?) como reforzar la progresividad en el impuesto a la renta.

Por su parte, gravar las emisiones de gases por fuentes fijas o el uso de diésel, que contribuyen al cambio climático, es simple buen sentido. Este tipo de gravamen debiera ser incluso mayor para inducir una transición hacia las energías renovables no convencionales, de las que Chile dispone en abundancia a un costo de uso cada vez más competitivo. Gravar más el consumo de alcohol y bebidas con azúcar va en beneficio de la salud de la población y no debiera tampoco ser objeto de objeciones de principio.  Donde la reforma presenta otros problemas, en cambio, es en su plazo de aplicación y en su monto. A lo menos la reforma educacional y los cambios en salud y pensiones presionarán por recursos que sería sensato tener a disposición durante este gobierno. Descontemos el 0,5% de PIB que se supone se obtendría por la vía administrativa, lo que es difícilmente cuantificable. Nos queda un 1,9% de PIB que estará disponible hacia 2017 por las modificaciones legales. Pero solamente la reforma educacional cuesta mucho más que esa cifra, si es que se aborda el reforzamiento prioritario del nivel preescolar, el fin del financiamiento escolar compartido y la mejoría del acceso a la educación técnica y a las universidades. El Ministro de Educación se encuentra trabajando en la reforma, sin aún diseños nítidos, pero con un encomiable afán de diálogo que rendirá sus frutos en las próximas semanas y que se traducirá en un formato bastante gradual por los recursos que se avizora tendrá a su disposición.

Reforma tributaria: ¿Y el cobre donde está?

Entrevista en Punto Final, reproducida por El Clarín

Por la importancia del cobre como elemento principal de la economía chilena, llama la atención que no se haya considerado en el proyecto de reforma tributaria del gobierno, y que no lo plantee ningún partido de la Nueva Mayoría, teniendo en cuenta, además, que el royalty se mantendrá invariable hasta 2023 y la existencia de enormes utilidades de las empresas de la gran minería en los últimos años.

Sobre este tema conversamos con el economista Gonzalo Martner Fanta (57, director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago). Militante del MIR en su juventud, Martner fue presidente del Partido Socialista (2003-2005), embajador en España y ocupó otros cargos en los gobiernos de la Concertación.

“Respecto a la reforma tributaria -dice Gonzalo Martner-, pienso que desgraciadamente el objetivo declarado de aumentar la recaudación, y al mismo tiempo, producir efectos redistributivos en un modelo que se caracteriza por su extrema desigualdad, no se está cumpliendo. Llama mucho la atención que en el tema del FUT, que es una técnica para obviar el pago de impuestos sobre las utilidades de las empresas, se pondrá en práctica recién en 2018. De modo que la principal propuesta tributaria de la presidenta Bachelet no se pondrá en práctica durante su gobierno. Ella dejará de ser presidenta en marzo de ese año y la recaudación paulatina comenzará un mes después, en abril. Esto es desconcertante. Puede ocurrir que el próximo presidente de la República, aunque sea del mismo signo político, pudiera tener un criterio distinto. Incluso impulsar otra reforma tributaria... Esto de legislar para el gobierno siguiente es un caso único”.

ELEMENTOS DISCUTIBLES

“En cambio, agrega Martner, es positivo el aumento de impuesto a las empresas, del 20 al 25%. Igualmente la derogación del DL 600 sobre inversión extranjera. Esto siempre que la nueva normativa asegure el respeto a la soberanía nacional. Son importantes también las propuestas para frenar la evasión y la elusión que practican los grandes empresarios.

Junto con este elemento positivo, hay otros discutibles. Por ejemplo, la llamada ‘depreciación instantánea’. Tiene que ver con el modo como se consideran gastos las compras de maquinarias y equipos para las empresas. Se diferencia de lo que conocemos como amortización en que, año a año, se consigna la pérdida de valor económico que sufren las maquinarias y equipos. Ahora se podría descontar de inmediato el valor íntegro de los bienes a depreciar, lo que disminuye las utilidades. Se muestra como una medida que beneficiará a las pymes, lo que es cierto. Pero, al mismo tiempo, se beneficiarán las grandes empresas, especialmente las mineras, uno de cuyos rasgos es el uso intensivo de capital. Por ejemplo, los camiones de enorme tonelaje que son carísimos, las excavadoras, cargadores frontales, molinos, chancadoras, extractores de aire, grúas, etc.

Entretanto, no se busca alterar el régimen del impuesto específico a la minería, que se mantendría congelado hasta 2023 por decisión del gobierno de Piñera y aprobado en el Congreso por todos los partidos, lo que se acerca a un verdadero crimen de lesa patria”.

EL ROYALTY

“La excusa es que hubo un acuerdo con las empresas que podían acudir al Ciadi⁽¹⁾ y a otros organismos internacionales. Esta es la situación del royalty, que es un impuesto especial a la minería que ha pasado por distintas etapas. Todas han resultado frustrantes, precisamente porque no es realmente un royalty, sino un impuesto a un resultado operacional. Vale decir, aplicable al margen bruto de explotación, que tendría que ser del orden del 70% en 2023 para que tuviera un rendimiento significativo. Que actualmente sea inamovible hasta 2023 es un abuso y un atentado a la soberanía nacional. Ese margen bruto disminuye si, por ejemplo, se le imputa de inmediato el valor de la maquinaria adquirida, y pasa a ser una suma pequeña si los precios del cobre están bajos. Se trata de nuevos privilegios que benefician a las transnacionales mineras. Ellas no son más de una veintena, además del grupo Luksic, dueño de Antofagasta Minerals. Esas empresas pagan 35% de impuesto a la renta cuando reingresan capitales, más el impuesto específico, en circunstancias que en Australia pagan el 50%.

Hay que tener conciencia que el cobre es propiedad de todos los chilenos, desde la reforma constitucional de 1971 con motivo de su nacionalización que estableció que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Esa norma aparece repetida de manera idéntica en el artículo 24 incisos 6 y 7 de la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura y en plena vigencia. Por eso sostengo que el cobre ya fue nacionalizado en 1971 y que no tendría sentido nacionalizarlo nuevamente, porque lo está. Lo que hay que hacer es convertir esa nacionalización en realidad. Fijar plazo para las concesiones. Imponer un royalty de verdad a las empresas. O fijar una sobretasa a las utilidades extraordinarias de las empresas, que podría financiar las reformas que necesitan llevarse a cabo.

Todo esto hace más llamativo que en la reforma tributaria (y en el programa de gobierno) no exista una referencia clara a la necesidad de poner al cobre al servicio de Chile, como base del desarrollo y progreso futuro del país”.

AHOGANDO A CODELCO

¿Cómo se llegó a esto, marcado por el hecho de que la producción de Codelco representa menos de un tercio de la gran minería y que sus excedentes representan más que todos los impuestos que pagan las grandes empresas mineras?

“La dictadura mantuvo la propiedad del Estado sobre la riqueza minera, repitiendo sin modificar la norma de la reforma constitucional de 1971 que posibilitó la nacionalización del cobre. Amplió eso sí el 10% para las fuerzas armadas extendiéndolo a la totalidad del precio del cobre y no solo a las utilidades. Ya en vigencia la Constitución de Pinochet, en 1980, la acción del ministro de Minería José Piñera fue determinante para establecer la Ley Orgánica Constitucional Minera, que distorsionó absolutamente el régimen de propiedad estatal. Establece la concesión plena, como derecho virtualmente igual al derecho de propiedad, cuya titularidad era concedida por el Estado a favor de particulares nacionales o extranjeros, que podían usar, gozar y disponer libremente de la concesión a cambio del pago de una patente de duración indefinida. Esta era virtualmente nominal y entregaba derechos absolutos al concesionario, incluso para transferir a cualquier título. Además, una suerte de garantía contra expropiaciones y nacionalizaciones que obligaba al Estado a pagar incluso el valor presente de las reservas de mineral que no se hubieran explotado. La Ley Orgánica Constitucional fue muy criticada en su momento. José Piñera defendió su iniciativa con el argumento que era indispensable estimular al máximo la producción de cobre, ya que se trataba de un recurso que, como el salitre, estaba bajo la amenaza inminente de sustitución, que lo convertiría en un recurso obsoleto de escasa importancia económica. Con todo, la llegada de capitales extranjeros no alcanzó las cifras esperadas. Fue con la democracia y el comienzo de la transición cuando comenzó la gran afluencia de capital extranjero. En el gobierno de Patricio Aylwin seguía imperando la idea de que el cobre no tenía futuro. Y todos lo creíamos con más o menos convicción. En ese sentido, todos somos responsables, y por supuesto no me excluyo. Hubo alguna dificultad seria, porque los socialistas planteábamos que las concesiones no superaran los veinte años, mientras la DC sostuvo que debían ser indefinidas. Se impuso ese criterio para evitar una ruptura. Y no pasó mucho tiempo hasta que se hizo evidente que la presunta decadencia del cobre no tenía asidero. Por el contrario, la demanda de los países asiáticos emergentes como China, India, Corea del Sur, Malasia, Singapur, era creciente y fuerte. Paralelamente, las transnacionales entraban a saco al país. Incluso se aprobó la llamada ‘ley Hamilton’ para que Codelco entregara a las transnacionales su patrimonio minero siempre que no fuera reserva de explotación. Además, Codelco se vio limitada en su desarrollo. Sus excedentes debieron ser traspasados en su totalidad al Fisco que, a través del Ministerio de Hacienda, le entrega los fondos para que financie el presupuesto que se le autoriza. Resultado, Codelco produce hoy menos de la tercera parte de la producción de la gran minería. Sus minas, muy antiguas, tienen crecientes dificultades; se perdieron, además, posiciones en El Abra, en Disputada y también frente a Anglo American. Parece no ser infundada la idea de que se busca jibarizar a Codelco para venderla a las transnacionales”.

EL COBRE A LA DISCUSION

¿A qué atribuye lo que ha ocurrido -y sigue ocurriendo-, en cuatro gobiernos de la Concertación y uno de derecha?

“Hay diversos factores. Uno no menor es la pasividad de los ciudadanos, por las razones que sea, entre las cuales también hay responsabilidad de los políticos. La verdad es que muy pocos escuchamos a Radomiro Tomic, que abrió una ruta de denuncia que después en alguna medida siguió Jorge Lavandero y pocos más. Hasta el Partido Comunista ha guardado silencio ante la aprobación de la invariabilidad del royalty hasta 2023. Es algo deprimente: hay que seguir adelante seguramente con los jóvenes. Pienso que existe una enorme influencia económica de las empresas mineras sobre el Congreso. No se sabe cuántos son los aportes de las mineras a las candidaturas de diputados y senadores. Es legal recibir dinero, pero puede ser secreto en cuanto a quién lo aporta y a su procedencia.

Es indispensable y urgente poner al cobre en el centro de la atención pública. La discusión de la reforma tributaria puede ser una oportunidad y, con mayor razón, en el debate por una nueva Constitución. Las concesiones deben ser revisadas, no deben seguir siendo indefinidas, y eso habrá que discutirlo también con las transnacionales. No pueden haber situaciones intocables: es parte de la soberanía su modificación, derogación o establecimiento de un nuevo régimen jurídico según la voluntad soberana del pueblo. Codelco debe ser defendida y ampliada, dándole también responsabilidad en el manejo del litio, ya sea directamente o a través una empresa estatal específica. Debe también asumir responsabilidades en el abastecimiento energético, en el uso y desarrollo de energías alternativas. La elaboración del cobre y la creación de una base científica y tecnológica para su mejor aprovechamiento y desarrollo, es ineludible y debe estar orientada conforme a los intereses del país. Una tarea que no pueden cumplir las transnacionales ni las otras mineras privadas. El cobre debe ser la base de nuestro desarrollo y una preocupación intransferible del Estado”.

Volviendo a la reforma tributaria, ¿qué salida quedaría para el financiamiento de las transformaciones prometidas si fracasa la reforma tributaria?

“Sería un fracaso económico y político. Habría que buscar otras soluciones, porque no es imaginable que se renuncie a las reformas prometidas. Desde el año 2000, el gobierno aplica el balance estructural promedio a largo plazo, más allá de la coyuntura. Si la coyuntura del precio del cobre y de la economía está por debajo de ese promedio, entonces se puede usar las reservas para mantener o aumentar el nivel de gastos proyectado. Si por el contrario, el ingreso es más alto que el promedio, se podrá ahorrar esa diferencia o parte de ella. Entonces, si los ingresos de la reforma tributaria fueran inferiores a lo presupuestado, podría recurrirse a los recursos ahorrados. El gasto de reservas no constituiría un endeudamiento, y para el Estado sería como si se pidiera a sí mismo un préstamo. Aclaremos que las reservas están en bonos estatales de Alemania, Estados Unidos y Japón, con un 4 ó 5% de interés, lo que ha motivado críticas, en orden a que se podría buscar formas de colocación que tuvieran una rentabilidad mayor. Se ha dicho, por ejemplo, que al Estado chileno le convendría restablecer la propiedad pública sobre las carreteras concesionadas para obtener un rendimiento mayor al actual.

Finalmente, si la situación se agravara y tuviéramos que recurrir al endeudamiento a través de un crédito externo, las cuentas chilenas -en términos de la relación deuda -PIB- son muy sólidas, no sólo comparadas con los otros países de América Latina y de casi todo el mundo. Por ese lado, no habría problemas”.

HERNAN SOTO

⁽¹⁾ Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del FMI con sede en Washington.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 802, 18 de abril, 2014

Nuevas consideraciones sobre la reforma tributaria

Columna en Blogs de Cooperativa

En la discusión sobre la reforma tributaria anunciada por el gobierno han prevalecido tanto afirmaciones al bulto en su contra como la profusión de detalles que a veces no ayudan a ver el conjunto.

Despejemos lo principal: aumentar parcialmente la tributación de las utilidades de las empresas grandes y medianas, así como la de las ganancias de capital, junto a eliminar el DL 600 que asegura una invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, no perjudica la inversión.

Apenas viene a compensar en parte el gasto fiscal en bienes públicos (en institucionalidad, infraestructura, educación y salud de las personas que trabajan) que hace posible que esas utilidades existan.

Por lo demás, éstas podrían ser mayores en el futuro si se invierte una mayor recaudación en más bienes públicos, como lo demuestra la trayectoria de las economías hoy desarrolladas (ver Piketty, Le Capital au XXI Siecle, 2013), la mayoría de las cuales mantenía cargas tributarias mucho más altas que la nuestra a similar nivel de ingreso por habitante.

Existe además una suficiente evidencia analítica y empírica nacional (incluyendo un trabajo del ex ministro de Hacienda Felipe Larraín) que indica que este efecto es a lo más de poca significación.

Esto es tanto más válido cuando estamos en presencia de rentabilidades sobre patrimonio (ROE) entre 2005 y 2011, según cálculos de Eduardo Titelman -en Revista de Políticas Públicas Usach 2013 Nº 2- de 77% en la gran minería, de 39% en las Isapres, de 23% en las AFP, de 22% en los bancos, de 15% en la generación eléctrica.

Una buena parte del capital corporativo opera en Chile con rentabilidades sobre normales originadas en prácticas monopólicas y en el uso gratuito de recursos naturales, cuya tributación debiera en realidad ser mucho mayor.

Aún en ese caso no se afectaría la inversión, como saben los economistas no enceguecidos por la ideología liberal desde a lo menos David Ricardo (1817). Aunque todo el mundo tiene derecho a sostener su propia ideología, a la hora de evaluar políticas públicas no está de más procurar mantener un mínimo de ecuanimidad.

Por su parte, gravar las emisiones de gases por fuentes fijas o el uso de diésel, que contribuyen al cambio climático, es simplemente ser responsables con nuestros hijos y nietos.

Este gravamen debiera ser incluso mayor para inducir una transición hacia las energías renovables no convencionales, de las que Chile dispone en abundancia a un costo de uso cada vez más competitivo.

Gravar más el consumo de alcohol y bebidas con azúcar va en beneficio de la salud de la población y no debiera ser objeto de objeciones de principio, incluso por los que defienden a las regiones pisqueras, si es que su función es promover el interés general y no el específico de unos pocos.

Es cierto que entidades ligadas a las grandes corporaciones o a grupos de interés rechazan estos aspectos de la reforma, y que eso es repercutido profusamente con diversos argumentos en la prensa, pero convengamos que todo aquel que va a pagar más impuestos, por modesto o justificado que sea el incremento, busca los argumentos para sostener que será dañino para todos y contrata a los economistas y abogados que defienden su caso.

Esa es la ley, en ocasiones en buena lid, de las defensas corporativas del interés particular.

Desde el punto de vista del interés general, que las autoridades legisladoras están llamadas a promover, siempre cabe escuchar esas defensas, pero no tiene mucho sentido hacerles caso, salvo en sus verdades parciales, si las hubiera.

Donde la reforma presenta problemas, en cambio, es en su plazo de aplicación, en su monto y en su estructura.

Las medidas que entran en vigor el 2018, especialmente la de aplicar en base devengada el impuesto a las utilidades de las empresas, es decir cuando ya no gobierne la actual administración, son al menos una curiosidad, en línea con la inaceptable invariabilidad tributaria que el sistema de representación chilena ha aceptado sin chistar para la minería, en un caso único en el mundo de renuncia de la potestad democrática.

En esta materia se legisla para el gobierno propio, no para los que siguen. Cada gobierno debe ver si mantiene o modifica lo que encuentre al llegar en materia de ingresos y gastos públicos, según su programa de acción.

Esa es la razón por la cual los presupuestos son anuales y en muchas partes los parlamentos discuten y ajustan simultánea y periódicamente los ingresos tributarios y los gastos, sin que nadie se llame al ridículo escándalo que algunos realizan en Chile con el tema de “la estabilidad de las reglas del juego”.

Para que ninguna regla del juego cambie, entonces no debiera existir parlamento, que está precisamente ahí para establecerlas y cambiarlas en representación de los ciudadanos.

En todo caso, a lo menos la reforma educacional y los cambios en salud y pensiones presionarán por recursos que sería sensato tener a disposición durante este gobierno.Esto plantea el problema de la magnitud de la reforma.

Descontemos el 0,5% de PIB que se supone se obtendrá por la vía administrativa, lo que es difícilmente cuantificable y es a lo más una aspiración que ojalá funcione.Nos queda un 2,5% de PIB que provendrá, según el gobierno, de las modificaciones legales (se echa de menos que el parlamento disponga, como en Estados Unidos, de su propia oficina de presupuestos para contrastar estimaciones).

Supongamos que funciona la recaudación prevista: solamente la reforma educacional cuesta al menos esa cifra, si es que se aborda en serio el reforzamiento prioritario del nivel preescolar, el fin del financiamiento escolar compartido y la mejoría del acceso a la educación técnica y a las universidades.

Hacia 2017 se contaría,siempre según el gobierno, sólo con un financiamiento adicional del orden de 1,9% del PIB.Las reformas resultarán en este sentido de insuficiente amplitud, salvo que se esté pensando en una acción gubernamental de muy baja intensidad.

La tributación promedio en la OCDE es de 34% del PIB, y de 25% si descontamos las cotizaciones obligatorias de seguridad social. La de Chile es de 21% y de 20% del PIB, respectivamente.

¿Cuándo nos propondremos entonces avanzar, no digamos a niveles nórdicos, pero al menos al promedio del gasto público y la correspondiente carga tributaria de los países avanzados?

Con esta reforma nos faltan al menos 2% de PIB para llegar al promedio de la carga tributaria de la OCDE, o acercarnos al nivel de países como Corea, por ejemplo, y, claro, nos faltaría después de la reforma nada menos que 24% de PIB para llegar al nivel de Dinamarca.

Pero, ¿no era que íbamos a ser desarrollados y que las máximas autoridades se inspiraban en el modelo socialdemócrata nórdico?

El destino de nuestro país parece que seguirá siendo el de reclamar servicios públicos suecos con impuestos haitianos, es decir una ecuación imposible en la que, en una suerte de rendición de la mayor parte de la élite frente a los intereses de los sectores de más altos ingresos, nos engañamos a nosotros mismos y generamos tensiones sociales sistemáticas.

Por último, seguimos con un problema de estructura del financiamiento público.Según las autoridades de Hacienda, el impuesto a la renta pasará de un 7,6% a un 9% del PIB después de la reforma. En la OCDE el promedio es de 11% (y en Dinamarca de 30%).

En la diferencia entre 9 y 11% de impuesto a la renta están los dos puntos de PIB que faltan para que este gobierno asegure el éxito de las reformas en su período de ejercicio.

Podrían provenir de una combinación de un aumentode 35 a 40% del impuesto adicional,que se aplica a la repatriación de utilidades, aumentando la tributación minera y mejorando de paso el déficit en la cuenta corriente, junto al fin parcial de la imputación como crédito del impuesto a las utilidades en el impuesto a las personas.

Si se quiere equiparar la tasa máxima de los ingresos del capital nacional e internacional y el de éstos con los del trabajo, entonces contribuiría a ese objetivo subir a 40% el mencionado impuesto adicional y mantener la tasa marginal del impuesto global complementario en 40%.

Convengamos que es muy positivo que, según las estimaciones del gobierno, el 10% más rico podría aumentar del 10 al 24% la tributación de sus ingresos una vez que las utilidades de las empresas empiecen a gravarse en base devengada.

Pero nuestro problema de inequidad principal es con el 1% más rico (unas 170 mil personas),que se apropia del orden de 30% del ingreso total, es decir más que en cualquier otra parte del mundo, incluida Sudáfrica, según el estudio de López, Figueroa y Gutiérrez de la Universidad de Chile de marzo de 2013.

Y con el 0,1% más rico (unas 17 mil personas) que se apropia del 17% de los ingresos, y con el 0,01% (unas 1 700 personas), que se lleva más de 10% del ingreso total.

Estas personas ni van a paralizar su actividad económica ni se van a ir del país porque lleguen a pagar el 40% de aquella parte de sus ingresos que exceda los 6 millones de pesos mensuales. Están llamadas a contribuir más que el resto para financiar los bienes públicos y las transferencias a los sectores de menos ingresos que hagan de Chile un país menos desigual.

Con la reforma, se aumentará su aporte por la vía de la tributación en base devengada de las utilidades empresariales.Pero en un juego equívoco de equilibrios se pretende simultáneamente una especie de compensación, que no tiene justificación alguna, consistente en regalar a los 49 mil contribuyentes más ricos cerca de 300 millones de dólares, disminuyéndole la tasa marginal del impuesto a la renta desde el 40% al 35%.

Se trata de aquella tasa que el gobierno de Patricio Aylwin reforzó en el nivel de 50% en la reforma de 1990, que bajó en la reforma de 1993 a 45% (y a 35% el impuesto adicional) y a 40% en la de 2001 por presión de la derecha y de los economistas partidarios del enfoque tributario de Milton Friedman de la “tasa tributaria plana”, reforzando la inequidad.

¿Qué ha pasado desde 1990 que cambiaron tanto las ideas económicas de la entonces Concertación, en medio de una grave persistencia de la desigualdad de ingresos en Chile?