Razones para la Educación Pública

Toda la fuerza de la razón tienen los jóvenes que reclaman en la calle el reforzamiento de la educación pública y los parlamentarios que han planteado una reforma a la constitución para que los recursos públicos se orienten solo a las instituciones educacionales estatales o sin fines de lucro. Lo que en los últimos veinte años no logramos, y otros se empeñaron en que no lográramos, incluyendo a los que hoy gobiernan y que promovieron la destrucción de la educación pública, puede ahora cambiar de signo.

La educación es un bien económico caro que se transa en mercados. Más aún, las altas tasas de rentabilidad de la educación sugieren que ésta es, a medida que aumenta el nivel de escolaridad y educación superior, una inversión altamente atractiva para las personas. La adquisición individual de educación tiene una importante rentabilidad privada para quien decide invertir en ella, razón por la cual existe una amplia demanda por educación y una oferta diversificada de la misma: basta ver como en Chile la educación desde 1981 se ha mercantilizado como probablemente en ninguna otra parte.

La realidad de prácticamente todos los países del mundo, sin embargo, es que la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza o subsidiando a los estudiantes.¿Por qué semejante contradicción aparente?

Un primer elemento de respuesta es utilitario: los individuos no gastan en educación tanto como les convendría por falta de recursos y dificultades de acceder a préstamos para financiarla.Esto justifica subsidiarla. Además, la educación es un bien privado que genera externalidades positivas y tiene una importante rentabilidad social: no beneficia solo a quien la recibe sino también, hasta cierto punto, a todos los demás. La educación puede mejorar la salud y el medio ambiente, reducir la pobreza y aumentar el emprendimiento. El aporte en capacidades humanas que provee la educación al crecimiento se manifiesta primordialmente a través del aumento en la productividad, al facilitar la adopción de tecnologías y procesos productivos más sofisticados y flexibles que elevan la competitividad y el potencial de crecimiento de las economías. Pero la educación dejada al mercado no es provista en niveles socialmente óptimos y se requiere gasto público que la haga llegar a toda la sociedad.

Un segundo argumento, el fundamental, no es utilitario sino ético y republicano: la educación es un instrumento central de la conformación de la convivencia colectiva que debe estar a disposición de todos, sin excepción. Independientemente de cómo cada sociedad valora de qué manera y en manos de quien debe ponerla a disposición, todos los gobiernos le dan a la educación básica el carácter de obligatorio, y algunos también la educación media, como Chile desde 2003. Al servicio de regímenes opresivos, la educación puede ser manipulada en su beneficio, pero en las naciones democráticas puede estimular la libertad, la cooperación y la convivencia civilizada. Bien concebida y administrada, la educación puede llegar, en palabras de Martha Nussman, a “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”.

Existen entonces sólidos fundamentos para masivos gastos públicos en la educación preescolar y escolar para socializar valores compartidos y permitir el acceso universal a conocimientos y competencias básicas, así como a la ciencia, las artes y humanidades. Y también para impartir a quienes están en condiciones de recibirla la enseñanza de la ciencia avanzada y la tecnología, proporcionando ayuda financiera a las personas competentes pero sin recursos en las universidades y centros tecnológicos, junto al financiamiento del bien público por esencia que constituye el conocimiento y su generación en condiciones de laicidad, pluralidad y eficiencia.

Chile ha avanzado en cobertura y logro educativos. La cobertura de la educación primaria es ahora casi universal, y los índices de logro en educación secundaria, media y superior han aumentado con rapidez. Un 64% de los jóvenes de 25 a 34 años ha completado al menos la educación media, es decir 20 puntos porcentuales más que la población de 45 a 54 años, situación más favorable que la de otros países de la región, como Brasil (50%) o México (39%). A su vez, un 11% de la población entre los 45 y 54 años ha completado la educación superior, mientras en la población de 25 a 34 años este porcentaje alcanza al 18%. Pero falta mucho: en países como Canadá y Corea, un 56% dentro de ese rango de edad ha logrado completar estudios superiores.

El gasto en educación sigue siendo bajo en los niveles escolares de básica y media en comparación con la OCDE (del orden de 4% contra 6-7% del PIB). Al mismo tiempo, la proporción de gasto privado es alta. La alta proporción del gasto educacional privado es una de las principales características del esquema educacional chileno, si se lo compara con el resto del mundo. En promedio, en los países de la OCDE el gasto público representa el 88% del gasto educacional total. En Chile, en cambio, el gasto público representa sólo el 51.4% del gasto educacional total, especialmente por el peso del gasto privado en educación superior y el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento (como el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados, gravísimo error cometido en 1994) aunque la inversión pública en educación se haya expandido continuamente desde 1990. Según el último informe de la OCDE en la materia, “esto indica que es necesario dedicar más fondos públicos a la educación en Chile. Debido a la alta desigualdad en el ingreso y la fuerte segregación socioeconómica de su sistema escolar, Chile necesita hacer más que otros países para ayudar a los niños con medios financieros limitados.”

Tomemos esta recomendación en serio.

Chile debe terminar con el confinamiento de los estudiantes pobres en la educación municipal y proceder, con una razonable transición, a una reestructuración del sistema escolar a) eliminando los aportes fiscales a las escuelas con fines de lucro, que hoy tienen altas utilidades, lo que es un despilfarro injustificable; b) terminando con el financiamiento compartido, y c) estableciendo corporaciones educativas públicas, de carácter regional, que administren profesionalmente las escuelas públicas y controlen la entrega siempre reversible de recursos a las escuelas no estatales sin fines de lucro a cambio del cumplimiento de estándares de calidad y no discriminación, bajo la estricta supervisión de la Superintendencia de reciente creación, pero que carece de medios reales para rectificar las malas prácticas educativas.

Chile debe además terminar con un sistema de educación superior que permite que dos tercios de los universitarios estén matriculados en entidades con, en la práctica, fines de lucro  –lo que ha permitido a unos pocos amasar considerables fortunas con recursos de los que menos tienen- y carentes de calidad y perspectivas ocupacionales, cuya perspectiva más cierta es la de cargar con un alto endeudamiento a muchos estudiantes que provienen de las familias más pobres. Los estudiantes de menos recursos deben ser apoyados mediante becas para cursar estudios en universidades públicas, que deben ser ampliadas sustancialmente y reformadas en su gobierno interno para aumentar su excelencia, y en universidades con fines públicos sin fines de lucro. Así, la educación, ahora masificada, podrá ser el canal de integración social, promoción de la convivencia republicana y factor de desarrollo que siempre debió, en lugar de mercantilizarse, apuntar a ser.

A los que legítimamente se pregunten porqué estas ideas no se promovieron antes, me permito señalarles que en mi caso las he promovido siempre, como consta en artículos y libros de larga data, aunque manifiestamente sin éxito. Ojalá la actual generación, con sus movilizaciones y justas demandas, logre los cambios sustanciales que son más que nunca indispensables.

Hacia un cambio de folio en energía

La magnitud y persistencia del rechazo al proyecto HidroAysén provocan una cierta consternación en el mundo de la empresa y de la tecnocracia, y de paso en el gobierno, que actualmente vienen siendo más o menos lo mismo. Falta de información, en el mejor de los casos, desinformación (mal) intencionada, en el peor: la respuesta estándar es que los que protestan y los que se oponen “no entienden”.  Y que habrá que seguir adelante sin cambiar nada.

Solo se ha escuchado tenuemente desde las autoridades en los temas de energía la idea de la “inviabilidad política” de persistir en la energía nuclear. Como estamos en Chile, nunca nadie dijo que se había tomado la opción de promoverla, pero más allá de los eufemismos en eso estaban (“estudiándola”)  Zanelli y Tokman y luego Piñera y Golborne.  Ahora nadie asume expresamente su eventual abandono, solo se insinúa, aunque no sin dejar puertas abiertas por si en el futuro se reabren ventanas de oportunidad. Desde el campo corporativo y tecno-burocrático se ha sostenido que lo de Fukushima está siendo exagerado. Que no hay ningún muerto por radiación directa y que otras fuentes de energía son mucho más mortíferas, como el carbón y sus miles de víctimas por explosiones. 

A pesar de su sentido común, estas afirmaciones no consideran que, como observa Stéphane Foucart, el accidente japonés no es ya solo industrial, es un “accidente de civilización”. Desde el siglo 19, Occidente se ha afirmado como la civilización tecnocientífica por excelencia, con impresionantes resultados en la innovación tecnológica como motor económico. Pero cometió el error de asimilarlo unívocamente al progreso humano, con la promesa de dominio sobre la naturaleza y de bienestar material creciente, justificando incluso las desigualdades y hasta la ausencia de libertades. El progreso técnico descontrolado terminó primando por sobre cualquier otra consideración ética, política, social o cultural.

Con el drama japonés se ha roto en alguna medida esa promesa y aumentado la desconfianza hacia creaciones científicas que pueden escapar al control humano. Y ahora Fukushima es el nuevo símbolo de las limitaciones humanas, con super especialistas que no logran prever cosas bastante simples como mantener energía de respaldo para refrigerar reactores ante un tsunami. Una cultura tecnológica avanzada como la de Japón no logró impedir que el norte de ese país esté ahora bajo la amenaza de partículas invisibles e incontrolables que emiten radiaciones tóxicas y que se dispersan según los vaivenes de los vientos y las mareas, con vastas áreas deshabitadas en estado fantasmal. Y no ha logrado que los creadores de los reactores puedan retomar su control: por ahora nadie puede acercarse a ellos bajo amenaza de muerte, dotados como están de una suerte de autonomía por varios meses y a más de dos mil grados de temperatura. Un terremoto, una tempestad, una explosión de grisú, son accidentes de la naturaleza dramáticos pero con los que más o menos se convive en tanto se entienden como fatalidades. Convivir con tecnologías y creaciones humanas que se pueden descontrolar es menos aceptable, ya sea desde los recónditos temores irracionales o desde el muy racional principio de precaución. La energía nuclear va dejando de ser una tecnología que sea posible de concebir como una aliada por las sociedades humanas.

Algo semejante es lo que empezó a ocurrir en Chile con las megacentrales hidroeléctricas, que dejan de entenderse como aliadas para la generación limpia y barata de electricidad. Se entienden, y eso no es “desinformación” sino una valoración social legítima,  como portadoras de la destrucción local irreversible de un medio ambiente digno de preservarse y como factores de alteración de miles de kilómetros de paisaje. Más aún, con todos sus medios propagandísticos Hidroaysén ha logrado ser la expresión de la arrogancia tecnocrática que la sociedad rechaza. Y también de un cierto engaño: súbitamente las objeciones a los embalses por parte de los servicios especializados -lo que al menos el gobierno anterior había respetado con creces- desaparecen con el cambio de administración. Se persiste en evaluar separadamente y más adelante el sistema de transmisión, como si no se tratara de un mismo proyecto. Y ocurre que a los chilenos, que como sabemos son bastante desconfiados,  no les gusta que los engañen, ni menos grandes empresas que en este ámbito, como en muchos otros, campean sin contrapesos reales. Muchos chilenos no conocen el detalle del proyecto Hidroaysén, pero conviven diariamente con los grandes o pequeños abusos de los prestadores privados de servicios y presumen que probablemente la situación es aquí semejante: las grandes empresas involucradas hacen más o menos lo que quieren.

Nadie cuestiona que la hidroelectricidad es una opción válida si se desarrolla con turbinas de pasada o bien se sustenta en embalses razonables que no alteren brutalmente los ecosistemas y las culturas originarias; si utiliza líneas de transmisión que no destruyan patrimonios naturales considerables; si se asocia al desarrollo local. Lo que definitivamente no es una opción respetable es seguir tratando a los chilenos como ciudadanos que “no entienden”, o reprochar a los críticos eventuales “apoyos extranjeros” cuando la empresa  bajo crítica es sumamente extranjera. Y sobre todo cuando se desecha con argumentos baladíes las energías no tradicionales y se mantiene a los hogares y a las empresas sometidas a una de las energías eléctricas más caras del mundo.

Nuestros tecnócratas debieran al menos partir por reconocer en este aspecto su fracaso si quieren volver a ser escuchados por la opinión pública: tenemos una energía cada vez más cara y más contaminante. Y no seguir con la falacia de los costos: el falso mito de que la producción eléctrica con nuevas energías renovables es más cara que la procedente de energía nuclear o de combustibles fósiles. En particular, si incluimos en los costos de producción nuclear y en las mega represas los efectos de la construcción, el procesamiento de residuos, los seguros de responsabilidad civil y de daños ocasionados por desastres y el valor de los paisajes dañados,  estas energías resultan ser mucho más costosas que otras opciones menos dañinas ambientalmente. Su costo debe compararse con la generación eléctrica con diesel. mucho más cara que la que resultaría de incorporar opciones renovables.

Las energías renovables no convencionales, de las que Chile está privilegiadamente dotado, deben ser la base de la transición hacia un nuevo modelo energético sustentable  y limpio. Ese es el enfoque que debiera tomar el gobierno y no seguir imponiendo proyectos porque "así  lo quiere el mercado". Peor aún,  Golborne ha rebajado completamente el compromiso de 20% de generación con Energías Renovables No Convencionales  en 2020 tomado por Piñera: “menos del 3% de la energía proviene de la Energías Renovables No Convencionales, y menos del 4% de los proyectos en construcción son de ENRC. Por ello, espero al terminar el mandato poder decir señores el 15% a 20% de los proyectos de generación eléctrica son renovables no convencionales". Con ese tipo de declaraciones, siendo notable el “por ello” y el "espero", no es de extrañar que tantos chilenos estén en la calle protestando contra HidroAysén, pues los ministros están para tomar decisiones conducentes a cumplir los compromisos adquiridos o bien para hacerse cargo de su modificación.