Impuestos mineros: Chile no es Australia
Primer hecho: la industria del cobre prevé precios superiores a tres dólares la libra en los próximos cinco años. El margen operacional -ingresos menos costos de operación- de Minera Escondida (de propiedad de la empresa anglo-australiana BHP Billiton) y el del resto de las empresas privadas del Consejo Minero (incluidas las empresas anglo-australiana Rio Tinto y la suiza Xstrata) será en el próximo quinquenio del orden de 60% para la primera y de 40% para las segundas. Esto equivale a que en solo un par de años recuperen su inversión gracias al alto precio de un recurso natural que no les pertenece y a cuya explotación han accedido gracias a la ley de concesiones mineras de 1982 . Esta prácticamente anuló la nacionalización de 1971 de las riquezas del subsuelo del Presidente Allende y otorgó derechos permanentes de explotación a privados de manera cuasi gratuita.
Segundo hecho: el gobierno socialdemócrata de Australia, frente al ciclo alcista de las materias primas mineras iniciado en 2005, explicado por una oferta que no logra seguir el ritmo de la demanda originada por la expansión china, concluyó en julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata (las mismas que están presentes en Chile), entre otras. Se trata de un nuevo impuesto a los recursos naturales que establece una tasa sobre las utilidades extraordinarias para la extracción de petróleo y gas de 40%, y para la de mineral de hierro y de carbón de 30%. Y esto sin “invariabilidad tributaria”, pues en las democracias en forma se entiende que cada legislatura es soberana para pronunciarse y que las empresas deben someterse a las decisiones de los ciudadanos y sus representantes periódicamente elegidos. El impuesto se aplicará a partir de julio de 2012 a las utilidades que excedan de un retorno de 12% sobre el capital invertido. El gobierno recaudará unos 9.500 millones de dólares anuales adicionales.
Tercer hecho: como parte del financiamiento de la reconstrucción y para recaudar unos 600 millones de dólares en dos años, Sebastián Piñera propuso un incremento temporal de la modesta tasa del impuesto especial a la minería logrado en 2005. A cambio, propuso aumentar en ocho años más la invariabilidad tributaria ya vigente hasta 2018 y originada en las normas del DL 600 sobre inversión extranjera que asegura una invariabilidad de 10 a 20 años. La Concertación votó en contra de la propuesta por considerar el aumento de la invariabilidad contrario al interés nacional y la recaudación adicional insuficiente. Luego los presidentes de los partidos del conglomerado propusieron una fórmula para incrementar sustancialmente la recaudación sin invariabilidad tributaria adicional, eliminando el DL 600 que estableció este mecanismo en 1974. Esto fue rechazado por el gobierno.
Cuarto hecho: en un vuelco sorprendente, y en medio del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, la mayoría de senadores y diputados de la Concertación terminaron aprobando con la derecha, sin consultar a sus partidos que habían acordado otra cosa, un pacto del 6 de octubre entre Frei, Escalona, Lagos Weber y el gobierno. Este pacto aumenta la invariabilidad tributaria hasta fines de 2023 –es decir se pretende que al menos dos nuevos gobiernos y parlamentos elegidos por el pueblo no puedan decir nada sobre tributación minera - y establece tasas de impuesto entre 5% y 14% de las utilidades operacionales. Las tasas más altas aplican sólo en situaciones poco probables. Son sustancialmente inferiores al 30% australiano. La nueva norma es válida para los proyectos nuevos y para los existentes a partir de 2018, cuando haya otro parlamento, el actual gobierno haya cesado hace rato en sus funciones y se haya transferido miles de millones de dólares al exterior que debieran haber quedado en Chile para su gente. Una norma transitoria permitirá a Piñera recaudar en 2010-2012 unos mil millones de dólares, mediante un aumento del gravamen actual de 5% a 9% de las utilidades operacionales. Una cifra importante, pero diminuta frente a lo que se llevarán fuera de Chile legal pero ilegítimamente las empresas privadas autorizadas a explotar el cobre chileno, e incluso inferior al valor presente de los flujos futuros a obtener después de 2017 con una regalía razonable. La oposición le podría haber ofrecido a Piñera aprobar un endeudamiento equivalente para financiar los recursos que pedía y señalar que prefería no renunciar a modificaciones sustanciales una vez terminada la invariabilidad. Y votar en contra otra vez, pues oponerse no es un drama en democracia, cautelando además con coherencia el interés nacional.
Preguntas: ¿Qué cambió en tan pocos días para pasar sin grandes modificaciones del rechazo a la aprobación? ¿Por qué tanta dificultad en asumir que se es oposición y comportarse como tal? ¿Por qué, lo que es más grave, la oposición parlamentaria se cercena a sí misma al impedir hasta 2024 que un eventual nuevo gobierno suyo cambie a favor del país las reglas de tributación minera? ¿Por qué no se planteó la idea simple de establecer en Chile el régimen tributario de Australia que los socialdemócratas de ese país pactaron con las mismas empresas que explotan cobre en Chile? ¿Por qué lo que es válido para Australia no lo es para Chile?
La compulsión pedestre de ser parte de la fiesta y de los abrazos con los factores de poder parece haber sido otra vez más fuerte que luchar por fortalecer la capacidad del Estado chileno para invertir y redistribuir. Es la misma compulsión que llevó a los que no debían a aprobar las privatizaciones de las sanitarias y el financiamiento empresarial de las campañas parlamentarias. Se ha dejado pasar una ocasión histórica de captar una proporción equitativa de la cada vez mayor renta originada en un recurso minero que pertenece a todos los chilenos y que podría ser usada ya sea por los liberales que están en el gobierno para disminuir otros impuestos, o bien, de acuerdo a un enfoque progresista de izquierda, para disminuir en el futuro sustancialmente las desigualdades y acelerar nuestro camino al desarrollo. Así de simple y así de lamentable.
Segundo hecho: el gobierno socialdemócrata de Australia, frente al ciclo alcista de las materias primas mineras iniciado en 2005, explicado por una oferta que no logra seguir el ritmo de la demanda originada por la expansión china, concluyó en julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata (las mismas que están presentes en Chile), entre otras. Se trata de un nuevo impuesto a los recursos naturales que establece una tasa sobre las utilidades extraordinarias para la extracción de petróleo y gas de 40%, y para la de mineral de hierro y de carbón de 30%. Y esto sin “invariabilidad tributaria”, pues en las democracias en forma se entiende que cada legislatura es soberana para pronunciarse y que las empresas deben someterse a las decisiones de los ciudadanos y sus representantes periódicamente elegidos. El impuesto se aplicará a partir de julio de 2012 a las utilidades que excedan de un retorno de 12% sobre el capital invertido. El gobierno recaudará unos 9.500 millones de dólares anuales adicionales.
Tercer hecho: como parte del financiamiento de la reconstrucción y para recaudar unos 600 millones de dólares en dos años, Sebastián Piñera propuso un incremento temporal de la modesta tasa del impuesto especial a la minería logrado en 2005. A cambio, propuso aumentar en ocho años más la invariabilidad tributaria ya vigente hasta 2018 y originada en las normas del DL 600 sobre inversión extranjera que asegura una invariabilidad de 10 a 20 años. La Concertación votó en contra de la propuesta por considerar el aumento de la invariabilidad contrario al interés nacional y la recaudación adicional insuficiente. Luego los presidentes de los partidos del conglomerado propusieron una fórmula para incrementar sustancialmente la recaudación sin invariabilidad tributaria adicional, eliminando el DL 600 que estableció este mecanismo en 1974. Esto fue rechazado por el gobierno.
Cuarto hecho: en un vuelco sorprendente, y en medio del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, la mayoría de senadores y diputados de la Concertación terminaron aprobando con la derecha, sin consultar a sus partidos que habían acordado otra cosa, un pacto del 6 de octubre entre Frei, Escalona, Lagos Weber y el gobierno. Este pacto aumenta la invariabilidad tributaria hasta fines de 2023 –es decir se pretende que al menos dos nuevos gobiernos y parlamentos elegidos por el pueblo no puedan decir nada sobre tributación minera - y establece tasas de impuesto entre 5% y 14% de las utilidades operacionales. Las tasas más altas aplican sólo en situaciones poco probables. Son sustancialmente inferiores al 30% australiano. La nueva norma es válida para los proyectos nuevos y para los existentes a partir de 2018, cuando haya otro parlamento, el actual gobierno haya cesado hace rato en sus funciones y se haya transferido miles de millones de dólares al exterior que debieran haber quedado en Chile para su gente. Una norma transitoria permitirá a Piñera recaudar en 2010-2012 unos mil millones de dólares, mediante un aumento del gravamen actual de 5% a 9% de las utilidades operacionales. Una cifra importante, pero diminuta frente a lo que se llevarán fuera de Chile legal pero ilegítimamente las empresas privadas autorizadas a explotar el cobre chileno, e incluso inferior al valor presente de los flujos futuros a obtener después de 2017 con una regalía razonable. La oposición le podría haber ofrecido a Piñera aprobar un endeudamiento equivalente para financiar los recursos que pedía y señalar que prefería no renunciar a modificaciones sustanciales una vez terminada la invariabilidad. Y votar en contra otra vez, pues oponerse no es un drama en democracia, cautelando además con coherencia el interés nacional.
Preguntas: ¿Qué cambió en tan pocos días para pasar sin grandes modificaciones del rechazo a la aprobación? ¿Por qué tanta dificultad en asumir que se es oposición y comportarse como tal? ¿Por qué, lo que es más grave, la oposición parlamentaria se cercena a sí misma al impedir hasta 2024 que un eventual nuevo gobierno suyo cambie a favor del país las reglas de tributación minera? ¿Por qué no se planteó la idea simple de establecer en Chile el régimen tributario de Australia que los socialdemócratas de ese país pactaron con las mismas empresas que explotan cobre en Chile? ¿Por qué lo que es válido para Australia no lo es para Chile?
La compulsión pedestre de ser parte de la fiesta y de los abrazos con los factores de poder parece haber sido otra vez más fuerte que luchar por fortalecer la capacidad del Estado chileno para invertir y redistribuir. Es la misma compulsión que llevó a los que no debían a aprobar las privatizaciones de las sanitarias y el financiamiento empresarial de las campañas parlamentarias. Se ha dejado pasar una ocasión histórica de captar una proporción equitativa de la cada vez mayor renta originada en un recurso minero que pertenece a todos los chilenos y que podría ser usada ya sea por los liberales que están en el gobierno para disminuir otros impuestos, o bien, de acuerdo a un enfoque progresista de izquierda, para disminuir en el futuro sustancialmente las desigualdades y acelerar nuestro camino al desarrollo. Así de simple y así de lamentable.