"Los nuevos fichajes de militantes decé en el Gobierno, y el discurso del 21 de mayo reabren el debate sobre los lazos del Presidente con el partido."
En El Mercurio del domingo 30 de mayo, Rocío Montes pregunta: ¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?
R. Los hechos: Piñera era un DC que partió a la derecha. Su programa y estilo son de centroderecha pragmática. No gusta a muchos UDI. Más hechos: hay una centroderecha en la Concertación. Algunos han ido al Gobierno y a la empresa, no sólo desde la DC. El futuro: Piñera debe tener al frente a un fuerte centro democrático aliado a una amplia izquierda progresista".
lunes, 31 de mayo de 2010
lunes, 24 de mayo de 2010
Las cartas sobre la mesa
Llama la atención en el discurso del 21 de mayo de Sebastián Piñera la promesa de que “antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la pobreza”. Agrega Cristián Larroulet que Chile será “el primer país de América Latina en haber alcanzado el desarrollo”. Excelente idea, como por lo demás el tono no confrontacional y de apertura al diálogo del actual Presidente, así como la promoción de valores como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, lo que siempre se agradece viniendo desde la derecha. Hay en el mensaje, ya visto en el tema del financiamiento de la reconstrucción, un tono centrista. ¿Estaremos en presencia de una nueva derecha civilizada, tan ausente en el Chile contemporáneo? ¿Pero cómo se pasa de los deseos y la retórica a concretar realidades?
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de 24 800 en Chequia, de 22 030 en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población). Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante, es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza” en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza. Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos, para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile entiende lo que lee…
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de 24 800 en Chequia, de 22 030 en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población). Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante, es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza” en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza. Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos, para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile entiende lo que lee…
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.
martes, 18 de mayo de 2010
¿Sabía usted?
¿Sabía usted que en abril de 2008 el presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, promulgó una nueva ley de impuestos a la minería, considerando que su país no estaba recibiendo ingresos adecuados por su principal producto de exportación, el cobre? El nuevo régimen tributario aumentó el royalty de 0.6% a 3% del valor bruto de los minerales exportados. El impuesto a la renta para las empresas mineras aumentó del 25% al 30%. También se estableció un impuesto a la renta de 15% (adicional a la tasa del 30%), cuando las utilidades superasen el 8% de sus ingresos totales, y un Impuesto a las Ganancias Extraordinarias para aprovechar para su país los altos precios del cobre: el impuesto es de 25% cuando el precio del cobre se sitúa entre 2.50 y 3.00 dólares la libra; de 50% cuando el precio sube al rango de más de 3.00 y hasta 3.50 dólares la libra. Llega al 75% cuando el precio del cobre es superior a 3.50 dólares la libra.
Usted dirá que eso es típico tercermundismo, de aquel que no sabe estimular la inversión extranjera para salir del subdesarrollo. El FMI no objetó la fórmula, pero no se preocupe, el Presidente Mwanawasa falleció en agosto de 2008, y el nuevo gobierno derogó, por presión de las empresas mineras, el impuesto a las ganancias extraordinarias.
Pero, ¿sabía usted que Kevin Rudd, el Primer Ministro de Australia, uno de los países más prósperos del primer mundo, también propuso este 2 de mayo aumentar los impuestos a las ganancias de la minería? Ha declarado nada menos que “a lo largo de una década, las mineras han tenido ganancias extraordinarias de 74.000 millones de dólares: mientras tanto, los gobiernos, en representación del pueblo australiano, han recibido solo 9.000 millones de dólares en ingresos adicionales en el mismo período” y que “las compañías mineras merecen obtener una rentabilidad justa sobre sus inversiones, eso es importante. Sin embargo, creemos que también es importante que el pueblo australiano reciba una retribución justa por los recursos que les pertenecen.” Casi habla como Allende este Kevin Rudd: claro, es socialdemócrata, le ganó no hace mucho las elecciones a la derecha, qué lástima. Y ha agregado este señor que BHP Billiton, la empresa más grande de Australia, es actualmente de propiedad extranjera en un 40 por ciento, porcentaje que en el caso de Río Tinto alcanza a un 70 por ciento: “eso significa que este masivo incremento de utilidades, construido en base a recursos australianos, se está yendo mayoritariamente al extranjero”. Y fíjense que para evitar semejante situación propone un impuesto a las utilidades mineras de 40%.
Usted dirá: hasta a Australia están llegando las malas influencias del estatismo y de esta gente que considera, horror, que los recursos naturales les pertenecen a sus países, y que las empresas privadas deben pagar por ellos.
Pero eso en Chile, claro, no pasa. Aquí a Allende, que nacionalizó el cobre, como se le ocurre, le hicimos un golpe de Estado. Ahora tenemos buenos economistas que convencen a casi todos los presidentes, o ellos mismos están convencidos, como el actual, que no se debe, horror, “discriminar” a la inversión extranjera, no vaya a ser que se nos enoje. A lo más les pedimos unos poquitos aportes voluntarios, pero a cambio de “más invariabilidad tributaria” para que no crean que nos comportamos mal: deben tener bien claro que nos encanta regalarles los recursos de los que dotó la naturaleza a los chilenos, porque lo que nos importa en realidad es la empresa privada, sea de donde sea, y el libre mercado, no se nos olvide. Sin estatismos. Y naturalmente votamos en contra del royalty que propuso Lagos, vaya mala idea. Al final le aceptamos solo un poquito de impuesto especial a la minería y con mucha invariabilidad para que no se les fuera a ocurrir entusiasmarse a los estatistas de siempre, estos que, no hay caso, no entienden que es la propiedad privada bien privada la que conduce al desarrollo, o en todo caso a nuestro desarrollo, pues.
¿Y qué hay de los déficits del país en hospitales, escuelas, guarderías infantiles, pensiones, infraestructura productiva local y regional, universidades, medio ambiente, sin los cuales ninguna empresa privada innovadora, social y ecológicamente responsable, puede en definitiva prosperar? ¿Y qué hay del terremoto? Bueno, hay un plan, que incluye unos poquitos impuestos (temporalmente, por supuesto, no nos confundamos) y bastante endeudamiento (que paguen otros y después) y naturalmente ventas de activos estatales: ¿qué hacen todavía en manos del gobierno, que todo lo administra mal, si deben estar en manos nuestras? Para eso somos los dueños del país, los de la empresa privada (la grande, claro, no nos confundamos de nuevo). Y si este no es un buen momento para vender activos –esta molestosa crisis mantiene muchas incertidumbres que deprimen sus precios- si lo es para comprar baratos los recursos del Estado, que es lo que hemos hecho siempre, para qué vamos a perder la costumbre.
Mientras tanto, ¿sabía usted que hasta 2002, mientras el precio del cobre estuvo más bien bajo, las remesas anuales de ganancias de las empresas al exterior no alcanzaron a 4.500 millones de dólares? ¿y que desde entonces, cuando China, India y otros emergentes han terminado de irrumpir en la economía mundial con su fuerte demanda por materias primas –perdón, ahora se dice “commodities”, no nos desubiquemos- las ganancias remesadas han superado en algunos años recientes del nuevo ciclo los 25 mil millones de dólares? ¿y que este año podrían alcanzar unos 20 mil millones de dólares, que van a ir a parar a manos de prósperos accionistas extranjeros de las empresas mineras en vez de a las de los chilenos y sus hijos?
Es de esperar, vea usted, que no haya quienes propongan que nos pongamos como los de Zambia y Australia, que planteen que dejemos en Chile, con un impuesto a las ganancias extraordinarias de 40% o más si los precios alcanzan niveles muy altos, los recursos que nos permitirían reconstruir mejor lo que la naturaleza destruyó. Y además abordar las tareas del desarrollo en plazos mucho más breves de los que los bloqueos de los últimos dos decenios han permitido. Usted dirá: no vengan con malas ideas otra vez, pues. Igual no lo hicieron cuando gobernaban. En realidad, seamos justos, no los dejamos mucho, con esto de los senadores designados y la genial idea del quórum calificado que permite que sea la minoría la que legisla y no la mayoría, qué buena ocurrencia que nos aceptaron en 1989. Esto de que las mayorías gobiernen hay que ponerle límites, ¿no es verdad? Se les pueden ocurrir cosas raras. Y más bien se resignaron o se fueron acostumbrando a la idea de que para qué hacer estas cosas estatistas, ya no es propio de la época, vea usted. Les dijimos: dejen que el mercado cumpla su tarea y les fue gustando porque estaban demasiado ocupados en repartirse cargos en el Estado, salvo unos recalcitrantes que nunca faltan que insisten en que el mercado tiene demasiadas fallas y miopías como para no actuar con estrategias públicas de desarrollo para formar capital humano, hacer redistribuciones importantes de los ingresos y protecciones de los recursos naturales. A varios hasta les encantó recibir estipendios para defender los intereses de las empresas mineras que antes querían chilenizar y nacionalizar. Por lo demás, cuando se pusieron a chilenizar y nacionalizar con Frei y Allende, les votamos sus reformas, pero claro, terminamos llamando a los militares, ¿se fijan?
¿Y no ven que ahora ganamos las elecciones los partidarios de la propiedad privada? Así es que organicemos peleítas menores, veamos el mundial y que los que siempre han esperado, que sigan esperando. Total, a eso los tenemos acostumbrados. ¿O no?
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