El socialismo chileno contemporáneo es una fuerza política inserta en el movimiento social, en variados espacios de la sociedad civil, en el poder local y es desde 1990 un partido de gobierno como parte de una coalición mayoritaria. Por definición, el programa y práctica gubernamental de esa coalición sólo recogen parcialmente el proyecto de sociedad que encarna el socialismo.
Este hecho contribuye a que no siempre aparezca con suficiente nitidez su vigencia como proyecto político de transformación social de largo plazo.
A su vez, el proyecto socialista para el siglo 21, con los respectivos programas de política pública para cada etapa de la vida del país, debe ser objeto de permanente debate y reactualización.
Esta tarea se inserta en una historia y en una trayectoria que cubre ya, en escala universal, cerca de dos siglos. Al retomar y desarrollar junto a los movimientos obreros nacientes el proyecto republicano expresado en la trinidad “libertad, igualdad, fraternidad”, el socialismo propuso una política de civilización encaminada a suprimir la explotación del hombre por el hombre y la arbitrariedad de los poderosos. En nuestro país, la opción socialista tuvo sus primeras expresiones en la creación de la “Sociedad de la Igualdad” fundada por Arcos y Bilbao en 1850, luego en las mancomunales y sociedades de resistencia, y más tarde en los sindicatos y los partidos de izquierda
[1].
El proyecto socialista en escala universal ha sido la solidarización de la sociedad, con éxitos parciales expresados por la vía estatal en los llamados socialismos reales y por la vía democrática y social en la conformación de los Estados de bienestar. Pero en el primer caso no pudo evitar el estancamiento y posterior derrumbe de la economía centralizada y burocrática y en el segundo no pudo contener en profundidad la des-solidarización de las relaciones sociales en la civilización urbana industrial.
El socialismo se empeñó también en democratizar la vida social. Su versión “soviética” derivó en un autoritarismo extremo. En la experiencia estalinista del siglo 20, lejos estuvo de realizarse la abolición del Estado como aparato de dominación, ese boa constrictor que aprisiona a la sociedad en palabras de Marx, y por el contrario el comunismo soviético estableció una dictadura burocrática que suprimió toda libertad, sin conseguir igualdad ni prosperidad colectiva suficientes. Esta experiencia dañó la esperanza emancipatoria del proyecto socialista, aunque su propio derrumbe en 1989 dejó atrás la posible identificación del socialismo moderno con el comunismo soviético.
Su versión socialdemócrata, en cambio, tuvo el gran mérito de afianzar la primacía democrática y de construir modalidades extendidas de Estado de bienestar en las sociedades post-industriales.
Convengamos con Perry Anderson que el proyecto socialista decimonónico más desarrollado suponía la existencia de un agente subjetivo: las nuevas relaciones de producción post-capitalistas serían puestas en práctica por el trabajador colectivo generado por la propia industria moderna, es decir la clase obrera que prefiguraba los principios de la sociedad futura. A su vez, la institución clave de tal sociedad sería la planificación concertada de los productores libremente asociados, sin intercambios de mercado, que compartirían en común a través de la abolición de la propiedad privada sus medios fundamentales de existencia, distribuyendo los bienes producidos según la capacidad de cada cual en función de las necesidades de cada uno, en una sociedad sin clases y sin Estado
[2].
El primer aspecto (la generalización de la relación salarial y la expansión de la clase obrera hasta el punto de hacerse mayoritaria) no se confirmó en las sociedades periféricas heterogéneas, como las latinoamericanas, mientras en los países capitalistas centrales la tendencia al crecimiento de complejos de integrados de producción, con una articulación sistémica de las condiciones de la producción y el consumo de masas, más o menos se verificó desde la revolución industrial hasta los “30 años gloriosos” del capitalismo posterior a la segunda guerra mundial. Desde entonces, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones fraccionan los procesos productivos, la clase obrera fabril disminuye en número, aumenta sustancialmente la actividad de suministro de servicios sociales y de servicios de apoyo a la producción, mientras segmentos significativos de asalariados logran también acumular capital a través del ahorro familiar, o al menos acumular “capital humano” transmisible a sus hijos.
La condición asalariada se fragmenta y diversifica, generando nuevas desigualdades. Muchos proveedores de servicios no son ya mecánicamente subordinables por el capital, especialmente cuando tienen funciones de creación y concepción de productos, o de gestión basada en el conocimiento y la información, y en determinadas circunstancias adquieren capacidad de obtener incrementos sistemáticos de su nivel de vida y de su capacidad de ahorro.
Por su parte, los seres humanos ocupados en trabajos asalariados de ejecución, precarios, mal pagados, junto al autoempleo de subsistencia y quienes sobreviven en condiciones de exclusión y marginalidad, aspiran a la integración en empleos estables y no logran constituirse en actores sociales colectivos como los que suponía Marx llevarían inevitablemente a la sustitución del capitalismo.
El segundo aspecto, la planificación central, se hizo cada vez menos posible de aplicar frente a las complejidades de coordinación de precios y cantidades en economías con progreso técnico acelerado. Fueron emergiendo dificultades insuperables para reunir centralizadamente la información pertinente sobre la multiplicación y diversificación generalizada de la producción de bienes y servicios y la dispersión espacial, muchas veces a escala mundial, de sus respectivos procesos de producción. En palabras de Perry Anderson, “la planificación centralizada realizó proezas notables en condiciones de asedio o de guerra, tanto en las sociedades comunistas como en las capitalistas. Pero en tiempos de paz, el sistema administrativo en los países comunistas se demostró totalmente incapaz de controlar el problema de la coordinación de los agentes en economías cada vez más complejas, y engendró niveles de derroche e irracionalidad que superan con creces los de las economías de mercado en el mismo período, para manifestar finalmente un síntoma de crac potencial”.
En este contexto, el desafío socialista no es ya la supresión del mercado y la abolición del Estado, sino construir una nueva articulación del Estado democrático, la sociedad civil y los mercados en escala local, nacional y mundial, para fundar racionalmente la esperanza de crear un sistema social que sea un auténtico avance respecto del capitalismo. En nuestro caso, este desafío se desenvuelve en las peculiares condiciones latinoamericanas y la heterogeneidad estructural y cultural de sus sociedades. Ello se expresa también en la diversidad de las expresiones políticas y sociales de la izquierda en el continente y su variada trayectoria hasta el presente.
Reafirmar los valores civilizatorios del proyecto socialistaEsto no implica una lógica de prédica moral, sino de despliegue, inspiradas en esos valores, de luchas políticas y sociales de una alianza de los trabajadores, de los excluidos y de las clases medias y emprendedoras, alianza que el socialismo se propone representar. Este bloque transformador tiene por vocación expandir sistemáticamente los derechos políticos, sociales, ambientales y culturales de los ciudadanos. Hacer realidad esos derechos requiere ampliar simultáneamente las condiciones materiales, es decir el desarrollo de las fuerzas productivas, e institucionales capaces de sustentarlos establemente en el tiempo, es decir de sólidas democracias en los Estados-nación y de un orden internacional basado en el derecho y la cooperación, y por tanto de la emergencia progresiva de una ciudadanía mundial.
Los socialistas luchamos por expandir la calidad de vida en su dimensión de incremento de los espacios de convivencia humana (el compartir con otros la vida más allá de lo utilitario y funcional, el vivir por vivir más allá del trabajo para la subsistencia, donde lo prosaico deje espacio a lo poético, en palabras de Edgar Morin) y en su dimensión de respeto y valorización del medioambiente. Luchamos también contra la uniformización cultural empobrecedora y mercantilizada y a favor de la motivación de enraizamiento en la cultura propia con espíritu de apertura a los otros humanos.
El objetivo primordial del socialismo es humanizar la sociedad. El socialismo del siglo XXI se propone retomar con nuevos bríos la aspiración a más comunidad, fraternidad, justicia y libertad, que estuvo en la fuente del socialismo de los siglos XIX y XX, sin desconocer las dificultades que esa aspiración debe enfrentar en la actualidad: la dificultad antropológica, es decir el malestar humano que suele acompañar la individuación y la disolución de las comunidades tradicionales en la civilización moderna; la dificultad sociológica, que emana de la fragmentación de las identidades, del trabajo y de la vida urbana en las sociedades contemporáneas; la dificultad ecológica, provocada por la alteración de los ecosistemas por más de 6 mil millones de humanos que habitan la tierra y que en los próximos decenios se estabilizará en unos 10 mil millones; y la dificultad demográfica derivada del creciente peso relativo de las personas de edad avanzada y muy avanzada.
Hoy la aspiración es, si se quiere, menos ingenua, pero su amplitud incita más que nunca a impulsar con imaginación y espíritu práctico un proyecto histórico civilizatorio de largo aliento, que se confunde con la aventura colectiva de mejorar paso a paso el bienestar de las actuales y futuras generaciones y la convivencia entre los seres humanos a escala local, nacional y planetaria
[4].
El segundo objetivo del socialismo, y que es condición para avanzar en el primer objetivo, es el de consagrar la democracia política extendiéndola a la democracia social. Se trata de avanzar desde los indispensables derechos civiles y políticos de los ciudadanos garantizados por un orden institucional democrático, hacia los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de los trabajadores, de las mujeres, de las minorías étnicas, de los niños y ancianos, de los emprendedores. El socialismo lucha por la igualdad social entre los géneros y contra la discriminación de la mujer, contra la xenofobia, contra la discriminación étnica, contra la discriminación de que son objeto las minorías sexuales, discriminaciones producidas por el peso de los oscurantismos culturales y de los impulsos humanos proclives al autoritarismo y a la intolerancia que la sociedad inspirada por los valores socialistas debe confrontar radicalmente. Ser socialista es también en el siglo XXI comprometerse con las futuras generaciones que ven amenazado su acceso al patrimonio ambiental de la humanidad. Como decía Jean Jaurès, “la democracia es el mínimo de socialismo, el socialismo es el máximo de democracia”
[5].
El tercer objetivo del socialismo es dominar el futuro colectivo, pues rechazan los socialistas la idea de un orden natural o divino de la sociedad de carácter inmutable y frente al cual sólo cabe resignarse. El socialismo es una de las más caracterizadas expresiones de la modernidad y de reivindicación de la razón para promover el progreso de la condición humana, sin desconocer que el género humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Como lo demostraron las tragedias del siglo XX, ese reconocimiento subraya para los socialistas el deber de promover los valores –traducidos en derechos y obligaciones- que permiten defender eficazmente la dignidad de la condición humana en toda circunstancia.
Por eso los socialistas no somos liberales, no somos partidarios del “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), en donde lo mejor sería dejar a cada cual perseguir su interés individual, lo que supuestamente garantizaría una autorregulación social armónica. Los socialistas ponemos por delante la voluntad colectiva de orientar y gobernar los destinos de una sociedad crecientemente compleja y fragmentada. La sociedad moderna no sólo enfrenta los clásicos problemas de la desigualdad económica y social, sino riesgos colectivos crecientes en el terreno ambiental, urbano y demográfico, así como más gravemente la pérdida de sentido y la expansión de la droga y la criminalidad. También debe hacerse cargo del enorme cambio cultural que suscitan la mundialización de las comunicaciones, la aceleración de la globalización de las economías y la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y de las biotecnologías como motor del cambio tecnológico. Este último aspecto tiene fuertes consecuencias éticas y abre nuevas interrogantes sobre el modo de convivir en sociedad y sobre los límites a establecer en la intervención sobre los genes y los embriones y qué hacer con los productos genéticamente modificados, lo que no puede ser dejado sólo en manos de los científicos y menos de los poderes económicos privados.
Dominar el futuro colectivo, y sustraerlo de la lógica mercantil de corto plazo, es entonces cada día más necesario para que el progreso técnico permita lo mejor (el más amplio bienestar) y no contribuya a agravar lo peor (la explotación y dominación del hombre por el hombre, la deshumanización, la urbanización sin control, las diversas formas de violencia, la degradación ambiental).
¿Es posible alcanzar estas aspiraciones en plenitud? No lo sabemos, pero sí sabemos que plantearse ese horizonte permite mitigar las injusticias y desigualdades de acuerdo a las posibilidades que ofrece cada tiempo de la historia a la acción colectiva, en un proceso civilizatorio que se sustenta en la idea de que el género humano es capaz de mejorar sistemáticamente su modo vivir en sociedad. Lo que supone, a su vez, un exigente respeto por los deberes cívicos y personales que hacen posible una vida en común justa. Esta vida en común justa no es compatible con el capitalismo concentrador y excluyente y la primacía del afán de lucro en la vida social.
Hacia una sociedad post-capitalistaEl capitalismo es la dominación sobre la sociedad y la política del poder económico concentrado, es la subordinación del trabajo y la apropiación de los recursos naturales para fines de acumulación privada de utilidades, es el dominio del dinero sobre el sistema político. El capitalismo no es el mercado ni la democracia: el capitalismo tiende a concentrar los mercados y a aumentar sus ineficiencias en la asignación de los recursos y tiende a invalidar el poder de los ciudadanos.
Introduzcamos para esta reflexión el enfoque del historiador Fernand Braudel sobre “los tres pisos” que a su juicio articulan la esfera económica. Para Braudel, el primer piso es el conjunto de prácticas que constituyen la base socio-cultural de la producción, frecuentemente en el marco de una economía informal y no mercantil, con presencia de donaciones y contradonaciones recíprocas; un segundo piso lo conforma la estructura de intercambios de mercado con múltiples oferentes y demandantes en situación competitiva; y el tercer piso lo constituye aquel en que predomina el capital financiero y productivo concentrado, y que Braudel identifica con el capitalismo propiamente tal.
En palabras de Braudel: “Es en el plano político, ante todo, que adquiere plena significación la distinción, para mi fuera de duda, entre el capitalismo en sus diversas formas y la ’economía de mercado’. El gran empuje capitalista del siglo pasado ha sin duda sido descrito incluso por Marx, incluso por Lenin, como eminentemente, sanamente competitivo. (…) En la cumbre están los monopolios, debajo la competencia reservada a las pequeñas y mediocres empresas. (…) Hay un margen inferior, más o menos grueso, de la economía –llámenla como quieran, pero existe y está hecha de unidades independientes. Entonces no digan tan rápido que el capitalismo es el conjunto de lo social, que envuelve a nuestras sociedades enteras (…). Hay hoy día aún, como en el siglo 18, un amplio primer piso que, al decir de economistas, representa hasta 30% y 40% de las actividades en los países industrializados del mundo actual. Este volumen, al margen de los mercados y de los controles del Estado, recientemente estimado y que sorprende por su amplitud, es la suma del fraude, del trueque de bienes y servicios, del “trabajo negro”, de la actividad de los hogares, esta economía de la casa que, para Santo Tomás de Aquino, era la economia pura y que subsiste hasta nuestros días. La “tripartición”, la economía de pisos cuya importancia antigua he reconocido, sigue siendo un modelo, una guía de observación para el tiempo presente (...). No decía acaso Lenin: ’La pequeña producción mercantil da cada día, a cada instante, nacimiento al capitalismo y a la burguesía de manera espontánea…Ahí donde subsiste la pequeña explotación y la libertad de los intercambios, el capitalismo aparece’. Se le atribuye incluso la expresión : `el capitalismo empieza en el mercado del pueblo´. Conclusión: para desembarazarse del capitalismo hay que extirpar, hasta sus raíces, la producción individual y la libertad de intercambio. Estas observaciones de Lenin ¿no son acaso un homenaje a la enorme potencia creadora del mercado, de la zona inferior de los intercambios, del artesanado, e incluso en mi opinión, del arreglín? Una potencia creadora que, para la economía, es no solo una riqueza de base, sino también una posición de repliegue durante los períodos de crisis, las guerras, las panas serias de la economía que exigen cambios estructurales(…). Finalmente, admitir sin reticencia la distinción entre economía de mercado y capitalismo ¿no debería evitarnos el todo o nada que nos proponen inmutablemente los hombres políticos, como si fuera imposible conservar la economía de mercado sin dejar toda libertad a los monopolios, o de desembarazarnos de esos monopolios sin “nacionalizar” todo?”
[6].
La transformación socialista moderna debe orientarse entonces a reemplazar el predominio del tercer piso de Braudel en tanto expresión concentrada del impulso ilimitado de acumulación, que produce y reproduce la concentración de la riqueza y del poder y la multiplicación de inaceptables e ilegítimas desigualdades, por una economía plural gobernada por la democracia y orientada a satisfacer las necesidades humanas.
Asumamos que los seres humanos están abiertos a favorecer la cooperación desinteresada o de mutuo interés, especialmente en la esfera propia del primer piso, en donde los lazos familiares y comunitarios son más fuertes
[7]. Existen entonces en nuestras sociedades contemporáneas, para la autorrealización y el desarrollo de proyectos autónomos de vida, espacios para la economía social, de carácter cooperativo y sin fines de lucro, o para aquella economía que, teniendo fines de lucro, se organiza sobre la base de redes familiares y sociales. Este primer piso será siempre el soporte de la creación de empleo y del repliegue de sobrevivencia en situaciones de penuria económica.
También asumamos que los seres humanos suelen minimizar su esfuerzo y maximizar los resultados de ese esfuerzo. No cabe, por tanto, ser contrarios a los intercambios que viabilizan esa maximización en el segundo piso de Braudel, en donde la coordinación entre múltiples oferentes y demandantes puede hacerse útilmente a través del sistema descentralizado de precios en mercados competitivos intervenidos social y ecológicamente. Es, en esta perspectiva, necesaria una regulación por los poderes públicos democráticos para, con procedimientos modernos de redefinición de los derechos de propiedad privada (a no confundir con la propiedad de bienes personales), establecer responsabilidades sociales de la empresa con sus trabajadores y respecto del medio ambiente y del espacio en que funciona, lo que en definitiva limita en beneficio de la colectividad y de las futuras generaciones su carácter capitalista y los males sociales que le son consustanciales
[8].
Son indispensables las regulaciones para hacer que los mercados sean competitivos y sean social y ecológicamente gobernados, pues el libre mercado es un vehículo de concentración del poder económico y político. La maximización de utilidades librada a su suerte, propia de toda estrategia empresarial racional, conduce a la búsqueda sistemática de rentas (llamadas “intramarginales” en la microeconomía convencional) y no ya de utilidades legítimas, sobre la base de rehuir la competencia y de desarrollar situaciones de monopolio o de competencia monopolística. La política socialista se orienta a impedir las prácticas monopólicas y a promover las capacidades de la producción en pequeña escala, lo que supone intervenciones públicas eficientes para derribar las asimetrías de información y sustituir los mercados incompletos en los sistemas financieros, que se constituyen en instrumentos privilegiados de la dinámica de concentración capitalista
[9].
También se orienta a proteger y promover la innovación para que esta sea viable en todo el tejido productivo y no se centralice en la gran empresa, en circunstancias en que el conocimiento tiene el carácter de bien público de apropiación colectiva y que la esencia de una economía próspera es la difusión del conocimiento y del progreso técnico, siendo su rentabilidad social el doble de su rentabilidad privada
[10].
En este sentido, cabe subrayar el potencial transformador que abren las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el terreno económico. El trabajo, el capital y la propiedad se redefinen con la entrada en la era digital y de las redes. El paso a una sociedad en que el conocimiento y el saber se constituyen en fuentes privilegiadas de riqueza tiene consecuencias en cascada: el “trabajador” se transforma en poseedor de su instrumento de producción –su cerebro y sus habilidades- que puede hacer funcionar en los horarios que mejor le acomodan, en el lugar que le acomoda y con modos de remuneración que no son sólo monetarios sino también de reconocimiento por una comunidad y de contribución a un proceso de uso de la inteligencia colectiva. El “trabajador” en esta situación no sólo puede renegociar el marco de su inserción en el trabajo productivo, sino que se encuentra en posición de “poseedor de capital”, en un contexto en que la actividad de creación digital, en su sentido amplio, se desenvuelve con necesidades de capital material –máquinas y herramientas- de cada vez menor costo. Se avizora así la emergencia progresiva de un tejido productivo con gran dinamismo económico y a la vez con mayor capacidad de establecer vínculos económicos simétricos y también de impedir la disolución de la convivencia colectiva y de los espacios familiares y comunitarios.
Promovemos una economía con mercados, pero no de mercado. Promovemos una nueva economía plural, que se beneficie de la capacidad de asignar recursos descentralizadamente que los mercados poseen, con una actividad de empresas privadas con fines de lucro limitada por principios de responsabilidad social e insertas en mercados eficientes y no monopólicos, pero consagrando también otras lógicas económicas: la de los bienes y servicios públicos, proveedores de la vasta gama de bienes de consumo colectivo (seguridad, equipamientos urbanos, cultura), o con fuertes externalidades, (educación, salud, protección social, extracción de recursos naturales estratégicos) que la sociedad necesita, la de la economía social y solidaria, la de la economía doméstica y de pequeña escala, así como la distribución de ingresos básicos para todos, que la renta tecnológica de naturaleza social hace posible y viable en la era de la economía digital. Esta nueva economía plural estará crecientemente sustentada en la difusión del conocimiento, que enriquece las singularidades y la creatividad personal, pero en el marco de redes que utilizan información por naturaleza socializable, redes que enlazan a los unos con los otros en situaciones de cooperación para el aprendizaje y el desempeño productivo eficaz
[11].
Para sostener materialmente una sociedad igualitaria y justa, el gobierno social y democrático de los mercados deberá también preservar los incentivos a la innovación y al esfuerzo productivo, pues no se trata de redistribuir la pobreza ni desorganizar la economía, sino de establecer los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales que hemos mencionado a partir de una base material que los sustente y amplíe en el tiempo
[12].
El proyecto socialista moderno requiere para avanzar a una distribución equitativa del poder, de las capacidades y de los ingresos (especialmente en las economías primario-exportadoras), de la socialización de las rentas de los recursos naturales que pertenecen a la sociedad en su conjunto y no es legítimo ni racional que sean apropiadas privadamente.
Requiere también que, en todas partes, sean socializados los recursos generados por ese bien colectivo que es el avance tecnológico y del conocimiento, cuya apropiación privada tampoco tiene fundamento racional. Estos recursos colectivos deben ser distribuidos a la sociedad por el poder democrático.
En primer lugar, deben ser distribuidos a las nuevas generaciones a través de una educación de calidad de acceso universal y gratuito como recurso que la sociedad pone a disposición de los jóvenes para su inserción en la vida en igualdad de oportunidades. Asimismo, debe ser distribuido bajo la forma de un aporte capitalizado desde el nacimiento para la inserción inicial de los jóvenes en la vida económica activa. Esto ya existe, por ejemplo, en Inglaterra y Suecia.
En segundo lugar, deben ser distribuidos a toda la población, en parte como recursos de subsistencia digna no condicionales (“dése a todos los ciudadanos un ingreso modesto, aunque incondicional, y déjenlo completarlo a voluntad con ingresos provenientes de otras fuentes”) concentrados en los más pobres primero y más tarde universalmente, en lo que se conoce como la idea del ingreso mínimo garantizado
[13], y en parte como créditos y/o subsidios de readaptación y reinserción frente a la velocidad del cambio tecnológico y de las condiciones productivas, en un proceso continuo de educación a lo largo de toda la vida. En palabras de René Passet: “Hemos comprobado la relación que existe entre la reducción del tiempo de trabajo, para la cual fue concebida la máquina, y la instauración de un ingreso equivalente al mínimo de subsistencia. Pese a su denominación (de ingreso ‘tecnológico’), no está vinculado al capital técnico, sino a la propia organización del proceso de producción, es decir a la inversión intelectual y a la información. Depende pues de este patrimonio universal cuyos frutos, que no son imputables a uno u otro factor productivo, deben distribuirse en realidad entre el conjunto de la colectividad (...). Queda el factor tiempo, con el que el sistema se aliaría para quedar progresivamente instaurado. Porque si el dividendo universal representa el ideal que hay que alcanzar, puede no ser un acierto empezar la casa por el tejado (...). Esta progresividad a lo largo del tiempo, que tanto contribuye a la viabilidad del sistema, relativiza el interés concreto, inmediato del debate –fundamental, por el contrario, en el plano de los principios- que versa sobre el carácter universal o no universal de la renta mínima garantizada. Estamos hablando, insisto, de distribuir y no de redistribuir. Despunta el momento en que, en una sociedad donde la robótica llevará a cabo el trabajo, la renta universal se habrá convertido en la fuente principal de ingresos que cada cual podrá completar con otros ingresos procedentes de una actividad de libre acceso. El contrato de trabajo con plazo fijo, justamente denostado en el contexto de precariedad actual, se convertiría entonces en la modalidad normal que permita a cada parte –empleador o empleado- establecer temporalmente unos lazos profesionales”
[14].
Los dispositivos de igualación inicial de oportunidades y de provisión de ingresos básicos garantizados deben complementarse con políticas de garantía del derecho al trabajo, mediante la creación de un acceso a la capacitación para la inserción en el empleo y, cuando esto sea insuficiente para asegurar esa inserción en el empleo, de un acceso a “empleos cívicos” de interés comunitario para los desempleados de larga duración que la demanda de trabajo deja fuera de la actividad económica
[15].
Como se constata, el socialismo moderno debe transformarse en el movimiento que, desde la sociedad civil y su capacidad de darle forma a un Estado democrático fuerte, legítimo y eficaz, pueda regular la esfera económica y dotarla de capacidades emancipadoras, orientándola hacia fines situados más allá de ella: la autorrealización y el desarrollo de los proyectos de vida de cada cual.
El socialismo es la modernidad en vías de construcción –pero esa construcción de la modernidad estará siempre en evolución- en la cual la esfera regida por la racionalidad económica debe ponerse al servicio de la expansión de las otras esferas de actividad que no tienen necesidad ni fin económico, en las que la autonomía de la vida individual se despliega como fin en sí misma. No se trata de condenar sistemáticamente la búsqueda por las empresas de la máxima eficacia para obtener utilidades –que es su fin último- sino de sujetarlas a reglas y límites, incluyendo que no se transformen en rentistas monopólicos que alteran en provecho propio el funcionamiento de un sistema de precios descentralizado, como no ha cesado de hacerlo la lucha sindical, los movimientos ecológicos, los defensores del consumidor, las representaciones de la sociedad local, y, desde luego, el poder democrático representativo, y de ponerla al servicio del desarrollo autónomo y solidario de los individuos y de la sociedad.
El socialismo es entonces la consagración del poder de la sociedad para definir democráticamente las prioridades y los fines, así como las reglas y los límites en los cuales puede desplegarse la racionalidad económica, representando al mundo del trabajo en su vasta gama de expresiones y al mundo de la cultura y de los creadores y emprendedores.
Las democracias deben potenciar la prosperidad económica colectiva. Pero deben limitar el poder económico concentrado en unas pocas manos. Si no lo hacen, éste termina inevitablemente dominando al poder político de manera más o menos encubierta, más o menos desembozada. Sus intereses no son los de la mayoría ni de los de las generaciones futuras. O la democracia gobierna a los poderes económicos o los poderes económicos gobiernan a la democracia.
Hacia una nueva República de Democracia Social en ChileEse es el dilema en el que se desenvuelve también el Chile contemporáneo. Luchar contra la derecha es seguir reivindicando la práctica política democrática como el único espacio legítimo para dirimir las opciones de sociedad y procesar los conflictos de interés, sin intervención del poder de las armas y del poder del dinero, sustentando el sistema político en la soberanía popular y en reglas del juego civilizadas.
Nuestro proyecto se traduce programáticamente en la construcción de un Estado Social de Derecho como condición inicial necesaria para la transformación de la sociedad en los próximos años. Esta construcción en diversos aspectos ya está en curso desde 1990 y en ella se ha empeñado especialmente la presidencia de Ricardo Lagos. En especial, la agenda de reformas sociales ha incluido establecer por primera vez en Chile el seguro de desempleo y mejorar la legislación laboral, reforzando el rol de los sindicatos (aunque no en toda la medida necesaria); iniciar una gran reforma de la salud, cuya primera etapa será garantizar el acceso a la atención en los principales problemas de salud; reforzar la reforma de la educación ampliando la cobertura preescolar, el aprendizaje en la educación básica, la retención de los jóvenes en dificultades en la educación media y las ayudas estudiantiles y la acreditación en la educación superior y reforzar la lucha contra la exclusión con el programa Chile Solidario y con el programa Chile Barrio para terminar con los campamentos.
La gran tarea es ahora avanzar a la disminución sistemática de las desigualdades. Esto requiere de un Estado Social de Derecho fuerte y responsable
[16], con servicios públicos revalorizados en su orientación hacia las necesidades de los ciudadanos, de aumento de la eficacia, es decir de la priorización y programación de su actividad, y de la eficiencia, es decir de incrementar su capacidad para hacer más con lo que se tiene, con mecanismos generalizados de evaluación del desempeño y de rendición transparente de cuentas a los ciudadanos sobre su gestión.
El Estado Social de Derecho en una nueva República de Democracia Social que prevalezca en Chile fruto de sucesivas reformas –en el horizonte del bicentenario de la república el 2010- debe tener la característica de:
- ser el garante de la democracia y las libertades, de la soberanía nacional, del imperio de la ley, de la seguridad de las familias y de la no discriminación arbitraria, a través de la autoridad gubernamental y sus órganos de la defensa y de la seguridad interior, así como de los poderes judicial y legislativo, en interacción con la sociedad civil;
- organizar solidariamente la cobertura de los riesgos sociales mayores (enfermedad, accidentes, cesantía, catástrofes);
- hacerse cargo de proveer en amplia escala los bienes públicos de consumo colectivo que hagan posible tener una mejor calidad de vida, seguridad y acceso a la cultura en nuestras ciudades y en los espacios rurales;
- transferir ingresos y capacidades de inserción social a los carentes de recursos, para asegurar una existencia digna a todos y cada uno de los ciudadanos;
- fortalecer los derechos sindicales, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en la empresa, incluso en su propiedad a través de fondos colectivos;
- intervenir sobre el futuro para generar una sustancial igualdad de oportunidades y de resultados a través de la protección de la infancia, la educación, la promoción de la salud, el fomento de las actividades productivas y de la innovación en escala nacional, regional y local y la preservación del medio ambiente;
- hacerse cargo solidariamente de las generaciones pasivas, cuya significación en la sociedad se incrementa dada la evolución demográfica, a través de la reorganización solidaria de los regímenes de previsión.
Sin un Estado social, regulador y promotor del crecimiento, no es posible plantearse seriamente un crecimiento sostenido y un desarrollo equitativo, sustentable y socialmente igualitario: queda todavía mucho por hacer. Esa es nuestra convocatoria mirando al futuro.
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Una primera versión de este artículo, basado en extractos del libro de Gonzalo D. Martner,
El socialismo y los tiempos de la historia, Ediciones PLA- CESOC, 2003, fue publicado en la revista
Movimientos, n°1, 2004.
NOTAS
[1] Ver Jorge Arrate y Eduardo Rojas,
Memoria de la izquierda chilena,Tomo I (1850-1970), Javier Vergara Editor, Santiago, 2003.
[2]Perry Anderson “El capitalismo después del comunismo”,
¿Hay alternativa al capitalismo? Congreso Marx Internacional, K&ai Ediciones, Buenos Aires, 1996.
[3] Norberto Bobbio,
Izquierdas y Derechas, Taurus, Madrid, 1989. En otro texto, ha subrayado Bobbio: “Lo que ha distinguido a la izquierda en todas sus formas en el curso de los dos últimos siglos, a la vez de modo “funcionalmente positivo” y de manera “funcionalmente negativa” es lo que me inclino a llamar el “ethos” de la igualdad (que es también un “pathos”). Inspiró a la Revolución rusa como a la socialdemocracia europea. La historia del socialismo es en gran medida la historia de los ideales igualitarios, perseguida ya sea a través de la abolición completa de la propiedad privada –que era considerada por Rousseau como la causa principal “de la desigualdad entre los hombres”- ya sea a través de una gama de políticas públicas destinadas a promover la justicia social mediante diferentes formas de redistribución de los ingresos (...) El ethos de la igualdad que caracteriza a la izquierda encuentra confirmación en su contrario, la defensa fundamental del ethos –si se puede llamar así- de la desigualdad (...). Si entendemos por “izquierda” un compromiso histórico para luchar a favor de un mundo más equitativo y más vivible, la marcha es todavía larga- al menos si ampliamos nuestro horizonte más allá de nuestras fronteras nacionales, como debiéramos hacerlo en esta era de globalización. En lo que concierne al futuro de la izquierda, la humanidad no ha alcanzado en ningún caso el “fin de la historia”. No está tal vez sino en su inicio”, en La izquierda y la derecha, debate entre Perry Anderson y Norberto Bobbio,
New Left Review, 1998.
[4] Edgar Morin,
Pour une politique de civilisation, Arléa, Paris, 2002.
[5] Citado por Henri Weber,
Le bel avenir de la gauche, Seuil, Paris, 2003. Ver también Henri Weber,
La izquierda explicada a mis hijas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
[6] Fernand Braudel,
Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVè-XVIII è siècle, Gallimard, Paris, 1979.
[7] En palabras de Polanyi: “En los hechos, el hombre nunca fue tan egoísta como lo requería la teoría (…). En vano fue exhortado por economistas y moralistas utilitarios a descontar en los negocios todos los otros motivos distintos que los ‘materiales’. Investigado más de cerca, fue encontrado actuando con motivos notoriamente ‘mixtos’, sin excluir aquellos del deber consigo mismo y con otros – y tal vez, secretamente, incluso disfrutando del trabajo en su propio mérito”, Karl Polanyi,
La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, París, Gallimard, 1983.
[8] Sobre las empresas socialmente responsables, Geoffrey M. Hodgson, en su
Economics and Utopia. Why the learning economy is not the end of history, señala que en una sociedad abierta y basada en la información “la firma no tiene que competir simplemente por utilidades sino por nuestra confianza. Para obtenerla, debe abandonar la maximización de utilidades, e incluso la satisfacción del accionista, como los objetivos únicos de la organización. Su misión explícita debe residir en otros aspectos: calidad del producto, satisfacción del consumidor, prácticas de negocios éticas, políticas ambientalmente amigables, por ejemplo”.
[9] Sobre estos aspectos véase Joseph Stiglitz,
Wither Socialism?, MIT Press, Cambridge Mass, 1995.
[10] Dominique Guellec,
Economie de l’innovation, La Découverte, Paris, 1999.
[11] Jaques Robin y Jean Zin, « Au seuil de l’ère informationnelle », en Philippe Merlant, René Passet y Jacques Robin,
Sortir de l’économisme. Une alternative au capitalisme néolibéral, Les Editions de l’Atelier, Paris, 2003.
[12] Estos temas están tratados en Gonzalo D. Martner,
Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado en el siglo XXI, LOM, Santiago, 1999. Ver también sobre las políticas para el pleno empleo como soporte del bienestar, Jean Pisany-Ferry,
Sur le chemin du plein emploi, Conseil d’Analyse Economique, Paris, 2000.
[13] Philippe Van Parijs, “Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?, en Eduardo Matarazzo Suplicy,
Renda de cidadanía, Cortez Editora, San Pablo, 2002, texto en el que además se describe el funcionamiento del sistema de ingreso ciudadano en Alaska, financiado por las regalías de acceso a los recursos naturales que dicho estado cobra. Sobre los fundamentos analíticos de las políticas redistributivas modernas y la propuesta de ingreso básico, Anthony B. Atkinson,
Public economics in action. The basic income/Flat tax proposal, Oxford University Press, Oxford, 1997.
[14] René Passet,
La ilusión neoliberal, Debate, Madrid, 2000.
[15] Sobre los empleos cívicos, ver Ulrich Beck,
Un nuevo mundo feliz, Paidós, 2000.
[16] Para una visión sobre el origen de esta noción ver Wolfgang Abentroh, Ernst Forsthoff y Karl Doehring,
El Estado Social, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986. Sobre el rol de los Estados de Bienestar en el siglo 20 y su desempeño económico y social, ver Evelyne Huber y John D. Stephens,
Development and crisis of the welfare state. Parties and policies in global markets, The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
