Más sobre Allende, los 50 años y los desafíos actuales

En La Nueva Mirada

Se ha sumado el expresidente Sebastián Piñera a la justificación del golpe militar de 1973 en los siguientes términos: «el Golpe de Estado no era evitable» y el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer “una dictadura marxista”. El mensaje está claro: la derecha en todas sus versiones sigue defendiendo el golpe militar 50 años después, y lo hace tergiversando.

El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios sociales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática. Esto ocurrió desde el primer hasta el último día de su administración. Otra cosa es que a la postre una mayoría del parlamento, e instituciones politizadas por la oposición, se sumaran con entusiasmo a declarar lo contrario, sin que les pasara absolutamente nada. Existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes. El que diga lo contrario simplemente falta a la verdad. Los que llegan a reconocer este hecho, señalan que en cualquier caso el propósito del gobierno de Allende era terminar con la democracia y que eso era lo que había que impedir mediante un golpe militar, como una especie de mal menor. Esto no tiene sustento alguno en los hechos, que muestran, antes bien, que el gobierno de Estados Unidos, aliado a la derecha civil y militar, se propuso impedir, sin éxito gracias la conducción no freísta de la DC de la época, que Allende llegara siquiera a asumir el gobierno. Más aún, el presidente Allende se aprestaba a convocar un plebiscito el 11 de septiembre de 1973 para permitir una salida democrática a la crisis, es decir todo lo contrario de lo que la derecha afirma.  

El tema de fondo es que el gobierno de Allende se propuso emprender reformas estructurales a la economía y la sociedad chilena. Estas incluyeron en primer lugar la nacionalización del cobre, aprobada por la unanimidad del parlamento, para que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Esto se logró, a pesar de su reversión parcial posterior. Y en segundo lugar, se propuso poner fin al latifundio y al inquilinaje con la ley de 1967, rémora social y productiva que desapareció del mapa económico chileno, pero a la postre no en beneficio del campesinado sino de una revolución empresarial exportadora exitosa, luego de una represión inicial brutal. Estos son legados del gobierno de Allende que la derecha se niega a reconocer.

Lo que fue más problemático y polarizador, como se reseña en mi libro recién publicado por LOM sobre los 50 años del golpe de 1973, fue la nacionalización de la banca y la creación de un sector industrial y de distribución estatal, pero sin un diseño que tuviera un consenso al interior del gobierno ni de la sociedad. La expansión inorgánica de este sector produjo un desborde en la puesta en práctica de la reactivación de corto plazo, basada en una expansión salarial que debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas. La meta de participación de los salarios en el producto programada para 1976 se alcanzó en 1971. Al excederse ese objetivo, se produjo una espiral precios-salarios alimentada por intervenciones de empresas y explotaciones agrícolas bajo la presión «desde abajo» de cambios en la propiedad, incluyendo el mundo mapuche en la zona de Cautín.

Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria de 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por una parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC, que hacía equivaler socialismo a poner cualquier empresa que se pudiera en manos del Estado. El plan gubernamental no era ese, sin embargo, sino la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentaran un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la CORFO en décadas previas. Tampoco se trataba de eliminar el mercado, sino de construir una amplia planificación del esfuerzo de inversión pública y privada para un mayor desarrollo de largo plazo.

Pero la intervención de empresas de distinto tamaño no programada pero validada por decretos de continuidad de abastecimiento, se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas de abastecimiento, en medio de un amplio aumento del consumo y una menor oferta por una menor producción y el estrangulamiento de la capacidad de importar logrado por Estados Unidos. Esta fue la represalia por la expropiación del cobre con descuento en la indemnización por utilidades excesivas pasadas. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa sistemática de la oposición en el parlamento. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hicieron la derecha y la DC en la época, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil con apoyo de la inteligencia de la Marina y con paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados por Estados Unidos.

En paralelo, la «revolución desde abajo» hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971. Se ha puesto poco el acento en la magnitud de ese proceso social en el período de 1967-1973, como hace el importante libro de Peter Winn, «La revolución chilena» (LOM, 2013). Este proceso era legítimo, y en todo caso una realidad. Pero debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado con una conducción firme de los partidos de gobierno. Pero se dividieron en este tema, que era crucial en las condiciones chilenas, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado en lo económico por Estados Unidos con efectos devastadores, aunque algunos insistan todavía en querer minimizarlos, y sin nada que se pareciera a un apoyo sustitutivo como el soviético brindado a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba demasiado a Allende, más allá de la buena crianza con el PC chileno, importante entre los PC occidentales, entre otras cosas porque su modelo político y económico era sustancialmente diferente a la ortodoxia soviética.

Una parte de la coalición de gobierno sostenía una difusa estrategia de «acumular fuerzas para la toma del poder«, poniendo empresas de todo tipo bajo control gubernamental, pero sin un diseño sobre su funcionamiento y su coherencia productiva de conjunto, en oposición a buena parte de los equipos económicos de gobierno y del propio presidente Allende. Este era un sector crítico de la democracia parlamentaria y que se sentía cómodo con el modelo cubano, pero sin tomar en cuenta que las condiciones eran sustancialmente diferentes. No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que estos países fueran incluidos en procesos de lucha armada, la que en cambio favoreció en Brasil, Perú, Bolivia y Argentina para desplazar a dictaduras militares.

El presidente Allende fue un conductor político que realizó ingentes esfuerzos por estabilizar la situación política, buscando desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales, en lo que el PS y el PC no le acompañaron, cometiendo un fuerte error político. En simultáneo, buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al gobierno en 1970. No debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973. El golpe militar si era evitable.

El freismo le negó todo acuerdo al presidente Allende durante su gobierno, lo que reafirmó cuando recuperó el control del partido en 1973. Privilegió desde el primer momento el golpe de Estado, en alianza con Estados Unidos y la derecha, que pensaba le permitiría en breve plazo volver al poder en condiciones de control represivo de la izquierda. Tampoco ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección del Partido Socialista, que no ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización sin soporte en alguna fuerza militar propia de alguna significación (tampoco la tuvo el MIR) y sin que estuvieran preparando insurrección alguna, como si lo hicieran Montoneros y ERP en Argentina. En paralelo, el presidente Allende se empeñó en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la ampliación de un núcleo de empresas industriales socializadas que permitiera sostener un proceso de crecimiento que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada por Michal Kalecki décadas antes en condiciones de este tipo.

Pero se produjo el mencionado desborde político y social, con graves consecuencias, pues redundó en un aumento del apoyo social a un golpe de Estado. Se llegó a unas 500 empresas intervenidas, en las cuales las planillas salariales aumentaron y fueron financiadas con emisión monetaria. La suma del boicot empresarial financiado desde Estados Unidos, el fin del crédito externo y la espiral precios-salarios llevaron a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de dificultad cotidiana en el abastecimiento, con la correspondiente erosión del apoyo social. Esto movilizó en contra del gobierno a amplios sectores medios y disminuyó la adhesión al gobierno, aunque se mantuvo en 43% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% en la elección municipal de 1971 y el 36% en la elección presidencial de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freismo (con los generales Arellano y Bonilla incluidos), lo que terminó en la renuncia del general Prats, la posterior traición de Pinochet y la culminación del control ilegal de la Armada por Merino y de Carabineros por Mendoza.

¿Qué se puede pensar 50 años después? Lo medular de la pugna histórica chilena permanece en las actuales circunstancias, en las que la meta de la derecha no es ahora derrocar al gobierno sino inmovilizarlo y desacreditar sus propósitos. El discurso oligárquico pretende, como siempre, dejar establecido que deben quedar fuera del horizonte de posibilidades de la acción política aquellas transformaciones que recuperen para el país sus recursos naturales y otorguen al Estado un rol económico más significativo en beneficio del trabajo y de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. La economía debe organizarse alrededor de los intereses del capital y las políticas sociales deben subordinarse a ellos. Punto y aparte.

El problema es que lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. Ese es el sentido profundo de la rebelión de 2019, que volvió a poner en cuestión el dominio oligárquico y la concentración económica en Chile, y su traducción en desigualdades y abusos cotidianos.

En 2019-2021 se vivió la secuencia de una nueva «revolución desde abajo«. Esta se tradujo incluso, en este caso refrendada por 2/3 del parlamento, en un golpe al corazón del modelo privatista de seguridad social, mediante los retiros de recursos desde los fondos de pensiones. Así como ocurrió con los reajustes salariales y las ocupaciones de empresas bajo la Unidad Popular, el gobierno de Piñera perdió parte del control de la política económica. Pero según las cifras del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. En 2021, en la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares aumentó en 21% y el consumo de gobierno en 14%, con lo que la demanda interna aumentó en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Como se observa, la tan criticada política económica de la UP no tuvo la intensidad expansiva del último año de Piñera II, ya desbordado. La diferencia, crucial, es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y una alta inflación. Esto reafirma una vez más la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada para llevar a cabo cualquier proyecto de cambio progresista.

La derecha ha logrado hasta aquí mantener a raya las amenazas a los cambios del orden oligárquico que despuntaron en el proceso constituyente iniciado en 2020, a pesar de perder el gobierno en 2022, aunque no el parlamento. Logró, usando todos sus dispositivos comunicacionales e institucionales, derrotar el proyecto constitucional de la Convención y transformar la rebelión social en la idea de una amenaza delincuencial desbordada. Y también anular al nuevo gobierno, con una estrategia de promoción del miedo a la delincuencia y a la inmigración. Esta ha sido efectiva para inclinar hacia la extrema derecha a sectores medios y populares, estimulando un apoyo primitivo al orden represivo y a la xenofobia. La derecha ha logrado cambiar la agenda pública y relegado los temas de desigualdad y abuso. Además, ha bloqueado desde el parlamento, sin gran costo político hasta ahora, reformas progresistas como la tributaria, de pensiones o la de seguros de salud, de gran importancia para la mayoría social. Pero su piedra de tope será su probable derrota en el plebiscito constitucional de diciembre de 2023, que tal vez permitirá al gobierno actuar en mejores condiciones para retomar la iniciativa política y su propia agenda.

Derrocamiento y persistencia de un proyecto histórico

 En El Mostrador

A medida que se acerca el 11 de septiembre de 2023, arrecian las descalificaciones al proyecto histórico de la izquierda derrocado por la fuerza militar hace 50 años. La derecha insiste con todos sus medios en descalificar la experiencia de 1970-73, tanto en su contenido transformador como en la vigencia del ejemplo de consistencia, consecuencia y dignidad de su conductor, Salvador Allende. Para la derecha es insalvable que Allende, como Balmaceda, no se rindiera ante la fuerza y que decidiera pagar con su "vida la lealtad del pueblo”. Por eso insiste en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia.

Los argumentos más ilustrados oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto. El Presidente Allende no fue un incompetente que se perdió en un laberinto creado por él mismo, como pretenden presentarlo algunos, sino que fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en determinados límites.

Buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió, nada menos que la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la conformación de un área bancaria e industrial socializada. En esa idea, el PC y el PS no lo acompañaron, cometiendo un error estratégico, mientras el PS y la izquierda radicalizada estimularon la “revolución desde abajo” que, siendo legítima en sus motivaciones, no debía ser conducida hacia desbordes salariales y ocupaciones de unidades productivas financiadas por emisión monetaria, sino hacia una nueva estabilidad que cautelara la alianza con los sectores medios para enfrentar la reacción implacable de los afectados por los cambios iniciales.

Estos eran el límite necesario de esa etapa histórica y no dimensionarlo fue el error de la izquierda radical de la época. Estados Unidos cortó el crédito externo y estranguló las importaciones, mientras en el Parlamento la oposición aprobaba los reajustes sin los ingresos para financiarlos, alimentando el déficit fiscal y la inflación. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada en 1970 por Nixon a la CIA.

El Gobierno de la Unidad Popular quedó preso en la lógica implacable de la Guerra Fría y no pudo controlar el desborde expansivo de la demanda que se volvió en su contra. Esto erosionó el apoyo al Gobierno, aunque se mantuvo en 43% en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% de la elección municipal de 1971 y el 36% de la elección presidencial de 1970, y sobre todo irritó y movilizó en su contra a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973, y en buena medida inmovilizó al resto.

El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freísmo (a través de los generales Arellano Stark y Bonilla), lo que culminó en la renuncia del general Prats y la posterior traición de Pinochet, a pesar de que dos de los cuatro comandantes en Jefe (los de la Armada y Carabineros) se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y al Presidente Allende.

Allende actuó frente a un plan de derrocamiento interno y externo poderoso y sistemático. Buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al Gobierno en 1970, logro histórico contra la expresa intervención violenta de Estados Unidos y la voluntad conspirativa de la derecha y del freísmo DC, que las circunstancias le impidieron proyectar. Pero no debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973, y que hubiera salvado con una cierta probabilidad de éxito los cauces democráticos chilenos y, a lo mejor, dado tiempo a una recomposición de una izquierda que hubiera procesado sus radicalizaciones inconducentes.

Hace 50 años se produjo un derrocamiento (es el subtítulo de mi libro recién publicado sobre el tema) de un Gobierno legítimo y democrático, seguido de una represión violenta y prolongada, pero no un fracaso del proyecto histórico de la izquierda. Este siguió adelante bajo otras formas, a partir de un espíritu de resistencia que se inscribe en décadas de luchas republicanas, sociales y libertarias.

Desde luego se mantiene la vigencia de sus fundamentos, que fueron y siguen siendo la búsqueda histórica de una sociedad democrática con justicia social y con recuperación para el país de sus recursos naturales. Hay dimensiones adicionales, como el énfasis igualitario en materia de género y el respeto a las disidencias, junto a la urgente tarea de la sostenibilidad ambiental. Pero no son dimensiones sustitutivas de las previamente existentes. No se sustituye así no más la aspiración colectiva a las libertades y a una democracia plena, basada en la soberanía popular y la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías, ni la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos y a la reciprocidad comunitaria y solidaria.

El instrumento principal para lograr esos objetivos tampoco ha variado tanto: es la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro y de proveer estabilidad política. Es lo que, no sin dificultades, se esboza en el actual Gobierno, que expresa la emergencia de una nueva generación de izquierda.

Es esa vigencia la que precisamente irrita tanto a la derecha, a pesar de la victoria de la contrarreforma en 1973 mediante violencias prolongadas. La radical restauración del dominio oligárquico fue efectiva, aunque no definitiva, y ha tenido que aceptar modulaciones híbridas a lo largo del tiempo que pueden bascular a un Estado social de derecho. No siguió ya siendo sustentada en la hacienda y su cultura autoritaria, sino en grupos financieros hiperconcentrados y en la cultura del individualismo mercantil y la ilusión de la movilidad social mediante el crecimiento económico.

Este se agotó hace más de una década y dio lugar a la vasta rebelión de 2019, a un proceso constituyente y al desplazamiento de la derecha en 2021, aunque se haya recompuesto en 2022 con su victoria contra el proyecto constitucional de la Convención. Pero sus reflejos autoritarios no le permiten concebir otra cosa que una implacable oposición al actual Gobierno y presentar el orden oligárquico como si fuera la normalidad. Y esa pretensión es la que sigue fracasando irremediablemente 50 años después.

El régimen político y el deterioro de la gobernanza en Chile

 En La Nueva Mirada

En estas semanas se han constatado dos cosas: la oposición destituye ministros y la Corte Suprema fija tablas de factores y topes a las primas de los seguros de salud. Esto es profundamente anómalo desde el punto de vista de una gobernanza (definida como «todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad«) que sea razonable y mínimamente coherente.

El nuestro es un régimen presidencial, con Estados Unidos como referencia original. Pero en ese país el parlamento no destituye ministros, aunque deben ser confirmados por el Senado antes de entrar en funciones, lo que es más lógico (más de mil posiciones gubernamentales requieren de la confirmación del Senado, mediante informes previos y audiencias públicas, además de la nominación presidencial). En Chile esto existió en el pasado para la nominación de generales y almirantes y embajadores, y se mantiene para la nominación de jueces de la Corte Suprema. La figura de la acusación constitucional chilena a ministros y autoridades nombradas por el presidente es un problema. Se inventó en el siglo XIV para impugnar a los colaboradores del rey inglés, dado que eso no podía ocurrir con el soberano que los nombraba. Se incluyó en las cartas de 1828 y 1833. El procedimiento servía como amenaza al ejecutivo en el siglo XIX, aunque con poco uso efectivo, y permitía realizar ajustes ministeriales para el reparto de poder entre los grupos oligárquicos. Mientras duró, 6 fueron acogidas, pero solo en el contexto de la guerra civil de 1891, que se desencadenó por un bloqueo parlamentario al presupuesto del presidente Balmaceda. La post confrontación dio lugar a la llamada «república parlamentaria«, con frecuentes cambios de gabinete, pero sin destituciones de ministros. Bajo la constitución de 1925, más presidencialista, se produjeron 4 destituciones de ministros hasta el período del presidente Allende, en cuyo gobierno hubo abusivamente 7 en breve tiempo.

En la autoritaria constitución de 1980 se estableció que la destitución se acompañara de una pérdida de derechos cívicos por 5 años para ministros, jueces, generales o almirantes e intendentes, en una figura más grave. Pero ya en mayo de 1994 se produjo el primer intento de ser usado contra los ministros Foxley y Hales, sin éxito, como parte de una lógica de hostigamiento parlamentario. Desde 1990, se han producido 3 destituciones (que afectaron a los ministros de educación Provoste y más tarde Bayer, en una especie de empate, y Chadwick, este último cuando ya estaba fuera del cargo de ministro del Interior y por tanto de su responsabilidad política en la represión inicial de la rebelión de 2019, lo que ilustra lo absurdo del mecanismo, pues para las responsabilidades penales en un Estado de derecho están los tribunales de justicia). Con el paso del tiempo, y dada la situación frecuente de ausencia de mayoría parlamentaria de los presidentes, la amenaza de la proscripción por 5 años lleva a la renuncia de ministros, como ahora en el caso de Giorgio Jackson, no obstante que gozan de su confianza y no han violado en nada la constitución.

El mecanismo de destitución parlamentaria a autoridades del Estado puede tener sentido para una situación de grave crisis, en que por ejemplo la figura presidencial se sitúe de manera manifiesta fuera de la constitución y no respete la separación de poderes y los derechos humanos, o autorice hacerlo a sus subordinados. Estos están en funciones por su decisión y bajo su responsabilidad, por lo que no tiene sentido que el parlamento acuse y destituya a los subordinados propiamente tales. Por eso la figura no existe en Estados Unidos, pero sí la de la destitución del presidente (el impeachment), lo que dada su gravedad nunca ha prosperado, incluso en dos ocasiones contra Trump. Tiene sentido, por su parte, mantener la capacidad del parlamento de destituir a figuras como los jueces o al contralor si tienen conductas de prevaricación o corrupción, pues su permanencia o no en el cargo no depende del poder ejecutivo y no pueden quedar sin la posibilidad de ser removidos. La destitución de ministros y autoridades ejecutivas, en cambio, produce un incentivo para que una mayoría parlamentaria opositora radicalizada no deje gobernar al presidente, hostilizando a sus equipos, además de bloquear su programa de gobierno.

El problema de fondo es la ausencia de correspondencia entre la mayoría parlamentaria y la orientación del gobierno. El sistema político chileno debe sentarse a meditar un rato y constatar que se debe evolucionar hacia un régimen distinto al actual, que a la larga fomenta la inestabilidad y las crisis, como lo sostuvieron décadas atrás Juan Linz, Arturo Valenzuela y otros cientistas políticos (Las crisis del presidencialismo, 1997). Nada de esto forma parte de las discusiones del Consejo Constitucional en funciones, dicho sea de paso.

En Chile, la estabilidad y coherencia del sistema político mejoraría si un primer ministro, nombrado por el presidente, es quien detenta la responsabilidad de gobierno. Si el primer ministro pierde la confianza del parlamento mediante un voto de censura, cae junto a todo el gobierno, con la condición que su destitución se acompañe de su reemplazo por otra figura previamente acordada por una mayoría parlamentaria (que puede corresponder o no a la orientación política del presidente). Si ese acuerdo no existe, el presidente debe convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Este debe ser, como jefe de Estado, el garante de la independencia y la unidad nacional y del funcionamiento regular de las instituciones, siendo además el comandante de las fuerzas armadas y quien representa al país. Debe aprobar las nominaciones de ministros y otros cargos a propuesta del primer ministro, quien es el jefe del gobierno, y ejercer un poder de veto, en ciertas condiciones, a determinadas legislaciones, que en última instancia sean dirimidas mediante plebiscito. Sistemas de este tipo funcionan bastante bien en los países europeos donde no hay monarquías o en grandes democracias como la India. En las monarquías constitucionales, el sistema político es directamente parlamentario.

Lo de la Corte Suprema legislando, del mismo modo que el Tribunal Constitucional legislando, son anomalías que se producen en Chile y deben cesar en un nuevo ordenamiento institucional. Los tribunales no están llamados a legislar, sino a aplicar o hacer aplicar la ley o controlar su constitucionalidad en ciertas condiciones. La tendencia reciente a legislar del poder judicial, sin embargo, deriva del bloqueo parlamentario que genera el sistema político y que judicializa regulaciones como la de los seguros de salud, que les corresponde fijar a los poderes ejecutivo y legislativo elegidos por la ciudadanía.

Si no se aprueba el proyecto del Consejo Constitucional dominado por la extrema derecha, como es probable que ocurra en diciembre próximo, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública -extendido a una reforma constitucional que desde agosto de 2022 solo requiere de 4/7 del parlamento para ser aprobada- podría conferirle al ministro del Interior la condición de Primer Ministro, sujeto a pérdida de confianza parlamentaria, y terminar de ese modo con las acusaciones a ministros particulares que solo alimentan una suerte de guerrilla sin sentido que paraliza la gestión pública. Lo que cabe es establecer un mecanismo de solución racional a las crisis políticas en vez de la parálisis pública.

Cabe también hacer notar que la toma de decisiones económicas por una mayoría de 2/3 del parlamento en 2020 y 2021, con el objeto de autorizar retiros desde los fondos de pensiones bajo la forma de una reforma constitucional, fue un acto de desgobierno económico. Para hacer frente a la explosión del desempleo y la caída de la demanda de 2020, el gobierno debió haber aumentado el déficit fiscal mediante transferencias a las familias que fueron tardías y usado la posibilidad de retiros de fondos acotados desde las cuentas de AFP (como lo hizo en el segundo retiro que patrocinó, y también desde las cuentas del seguro de desempleo), pero en el marco del respeto de la iniciativa legal exclusiva del gobierno en materias fiscales y con un programa financiero ordenado. Si el parlamento no da la confianza al gobierno en su gestión económica, el mecanismo del voto de censura al primer ministro es el que debe funcionar, en vez de un desborde institucional de proporciones que no debe volver a repetirse. Que la expansión del consumo y de la demanda interna que provocaron los retiros no hayan tenido los efectos catastróficos que algunos anunciaron, es harina de otro costal, el del debate macroeconómico. Una política expansiva en una situación que requiera reactivar la economía, o bien abordar la carencia de ingresos de muchas familias en medio de una crisis, no puede ser fruto de un desborde institucional, bajo la ficción de una reforma constitucional, sino de una política económica responsablemente programada por un gobierno que cuenta con una mayoría parlamentaria para realizarlo.

Notas sobre la coyuntura económica en el segundo trimestre

En el blog del Centro de Políticas para el Desarrollo

¿Qué hay del capitalismo?

En La Nueva Mirada 

El presidente Boric provocó un cierto revuelo al afirmar en una entrevista a la BBC que: «el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad. Pero no creo que puedas simplemente derrocarlo si no propones una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente (….) Todos los cambios que perduran en el tiempo deben ser progresivos y deben contar con mayorías sólidas, y tienes que construir esas mayorías sólidas que no son fáciles de construir". El post-capitalismo se puede concebir como la combinación de una a) "economía mixta reforzada" en la que conviven empresas estatales estratégicas, otras de economía social y cooperativa y empresas privadas con fines de lucro pero que operan con mercados desconcentrados y regulados social y ecológicamente y con participación de los trabajadores en formas de democracia económica; b) un "Estado social" que provee bienes públicos y redistribuciones a través de impuestos progresivos y transferencias y c) un "Estado económico" que gestiona de manera contracíclica una demanda suficiente y dinamiza, diversifica y hace sostenible la oferta con un sistema de investigación y desarrollo tecnológico robusto y subsidios selectivos para industrias y servicios nacientes e innovadores.

En efecto, el capitalismo no resuelve bien los problemas sociales si se lo caracteriza, siguiendo las definiciones de Braudel y Wallerstein, como aquel sistema económico que se organiza alrededor de la acumulación ilimitada de capital y la producción por agentes privados concentrados (monopólicos u oligopólicos) que construyen mercados asimétricos para maximizar sus utilidades y que procuran expandirse a todos los ámbitos de satisfacción de necesidades. El capitalismo ha dominado históricamente la producción material cotidiana de tipo familiar y de pequeña escala y también la vida económica organizada mediante intercambios monetarios de mercado con agentes atomizados, pues superpone a estos primeros dos pisos uno de «contramercados» (como los llama Fernand Braudel en «La dinámica del capitalismo«, 1985), que concentra la apropiación del excedente económico con economías de escala y el dominio de las finanzas.

Branko Milanovic, en un muy interesante texto («Capitalism, Alone, The future of the system that rules the world», Harvard University Press, 2019) define el capitalismo como «el sistema donde la mayor parte de la producción es realizada con medios de producción de propiedad privada, el capital contrata trabajo legalmente libre y la coordinación es descentralizada. Adicionalmente, para agregar el requisito de Joseph Schumpeter, la mayor parte de las decisiones de inversión son hechas por compañías privadas o empresarios individuales«. Pero, dada la necesaria conexión con las condiciones institucionales y de poder de los intercambios, hace una distinción muy discutible entre un «capitalismo liberal-meritocrático«, que sería el del Estados Unidos actual, y el «capitalismo político«, que sería el de China y Rusia.

En todo caso, el capitalismo occidental ha mostrado una gran capacidad de hacer crecer la economía desde 1870 (siguiendo a Brad DeLong en «Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century«, Basic Books, 2022), pero no permite estabilizar una sociedad equitativa y sostenible. El capitalismo es la economía privada concentrada y monopolística, que ha perdurado porque, aunque experimenta periódicamente crisis y fluctuaciones, absorbe y/o crea las innovaciones tecnológicas, con frecuencia financiadas por el sector público, y construye economías de escala a nivel global desde hace siglos, en una lógica de centros y periferias. Esto ha permitido a diversas sociedades aumentar sustancialmente la productividad del trabajo, los empleos y los ingresos medios, aunque siempre en condiciones de heterogeneidad de agentes y de resultados económicos que conducen a sociedades duales y fragmentadas.

El capitalismo exhibe, en este sentido, dos grandes problemas sistémicos:

1.Es fuente de inestabilidad permanente. Lo es en primer lugar en la relación laboral, en donde el trabajo es un costo a minimizar y ojalá sea individualmente prescindible en cualquier momento. En términos macroeconómicos, no funciona bien sin el indispensable acople con un «Estado proveedor de bienes públicos» como la seguridad, las infraestructuras y la ciencia, y en parte la educación y la salud (que la economía neoclásica llama «fallas de mercado«), cuya provisión en escala insuficiente lo hace menos dinámico. Tampoco funciona bien sin el acople con un «Estado regulador» que cautele la expansión de la demanda agregada y la estabilidad de la moneda y las finanzas, así como de las condiciones del comercio, la competencia y la provisión de fuerza de trabajo sana y calificada. El capitalismo, cuando no logra la articulación de los aumentos de productividad con los aumentos de ingresos del trabajo, y opera solo con una lógica global desacoplada de las condiciones del consumo, produce inestabilidad macroeconómica, aunque genere de manera cíclica empleos e ingresos. Necesita al menos algunos de los componentes de una economía mixta para proveer estabilidad a su proceso de acumulación, por lo que siempre vive en una tensión con el resto de la sociedad, entre otras cosas por su renuencia a contribuir a financiarlos. Por su parte, el predominio del capitalismo financiarizado produce burbujas de activos y desestabilizaciones y crisis de ámbito global, que lo obliga a convivir con reglas multilaterales que procuran, imperfectamente, asegurar una coherencia básica a la economía mundial en medio de la globalización acelerada del comercio, las inversiones (aunque estas se reorientan en parte a los centros en la actualidad para una mayor autonomía de suministros), las finanzas y las migraciones. La economía mundial capitalista está conformada por centros dominantes tradicionales y otros emergentes (desde el Asia en las últimas décadas), pero siempre con periferias subordinadas a las necesidades de la conformación de las cadenas globales de valor. En ellas las periferias se llevan la peor parte en materia económica, social y ambiental, aunque no están, en la mayoría de los casos, en condiciones de sustraerse a la dinámica del capitalismo financiarizado global.

2) Es inequitativo y concentrador en lo económico, desigual en lo social y depredador en lo ambiental. Por eso su relación con las sociedades, más allá de aceptar en mejor o peor grado los mecanismos de provisión de bienes públicos y de regulación de los mercados de bienes y factores de producción, es siempre conflictiva. Este es el caso de la tendencia a la manipulación del consumidor y la oligopolización de los mercados (ver la contundente caracterización en «La economía de la manipulación«, de los premios Nobel George Akerlof y Robert Schiller, 2016), así como de la transgresión del trabajo decente y de su remuneración justa -con mínimos que la economía puede sostener y con retribución apropiada del aporte del trabajo a la producción- sobre todo en las crisis cíclicas internas o globales (ver «El precariado: una nueva clase social«, de Guy Standing, 2013). Lo propio ocurre en materia de respeto por el medio ambiente y los entornos espaciales en que se desenvuelve la actividad económica. El problema básico del capitalismo es que solo le interesa la maximización del rendimiento del capital, como su nombre lo indica. Esto crea las resistencias sociales y culturales a este sistema y la demanda por transformaciones socializadoras, y no la conspiración de algún grupo con tal o cual ideología. La tensión social que crea el capitalismo ha llevado a la emergencia desde la segunda guerra mundial de los llamados Estados de bienestar en Europa y Estados Unidos, y en parte en el resto del mundo, con distintos resultados, evoluciones y adaptaciones frente a la globalización.

Las alternativas deseables al capitalismo pasan en primer lugar por reforzar y regular los dos primeros pisos de la economía y restringir el tercero. La política económica debe partir por cambiar su indicador de referencia, como sostiene Thomas Piketty: «El producto interior bruto debe ser sustituido por la noción de renta nacional (lo que implica deducir todo el consumo de capital, incluyendo el capital natural), el foco de atención debe estar en cómo se distribuye y no en los promedios, y estos indicadores de renta (indispensables para construir una norma colectiva de justicia) deben complementarse con indicadores ambientales adecuados (en particular en lo que respecta a las emisiones de carbono)«. Y adoptar indicadores no monetarios de bienestar (como la «pobreza multidimensional») para evaluar las brechas sociales y las políticas llamadas a reducirlas.

La transformación productiva de largo plazo requiere de políticas de estímulo de la producción de cercanía y los intercambios de reciprocidad del primer piso material de las sociedades (economía familiar e informal y economía social y solidaria), así como de los intercambios de mercado regulados y no asimétricos de un segundo piso económico (con producción y consumo sostenibles y con diversos agentes descentralizados y estatales) que incorpore el progreso técnico, las economías de escala y la articulación beneficiosa en cadenas globales de suministro de bienes intermedios y finales.

Es posible concebir una sociedad en la que el capitalismo, el tercer piso, deje de ser dominante, pero no reemplazado por decreto mediante la centralización económica en manos del Estado. Esta fórmula termina siendo incompatible con la democracia en beneficio de burocracias dominantes y con una asignación de recursos que no permite suficientemente la innovación y el dinamismo al no contemplar intercambios descentralizados. Una sociedad post-capitalista o parcialmente post-capitalista, parte del capitalismo realmente existente y avanza a nuevas articulaciones económicas e institucionales. Debe basarse en una «economía mixta reforzada«, siempre con empresas autónomas en sus decisiones, pero mejor reguladas social y ambientalmente, con o sin fines de lucro o con fines combinados. Esta «economía mixta reforzada» debe estar en interacción con un «Estado social«, proveedor de redistribuciones equitativas de amplio espectro y de bienes públicos financiados con impuestos a las transacciones, los ingresos y los patrimonios sujetos al principio de progresividad. El «Estado social» está llamado a asegurar, por razones de eficiencia y equidad en el funcionamiento económico, el acceso universal -y ya no solo selectivo según el nivel de ingresos de mercado- a la educación, la atención de salud, la vivienda y el urbanismo sostenibles, así como a sistemas de pensiones y redistribuciones tributarias y transferencias que permitan ingresos básicos universales a lo largo de la vida.

El post-capitalismo requiere, también, de un «Estado económico reforzado«. Este debe ser no solo regulador de los mercados para evitar depredaciones ambientales, abusos de monopolio y de las condiciones del trabajo. Debe asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro y de provisión de moneda y crédito para el financiamiento de largo plazo y el acceso a mercados y a transferencia tecnológica a todo el espectro de empresas. Además, debe proponerse asegurar, regulando las condiciones de trabajo y la demanda agregada, el trabajo decente y el pleno empleo. Su tarea debe ser estimular una innovación tecnológica al servicio de las necesidades humanas junto al apoyo a la resiliencia de los ecosistemas y a la preservación y expansión de los bienes comunes. Debe orientar en el largo plazo la diversificación productiva que distribuya mejor en los territorios las actividades y mejore las condiciones del vínculo con la economía internacional. Esto supone asegurar producciones estratégicas y, por lo tanto, gestionar empresas públicas selectivas, y sistemas amplios de innovación y desarrollo tecnológico.

También debe contemplar la introducción de formas de democracia económica en las empresas maduras, con incidencia de los trabajadores en la orientación y resultados de su actividad y con una fuerte limitación de la herencia de activos económicos, siempre siguiendo a Thomas Piketty.

Así, la alternativa a la privatización y mercantilización general de las actividades económicas y sociales, según postula el neoliberalismo, es el proyecto de transformación socializadora de la economía mediante el gobierno social y ecológico de los mercados. Este tipo de sociedad post-capitalista no tiene que ver con la centralización estatal a ultranza en manos de la dictadura de un partido único o de una dinastía como en Corea del Norte ni el dominio de un grupo sobre un Estado rentista y extractivista que desorganiza la economía y restringe las libertades como en el régimen de Maduro en Venezuela. Esas son caricaturas de los defensores del libre mercado y del capitalismo.

En conclusión, la superación del capitalismo no implica eliminar los mercados, sino restringirlos social y ambientalmente y hacerlos simétricos y competitivos en los ámbitos en que son útiles al incremento del bienestar de la sociedad. Ni tampoco eliminar las empresas con fines de lucro, siempre que estén sujetas a las regulaciones mencionadas, no concentren la economía ni se extiendan a los ámbitos sociales y personales en los que el lucro no debe existir. La finalidad del proceso de desplazamiento del capitalismo es aumentar gradualmente el bienestar equitativo y sostenible de la mayoría social. Pero eso ocurrirá o no según lo vayan determinando y permitiendo los consensos democráticos y las capacidades institucionales de las organizaciones estatales y económicas sin fines de lucro. No se hace por decreto ni de un día para otro.