Por qué el salario mínimo debe aumentarse

 En La Mirada Semanal

Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad del promedio del ingreso imponible de los dependientes que cotizan en AFP. Subirlo a al menos 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica.

Desde el año pasado hay que fijarse tanto en el valor del Ingreso Mínimo Mensual (denominación oficial del salario mínimo) como en el Ingreso Mínimo Garantizado (del trabajo, habría que agregar). El salario mínimo bruto se sitúa en 326,5 mil pesos, suplementado por 40 mil pesos de subsidio fiscal para llevarlo al ingreso garantizado de 300 mil pesos líquidos. Este subsidio se dirige a los trabajadores dependientes con jornada superior a 30 horas con un salario de menos de 394 mil pesos mil brutos. Esta fue una de las respuestas de política del actual gobierno a la rebelión social de fines de 2019. Se basa en el postulado que el ingreso laboral mínimo deseable debe ser de cargo de la colectividad y no de cargo de las empresas (una idea desarrollada por el premio Nobel de economía Edmund Phelps). Las empresas disminuirían en toda circunstancia su demanda por empleo con un salario mínimo que aumenta.

El subsidio tiene la virtud de aumentar el ingreso mínimo del trabajo, pero tiene dos problemas. El primero es que si los impuestos son regresivos, como es el caso en Chile por el peso del IVA y otros impuestos indirectos, las personas que son más pobres pagan al consumir proporcionalmente más que los de más altos ingresos aquella parte del salario de los trabajadores menos remunerados que ahora es subsidiada, incluso en el caso de las empresas que generan altas utilidades para sus dueños. El segundo problema es que esto incentiva a las empresas a no aumentar sus salarios a los trabajadores peor pagados cuando necesitan retenerlos, lo que ahora en parte ha devenido en tarea del Estado.

En esta lógica, el gobierno propuso esta semana un Ingreso Mínimo Mensual a pagar por las empresas que pase de los actuales 326,5 mil a 337 mil pesos brutos y subir el subsidio adicional a 50 mil pesos, por lo que el mínimo líquido subiría a 314,5 mil pesos. Esto fue rechazado en la Cámara de Diputados.

En 2019, cerca de 6% de los asalariados ganaba el salario mínimo. A su vez, el ingreso imponible promedio del trabajo dependiente que cotiza en AFP fue en marzo de 2021 de 877 mil pesos. Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad de ese promedio. Subirlo, al menos, a 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica. Incentivar el trabajo de mujeres y jóvenes se puede hacer fortaleciendo los subsidios respectivos al empleo. A su vez, a futuro el subsidio asociado al trabajo debiera otorgarse por la vía de la Asignación Familiar, hoy muy baja, para remunerar el trabajo doméstico (el o la cónyuge como “carga familiar”, en un lenguaje que no es muy feliz) y el cuidado de los menores (la asignación familiar por hijo también como “carga familiar”), socializando por esta vía una parte de la remuneración del trabajo en el contexto de una reforma tributaria progresiva.

El enfoque ortodoxo de la derecha siempre se ha opuesto a aumentar el salario mínimo. Aplica de manera simplista las curvas de oferta y demanda: a mayor precio (en esto caso el salario como precio del uso de fuerza de trabajo), se produciría una menor demanda de trabajo por parte de las empresas. Desde Keynes este razonamiento es cuestionado pues no considera, en términos macroeconómicos, el efecto depresivo de salarios bajos en la demanda efectiva. Un salario más alto aumenta las ventas y las utilidades potenciales de las empresas que venden bienes a los asalariados y sus familias. En un modelo dominado por los intereses de los exportadores, la tendencia es a deprimir el salario mínimo aún más. Esto fue llevado al paroxismo hasta 1990, cuando bajo el imperio dictatorial de los Chicago Boys el salario mínimo llegó a ser extremadamente bajo. En contraste, el aumento del salario mínimo bajo Alejandro Foxley y Eduardo Aninat no produjo un efecto significativo en el empleo, como se criticó en la época.

La literatura económica contemporánea, desde Card y Krueger en 1995 y los estudios comparativos entre los estados federados en Estados Unidos que aumentan o mantienen salarios mínimos bajos (“experimentos naturales”), concluyen que el efecto es bajo o inexistente. Basada en esta evidencia, la administración Biden se propone aumentar sustancialmente el salario mínimo, lo que también debiera ocurrir en Chile. El premio Nobel de economía(2008) Paul Krugman declaró este 2021 que la lección de esta evidencia es que salvo que los salarios mínimos sean elevados de manera exagerada, “subir el mínimo no va a tener efectos negativos mayores en el empleo, pero tendrá beneficios significativos en términos de ingresos mayores y reducción de la pobreza”. Una economía que expanda la demanda de consumo de los hogares y aumente progresivamente el salario mínimo con las metas mencionadas, tendrá en las actuales circunstancias la capacidad de contribuir a cerrar la brecha de empleo existente antes que a aumentarla y a remunerar mejor los empleos peor pagados.

Chile necesita ser gobernado

En La Tercera Digital 

El actual gobierno fracasó en lograr los avances que la sociedad chilena necesita -en especial un régimen de mayor protección social y una diversificación productiva basada en el conocimiento- por una razón bastante simple: nunca se propuso hacerlo. Al no tener, además, una mayoría parlamentaria que le permitiera llevar a cabo su política liberal (como revertir la tímida reforma tributaria de 2014 y desregular más el mercado de trabajo), terminó sin capacidad de actuar de acuerdo a su propia orientación. Y le estalló una rebelión social de gran magnitud que se venía incubando desde larga data, la que terminó con las instituciones de la transición y su lógica contra-mayoritaria. Tampoco ayudó al actual gobierno su gestión deficiente de la pandemia de Covid-19.

El gobierno que le precedió, por su parte, no logró avanzar lo suficiente en los campos mencionados, a pesar del programa reformador de la Presidenta Bachelet. Una parte de su coalición se lo impidió y boicoteó un plan de reformas muy razonables por una razón bastante simple: no lo compartía. Todo esto amplificó el descrédito de las opciones políticas tradicionales y generó una creciente falta de capacidad de gobernar y de mantener una integración social básica para canalizar la convivencia colectiva por cauces pacíficos.

El próximo período será inevitablemente de cambios. Estos serán institucionales, ya consagrados por el proceso de formulación de una nueva Constitución, en el que la derecha fracasó en mantener su poder de veto sobre la mayoría. Y también será de cambios del orden económico-social, pues la sociedad ya no parece estar dispuesta a tolerar los actuales niveles de desigualdad. Esos procesos requieren ser gobernados. No podrán serlo adecuadamente, a partir de marzo próximo, si se vuelve a tener gobiernos sin mayoría parlamentaria o de composición incoherente. En este sentido, es posible que el esquema de primarias ya definido contribuya a clarificar las opciones ante la ciudadanía, con una primaria de la derecha tradicional y otra de la izquierda del cambio social (Frente Amplio, regionalistas y comunistas), mientras las fuerzas moderadas de centroizquierda presentarán una o varias opciones a la primera vuelta. Hacia el final de año, la izquierda y la centroizquierda deberán pactar un programa de gobierno para cuatro años, ya sea que se incorporen o no al nuevo gobierno, bajo el supuesto bastante plausible que la derecha no remontará su actual caudal electoral.

La ciudadanía dirá quién será el nuevo Presidente (a), probablemente en un esquema que requerirá la conformación de una mayoría parlamentaria con disciplina y que nombre a un jefe de gobierno y lo acompañe en su gestión. En paralelo, lo más probable es que se realicen cambios constitucionales que refuercen el carácter social de la propiedad privada (en la línea de “la propiedad obliga” de la Constitución alemana) y la limitación de la libre iniciativa económica por el interés general. ¿Espera a Chile algún chavismo o emulación de la revolución cubana? Cualquier persona que revise los propósitos de las fuerzas políticas principales en Chile sabe que eso no será así, incluso en el evento que gane la elección la fórmula de la izquierda que se propone transformaciones sustanciales del orden existente.

Lo que sí ocurrirá probablemente es que el nuevo orden público económico desarrollará diversas formas de democracia económica. En una democracia económica los agentes productivos son plurales y actúan sujetos a normas públicas y regulaciones democráticamente establecidas, evaluadas y controladas. El subsuelo, el mar, el agua, el espectro radioeléctrico son bienes públicos y su uso puede ser estatal o concesionado temporalmente en condiciones de respeto del interés público. La asignación de recursos combina modalidades centralizadas y descentralizadas con precios de mercado y con precios regulados (salarios mínimos, tasas de interés, rangos de tipo de cambio, tarifas de monopolios naturales). Es una alternativa a la economía de libre mercado en la cual la actividad de producción y satisfacción de necesidades está orientada a la maximización de la rentabilidad del capital y a su acumulación ilimitada, independientemente de sus resultados sociales, distributivos y ambientales.

En los próximos cuatro años se avanzará probablemente a una recaudación tributaria que se aproxime al promedio de los países de la OCDE (34%) desde el nivel actual (21%) para que la protección social pueda aumentar después de los estragos de la pandemia y se disminuya la desigualdad de ingresos. Esta recaudación será, dadas las propuestas existentes, predominantemente progresiva (las personas de mayores ingresos o activos deberán pagar proporcionalmente más que las de menos ingresos o activos). Probablemente se acompañará de una negociación colectiva efectiva de las condiciones laborales. Una regalía a las exportaciones mineras permitirá generar los recursos para una diversificación productiva progresiva que encamine a Chile hacia una mayor capacidad industrial, un mayor dinamismo en la generación de empleos creativos y equitativamente remunerados, en procesos de producción circulares y descarbonizados. Las tarifas de los servicios básicos deberán reflejar su costo y deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad y extensión de la prestación a los usuarios.

El empresariado reacio a estos cambios debiera recordar que diversos países con modelos de este tipo se encuentran entre los de mayor PIB por habitante y calidad de vida. Y recordar lo que pasó con el plan de reformas y de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet: ayudaron a echarlo abajo y hoy muchos lo echan de menos. No deben dejar de considerar que, en medio de convulsiones y dificultades, la sociedad chilena ha ido buscando una salida civilizada a sus dilemas y cuenta con fuerzas transformadoras racionales. Los que desconfían de todo cambio debieran asumir que el país entró en una etapa distinta, la que no los amenaza como ciudadanos ni les impedirá seguir postulando su modelo de sociedad en condiciones democráticas, en las que manda la mayoría respetando a las minorías. Más aún, en su mejor interés, debieran contribuir al buen desarrollo de una nueva gobernanza democrática.

El derrumbe del poder de veto de la derecha

En La Mirada Semanal

El pueblo se ha pronunciado, en medio de la pandemia, con una participación de 43,3% (a comparar con el 50,9% en el plebiscito de octubre pasado). Los votantes fueron sabios para impedir un nuevo bloqueo institucional por parte de la representación política de una oligarquía dominante, la derecha. Evitando confrontaciones mayores, resultado de la persistencia del veto de los representantes del 10% más rico sobre la mayoría de la sociedad.

En la nueva etapa constituyente, se hará posible que la derecha no vete las nuevas normas. La derecha tuvo que aceptar el término de la dictadura militar, pero hizo todo lo posible, con un éxito prolongado mediante distintos mecanismos desde 1990, por mantener un poder de veto sobre la voluntad mayoritaria. Este persistió luego de la importante reforma de 2005, que al menos eliminó a los senadores designados y los enclaves militares. La eliminación del sistema electoral binominal se produjo recién en 2015 (se aplicó el sistema proporcional por primera vez en 2018), pero persisten hasta el día de hoy los altos quórum de aprobación de leyes claves y de reformas a la constitución, junto a un Tribunal Constitucional de cerrojo final de las voluntades mayoritarias expresadas en el parlamento.

Ahora la derecha fue castigada nuevamente, después de lo ocurrido en el plebiscito constitucional de octubre de 2020. No llegó al tercio en la Convención Constitucional, no eligió en primera vuelta ningún/a gobernador/a y elegirá a lo mejor a uno en segunda vuelta, mientras pierde comunas como Santiago, Maipú, Estación Central, Nuñoa, Viña del Mar, Temuco o Valdivia, a pesar de la dispersión opositora. No logró superar el voto por el rechazo que se manifestó en el plebiscito.

Por su parte, también fue castigada la Lista del Apruebo (ex concertación más PRO y Liberales), que sumó solo un 14,5% de los votos. Se derrumbaron en la elección de convencionales partidos de centro como la DC (elige 2 con un 3,7% de los votos), el PPD (elige 3 con un 2,6%) y el PR (elige 1 con 1,2%), mientras al PS le va mejor pero con pocos votos(elige 15 con solo 4,8%). El PRO se queda con 0,6% de los votos.

El Frente Amplio (elige 16, con 6,3%), el PC (elige 7 con 4,9%) y el FREVS (elige 4, con 1,8%) mantuvieron básicamente sus proporciones parlamentarias previas (sumando el 18,7%). Junto a los independientes que están por los cambios estructurales, están llamadas a unificarse, aunque eso demore todavía en ocurrir.

El PH de Pamela Jiles, por otro lado, sacó el 0,5% de los votos, a pesar de toda la farandulización post- moderna de la política que promovió con amplia notoriedad. La presencia de una amplia representación de independientes de izquierda radical tiene un significado histórico, porque asegura la presencia de sensibilidades emanadas directamente de la rebelión social de 2019, canalizándolas a un momento constituyente efectivo.

El resultado en concejales, no obstante, es bastante distinto que en convencionales. Los votos por los independientes fuera de listas de partidos fueron marginales en las municipales (1,5%) y muy significativos para la Convención (40,7%). La derecha llega en concejales a un tercio de los votantes, en vez del 20,6% en convencionales. La ex Concertación aumenta los suyos del 14,5% al 34,2%: el PS pasa del 4,8% al 8,7%, la DC del 3,7% al 11,5%, el PPD del 2,6% al 6,6% y el PR del 1,2% al 6,7%. El PC pasa del 5,0% al 9,2%. El FREVS casi duplica su porcentaje, llegando a 3,3%, y el PH lo multiplica por cinco, llegando a 2,5%.

Lo descrito refleja que el voto local está más apegado a las redes partidarias preexistentes y confía más en los representantes de partidos o asociados a ellos. El Frente Amplio, en cambio, pasa de 10,8% a 8,6%, por su implantación territorial más reciente e incompleta y con una caída respecto al 16,5% de la elección parlamentaria de 2017 por las escisiones que ha sufrido. En las municipales, el primer partido es RN, seguido de la DC, la UDI y el PC, seguido más atrás por el PS y los partidos del FA sumados. Luego vienen radicales y PPD.

En alcaldes, la derecha juntó 22,8%, la exconcertación suma 25,9% y las postulaciones variadas del FA, PC, regionalistas y ecologistas suman un 16,4%, mientras se eligen 100 alcaldes independientes, como una nueva expresión de rechazo a los partidos políticos constituidos y su fragmentación actual.

Más allá de todas estas variadas cifras, el voto a la Convención Constitucional expresó una opción más directamente política sobre el largo plazo en el país y un castigo a los partidos políticos nacionales y sus dirigencias. Esto se expresó en la alta votación a independientes, pero que son predominantemente de izquierda (no se conocen casos de convencionales independientes electos que sean de derecha) y sin trayectoria visible previa, junto a algunas figuras, pero solo en el margen, de los medios de comunicación.

Ahora lo que sigue es que el 18 de julio deberán realizarse las primarias. Deberá construirse un sólido compromiso previo de apoyo mutuo en la segunda vuelta presidencial de diciembre y sentar las bases de un gobierno coherentemente progresista y de transformación incluyente para una nueva etapa en la vida del país, a la altura de lo expresado por el pueblo en las urnas y previamente en las calles.

Pero por el momento, los vuelcos de última hora a la inscripción de las primarias revelaron que se está lejos de las conductas racionales como las mencionadas. Se siguió con bailes de máscaras como método político que terminaron en un desastre. En vez de reconocer diferencias entre la autodenominada centroizquierda (la DC y el PPD señalaron incluso hace poco que no votarían en segunda vuelta por ningún motivo por los candidatos del PC y el FA) y un bloque más radical en su voluntad de cambio liderado por Jadue y Boric, las que se pueden procesar y dirimir con el método democrático que permitiría pasar de múltiples candidatos a dos en primera vuelta y uno/a en segunda. Este sería un arbitraje por etapas en las urnas de quienes no adscriben a la derecha. Algo así ocurrirá, pero en el desorden y la dispersión – sin que se sepa qué hará el fisurado bloque de centroizquierda, que se quedó sin primarias – y en un clima de recriminaciones. Si prima la responsabilidad política, habrá de reemplazarse con paciencia por un debate constructivo sobre opciones programáticas como único camino para concretar el deber de construir una alternativa de gobierno a la derecha que, además, acompañe el histórico cambio constitucional.

El voto por convicción

 En La Mirada Semanal

Existe el voto emocional volátil, el voto identitario, el voto por abstención. Pero también existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Este voto es más importante de lo que creen los cultores del marketing político porque difunde sentidos en la sociedad. Frente a la dispersión actual, después del 15 y 16 de mayo la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora probablemente no hará sino acrecentarse.

Después del fin de la larga era de la transición postdictadura y de sus restricciones y decepciones, especialmente para las nuevas generaciones, hemos entrado de lleno a la etapa de la construcción de un nuevo orden político en Chile. Este proceso -en el que ha quedado además establecido que cuando la derecha gobierna los problemas de la mayoría se agravan, incluyendo los de seguridad cotidiana- eventualmente desembocará en transformaciones en el orden económico y social. Esto pone en máxima tensión las luchas de intereses en este plano, especialmente cuando parte de aquellos intereses que son propios de la oligarquía económica dominante están en disputa abierta. Pensemos en las propuestas que adquieren una fuerza creciente en materia de royalty minero, impuesto a los super ricos, fin a las AFP y reformas de salud y educacionales orientadas a restringir el rol del mercado en las políticas sociales. 

Ahora que nos toca votar para conformar los municipios y elegir por primera vez al gobernador regional (ex Intendente) y a delegados para la Convención Constitucional, cabe recordar que hay distintos tipos de votos. 

El primero, sobre el que se puede ironizar a partir del gran humorista norteamericano Groucho Marx (1890-1977), al que se atribuye haber dicho “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”, es el voto fluctuante y emocional. Este funciona por simpatía más o menos circunstancial hacia personas, las que no se privan de buscar halagar los impulsos positivos o negativos de los que sufragan. En eso está convertida buena parte de la política hoy.  El más reciente ejemplo es el de sumarse sin rubor, luego del asesinato de un niño, a una natural indignación y promover reinstaurar la pena de muerte para ganar votos, aunque eso no sea posible por los compromisos internacionales asumidos por Chile.  Existe, por contraste, un voto identitario y estable por partidos a los que se adhiere, a veces incluso por transmisión familiar, aunque ese voto es menos frecuente hoy, especialmente cuando los partidos políticos se han vuelto esencialmente pragmáticos y circunscritos a la promoción de los intereses de sus miembros, lo que provoca, además, frecuentes divisiones y fragmentaciones. Por otro lado, está el caso más frecuente, el del voto por abstención, basado en el rechazo ideológico o emocional a la representación, y que tiene como consecuencia dejar que los demás decidan.  

También existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Ese voto es visto como uno que no tendría importancia cuantitativa desde el “marketing político”, lo que es una equivocación sociológica: ninguna sociedad funciona sin representaciones y sentidos. El voto por convicción tiene importancia cualitativa y termina por influir, de manera más o menos extendida según los casos, en el propio voto emocional mayoritario, dado el contexto de las interacciones que son propias de los procesos electorales, por confusas que puedan llegar a ser (y hoy lo son abundantemente) esas interacciones.

Se puede pensar que el sábado 15 y el domingo 16 de mayo se reforzará o disgregará aún más la representación del mundo del trabajo y de la cultura cuya visión de mundo está anclada en los valores de igualdad de oportunidades y derechos y de la libertad real, es decir una libertad que sea accesible para todos/as porque se crean las condiciones materiales que lo permitan. Esa es más o menos la visión de mundo de la izquierda, que sostiene que las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no deben entenderse como un hecho natural ('siempre ha habido pobres y ricos') sino fruto de una construcción social histórica modificable por la acción política. El eje izquierda/derecha es el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es un campeón mundial de la desigualdad, pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Negar ese clivaje es una manera de intentar evitar el debate sobre cuestiones cruciales de la sociedad y es una de las más exitosas estrategias del modelo neoliberal: relativizar lo ideológico y reducir todo al sentido común cotidiano y a las emociones. En ese eje también se inscriben las grandes batallas de la modernidad para alcanzar una vida autodeterminada, no sujeta a discriminaciones arbitrarias que limiten la libertad personal, con una dimensión civilizatoria central: la emancipación de la mujer del patriarcado.

Es posible que salgan fortalecidas después del 15 y 16 de mayo las expresiones plurales de una izquierda moderna que se haga cargo de disminuir la desigualdad mediante más reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales, con servicios públicos universales y un Estado fuerte para poder redistribuir recursos que provengan de una economía dinámica que no suprime el mercado pero si lo orienta hacia el interés mayoritario mediante políticas y regulaciones. Y que lo enmarca en una inserción internacional industrializadora y sostenible en una economía mixta. 

Lo que se parezca a una izquierda moderna de ese tipo también deberá asumir las otras dimensiones en debate en la sociedad chilena: la ampliación de las libertades individuales (con respeto de las minorías sexuales, aborto, diversidad cultural, libertad de pensamiento y expresión, laicidad del Estado) en contra del autoritarismo conservador, así como la defensa de los ecosistemas contra el productivismo irresponsable con las nuevas generaciones y la preservación de la biodiversidad, lo que supondrá en el futuro crecer en ciertas cosas y decrecer en otras. Y honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.  

Se trata de la tarea histórica de la izquierda contra la desigualdad y por la consagración de derechos universales junto a la tarea histórica de la modernidad en favor de emancipar la condición humana y terminar con el patriarcado. Y siempre considerando que la democracia es el marco irrenunciable de la acción política de transformación y que su vocación es convencer poniendo por delante convicciones y proyectos antes que solo vencer en una elección, manipulando circunstancialmente las emociones de las personas. De salir fortalecidas las expresiones que asumen este tipo de causas, la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora no hará sino acrecentarse.

Nuevas medidas de un gobierno que improvisa

En La Mirada Semanal 

La pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. La economía ha vuelto a caer. Pero el gobierno insiste en tratar de salvar dos de los pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y la entrega cuasi  gratuita de la renta obtenida de la explotación privada de recursos mineros que pertenecen al país. 

Para sobrevivir hasta marzo próximo, y después del rechazo del Tribunal Constitucional a su intento de parálisis de un tercer retiro de ahorros de los fondos de pensiones, el gobierno se ha instalado en la improvisación. Entre tanto, la pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. Como consecuencia, la economía ha vuelto a caer, aunque en la semana la noticia se presentó como una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica de un 6,4% en marzo al compararse con el mismo mes del año pasado, cuando la economía empezaba a caer. En lo que hay que fijarse es en la evolución respecto al mes previo despejada de efectos estacionales. Ahí, el panorama es otro: el Imacec disminuyó en -1,6% respecto al mes precedente.  A esto se agrega la caída del empleo en -0,2% en el registro del primer trimestre respecto al trimestre móvil anterior. Frente a esta situación, el gobierno ha tomado día a día una serie de medidas cuya coherencia no se observa con claridad, mientras ha ofrecido un diálogo a la oposición. 

El ministro del Trabajo Melero anunció el 1º de mayo la creación de un nuevo subsidio para "impulsar la formalización del trabajo y garantizar el acceso a la seguridad social como salud y seguro de cesantía". El subsidio al empleo que se paga a las empresas desde fines de 2020, dotado de dos mil millones de dólares para 1,2 millones de personas, parece no haber ido mucho más allá de 500 mil personas, mientras por construcción favorece a las utilidades de las empresas. Tal vez por ello el gobierno ahora declara que, a diferencia de los subsidios ya existentes, este va "al trabajador: es él quien postula y quien lo recibe" y se entregará por seis meses a los trabajadores que hayan iniciado una relación laboral a partir del 1 de abril de este año y cuya renta no supere tres ingresos mínimos, es decir, alrededor de $980 mil. El costo fiscal será de US$248 millones y tendrá una cobertura potencial de 500 mil trabajadores y trabajadoras. Se trata de un suplemento de ingresos para quien consigue trabajo, lo que es bastante curioso, dado que los que no lo consiguen o están en cuarentena parecen ser una prioridad más evidente. Seguramente está detrás la visión empresarial de que habría una "escasez de mano de obra por los subsidios estatales que incitan a las personas a quedarse en la casa". Entonces, con este subsidio se incitaría a que los cesantes busquen trabajo. Es un caso más del prejuicio neoliberal sobre la conducta de los trabajadores. Tal vez el único beneficio de la medida es que formalizará empleos ya existentes. En buena hora. Pero la contracara es constatar otra vez que al parecer en Chile la obligación de cumplir la ley solo se hace efectiva si se paga por ella.

Además de ofrecer una especie de universalización del IFE en respuesta a la idea opositora de un ingreso universal transitorio y de terminar con parte de las exenciones tributarias, el gobierno se ha reafirmado en tratar de salvar dos pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y cobrar muy poco por la renta de explotación minera privada. 

En el primer caso, ha obtenido increíblemente el apoyo unánime de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para un proyecto que otorga un bono de $200 mil de cargo fiscal a quienes hayan quedado con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual debido a los retiros del 10% (3.201.289 personas). El proyecto de ley establece, asimismo, una cotización adicional mensual de 1% de la remuneración imponible de cargo del empleador o del trabajador independiente. Esta cotización adicional debería realizarse a partir del primero de enero del año 2022. Además, se crearía una bonificación fiscal para los afiliados del sistema privado de pensiones de un 1% de cotización adicional por cada cotización que efectúen a su cuenta de capitalización individual, con un tope de 0,3 Unidades de Fomento.

Resulta insólito que esta operación de salvataje de las AFP- las que recibirán de aquí a un futuro indeterminado del orden de un 15% de los montos transferidos por el Estado por comisiones, las que se cobran por flujo y no por el monto acumulado- reciba votos de la oposición. El costo de los 200 mil por una vez será de 890 millones de dólares. El costo anual potencial de la bonificación del 1% adicional será de 640 millones de dólares en 2022. Dicho sea de paso, las AFP ya cobraron su comisión por los fondos recientemente retirados en el momento en que se depositaron originalmente. Por eso no se oponen a los retiros. Y todo reintegro, como el planteado por el gobierno, daría lugar a un nuevo cobro. ¿Por qué estos recursos no se entregan directamente a los pensionados al momento de jubilarse, sin pasar por las AFP? 

El gobierno que se inicie en marzo de 2022 -salvo que sea otro gobierno de derecha, lo que es perfectamente posible tal como están las cosas en la oposición- deberá proponer una reforma con sentido. Esta deberá incluir una pensión básica solidaria más amplia y cotizaciones que financien derechos de jubilación adquiridos en el trabajo durante la vida activa, es decir un sistema con un mínimo universal decente a partir de los 65 años (del orden del actual salario mínimo de 300 mil pesos), más una pensión contributiva que refleje lo trabajado y que compense el trabajo no remunerado de las mujeres. Y sin AFP, salvo como opción voluntaria de los que quieran ahorrar adicionalmente. 

En paralelo, el gobierno se ha empeñado en hacer campaña contra el royalty (regalía, en castellano) que deberá terminar de ser votado por la Cámara de Diputados. Según el ministro de Minería Jobet, el royalty a las ventas de cobre y litio que plantea el proyecto de ley de la oposición sería de 82% sobre las utilidades de las mineras privadas. Aunque la cifra no es la correcta, un 18% de utilidad por extraer un recurso que no les pertenece no estaría, en todo caso, nada de mal. El hecho es que el cálculo del gobierno suma el actual Impuesto Específico a la Minería, que sería sustituido por el proyecto en discusión, y no considera el pago del royalty como gasto para efectos del impuesto a la renta. Cuando esas dimensiones se incluyen, y considerando el caso de la minera Escondida y los costos que ha publicitado, la tasa sobre utilidades con el nuevo royalty que se discute el jueves en la sala de la Cámara de Diputados sería de 42% si el precio es de 280 centavos la libra de cobre o de 56% si es de 450 centavos la libra.

Con las utilidades después de impuestos que permanecerían después de la aplicación del royalty ningún inversionista con dos dedos de frente dejaría de invertir en Chile. Pero para Diego Hernández, de la SONAMI, "si se aplica tal como está aprobado afectará a toda la industria minera, lo que en la práctica significa una decisión de no tener más minería en Chile”. Los representantes del gran empresariado presente en Chile -en este caso capitales transnacionales- no parecen tener sentido del ridículo.

Recordemos que hoy el precio del cobre está en 453 centavos de dólar la libra, en circunstancias que las inversiones están calculadas con un precio inferior a 300. Esa diferencia debe ir en una proporción principal al dueño del recurso, la ciudadanía chilena, y no a quienes obtuvieron una concesión del Estado para explotarlo. El royalty sobre margen de explotación que a duras penas -con la oposición tenaz de la derecha- se logró establecer a partir de 2005, apenas captura una baja proporción de la renta minera que pertenece a la Nación. Por eso es tan importante que sea aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Y por eso es tan importante que la derecha no obtenga un tercio de bloqueo en la Convención Constituyente para que el país recupere de manos de la oligarquía económica su soberanía en la determinación de sus políticas y en la protección del interés nacional.