¿Independencias?

En La Mirada Semanal

Está de moda en la sociedad chilena declararse independiente o por encima de la izquierda y la derecha. Cabe reiterar, no obstante, lo dicho en otras ocasiones (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../en-defensa-de-la...): está claro que la derecha existe. En Chile esta corriente política nos gobierna, sin ir más lejos, representando directamente los intereses de la oligarquía económica, y también existe en el mundo, con los Trump y Bolsonaro, para los que tengan dudas. Entonces, la categoría política de derecha parece estar muy vigente. 

Se puede estar o no interesado en política (local, nacional o internacional). Es legítimo que así sea. Si se está interesado, existe un espectro de posiciones sobre los problemas públicos a los que se puede adherir o no (militar en algún partido político es harina de otro costal), es decir en materia de legitimidad, organización y fines del poder. Tradicionalmente, este espectro va de la derecha a la izquierda pasando por el centro y sus respectivas variantes, aunque esa clasificación ha sido siempre objeto de controversias. Pero mantiene su pertinencia básica, mejor que la de conservadores, liberales y populistas y otras más. Desde luego es posible situarse en distintos temas en unas u otras ubicaciones en el espectro de ideas. Es legítimo, aunque pudiera no ser muy coherente. Todo esto es parte de la diversidad de cada sociedad y de las aproximaciones plurales a su interpretación. Más allá de las diversas clasificaciones posibles, la izquierda es indispensable en esa diversidad como contraposición necesaria a la derecha realmente existente.

El problema es que parte de la izquierda institucional, de larga tradición en Chile, dejó de cumplir su función: representar los intereses de la mayoría social y confrontarse -con los medios de la democracia, que es su espacio natural de desarrollo- con los de la oligarquía económica para evitar que el sistema político devenga en plutocracia, como en muchos sentidos es hoy el nuestro, es decir el gobierno de los ricos, concepto que se remonta al griego Jenofonte hace 25 siglos, lo que indica que el problema no es demasiado nuevo. 

Recordemos, además, que la política tiene algunas dimensiones de consenso -especialmente en las reglas del juego lo más civilizadas y justas que sea posible y que ojalá sean compartidas por todos- pero es en esencia lucha de ideas e intereses contradictorios. En efecto, la sociedad está cruzada por intereses sociales y económicos contrapuestos, no sumables (es lo que en la rama de las matemáticas llamada teoría de juegos se denomina "juegos de suma cero", situaciones en las que lo que unos ganan otros lo pierden, contrariamente a los juegos cooperativos de suma positiva, que también existen en la sociedad moderna pero son desgraciadamente bastante menos frecuentes). Hay quienes piensan que esas contraposiciones no existen o son cada vez menos intensas, sin adelantar la menor evidencia. En realidad, las más de la veces se acomodan a los intereses dominantes o se repliegan a una acción política dedicada a la ocupación de espacios burocráticos en las instituciones. 

Y otros, siguiendo esos pasos, se declaran independientes de toda ubicación en el espectro político (distintos son los no militantes de partidos pero que se reconocen en una posición política), probablemente porque prefieren mantener una identidad líquida que no los comprometa. El problema es que no se entiende bien qué acción política fecunda podría surgir de la indefinición o de la navegación día a día entre los problemas públicas, mientras su continuidad desaparece con el individuo independiente, que nunca será eterno, en circunstancias que las sociedades se construyen por largas acumulaciones institucionales y culturales que moldean ideas y canalizan intereses. 

Otros, legítimamente, se definen como de centro, y viven la tensión de oscilar entre los intereses de unos y otros de los componentes principales de la sociedad y, en ocasiones, pierden su credibilidad en el ejercicio. Por ejemplo, no se avizora mucho con qué credibilidad abordará una candidata presidencial de centro la reforma previsional y el rol de las AFP luego de haber sido entre 2006 y 2010 miembro del directorio de una de las principales AFP, inmediatamente después de haber ocupado el cargo de Superintendenta de Seguridad Social, o el tema de la indispensable separación de los intereses públicos y de los intereses privados. O como lo hará la candidata presidencial del principal partido de izquierda, que ha sostenido que no considera que esa sea ya una categoría pertinente y que lo importante es abordar los problemas concretos. 

Los problemas y reclamos de las mayorías económicamente subordinadas y de los grupos discriminados de diversa índole requieren de una representación política consistente, aunque siempre será plural dada la diversidad sociológica y cultural de esas mayorías y grupos. Esta representación solo será eficaz si se inserta en algún tipo de proyecto político de largo plazo que exprese una coalición de intereses sociales a ser defendidos contra los intereses de la oligarquía económica y su representación política, la derecha.

En este sentido, la valorización de la acción individual "independiente" por sobre la acción colectiva en la esfera pública a la que asistimos en estos tiempos es un signo preocupante frente al hecho que la derecha sí tiene un proyecto histórico colectivo: el que consiste en que la minoría de propietarios que representa conserve la apropiación de los recursos naturales y de la actividad económica rentable en nombre de la eficiencia y de la supuestamente necesaria remuneración sin límite del capital privado invertido. Olvida interesadamente que el origen de ese capital  es muchas veces poco legítimo (¿qué legitimidad tiene la herencia de grandes fortunas, por ejemplo? ¿qué eficiencia económica retribuye?) y que para reproducirse ha requerido de bienes públicos que hacen posible su acumulación privada, como las infraestructuras legales y productivas y la acción pública en educación y salud, así como del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres que hace posible la existencia de una fuerza de trabajo disponible para las empresas. 

Esta apropiación privada concentrada permite a una minoría con poder hacerse de la mayor parte del valor económico que proviene del uso solo parcialmente remunerado de bienes naturales y del trabajo asalariado y no asalariado, con frecuencia otorgando, además, una influencia indebida al capital transnacional. Para ello requiere controlar el Estado y el monopolio del uso legal de la coerción, con el fin de garantizar esa apropiación, mantener a raya a los trabajadores y sus organizaciones y contener los movimientos sociales. Y, de paso, obtener el menor cobro posible de impuestos sobre sus recursos. Además, pugna para que el gasto social sea lo más bajo y focalizado que se pueda. 

Y lo más grave: recurre, en caso de problemas, a la violencia y a la dictadura o en el mejor de los casos a una democracia tutelada para mantener su dominio sobre la sociedad. Esa es la esencia de la derecha en Chile, aunque se recubra de ideas liberales respecto a la no interferencia del Estado sobre los individuos y la limitación de la soberanía popular en nombre de esa no interferencia, con el frecuente límite de sus valores conservadores en materia de prohibición de libertades personales (laicidad, divorcio, aborto y un largo etcétera). Estos valores, por lo demás, junto a la aspiración individualista -frecuentemente ilusoria- de movilidad social, le proveen clientelas electorales más allá de sus filas y sus intereses minoritarios.

¿Como llamar, por su parte, a aquellas fuerzas políticas que se proponen construir una democracia social y económica que ponga los frutos de la naturaleza al servicio de todos, protegiéndola de la depredación y dándole un trato de bien común? ¿Como llamar a aquellas fuerzas políticas que pugnan por una retribución justa del trabajo y por el cobro de tributos -de preferencia a los sectores de más altos ingresos y riqueza y a las rentas de situación- para proveer bienes públicos, ingresos básicos y protección universal frente a los riesgos? ¿Y que postulan que es necesario transitar en el mediano y largo plazo del capitalismo hacia una economía mixta -el camino de la estatización y centralización generalizada demostró ser contrario a las libertades individuales y colectivas y al dinamismo económico- eliminando el rentismo y discutiendo periódicamente el reparto salario/ganancia/impuesto entre los interlocutores económicos en un marco democrático?

Llameseles como se quiera. Desde la revolución francesa, se acostumbra denominar izquierdas y derechas a las fuerzas políticas que representan los intereses polares en la sociedad post-feudal por su posición física en el hemiciclo parlamentario. Es una comodidad del lenguaje, es el “significante” como parte del “signo”, como diría el lingüista Ferdinand de Saussure. En Estados Unidos, a la izquierda suelen denominarla como “liberals”. Pero el “significado” es que en la sociedad existen intereses contrapuestos y que estos tienen representaciones que deben denominarse de alguna manera. En el caso de la derecha, su identidad está clara y expresa un poder constituido, el de la oligarquía económica (o élite económica, para lo que prefieren conceptos más anodinos). Lo problemático, siempre lo ha sido, pero no por eso es menos indispensable, es la representación de los intereses de la mayoría social, la de los trabajadores, los creadores y los excluidos y discriminados en la vida social. Pero esperemos que, al menos, no sea problemática su denominación, como izquierda, o progresismo para los que les acomode más, o como se quiera. Su tarea histórica es la construcción de una alternativa de cambio al orden oligárquico y plutocrático. Y esto requiere en primer lugar de una suficiente autoestima sobre lo bien fundado de su identidad y de sus valores igualitarios y libertarios, sobre lo honorable de la historia de su propio proyecto y, sobre todo, sobre sus virtualidades y ventajas para mejorar la vida de las mayorías. 

El gobierno a trastabillones con la República

En La Mirada Semanal

El episodio de Cristián Barra fue grave, por mucho que el gobierno de Sebastián Piñera nos haya ido acostumbrando a un desorden creciente de su gestión. El personaje es expresivo de esa categoría de actores políticos que se han dado en llamar “operadores”, es decir que hacen “carrera política” alrededor de alguna figura y se ocupan de asuntos menudos a la espera de oportunidades que los proyecten hacia una mayor visibilidad para después recalar en alguna candidatura. Luego de ser nombrado en el curioso cargo -sin existencia previa- de “delegado presidencial en la Macrozona Sur”, trató después de unos meses de "instalarse", en la expresión consagrada por los adeptos de la pedestre comunicación política al uso en el país, con unas declaraciones irresponsables contra las Fuerzas Armadas. Las acusó de "falta de voluntad" en el conflicto de La Araucanía: "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera". 

Que una autoridad nombrada por el presidente haya hecho declaraciones contra fuerzas dotadas del monopolio del uso legal de la fuerza de manera tan irreflexiva y en un tema tan delicado, es simplemente insólito. Si las fuerzas de la Defensa Nacional no intervienen en materias de orden público, de no mediar determinados estados de excepción y no de cualquier manera cuando estos se declaran, es porque la propia constitución de 1980 se lo impide.

Pero el problema de fondo parece ser que en la derecha se está incubando una respuesta a su incapacidad de gobernar y al desquiciamiento policial creciente instando a recurrir a la represión al margen de la ley, como si la historia reciente del país no tuviera suficiente de ese criminal y a la postre inútil enfoque propio de los regímenes autoritarios y de las mentes obtusas y violentas. Un señor González, ex comandante en jefe de la Armada, de paso no muy brillante por el servicio, se ha permitido incluso decir que "si usted diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas", refiriéndose al conflicto en la zona de la Araucanía.

Esta fanfarronería también irresponsable debe ser contrastada con la actitud que ex altos mandos del Ejército han manifestado públicamente con cordura, al subrayar que la intervención de las FF.AA. en el conflicto con una parte del mundo mapuche terminaría agravando el problema. Se puede sostener que, entre otras cosas, le daría legitimidad a las minorías que actúan con violencia frente a un problema que se arrastra por 500 años y que requiere de una solución política, como la que han construido países como Canadá, Australia o Nueva Zelandia. 

Los problemas sociales y políticos no se resuelven a patadas en el mundo de hoy (como lo hicieron efectivamente sus antecesores civiles y militares de manera sangrienta en 1973, provocando una herida en la historia de Chile que no termina de cerrar), y menos una reivindicación histórica como la que nace del despojo de las tierras del pueblo mapuche, por mucho que volver cinco siglos atrás o tres siglo atrás o un siglo y medio atrás sea difícil. Pero para eso está la acción política, para resolver problemas. Y sobre todo cabe recordar como terminó el régimen dictatorial de las FF.AA.: con tres años de protestas populares entre 1983 y 1986 que los mandos militares no pudieron controlar, a pesar de los centenares de asesinados, de los quemados y de los encarcelados y torturados. Aunque el régimen disponía de todo el poder de fuego imaginable, dirigido por un dictador sin escrúpulos, tuvo que dar paso, así y todo, al fin pactado de una dictadura que ya no podía sostenerse en momentos en que se aproximaba el fin de la guerra fría.

El ministro de Defensa Baldo Prokurica cerró el episodio con una declaración sensata, seguida de la destitución presidencial de Cristián Barra, que indica el camino a seguir con lógica republicana: "nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.

Pero permanece el intento del gobierno de Sebastián Piñera de autorizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales al margen de todo estado de excepción. Esto contradice radicalmente el camino emprendido desde 1990 y que sitúa a las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional y de eventual apoyo a otras tareas del Estado, pero solo en situaciones de excepción que requieran su concurso, debidamente autorizadas por el parlamento. La reforma constitucional presentada por el gobierno a fines de 2019, en nombre de un supuesto resguardo de la "infraestructura crítica", pero en realidad como respuesta a la rebelión social de octubre, fue aprobada meses después en el Senado por la derecha con el apoyo de los senadores DC (salvo Yasna Provoste, que no participó) y PPD (salvo Adriana Muñoz, que votó en contra). Esta grave regresión para la democracia no obtuvo más tarde, en buena hora, un quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Pero parte del gobierno insiste en querer arrastrar a las Fuerzas Armadas a un conflicto civil de orden social y político del que definitivamente no deben participar, y menos en un momento de redefinición del orden constitucional y de elecciones de nuevas autoridades.

Nueva etapa en el debate de pensiones

En La Tercera

Avanza en la sociedad chilena la idea que una pensión básica decente debe ser provista por la colectividad y financiada mediante impuestos progresivos. De la pensión asistencial misérrima antes de 1990 para menos del 10% de los mayores, se pasó a aumentos sucesivos. Un salto fue la pensión básica solidaria en 2008 para los que, perteneciendo al 60% de la población de menos ingresos (inicialmente el 45%), no tienen cotizaciones. Se agregó un aporte previsional fiscal para las pensiones bajas, pues muchos cotizantes presentan discontinuidades de aportes. En ambos casos esto afecta especialmente a las mujeres. Las tasas de reemplazo del salario previo son deficientes y llevan a pensiones irrisorias que requieren de un complemento. El sistema abarca a 1,7 millones de personas de más de 65 años. Sebastián Piñera ahora anunció que el umbral de acceso pasará de 60% a 80% de las personas de menos ingresos (unas 490 mil adicionales) y que las pensiones no serán inferiores a la línea de pobreza, junto a crear un mayor subsidio y un seguro para la dependencia severa. Todo esto es una buena noticia.

El problema es que el financiamiento de estos beneficios es poco claro a mediano plazo, que se insiste en mantener el 10% de la cotización obligatoria en las AFP -lo que no tiene otra justificación que seguir haciendo prosperar sus utilidades sobrenormales- y que la mitad de la cotización adicional pactada iría a cuentas individuales de capitalización incierta. 

Si algo no funciona, hay que cambiarlo. En este caso, el sistema de AFP por uno en el que la cotización de los activos financie directamente los derechos previsionales adquiridos por cada cual en la vida laboral, complementados por una pensión universal de cargo fiscal y por los ingresos de un fondo colectivo de capitalización constituido por cotizaciones adicionales (6%) para sostener las pensiones de las mujeres y el cambio demográfico, como hemos propuesto con Fernando Carmona. Esto aumentaría de inmediato las pensiones y terminaría con el monopolio lucrativo de las AFP con las cotizaciones, empresas que deberían ser un mecanismo voluntario de ahorro, del cual se pueda disponer en situaciones de crisis como la actual. 

Más retiros sin una reforma bajarán las futuras pensiones, y las actuales si se incluyen la renta vitalicia o la programada. Las propuestas de nuevo retiro con bono de reconocimiento son injustas, dado que los tres millones ya sin fondos no recibirían reintegro y los de bajo ahorro muy poco. Ese dinero fiscal más vale gastarlo hoy en el Ingreso Familiar de Emergencia en la línea de pobreza, financiado con reservas y deuda y sin regalos a los de más ingresos. Y se debe desechar la propuesta de usar los recursos apozados en el seguro de cesantía para otros fines que los de apoyar a los trabajadores cesantes, los que debieran recibir no el 45% sino el 70% del salario previo. 

¿Por qué el feminismo?

 En La Mirada Semanal

Las mujeres tienen su propia voz y sus propias diversidades para reconstruir su historia y promover sus derechos y la identidad feminista en el mundo de hoy. A ellas se les debe escuchar en primer lugar y ante todo en el tema de la opresión patriarcal y de las formas de superarla. No obstante, el tema involucra a la sociedad en su conjunto. 

Hasta hace unos 11 mil años, antes de la sedentarización humana, las mujeres tuvieron un rol social, económico y simbólico integrado con el de los hombres,  incluso en la caza mayor (practicada en grupos colaborativos) o en el primer arte en las cavernas, según han establecido diversos estudios recientes, en una relación en la que se compartía el trabajo (en una economía de extracción no depredadora), el alimento, los ritos y el arte. Los nacimientos podían espaciarse por cuatro años, por la lantancia prolongada. como subraya Claudine Cohen. Más tarde hicieron su aparición -con la sedentarización y luego que los grupos del orden de 30 miembros se federaran en comunidades mayores y apareciera la capacidad de formar reservas- las jerarquías sociales, económicas y religiosas y se privatizaron y oligarquizaron buena parte de los medios de subsistencia. En ese proceso, el dominio masculino sobre las mujeres se generalizó y la división del trabajo por género se hizo parte de la mayoría de las culturas, mientras la evidencia arqueológica muestra el aumento de las violencias contra las mujeres.

La desigualdad de género, imbricada con la desigualdad social, es así una construcción social que ha sido combatida por mujeres y también por hombres con mayor o menor éxito a lo largo de la historia. Hitos han sido los de Olympe de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que la revolución francesa no recogió, de la nacida esclava Sojourner Truth que por primera vez reclamó la igualdad desde un tribunal en Estados Unidos, de las luchas de la peruana Flora Tristán, para quien “el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia de que gozan las mujeres”, de las revolucionarias Clara Zetkin y Emma Goldman, de la escritora Virginia Woolf, de Teresa Flores, la primera mujer que dirigió la Federación Obrera de Chile, de Elena Caffarena, que bregó con éxito por el derecho a voto de la mujer en nuestro país, entre las precursoras. Lo fueron también los movimientos anarquistas y socialistas como sus impulsores políticos iniciales, (sobre la relación entre Marx y el feminismo, ver el brillante ensayo de Laura Fernández Cordero). 

Entre las figuras emblemáticas de esas luchas iniciales se cuenta a Rosa Luxemburgo que, manifestándose "orgullosa de llamarse feminista" y postulando (1904) que “quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia" y "quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad”, decidió sentarse en la mesa de los hombres con brillo intelectual y arrojo excepcionales, hasta su asesinato dirigiendo una insurrección en Berlín (1919). Y también se cuenta al líder anarquista Buenaventura Durruti, cuyo testimonio de conducta fue recogido por Enzensberger del siguiente modo: “A principios de 1936 Durruti vivía justo al lado de mi casa, en un pequeño piso en el barrio de Sans. Los empresarios lo habían puesto en la lista negra. No encontraba trabajo en ninguna parte. Su compañera Émilienne trabajaba como acomodadora en un cine para mantener a la familia. Una tarde fuimos a visitarle y lo encontramos en la cocina. Llevaba un delantal, fregaba los platos y preparaba la cena para su hijita Colette y su mujer. El amigo con quien había ido trató de bromear: 'Pero oye, Durruti, ésos son trabajos femeninos'. Durruti le contestó rudamente: 'Toma este ejemplo: cuando mi mujer va a trabajar yo limpio la casa, hago las camas y preparo la comida. Además baño a la niña y la visto. Si crees que un anarquista tiene que estar metido en un bar o un café mientras su mujer trabaja, quiere decir que no has comprendido nada'. A él no le importaba; no conocía el machismo y no se sentía herido en su orgullo al hacer las labores domésticas. Al día siguiente tomaba la pistola y se echaba a la calle para enfrentarse a un mundo de represión social. Lo hacía con la misma naturalidad con que la noche anterior había cambiado los pañales a su hijita Colette”.

Aunque los hombres debemos mantener la conciencia de que pertenecemos a una cultura contemporánea que, al mantener aún la diferenciación de los roles de género en detrimento de las mujeres, nos da una posición de privilegio, los que abrazamos las causas igualitarias también podemos sostener con legitimidad que adherimos al feminismo. La adhesión al objetivo del igualitarismo político de crear "una sociedad libre de dominación”, en la expresión de Michael Walzer, y al principio de la libertad como no dominación, formulado por Philip Pettit, lleva directamente al feminismo. Este autor define la dominación como estar “a merced de otros, debiendo vivir de una manera que deja vulnerable a algún daño que el otro está en una posición arbitraria de imponer” y cuando “se está sujeto a la influencia arbitraria y sujeto a la voluntad potencialmente caprichosa o el potencial juicio idiosincrático de otro”.  Esta es enteramente aplicable a la relación patriarcal hombres-mujeres y al triángulo hegemónico específicamente latinoamericano entre el capital, el patriarcado y la herencia cultural colonial. 

Se puede entender por feminismo en lo principal, aunque existen variadas definiciones, terminar con la dominación del género masculino por sobre el femenino en todas las esferas de la vida de la sociedad. Esto supone que no debe existir, en primer lugar,  diferencia entre hombres y mujeres en su posición social respectiva y en el acceso a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y que deben existir derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la sociedad, pues las mujeres deben poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo y la maternidad con la máxima libertad, confianza y seguridad posibles, con una prevención y un castigo efectivos a la violencia de género, lo que requiere remover los obstáculos a su autonomía y capacidad de autodeterminación e impedir que sean relegadas a roles de cuidado o subalternos en la familia o la actividad política, social y económica o permanezcan en la indefensión en situaciones de violencia o asimetría de poder. 

Un nuevo orden político y social republicano, basado en las libertades y la no dominación, requiere, además de proponerse terminar con los privilegios y asimetrías de poder de clase, raza y posición social, establecer el objetivo de la emancipación de la mujer del sistema patriarcal de subordinación e interdicciones sobre su vida. Se debe afianzar la autonomía económica, la paridad de representación en los órganos públicos, en los directorios privados y en todas las organizaciones formales de la sociedad. Y supone tal vez lo más dificil: generalizar una cultura de la exigencia mutua entre géneros de igualdad de trato, respeto y consideración en todas las actividades de la vida, aunque esté inevitablemente cruzada por las pulsiones de vida -Eros- y también las de muerte -Tánatos- (hacia la propia persona) y destrucción (hacia afuera), que se oponen y combinan en la condición humana, siguiendo las distinciones de Freud, pero que el esfuerzo civilizatorio en las instituciones y la cultura debe enmarcar hacia la no violencia y la no dominación. 

Una agenda de autonomía económica de las mujeres debe incluir en Chile al menos: a) igualar las remuneraciones por el mismo trabajo y las oportunidades de acceso a él en todos los campos; b) socializar buena parte del cuidado infantil (mediante más guarderías de empresa y territoriales, escuelas con horarios extendidos y nuevos servicios públicos y comunitarios de cuidado a domicilio), extendiendo también los mecanismos de cuidado a las personas de mayor edad; c) remunerar al menos parte del trabajo doméstico y de cuidado al interior del hogar (ampliando, por ejemplo, sustancialmente el subsidio familiar hoy existente); d) extender la pensión básica como derecho incondicional y universal, habida cuenta de la menor participación de las mujeres en el trabajo formal y en las pensiones contributivas y e) establecer una red territorial de acogida a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos (de una magnitud por ejemplo comparable a las 173 residencias para 12,5 mil personas que se han habilitado para el COVID-19) y sostener su acompañamiento y protección.

El nuevo orden constitucional deberá garantizar los derechos de las mujeres y la paridad en todas las actividades, mientras las futuras políticas de autonomía económica deberán adquirir una clara urgencia para avanzar sin más dilaciones en la superación de la subordinación inaceptable de las mujeres en la sociedad chilena. 

Ideas de sociedad: lo que está juego

En La Mirada Semanal

Sostiene Carlos Ruiz Encina que “el proceso constituyente es también uno de reorganización de una política agotada”. Esta es una afirmación válida. La política progresista y de izquierda, en especial, está en crisis y fragmentada, reconstruyéndose poco a poco luego de un largo período en que fue protagonista de la reconquista de las libertades pero no logró disminuir suficientemente las desigualdades heredadas, que es su razón de ser en última instancia. Pero cabe agregar que es también una reconstrucción/construcción cultural más amplia la que está en juego. Vale la pena citar en este sentido al personaje Sibel en la novela El museo de la Inocencia de Orhan Pamuk: “lo que define la cultura y la civilización según mi, no es tanto la libertad y la igualdad de todos los individuos como la capacidad de cada cual de comportarse respecto a los otros como si fueran libres e iguales.”

Esa capacidad es la que debe hacerse general en la diversidad de una sociedad plural, lo que requiere moldear sus bases materiales de existencia, por supuesto (ver por ejemplo https://lamiradasemanal.cl/salidas-de-crisis-y-opciones-de-largo-plazo-por-gonzalo-martner/). Su anverso, el autoritarismo y el culto de las jerarquías, es la pesada herencia de la colonia y de la hacienda que se reencuentra en la reproducción cotidiana de la cultura del dominio oligárquico-conservador y sus conductas discriminatorias y de abuso de poder, con las que todavía nos toca convivir y que hacen con frecuencia tan conflictiva la vida social en el país.

El contexto actual es poco halagüeño, es decir uno en el que, siguiendo a Edgar Morin, “el egocentrismo individual ha provocado la destrucción de las solidaridades tradicionales, de la familia extendida, del pueblo, del barrio, del trabajo, en beneficio de solidaridades nuevas pero burocráticas” o en el que prevalece una nueva vecindad laxa o bien de grupos (en)cerrados mediados por las redes digitales. Incluso en parte de las nuevas generaciones militantes crecen formas de socialización basadas en el culto a la separación rígida de identidades, con sus respectivas victimizaciones y afanes autoritarios de castigo.

Los vientos progresistas tienen la tarea de seguir bregando por consolidar una cultura de la convivencia igualitaria y respetuosa de la diversidad, fundada en el cuidado recíproco de la dignidad humana, alejada de la vulgaridad e incultura del clasismo, del supremacismo de los barrios altos y del sexismo cotidianos. Para Morin, “una sociedad sólo puede avanzar en complejidad, es decir en libertad, en autonomía y en comunidad si progresa en solidaridad”. Esta cultura de la solidaridad y del respeto y cuidado igualitario también existe en parte ancestralmente en nuestra sociedad. George Orwell, en su observación admirativa de los usos y costumbres de la clase obrera británica, la llamó la “decencia común”. Michael Ignatieff, luego de una amplia indagación comparativa en el mundo actual, ha llamado virtudes cotidianas a aquellos valores que están presentes en medio de la diversidad, como la lealtad, la confianza y la contención, constatando que cierto orden moral siempre nace de la necesidad de creer que la vida tiene un sentido más allá de la lucha por la supervivencia.

Chile debe también hablar hoy de utopías, y no solo de su reconstrucción económica e institucional. Como la del horizonte de construir “una sociedad del buen convivir en la diversidad”, en la que se pueda vivir bien una vida buena (Ronald Dworkin) y en la que exista una esfera pública que acoja y procese, en marcos democráticos, las discrepancias de pareceres propias de la pluralidad social y cultural y de los intereses divergentes que emanan de estructuras productivas diferenciadas insertas en el mundo global y de proyectos de vida que siempre serán humanamente diversos (ver al respecto mi libro con otros autores Esto no da para más). Lograr vivir bien supone que la existencia humana se construya y desenvuelva con dignidad y autorrespeto. 

Una vida buena se entiende como aquella que persigue los propósitos éticos de cada cual y el respeto a la importancia de la vida digna de los otros y de la vida resiliente en el planeta, en condiciones de justicia. Una sociedad de la convivencia solidaria en la diversidad requiere de la responsabilidad respecto al destino común y a los derechos y las libertades de los otros, sin renunciar a la propia identidad y a la propia cultura y enraizamiento, apoyada en instituciones políticas, económicas y sociales que contribuyan a hacerlo posible. Se necesita pasar de una sociedad de la individuación negativa y globalmente mercantilizada a una sociedad de la solidaridad, la creatividad y la cultura. Esta utopía concreta, en la expresión de Ernst Bloch o Henri Lefebvre, o bien utopía real, en la expresión de Eric Olin Wright, supone resignificar la esfera de la economía como un medio para alcanzar dimensiones de bienestar en determinadas condiciones y no como un fin en sí misma. La sociedad y la política requerirán desacoplar los objetivos de bienestar que se propongan alcanzar en cada periodo histórico de la mera métrica del crecimiento ilimitado de la producción mercantil de bienes y servicios.