La democracia, la pentapolítica y Piketty

Columna en El Mostrador

La prensa nos ha informado en estos días que el ex gerente general del grupo económico Penta ganaba 36 millones de pesos al mes. Recordemos que el salario mínimo es de 225 mil pesos, que perciben entre 600 y 900 mil trabajadores según las estimaciones. Estos son remunerados por su trabajo 160 veces menos que un gerente general de un grupo económico. ¿Puede alguien sostener que esta diferencia de remuneraciones se explica y justifica por una productividad 160 veces mayor del uno respecto a los otros? La diferencia de remuneración en el trabajo refleja básicamente la diferencia de poder en la empresa, mucho más en todo caso que aquella de la productividad del trabajo. En segmentos laborales esta es  efectivamente muy baja en Chile y requiere que se avance en innovación productiva, educación y gestión cooperativa en los lugares de trabajo que favorezca la formación profesional continua.

          Pero disminuir la diferencia de ingresos basada en el control del poder en la empresa requiere además de un cambio fundamental: hacer posible la negociación colectiva efectiva y cautelar los intereses de los accionistas minoritarios, impidiendo el uso malicioso de información privilegiada. Y requiere de redistribuciones a través de impuestos progresivos, para lo que debe perseguirse el fraude, la evasión y la elusión tributaria. Vasto programa de reformas del capitalismo salvaje chileno hacia el que el país se va más o menos encaminando, aunque se requiere todavía mucho para conformar una estrategia sólida y colaborativa de avance a una economía mixta social y económicamente regulada. Están a la vista las grandes resistencias sistémicas, y desde luego las de quienes representan directamente al poder económico, lo que es diáfano, pero también las que provienen de la subordinación de una parte del centro y la izquierda cooptada por el poder económico por múltiples vías, la que llama a no “fumar opio”, renuncia al cambio y utiliza el poder del dinero, de proveniencia desconocida, en las elecciones internas de los partidos. Pero al menos se va conociendo cómo las cosas funcionan.

         La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior  influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

      Para nuestra ilustración, el mentado gerente general, en el contexto de delitos tributarios y fraudes hoy perseguidos por la justicia, declaró que “se pagaba una parte por boleta, otra por factura, otra por dieta”, con el fin de “disminuir la base imponible” de las empresas y ejecutivos, mientras los principales dueños hacían aparecer como gasto de la empresa servicios a honorarios supuestamente realizados por sus esposas o la compra de vehículos para su uso personal, pasando por encima de los intereses fiscales y además de los de los accionistas minoritarios. ¿Es eso productividad y creación de valor? En realidad es un fenómeno bien poco edificante: la alta concentración del ingreso que proviene del poder económico en mercados oligarquizados se refuerza derechamente mediante mecanismos de fraude, de abuso de accionistas no controladores y también de elusión tributaria que nuestra legislación permite, revelando la profundidad de la captura del poder político por el poder económico en Chile.

          No parece ser por casualidad que el economista Thomas Piketty haya subrayado en su visita a nuestro país que en Chile, sobre la base de estudios que consideran las declaraciones del impuesto a la renta, “gran parte de los que ganan más ingresos no necesariamente lo reciben como ingreso personal sino que lo pueden colocar en empresas y si se incluyen utilidades retenidas y se atribuyen al ingreso personal, entonces la participación del 1% más rico sería cercana al 35% (de la riqueza nacional), que sería el nivel más alto del mundo”.

         Si, leyó bien: el 1% más rico (y no el 10% como puso un periódico de la plaza en boca del economista francés) se lleva cerca del 35% del ingreso nacional. Más que en Sudáfrica, que arrastra las secuelas de un brutal régimen de apartheid racial.

          Pero esto no es todo. Se nos revela que candidatos (básicamente de la UDI) solicitan al grupo Penta y obtienen de él dineros para sus campañas transferidos al margen de la ley. Lo que en todo caso los chilenos sabemos o sospechamos hace tiempo, más allá de este caso, sobre la base del gigantesco despliegue de recursos que observamos en las campañas electorales, que de alguna parte tienen que provenir.

      Y también se evidencian signos inequívocos de tráfico de influencia. Primero, se conocen peticiones sobre cambios a la legislación de un dueño del grupo Penta (con intereses en los seguros privados de salud) a propósito de la ley de Isapres, realizadas directamente ante el propio líder del partido UDI, precedidas y seguidas por una férrea defensa de esta forma abusiva de aseguramiento frente a la enfermedad que concibieron e impusieron en un contexto de dictadura varios de sus connotados militantes, y que es rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos. Segundo, se conoce que un ex subsecretario de Minería, militante del mismo partido –y socio además en una empresa con el propio presidente del partido UDI, que no se entiende cómo sigue aún en el cargo–, recibía una remuneración mensual de Penta mientras seguía los avances de un proyecto minero del grupo, del que además provenía en su desempeño profesional previo. Es justo señalar que aparecen mencionados también en el caso el ex candidato presidencial Andrés Velasco, por la prestación de servicios durante un almuerzo por un valor de 20 millones de pesos, y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por la elaboración de un estudio sobre comunas a través de una fundación creada por él y que los ejecutivos del grupo Penta señalan haber adquirido pero no utilizado.

         Pero la evidencia del compromiso entre este grupo económico y el partido fundado por Jaime Guzmán es especialmente abrumadora, sin que hasta ahora pase nada en materia de asumir responsabilidades políticas. Una declaración solemne de la UDI sobre el tema es de antología. Pide excusas públicas, pero acto seguido rechaza “la pretensión de algunos de querer relacionar nuestras fuentes de financiamiento con nuestro actuar en política”, no sin agregar que “la ciudadanía sabe que cuando hablamos de la existencia de dobles estándares o hipocresía, estamos diciendo la verdad”. Es insólito que una directiva política pueda sostener por escrito que quien la financia no incide en su actividad, como si se tratara de la Cruz Roja, y que afirmarlo nada tiene de hipócrita. Poco sorprenden a estas alturas declaraciones de esta índole de un grupo que defendió a una dictadura prolongada y sus crímenes en nombre de la libertad y luego ideó la pretensión de establecer una “democracia protegida” de… la propia democracia, es decir, de la voluntad popular. Y que en estas horas rechaza el cambio al sistema binominal en nombre de la afectación del principio de igualdad del voto, como si el mencionado sistema no fuera la expresión más extrema de desigualdad del voto que haya creado la imaginación política en cualquier latitud, con 1/3 que iguala a 2/3, para preservar los intereses de la UDI y del poder económico que representa y la condiciona…

        Todo esto proviene de una cultura: la de la hacienda, la del patrón de fundo, la del poder sin límites, que no se ruboriza frente a la inconsistencia manifiesta de los argumentos. Es el lenguaje del poder y del orden oligárquico, que la UDI hizo evolucionar mezclando influencias del pensamiento ultraconservador y del neoliberal, con amplia eficacia política. Y que nada tiene que ver con la democracia.

        La democracia es el ideal del autogobierno. Como señala Adam Przeworsky (2010), “para que una comunidad se gobierne a sí misma, es necesario que todos sus miembros puedan ejercer idéntica influencia en sus decisiones. Ningún individuo o grupo puede ser favorecido en razón de sus características particulares”. Ya lo decía Rousseau en un pasaje de El Contrato Social de 1762: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

      La democracia y el capitalismo, cuando éste se ha visto obligado a hacerlo, han organizado variadas formas de coexistencia en la historia, especialmente a través de formas de compromiso como los Estados de bienestar, en que impuestos altamente progresivos e instituciones fuertes permiten proveer diversos servicios a los ciudadanos al margen del mercado y de la acumulación de capital, con sus versiones “avanzadas” y “periféricas” y con su retroceso en la etapa actual de “capitalismo financiarizado”. En palabras de Pierre Rosanvallon (2012): “Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín (…). Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común”.

       La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras  la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

        Así, si pesa en forma desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad política propia de la democracia. La concentración de la propiedad genera una influencia desigual, y en el límite –como en el caso del Chile de hoy– la captura del sistema político por el poder del dinero. Esto se evidencia con casos como el del royalty minero en 2012, cuando el Parlamento insólitamente sustrajo de la decisión democrática la tributación minera hasta 2023, en una decisión que lo empequeñece. O cuando nadie hace nada –porque no quiere o no puede– con una banca que ostenta sistemáticamente utilidades sobre capital de más del 20%, mientras cunden los lamentos sobre los problemas de las pymes y la falta de estímulo al emprendimiento. De nuevo en palabras de Przeworski, “la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia”, mientras Castoriadis subrayó polémicamente antes de su muerte que “la corrupción de los políticos, en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un rasgo sistémico, un rasgo estructural”.

         Pero suprimir la propiedad no estatal para terminar con los peligros de la corrupción de la democracia por el poder privado termina por establecer una desigualdad radical entre el ciudadano y las burocracias que centralizan la economía. La estatización generalizada acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del socialismo soviético en el siglo XX y ya advirtió en Chile Eugenio González en 1947. En este sentido, Castoriadis sostiene que en “un régimen verdaderamente democrático se puede intentar establecer una articulación correcta entre tres esferas, preservando al máximo la libertad privada, preservando al máximo también la libertad del ágora, es decir, las actividades públicas comunes de los individuos, y que haga participar a todo el mundo en el poder público. Cuando ese poder público pertenece a una oligarquía, su actividad es de hecho clandestina, puesto que las decisiones esenciales se toman siempre entre bastidores”.

        Las instituciones democráticas parecen enfrentarse a un dilema cada vez más intenso: remitirse solo al juego periódico de distribución del poder mediante elecciones, pero deslegitimándose por una baja capacidad de producir resultados significativos en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, o avanzar –lo que sólo puede hacerse mediante nuevos procesos constituyentes que separen radicalmente la incidencia del poder económico en las instituciones– hacia el gobierno eficaz del mercado por las instituciones democráticas, mediante una representación no controlada por oligarquías. Esto requiere especialmente de límites a la reelección y el financiamiento público de las campañas con pérdida del escaño en caso de sobrepasar límites austeros de gasto, y generar formas complementarias de democracia directa y referendaria para resolver materias en las que las instituciones representativas no son pertinentes para la decisión o  no gocen de legitimidad suficiente. La definición de la magnitud y forma de provisión de los bienes públicos que –considerando los límites racionales que emanan de la esfera económica– estén a disposición de la sociedad bajo la forma de derechos universales no puede sustraerse de la voluntad popular en una sociedad abierta, moderna y democrática.

        La dimensión opaca de las instituciones democráticas chilenas y la incapacidad de las mismas para producir respuestas prácticas a demandas sociales legítimas bloqueadas por poderes económicos rentistas, se hace crecientemente insostenible frente al desafío de avanzar a la producción de resultados en la provisión universal de bienes públicos y de corrección sustancial de los resultados distributivos de las transacciones de mercado, como precisamente propone Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. De otro modo tendremos una sociedad crecientemente anómica, violenta e inviable, en tanto no se sustente en pilares básicos de equidad y oportunidades de participación en las decisiones fundamentales que conforman la vida en común.

La reforma laboral, sus fundamentos y sus detractores

Publicado en El Mostrador

Se ha terminado por anunciar la reforma laboral. Y de inmediato se levanta el coro de que las regulaciones laborales serían “antiempleo”. Pero, ¿cuál es el punto de partida? La OCDE emitió tiempo atrás un juicio bastante lapidario sobre el tema: “Las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de ‘flexiguridad’. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales”. Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “El principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social”.

     Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir, el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, o sea, el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos. También la podemos denominar “estabilidad dinámica del empleo”.

     El caso es que si la sociedad no desea que los asalariados estén a merced del poder privado en el trabajo y puedan encontrarse abrupta y arbitrariamente sin ingresos al perder el empleo, deben intervenir políticas públicas concretas para evitarlo. En particular, los dueños de las empresas no deben poder hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de explotación y dominación sobre los trabajadores y en perjuicios a terceros por daños ambientales y urbanos o engaños a los consumidores. Se puede entender que el empresario aspire a tener todas las cartas en la mano para desarrollar su actividad económica, con irrestricta “flexibilidad laboral”, dado que tiene como motivación la maximización de utilidades, pero ésta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación moderna de la empresa: la política laboral tiene universalmente el propósito de disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas, a las que éstas deben adaptarse. También debe regularse el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. Y la empresa debe asumir el costo económico razonable que resulte de reconocer los intereses de contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio.

   La reforma laboral propuesta por el gobierno camina hacia un mayor equilibrio negociador, pero probablemente quedará mucho camino para alcanzar lo esencial: la negociación generalizada más allá de la empresa, que es la única manera de proteger al trabajador más precario, especialmente en la pyme. Estas son prácticas, por lo demás, existentes en Chile, como en el sector de panaderías, para satisfacción de las partes. Y han sido introducidas en Uruguay por el Frente Amplio, incluso con un mecanismo de arbitraje final del gobierno, lo que no ha impedido a ese país ser de los más dinámicos de América Latina.
       El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro– de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir, el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y, por tanto, no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política, étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.

   En muchos países, los ámbitos de la seguridad social (enfermedad, jubilación, incapacidad laboral, desempleo) se regulan mediante leyes, así como los estándares básicos de las relaciones laborales descritos, mientras las condiciones laborales y salariales más inmediatas, así como también aspectos de la formación profesional, las regula exclusivamente la negociación colectiva… para lo cual es necesario que exista, lo que apenas es el caso en Chile. Consignemos que en Alemania, país que a veces le gusta citar a la derecha como ejemplo, pero nunca en los temas laborales, existe lo que un autor denomina “un denso entramado de contactos, conversaciones y colaboración formal e informal entre los agentes sociales en numerosos campos”. Eso es lo que debe construirse en Chile.

     Los economistas de derecha consideran que este tipo de reglas y prácticas son antieconómicas. Pero incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica y que “atentaba contra el empleo”.

    En todo caso, las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión de que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.

        Existen buenos  y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno, son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades. La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.

     El proyecto avanza en este sentido al reconocer el derecho del sindicato interempresa a negociar en la firma en que tenga un número de afiliados equivalentes al que se exige al sindicato de empresa para negociar en ella. Se prohíbe además la existencia de grupos negociadores en aquellas empresas con sindicato, que será el titular de la negociación colectiva, en todo caso con libre afiliación. Los beneficios adquiridos en la negociación colectiva se otorgarán a los trabajadores sindicalizados y se extenderán a los trabajadores que se afilien con posterioridad. Los no sindicalizados podrán acceder al nuevo contrato, de manera parcial o total, sólo previo acuerdo del sindicato y del empleador. Para acceder a los beneficios, el trabajador sin afiliación sindical deberá aceptar y pagar la proporción o totalidad de la cuota sindical. Todo esto redundará en un rol de representación que hoy el sindicato no puede cumplir, con frecuencia sujeto a prácticas de minimización de la afiliación por parte del empleador.

     Para que el sindicato conozca la viabilidad y contexto económico de sus peticiones, el empleador deberá proporcionar a sus sindicatos información sobre balances de la empresa y estados financieros y precisar los beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente, así como transparentar y actualizar la planilla innominada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación y costos globales de la mano de obra (número de trabajadores totales de la empresa) y las políticas de inversión futura. También deberá proveer datos sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. El incumplimiento de la obligación constituirá una práctica antisindical, así como los despidos que invoquen la cláusula por “necesidades de la empresa”, pero que sean represalias por participar en un proceso de negociación colectiva. Como contrapartida, también se sancionará a los trabajadores que bloqueen el ingreso a los lugares de producción. La respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no podrá contener estipulaciones menores a un piso de la negociación constituido por el contrato colectivo vigente, aunque con bastantes morigeraciones: se excluyen de este piso la reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de negociación, mientras después de presentada la respuesta del empleador las partes podrán negociar modificaciones al piso de la negociación. Se elimina la actual prohibición de negociar a trabajadores aprendices –en grandes empresas–, por obra o faena transitoria y cargos de confianza.

     Las partes podrán negociar pactos de condiciones especiales de trabajo (jornada de trabajo y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva, regulación y retribución de tiempos no trabajados) en las empresas en que exista una afiliación sindical de al menos 30%, con cifras más altas en etapas iniciales. Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de adaptabilidad. Los pactos sólo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo. Para aplicarlo a los demás, se requerirá del acuerdo individual, con aprobación de la Dirección del Trabajo. Aunque si es aceptado por el 50% más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá regir a todos los que no concurrieron al acuerdo, sin necesidad de aprobación de la autoridad. Veremos si la negociación colectiva sobre estas materias, que se sustraen de la ley, son objeto de auténticos acuerdos equilibrados negociados con sindicatos representativos, o bien se constituirán en una brecha de disminución de derechos…

     La iniciativa elimina, por otro lado, la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa. Propone un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir la huelga, estableciendo el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. También incorpora un procedimiento de arbitraje obligatorio para los trabajadores de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las de menor tamaño. Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los servicios mínimos que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la empresa o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. La prestación de los servicios mínimos se realizará a través de uno o más “equipos de emergencia” dispuestos por los trabajadores. A falta de consenso, resolverá la Inspección del Trabajo.

      Es también importante el fortalecimiento previsto de la mediación, estableciendo que las partes tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo o bien obligatoria una vez votada una huelga y a petición de cualquiera de las partes o forzada en los casos de incumplimiento del principio de buena fe. Habrá arbitraje voluntario, obligatorio y forzado. Los acuerdos deberán ser registrados por el empleador en la Inspección del Trabajo, que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.

     Como se observa, se trata de un cambio de gran magnitud, que aspira a transformar positivamente la cultura de las relaciones laborales en Chile. Para eso deberá evolucionar la disposición de los interlocutores sociales para obtener acuerdos que protejan los intereses de las partes o al menos una resolución más civilizada de los conflictos y, con el tiempo, prácticas más extendidas de cooperación no subordinada en la empresa que favorecerá la innovación y la prosperidad compartida. Y también importará un gran desafío para la Dirección del Trabajo, con los nuevos roles que el proyecto de ley plantea otorgarle, lo que también supondrá una gran transformación de ese organismo para llegar a ser un regulador de las relaciones laborales y no sólo un fiscalizador de normas, en el contexto de organizaciones vivas y dinámicas como son, o deben ser, las empresas en la economía moderna.

El 2014, las reformas y el gabinete

Publicado en Voces de La Tercera

En materia de conducción gubernamental tiene poco sentido hacer juicios sobre las personas –aunque sea parte de la fruición colectiva sobre los pormenores de la política y sea un componente del folclore nacional (¿cuántos no hacen y deshacen gabinetes periódicamente?)- sino más bien sobre los resultados de sus acciones y omisiones. Las personas con responsabilidades gubernamentales, además, van pasando, como fruto de errores discursivos o en sus decisiones que aconsejan su reemplazo, como le ocurrió a Helia Molina, o bien por los naturales ajustes que todo equipo va requiriendo, lo que no tiene nada de dramático. En la esfera pública, lo importante son los hechos y el sentido en que se inscriben esos hechos. Pasemos revista a algunos de los temas públicos principales del último año.

En materia de seguridad, la “victimización” viene subiendo desde 2012. También lo hizo en 2014, con un 44% de familias que declara que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo. Las instituciones de seguridad tienen un problema pendiente con la percepción ciudadana, frente a un tema complejo y en todo caso multifactorial, como tuvo ocasión de constatar el gobierno de Piñera: proclamó que se podía resolver con rapidez en base a la “mano dura” y terminó chocando a poco andar con los límites de las políticas puramente represivas. Finalmente indultó de manera masiva a condenados por delitos menores, contradiciendo todo su discurso anterior.

La tentación represiva, que termina limitando los derechos civiles y siendo ineficaz, junto a la inflación de las penas, tan propia de nuestras reacciones frente a cada problema de seguridad que se presenta, debe ser siempre contenida, aunque se vea bien ante las cámaras. Y ser sustituida por la persistencia paciente en políticas que reduzcan las causas de la violencia y de la delincuencia con mayor cohesión social y ataquen prioritariamente el delito organizado (narcotráfico, trata de personas, corrupción)  y sus ramificaciones. En particular, la violencia en las zonas mapuche no va a poder ser resuelta con las penas del infierno sino con un acuerdo histórico de reparación y oportunidades de desarrollo autónomo, en la línea del intendente Huenchumilla.

Las relaciones exteriores han visto mejorías en los vínculos con América Latina, miopemente deteriorados por el gobierno anterior, que apostó a una mera alianza ideológica con países del Pacífico. Se debilitó la ineludible integración sud y latinoamericana, frente a la cual tiene tantas reticencias una élite tradicional que aspira de manera risible a no ser parte del continente. Pero se mantiene una sistemática reprobación de la política chilena respecto a Bolivia, nos guste o no, y no se terminan de resolver las tensiones vecinales con Perú, a pesar del fallo de La Haya sobre delimitación marítima.

Tal vez llegó la hora de constatar que el eclecticismo de nuestra política exterior, que impulsa a Chile a estar en todos los espacios de pertenencia posibles e imaginables para un país pequeño, al final lo lleva a no estar sólidamente anclado en ninguno. Chile se beneficia de cordiales relaciones con todo el mundo, de todo tipo de acuerdos de libre comercio (a veces de dudoso interés para el país), pero finalmente de muy pocos socios estratégicos a los que acudir frente a los problemas globales (económicos, ambientales) y vecinales que nos afectan, lo que obliga entre otras cosas a mantener un elevado gasto militar disuasivo. Y desde luego frente al gran desafío de la proyección al Asia, que no podemos abordar de manera aislada y debemos coordinar especialmente con Argentina y Brasil para hacer posibles las conexiones bioceánicas con sus respectivas infraestructuras. Esta perspectiva es indispensable para hacer de nuestro país un nodo productivo selectivo de alta tecnología inserto y apoyado en el continente, basado en energías renovables y en servicios modernos, y no un mero productor de minerales y alimentos, lo que hasta aquí ha bastado para un crecimiento razonable a cuenta de los recursos naturales y de la mantención de bajos salarios, pero no para asegurar una prosperidad social y ecológicamente sustentable en el futuro.

En materia de política económica, hemos visto una muy rápida acción de las autoridades –contrariamente a lo ocurrido en 1999 y 2008, cuando se reaccionó tarde y poco- para sintonizar la política monetaria, cambiaria y fiscal en una lógica contracíclica y enfrentar el fin del gran boom de la inversión minera y del consumo de bienes durables. Dicho sea de paso, el fin de ciclo iba a venir con o sin cambio de gobierno y cualquiera fuese su orientación. Pero las tasas de interés deben bajar todavía más. Y la ejecución del gasto público superar los problemas de eficiencia que presenta: ¿no habrá llegado la hora de poner un drástico fin a la clientelización de buena parte de la administración pública?

Por lo demás, si el “sector privado” –en realidad el poder económico- se autoconvence de que todo es incertidumbre y amenazas, nada mejor que tasas de interés bajas y un buen programa de inversiones públicas como el anunciado por Codelco y un crecimiento de cerca de 30% para 2015 de la inversión pública previsto en la ley de presupuestos. Y un buen esquema de diálogo constructivo y de largo plazo sobre los desafíos productivos y la necesaria evolución de la empresa y de sus entornos.

Las incertidumbres construidas que llevan a profecías autocumplidas irán decayendo con mucha paciencia y diálogo, antes que haciendo alabanzas indebidas al gran empresariado, siempre politizado hacia la derecha y con frecuencia enfrascado en la búsqueda de ventajas corporativas, demasiado lejos aún de adherir a un régimen de libertades y de derechos fundamentales efectivos para todos, incluyendo el debido respeto a las autoridades democráticamente constituidas por el simple hecho de que emanan de la voluntad del pueblo: vox populi-vox dei, decía ya el arzobispo de Canterbury en 1327.

Las políticas de largo plazo en materia de innovación tampoco parecen tomar un gran impulso, sin que se perciba una visión sobre el desarrollo de distritos industriales (los llamados “clusters”, porque en inglés suena mejor para algunos que en castellano) y sobre la articulación entre universidades, territorios y empresas, siguiendo los ejemplos coreano, danés, finés y de diversos otros países de menor tamaño que han basado su éxito económico en la innovación promovida por la acción pública. Aunque esto es difícil con responsables de estas áreas “market friendly”, como les gusta también autodenominarse, y que no creen que Chile deba tener una estrategia de desarrollo con prioridades ni hacer un tránsito rápido a las energías renovables no convencionales, sino que debe resignarse a vivir al vaivén de los  mercados y de sus agentes (que con frecuencia inusitada -e inaceptable para los criterios éticos de otras latitudes- los contratan rápidamente después de su paso por el gobierno o pasan a engrosar las filas de los lobistas) porque esa sería la única opción posible. La evidencia muestra que otros países han sido bastante más inteligentes, audaces y exitosos que el nuestro y producido aceleraciones productivas considerables mediante políticas industriales activas y selectivas.

Las políticas sociales quedarán lastradas por la excesiva gradualidad y omisiones de la reforma tributaria, que es un avance y hará pagar más a los sectores de más altos ingresos, que hoy aportan proporcionalmente menos impuestos que el resto de la sociedad (ver “How redistributive is fiscal policy in Latin America? The case of Chile and Mexico”, OECD Development Centre, 2013), pero que no tendrá una magnitud suficiente ni entrará en vigor plenamente antes de 2018. Lo que sí entró en vigencia de inmediato es el aumento del impuesto al tabaco y al alcohol, plenamente justificado, pero que pagarán sin dilación todos lo que los consumen, y no son pocos. Ahí no hay “gradualidad”. El sentido político de las autoridades económicas admite mejorías.

Por otro lado, ¿cuánta inversión social y productiva adicional pudo haberse realizado haciendo tributar las sobreutilidades de las en este caso sí pocas grandes empresas de la minería privada (unos US$ 8 mil millones promedio anual entre 2005 y 2011)? ¿Y con las actuales y futuras utilidades ilegítimas de un sector que hace poco aporte empresarial y en cambio demuestra una gran capacidad de apropiación indebida, aunque legalizada por un parlamento que le aseguró que el tema no se discutirá hasta el 2023, sino que extrae una renta cuantiosa que pertenece a todos los chilenos?

La reforma a la educación, en su necesaria dimensión de fortalecimiento de la escuela y de las universidades estatales, quedó para más tarde, con además evitables e injustificadas percepciones de amenaza para diversas comunidades educativas que se justifica sean parte del sistema escolar obligatorio e integrador del futuro. No es casual que las reformas del sistema de pensiones y de salud quedaran, también, para las calendas griegas, en nombre de una “gradualidad” que se va transformando en sinónimo de gatopardismo, probablemente por ausencia de aquellos recursos que no se fue a buscar de manera suficiente. Sólo a título de ejemplo: Felipe González gobernó España por doce años y la carga tributaria subió en doce puntos del PIB en ese período, uno por año. Desde 1990 la nuestra ha subido sólo tres puntos, básicamente en el gobierno de Aylwin, y es menor a la de 1987. Este es uno de los grandes fracasos de la transición, en donde los que postulamos un enfoque a la González fuimos derrotados, lo que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo.

Y se anunció finalmente, después de ires y venires, el proyecto de ley que aborda temas laborales que van en la buena dirección: la de disminuir la asimetría entre empleadores y asalariados. Las reacciones no se dejaron esperar. Para los voceros de la gran empresa, se trataría de una reforma “sindical” y no “laboral”: como si ambas cosas pudieran separarse. Tal vez prevalece en esos medios la fantasía de un “mercado” laboral sin sindicatos, con una mera relación individual y atomizada entre empleador y asalariado, a lo José Piñera.

Pues bien, en las sociedades modernas los sindicatos existen y su misión es defender eficazmente los intereses y los derechos de los asalariados, con muy variadas experiencias exitosas en que el sindicalismo contribuye a hacer más fluido el diálogo social y las adaptaciones económicas. Para muchas empresas, desde el punto de vista microeconómico, la mejor relación laboral es probablemente la esclavitud, pero convengamos que en las sociedades civilizadas los trabajadores…tienen unos derechos que las empresas simplemente deben respetar.

Macroeconómicamente, las condiciones de la producción deben, al menos en parte importante, articularse con las del consumo doméstico, muy mayoritariamente alimentado por los ingresos de los asalariados. Los salarios no son sólo costo de producción, son también demanda efectiva, y no todo lo que se produce se exporta.

Una segunda reacción curiosa ha sido la de autoridades que se han ido especializando en ser defensivas frente a las reformas, casi como pidiendo perdón por ellas, y que ahora insisten en que se trataría de una reforma “proempleo” y que “favorece la productividad”. La verdad es que puede que sea efectivo (personalmente creo que la evidencia comparativa disponible muestra efectos en el largo plazo que van en ese sentido), o bien que no lo sea, especialmente en el corto plazo. Pero simplemente no es el punto y no se debiera llamar a nadie a engaño. Las reformas son en esencia para equilibrar la relación laboral entre empleadores y asalariados: sabemos que menos del 10% de estos últimos se encuentran afiliados a sindicatos y que una proporción muy pequeña negocia colectivamente. Esta reforma debe ser para fortalecer la capacidad de negociación de los asalariados y aumentar su participación en la distribución primaria del ingreso, para que al menos sus salarios aumenten con la productividad, así de simple.

Y la empresa debe adaptarse, como se adapta al valor del dólar o a la tasa de interés. Y si en determinados momentos se necesita contención salarial, qué mejor que negociarla con sindicatos fuertes, como demuestra la experiencia histórica. Las cuentas claras finalmente conservan mejor la amistad, necesaria por lo demás en una economía mixta.

Esta reforma laboral está llamada a otorgar derechos a los trabajadores y a aumentar la cultura de la negociación entre las partes en la empresa y entre sindicatos y representantes empresariales más allá de la empresa, ojalá en el futuro por sectores y ramas, que tanta falta le hace a esta economía, que entre cosas no forma bien a su gente por la altísima rotación en los puestos de trabajo que resulta de la sacrosanta flexibilidad laboral con frecuencia mal utilizada como mero mecanismo de disciplinamiento y castigo. A la economía chilena no le va a hacer mal caminar hacia una estabilidad dinámica del empleo, estimulada por la negociación colectiva y sindicatos fuertes. Y va a ganar en equidad. “Esos son lujos de países desarrollados”, reza el coro: a Uruguay, cerca nuestro, le ha ido muy bien con la negociación tripartita por rama establecida por el Frente Amplio, y a sus empresarios otro tanto.

Cuando se tiene un mandato popular claro, es al inicio de la gestión gubernamental cuando parece sensato realizar o encaminar los cambios principales, especialmente si son de largo plazo, que se ha comprometido ante los ciudadanos, para señalar el rumbo y… despejar las tan mentadas incertidumbres. Y para que en plazos prudentes se vean los efectos de las reformas, aunque las decisiones que siempre tendrán detractores eventualmente compliquen la popularidad de corto plazo del gobierno.