Crecimiento y reforma tributaria

El promedio de ingresos tributarios en la OCDE es de 35% del PIB, mientras en Chile es de 17%. Una reforma tributaria que se proponga incrementar la tasa de tributación al menos al nivel de los países avanzados con menos carga tributaria para aumentar en Chile la calidad del servicio público en educación, salud, protección social  e infraestructura y reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los más adinerados, requiere romper con el mito de que los impuestos dañan el crecimiento.

El contrato social en los países avanzados ha incluido desde la posguerra mundial la provisión de importantes servicios públicos estatales y transferencias redistributivas a través del impuesto progresivo, las cotizaciones de seguridad social de empleadores y trabajadores y el gasto público. Una alta carga tributaria no impidió el crecimiento sistemático de dichos países. Veamos por qué

Existe en primer lugar un conjunto de impuestos que no sólo no dañan la asignación eficiente de los recursos sino que la incrementan. Es el caso de los impuestos correctores de externalidades negativas, que internalizan dichas externalidades, es decir transforman en costo privado el costo social en que incurren en sus actividades actores económicos privados. Los impuestos sobre actividades que provocan daño directo a la salud (tabaco, alcohol) o que son contaminantes y los que se aplican a la extracción de recursos naturales, corresponden a esta categoría que mejora la asignación de recursos. Son un componente central de las políticas públicas modernas.

En segundo lugar, hay efectivamente impuestos que pueden incidir negativamente en el comportamiento de los agentes económicos en las economías de mercado. Pero este efecto puede ser alto o bajo. La tributación puede provocar la llamada “pérdida irrecuperable de eficiencia”. Esta proviene de eventuales distorsiones en los incentivos de los productores (incitándolos a producir menos y disminuyendo el excedente del productor) y los consumidores (incitándolos a comprar menos y disminuyendo el excedente del consumidor). El principio de la igualdad distributiva tiene que transigir con el principio de la provisión de incentivos que aumenten el volumen total de ingresos disponibles para ser redistribuidos. Por ello los enfoques de la progresividad tributaria óptima ven el problema como un dilema entre los beneficios sociales de una distribución más igualitaria de los ingresos después de impuestos y el daño económico provocado por impuestos altamente progresivos.

¿Cuán importante es ese daño?  Se entiende en el enfoque económico liberal que provocan pocas modificaciones en la conducta y pocos efectos distorsionadores los impuestos indirectos a las ventas, mientras los impuestos directos al patrimonio y a los ingresos del capital y el trabajo disminuirían la oferta de ahorro y de trabajo. Para los economistas no ortodoxos, cuando la presión fiscal aumenta, los contribuyentes de más ingresos ven disminuidos sus incentivos a trabajar, pero pueden igualmente querer evitar que sus ingresos disminuyan de manera importante y por tanto… trabajar más.

Expertos como Thomas Picketty  afirman que “el estado actual de los conocimientos disponibles respecto de las elasticidades de la oferta de trabajo sugieren que la atención tradicionalmente acordada a los efectos desincentivadores sobre los altos ingresos es totalmente excesiva y no permite un análisis global de los límites alcanzados o no por los sistemas modernos de redistribución”. Diversos economistas dudan que la política tributaria tenga mucho efecto sobre la inversión o el ahorro. Y constatan que en Estados Unidos la tasa de ahorro personal disminuyó en la época de Reagan, a pesar de las rebajas tributarias sobre los retornos del ahorro, y comenzó a recuperarse cuando se introdujeron restricciones a los incentivos tributarios al ahorro...al revés de lo que debía ocurrir según la visión liberal. 

El argumento pertinente es que un gasto público que incrementa el capital físico y humano y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos pueden tener efectos positivos sustanciales sobre el crecimiento al permitir aumentar la productividad y disminuir la conflictividad distributiva. No de otro modo se explica que muchos países de altos ingresos per cápita tengan las grandes cargas tributarias que sustentan masivos volúmenes de gasto público. De acuerdo a Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, el examen de la relación entre la tasa marginal del impuesto a la renta y la productividad revela que los períodos de fuerte incremento de la productividad coexistieron con las tasas marginales superiores más altas en el impuesto a la renta en la posguerra y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos. En palabras de Peter Lindert: “Desde hace algunos años, ha habido una creciente brecha entre el registro empírico y una historia que es contada una y otra vez con insistencia creciente. No solo escuchamos que existe el peligro de que redes de seguridad y programas antipobreza basados en impuestos pueden tener altos costos económicos. Nótese cuan frecuentemente se nos dice que los economistas han `demostrado' y 'encontrado' que esto es cierto. Estas afirmaciones son frecuentemente un bluff (...). Antes que demostrar o encontrar este resultado, han escogido imaginarlo".

En efecto, cuando existen costos en eficiencia asignativa de la tributación, estos son al menos en parte compensados por los incrementos en dicha eficiencia debidos a los impactos estimuladores de los bienes públicos y las externalidades positivas que financian los impuestos. Existe suficiente evidencia para afirmar que en materia de tributos y gastos en las economías avanzadas, las con mayor expansión en las últimas décadas son las que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y recursos humanos, y no los de Estados de menor peso en la economía. Es este un tema de estructura más que de nivel. La afirmación que los impuestos per se hieren el desempeño económico no tiene base empírica que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal estructural, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud y conflictividad generalizada.  Y por tanto, en el largo plazo, menor crecimiento.

Una reforma tributaria estructural: ¿por qué no?

Nuestros ingresos tributarios son bajos y equivalen al 17% del PIB en 2010 (a lo que cabe agregar un 3% de ingresos por cobre, que varía mucho de año en año), contra un promedio de 35% en la OCDE (cuyos rangos van de 24% en EE.UU. y 26% en Corea a 42% en Francia, 48% en Suecia y 49% en Dinamarca). La cifra chilena es además mucho más baja respecto a diversos de estos países cuando tenían un PIB por habitante similar al nuestro (del orden de 15 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra). 

Su estructura es además inequitativa. Pagan proporcionalmente en relación a sus ingresos más impuestos los más pobres, por el mayor peso de los impuestos parejos a las ventas de bienes y servicios. Los impuestos sobre ventas representan en Chile el 50% de los ingresos tributarios, contra un promedio de 32% en la OCDE. El impuesto a la renta y las utilidades representa en Chile un 8% del PIB (incluyendo cobre) en comparación con el 13% promedio de la OCDE (con un rango de 5% en México y nada menos que 29% en Dinamarca). La tasa del impuesto a la empresas en Chile (17%) - la tasa vigente es de 20% como efecto de la reforma tributaria de 2010, pero se reducirá a 18,5% en el año 2012 para volver a 17% en el 2013- está también muy por detrás de la media de la OCDE. Esta tasa es en Estados Unidos de 35%. En Chile, la estructura tributaria y la debilidad de la negociación colectiva contribuyen de manera muy importante a explicar la alta concentración del ingreso en unas decenas de miles de familias y la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el patrimonio.

Una reforma tributaria debe proponerse incrementar progresivamente la tasa de tributación al menos del 17% al  26% (nivel de Corea) para abordar las tareas de educación, salud, pensiones  e infraestructura que avanzar al desarrollo demanda de manera inmediata. Debe reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los impuestos directos a los perceptores de ingresos más adinerados, especialmente los muy ricos, para lo que cabe al menos, como hemos propuesto en la Fundación Chile 21:

a) aumentar y diferenciar el impuesto a las utilidades, estableciéndolo para las  micro y medianas empresas en 15%, para las empresas medianas en 20% y para las grandes empresas (incluyendo los bancos) en   un 25%;

b) aliviar y diferenciar el IVA, llevándolo a 15% para alimentos básicos, medicamentos y cultura y para el resto de los bienes fijarlo en 20%; 

c) disminuir la carga de los impuestos a la renta de los sectores medios y aumentarlos a los sectores altos, aumentando la progresividad, para lo que se debe subir el tramo exento a $ 750 mil pesos de ingresos mensuales  y establecer las tasas en 10% hasta 1,5 millones de pesos, 20% hasta  3 millones, 30%  hasta 6 millones  y 40% en los tramos de ingresos superiores a 6 millones.

d) eliminar el 50% del crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales y las exenciones injustificadas al impuesto de primera categoría, que supuestamente estimulan el ahorro, pero que en realidad disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin mayores efectos sobre el ahorro.

e) aumentar el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero a un 40%, para igualar así la tasa marginal del impuesto a la renta, con lo que las utilidades retiradas de inversionistas chilenos y extranjeros tributarían de la misma manera y se aumentaría el aporte de la industria minera, sin modificar el royalty, sujeto desgraciadamente -por irresponsabilidad del actual gobierno y parlamento- a invariabilidad hasta el 2023. 

Este programa de reforma tributaria permitiría una recaudación total anual adicional neta en torno a US$ 8 mil millones en régimen (3,3% del PIB de 2011),  a lo que habría que agregar un fuerte plan de disminución de la evasión para completar en los próximos cinco años la meta de recaudación tributaria necesaria para el desarrollo de Chile.      

El argumento de que esto disminuiría la inversión y por tanto el crecimiento, en base a la idea de que los inversores dejarían de mantener su esfuerzo o se irían del país, no tiene sustento en los estudios disponibles, que subrayan que con bases amplias de tributación de las utilidades y sin facilitación de la elusión mediante exenciones variadas la recaudación no disminuye. En materia de inversión extranjera, ésta se concentra en los recursos naturales, con unas sobreutilidades exorbitantes que les permiten en diversos casos de la minería recuperar la inversión en dos años, con lo que difícilmente dejarían las oportunidades existentes en el país.

Una alta tributación con estímulos al crecimiento funciona, como lo subraya el economista Philippe Aghion. Ahí están los países escandinavos, que son los que mejor han resuelto la ecuación entre equidad e incentivos a la innovación y a la inversión en capital humano (menor concentración en el ingreso y al mismo tiempo crecimiento y altas tasas de patentes por habitante), con una combinación de tasas marginales del impuesto a la renta que se acercan o superan el 50% (Suecia, incluso bajo gobiernos de derecha, como en la actualidad, mantiene una tasa marginal de 55%, a comparar con el 40% en Chile) y con tasas de tributación pareja de los ingresos del capital de 30%. Mientras, en Chile mantenemos diversas desgravaciones sustanciales e injustificadas de los ingresos y ganancias de capital. 

Ni la crisis internacional ni la situación de las empresas en Chile son pretexto para no promover una mayor recaudación del impuesto de primera categoría en el corto plazo y viabilizar un gran acuerdo sobre la educación, junto al inicio de la reforma tributaria estructural que se propone. Lo que corresponde es que el Estado capture e invierta las rentas del cobre y las sobreutilidades monopólicas en proyectos de alta rentabilidad social  y enfrente el fomento productivo para la competitividad sustentable de las pymes y los sectores productivos capaces de generar empleos, preservar los ecosistemas e incrementar el bienestar en todo el territorio. Para ello se requiere un Estado más fuerte, eficiente y al servicio exclusivo del interés público, que es la reforma paralela a la de la tributación que se debe acometer con energía para que no se malgaste un solo peso del presupuesto público.

Un presupuesto conservador

La política fiscal debe financiar eficientemente en el tiempo los bienes públicos y los bienes privados de provisión pública de diversa índole que se determinan como necesarios y/o posibles de ser puestos a disposición de los ciudadanos por el gobierno y el sistema político en cada ley de presupuestos del sector público. Una buena política fiscal  es además la que en el ciclo económico actúa como estabilizadora del desempeño económico, y que por tanto admite déficits temporales cuando la demanda agregada se debilita y superávits en la situación inversa. Y también es la que admite “déficits estructurales” que puedan financiarse a costos razonables para obtener incrementos del capital físico y humano y de la productividad total de los factores de producción en el largo plazo, y por tanto de la propia recaudación fiscal futura. 

En Chile, desde el presupuesto de 2001 se innovó optando explícitamente por una regla estructural consistente en: a) estimar los ingresos de mediano y largo plazo del Gobierno Central que derivan del crecimiento potencial de la economía y de precios claves de largo plazo (cobre y molibdeno), es decir aquellos ingresos fiscales de los que se dispondría en caso que estas variables se encontrasen en su nivel de tendencia, y b) consagrar en la ley de presupuestos de cada año el nivel de gasto público que permite que la diferencia entre los “ingresos estructurales” así estimados y el gasto público anual resulte ser de una determinada cuantía, inferior o superior al equilibrio según el criterio de la autoridad pública. Esto implica ahorrar en tiempos de bonanza y desahorrar en tiempos de baja del ciclo económico interno y externo. Una ley de responsabilidad fiscal creó además en 2006  el Fondo de Estabilización Económica y Social (para hacer frente al gasto en situaciones de caída coyuntural de los ingresos públicos) y el Fondo de Reserva de Pensiones (para asegurar el pago de las obligaciones fiscales derivadas de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario de vejez y de invalidez), alimentados ambos por los ingresos tributarios extraordinarios. A la vez, se estableció que la Ley de Presupuestos deberá incluir anualmente el ítem correspondiente a un programa de gastos de empleo de emergencia, que se activa cuando el desempleo supera el 10% o el promedio de los últimos cinco años.   

En una primera etapa, para ganar credibilidad fiscal de largo plazo, se fijó en los presupuestos de 2001 a 2007 un nivel de gasto inferior a los ingresos estructurales en un monto de 1% del PIB. No obstante esta restricción conducente a un “superávit estructural”, fue posible mantener año tras año un crecimiento promedio del gasto público superior al del PIB, con excepción de 2003. Se mantuvo así un déficit fiscal efectivo moderado (entre -0,5 y -1,2% del PIB), para salir de los efectos internos de la crisis asiática y de la burbuja puntocom entre 2001 y 2003, que pudo ser financiado en buenas condiciones en el exterior, con una baja tasa de riesgo-país. Luego, al mejorar el crecimiento e iniciarse un ciclo de aumento del precio del cobre por la demanda China y de otras naciones emergentes, se produjo un sustancial superávit entre 2004 y 2008 (entre 2,1 y 8,2 % del PIB) que permitió acumular reservas fiscales por 20,2 mil millones de dólares en el Fondo Económico y Social hacia diciembre de 2008. 

De ellas se utilizaron 8,9 mil millones en la crisis de 2009, en medio de una caída de 1,7% del PIB y de un déficit fiscal efectivo de 4,5% del PIB, el mayor en décadas experimentado por la economía chilena, sin que la solidez fiscal del país se viera afectada. Se cosechó así los frutos de la política iniciada en 2001. El déficit efectivo ya fue mucho menor en 2010 (-0,4% del PIB), mientras Chile se mantuvo en condición de país con un gobierno con más activos fiscales que deudas (acreedor a razón de un 7,5% del PIB en 2010), contrariamente a casi todos los gobiernos en el mundo, que enfrentaron sustanciales endeudamientos públicos adicionales. Con los mayores ingresos tributarios provenientes tanto de la mayor actividad económica como de un precio del cobre más alto que lo previsto, el Ministerio de Hacienda anticipa que se alcanzará un resultado fiscal positivo de un 1,2% del PIB en 2011 y un déficit efectivo de -0,4% del PIB en 2012.

Con un sustancial y creciente ahorro fiscal que derivó de la regla inicial de 2001 y que transformó al gobierno de Chile de deudor en acreedor, la meta de “superávit estructural” de 1% se cambió en 2007 a solo 0,5% del PIB para 2008. Un nuevo cambio se anunció en enero de 2009 para solo mantener un “balance estructural” a partir de esa fecha. En 2009 y 2010, tanto la severa crisis externa como el terremoto disminuyeron los ingresos y generaron la obligación de incurrir en mayores gastos que los previstos. Se produjo así, por primera vez, un “déficit estructural”, y no se cumplió la meta de “balance estructural”: hubo más gastos públicos no solo que los ingresos de corto plazo que se pudieron recaudar, sino también que los que se estima se recaudan en años normales. En medio del cambio de gobierno, la magnitud de este “déficit estructural” fue objeto de una controversia: -1,2% o bien -3,1% del PIB en 2009 y -1,6% o bien -2,3% en 2010, según los criterios utilizados por la anterior o por la nueva administración. 

Retomar el “balance estructural” hacia fines de su período de gobierno fue una de las metas del programa de Sebastián Piñera. Sin embargo, en agosto de 2010 el Ministerio de Hacienda informó que no podría cumplir con dicho objetivo y que decidió acoger las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor de Balance Estructural, instancia creada por el nuevo gobierno que propuso cambios a la metodología de cálculo. Producto de las modificaciones, el escenario de equilibrio fiscal cambió radicalmente para el Gobierno, con una estimación de déficit estructural de -1,6% para 2011 y de -1,5% para 2012. Volver al balance estructural es ahora más exigente. De ahí que el Ministro de Hacienda mantenga en la presentación del presupuesto para 2012 que la nueva meta es alcanzar un déficit estructural de 1% del PIB...hacia 2014. 

El crecimiento global del gasto público es equivalente a la proyección del crecimiento de la economía, es decir de un 5% en ambos casos. Es poco probable, frente al precario escenario externo, que tal cifra de crecimiento del PIB pueda resultar efectiva. Por lo tanto, contrariamente a las definiciones ideológicas de los centros de estudios de la actual coalición de gobierno, el gasto público respecto del PIB crecerá probablemente en 2012, y el “tamaño del Estado” aumentará, aunque levemente. El crecimiento del gasto público previsto para 2012 es en todo caso inferior al previsto y ejecutado año a año en la administración anterior.

Mientras, Chile mantiene un gasto público en relación al PIB inferior al prevaleciente hasta fines de la década de 1980 (26% del PIB en 1987 versus 23% del PIB en 2011). Recordemos que el régimen militar entregó el país a las autoridades democráticamente electas en 1989 con un IVA rebajado en 4 puntos porcentuales y con el menor nivel de ingresos y gastos públicos de la historia reciente, junto a un sistema de veto de la minoría en el parlamento que ha hecho imposible el incremento de la presión tributaria. Esta situación se ha mantenido en las dos últimas décadas, con excepción de un incremento en la etapa final de la anterior administración, hoy revertida. 

Con el actual nivel de gasto público respecto al PIB es simplemente imposible procurar obtener indicadores sociales propios de los países desarrollados, cuyo gasto público total es de 40 a 50% del PIB. El de Brasil y Argentina es superior al 30% del PIB. El presupuesto de 2012 está lejos de avanzar hacia el cierre de las brechas distributivas que aquejan a la sociedad chilena. Es un presupuesto conservador, que aumentará la distancia entre los ciudadanos y el gobierno. Y que nos mantendrá más cerca del estancamiento del bienestar que de un desarrollo social y ecológicamente sustentable.

El teorema de la casa en el lago y los posibles nuevos consensos

Un teorema es un enunciado cuya exactitud se puede demostrar a través de un razonamiento lógico a partir de axiomas. Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, comentando el reciente libro de Patricio Meller sobre educación, muy interesante por lo demás, discrepa de su afirmación central, enunciando lo que sugiero llamemos el Teorema de la Casa en el Lago: “En este punto tengo una discrepancia frontal con Patricio Meller. A mi juicio, el lucro importa y mucho. A mi juicio, no debiera estar permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último? (en http://ciperchile.cl/2011/09/14/el-lucro-si-importa/). 

El razonamiento de Arturo Fontaine es de una fuerte lógica y carece de ambigüedad. Aunque a priori pudiera adjudicarse a otras corrientes ideológicas,  proviene de quien dirige el principal centro de pensamiento conservador del país, que se distingue con frecuencia  por la calidad de sus trabajos y cierta apertura intelectual. 

Permítaseme cometer la falta de modestia de autocitarme, pero es necesario frente a los que a uno le reprochan sistemáticamente: ¿por qué no lo dijo antes? En 2007 sostuve en mi libro Remodelar el Modelo una idea semejante: “no deberá distraerse ningún recurso público al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades”.

 ¿Estarán entonces emergiendo en nuestra sociedad nuevos consensos, distintos de la vulgata neoliberal que a tantos, presumo, nos tiene tan aburridos desde hace tanto tiempo? En efecto, la palabra consenso se desprestigió desde que se asimiló por algunos, en los alrededores de 1990, a la idea de la adscripción a posturas de derecha, muchas veces con la fe del converso, por quienes sostenían en el pasado otras diferentes. El espíritu crítico, el gran legado del siglo de las luces, y la deliberación, el gran legado democrático, son indispensables para animar las ciencias y la innovación, pero además para cimentar la convivencia civilizada en el género humano que, sabemos, es capaz de lo mejor pero también de lo peor en la materia. Pero además los consensos son necesarios, especialmente si son resultado de la crítica y la deliberación, y por tanto llegan a tener fundamentos racionales, para establecer reglas del juego básicas respetadas por todos, incluyendo la vigencia de libertades fundamentales de las que debe disponer todo ser humano y de solidaridades indispensables para la vida en común.  

Así, la idea de que en la educación lucrar con recursos públicos – retirar utilidades del servicio educativo en beneficio personal- no tiene justificación moral, en tanto transferir recursos de todos a unos pocos no parece ser posible de asimilar a ninguna idea de justicia, ni práctica, en tanto nadie está en condiciones de demostrar razonablemente que conduce a mayor eficiencia en la función educativa, no es una que solo esté en boca de supuestos exagerados jóvenes radicalizados que se han tomado las calles de nuestras ciudades. Es una idea racional que fue puesta en la esfera pública por los jóvenes movilizados de 2011 –lo que tendremos que agradecerles como un hito histórico, especialmente por los que quisimos pero no fuimos capaces de hacerlo antes- y que tiene fundamentos intelectuales y valóricos muy sólidos. Los suficientes para persistir en proponerla como un nuevo consenso que emane de la crítica y la deliberación racional desde la izquierda, el centro y la derecha. Un nuevo consenso para mejorar el presente y el futuro de nuestro país.

Entrevista en "The Clinic on line"

GONZALO MARTNER Y LA NUEVA CRISIS EN LA OPOSICIÓN

“Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %”

Miguel Angel Devia 14 Septiembre, 2011 

El ex presidente del Partido Socialista y director del magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, habla sobre el nuevo quiebre de la Concertación y su archianunciada muerte. Dice que tras el conflicto hay más historia que haber perdido todo el aparataje estatal y con eso los cargos y el poder. De paso, invita a Andrés Velasco y a Ignacio Walker a unirse y dejar a la izquierda tranquila.

¿Estamos asistiendo al funeral de la Concertación?

- En política no hay cadáveres. Así que funeral no, pero sí un momento de crisis que eventualmente puede dar lugar a una nueva coalición. Pero en todo caso yo creo que si hubo un funeral fue en la elección del año 2009. Todo lo que ha venido pasando desde entonces es consecuencia de eso. Hay que constatar que esta coalición, que se concibió como una coalición no ideológica sino que programática destinada a generar condiciones para un cambio democrático pacífico. bueno si esa coalición se reduce a un 28% y ahora a un 17% parece ser que ya no existe como lo que originalmente fue.

¿Entonces lo que tendríamos desde esa elección vendría siendo una especie de agonía?

- Si la decisión de los actuales dirigentes de la Concertación es conservarla como tal, la pueden prolongar mucho tiempo. Hay agonías eternas. Pero mi opinión es que esto no tiene ningún sentido. Que la Concertación se creó para terminar con la dictadura de Pinochet, transitar hacia un régimen democrático, darle gobernabilidad al país y darle gobierno siempre y cuando hubiera acuerdo entre sus fuerzas componentes. Nada de eso ya existe y lo que tiene que ocurrir es una recomposición del paisaje político.

¿Cuál cree que fue el rol del PPD en este quiebre de la Concertación?

- Yo creo que Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %.

¿Y cómo explica este paso de un gobierno con un apoyo de más del 60% a ser una oposición con menos de un quinto de respaldo popular?

- La presidenta Bachelet salió con una aprobación mayoritaria -que aún mantiene- y el candidato de la Concertación obtuvo un 29 %, saque sus conclusiones. A veces las biografías son programa. El presidente Frei, que en 6 años no recibió a los representantes de los detenidos desaparecidos, versus la presidenta Bachelet que estuvo presa, tiene una diferencia grande.

La opción Velasco

Martner, quien fue ex presidente del PS, hace una pausa y mira por la ventana de su oficina en el tercer piso de la Facultad de Administración y Economía de la USACH donde dirige el Magister en Gerencia Pública. “Ahora si me pides mi opinión y no como analista, yo creo que esto ya no tiene ningún sentido”.

¿En ese sentido, la muerte de Pinochet podría haber sentado también las bases de la muerte de la Concertación?

- No, no. Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que tiene que ver con cuestiones eminentemente programáticas y de método político.

Las programáticas, explica, quedaron en evidencia a partir de la elección parlamentaria de 1997 donde la Concertación perdió un millón de votos y surgió la disputa entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes”. El dilema, según Martner para el programa de la coalición era adecuarse a las instituciones de la dictadura o mantener la aspiración de romper con ella, administrar el modelo neoliberal o cambiarlo. La primera opción fue el camino.

- Esa discusión la ganaron quienes han sido partidarios de adaptarse a las instituciones de la constitución del 80 y de mantener un modelo económico neoliberal por la fuerza y el atractivo que tiene el poder gubernamental. Lo que pasó aquí es que la Concertación dejó de ser arcoiris y se transformó en el instrumento de quienes conciben la política como aferrarse a espacios de poder estatal carentes de toda vocación de cambio y adaptados a la constitución del 80 y el modelo neoliberal.

¿Y de esos quienes que usted dice, se puede hablar de tal o tal partido político?

- No. Acá no hay una cuestión de que los partidos a, b o c tienen posiciones claras. Porque se han transformado todos en entidades que tienen en su seno a personas que en origen pensaron algo distinto pero hoy día hay una diversidad tal que hay personas que piensan lo mismo en un partido o en el otro, hay más diferencias dentro de los mismos partidos que con los otros. Por lo tanto acá no es que se junten el partido A con el B y discutan sus diferencias. Esto es una gran mescolanza.

Luego, según Martner, llegaron quiebres internos y el desencanto con la ciudadanía.

- La política está para hacer cosas no para obtener cargos. Los que decimos que eso ya no puede ser nos planteamos agrupar a los que estamos en eso. Cuando Ignacio Walker dice ‘es que quieren echar a la Democracia Cristiana’, no, queremos no seguir caminando junto a los que se adaptan al veto de la minoría y que se encuentran cómodos bajo la lógica del modelo neoliberal. Y esa no es una ruptura con partidos, sino con posiciones y lo que tiene que haber aquí es un proceso de reagrupación. Que los conservadores se agrupen y que se vayan detrás de la candidatura de (Andrés) Velasco que es la que mejor los expresa, o la de (Ignacio) Walker que es más o menos lo mismo.

¿Cómo ve el coqueteo de Andrés Velasco con una posible candidatura presidencial?

- Tiene todo el derecho, que lo haga. Estamos en democracia. Yo no comparto nada la visión política y económica de Andrés Velasco, pero él tiene todo el derecho a querer ser candidato. Y creo que sería muy bueno porque permitiría que se exprese un punto de vista ya no soterradamente como hasta aquí. Ya no a través del lobby, ya no a través del financiamiento de campañas, a través de la influencia indebida sino que abiertamente una postura neoliberal. Lo que uno pide es consistencia. No puede decir que un paro es algo que no hay que hacer como ministro de Gobierno y como oposición encuentre que sí hay que hacerlo.

¿Cree que fue un autogol el apoyo de los partidos de la Concertación apoyar el paro del 24 y 25?

- No. Todo lo contrario. ¿Por qué unos partidos que declaran compartir objetivos con el movimiento social no lo van a apoyar? Me parece ridículo.

¿Porqué cree que perdió el ala más de izquierda dentro de la Concertación su poder frente al grupo más conservador? ¿Si su visión no se impuso, no puede ser simplemente porque no tuvieron el respaldo ciudadano suficiente en su momento?

- Yo voy a hablar por mi: en este caso yo pensé que había personas que tenían posturas cercanas a quienes no estábamos dispuestos a adaptarnos al sistema constitucional del 80, ni a las políticas económicas. Y esas personas en realidad estaban en una posición contraria a la que decían. Esas personas estaban en otra cosa muy poderosa: mantenerse apegados a donde están las granjerías del Estado y del poder.

El riesgo del diálogo

Esta semana se ha abierto una ventana para el diálogo en el conflicto sobre la educación. Piñera, después de tres planteamientos unilaterales y cuatro meses de turbulencias, ha hecho una invitación a sentarse en una mesa en La Moneda. Desde la derecha, el presidente UDI Coloma, aunque en buena hora abierto a la idea, ha comentado que Piñera “ha corrido conscientemente un riesgo al llamar al diálogo”. Se evidencia una vez más lo que inspira a los que nos gobiernan: en este caso  la doctrina del diálogo como riesgo.  La de las mentalidades autoritarias. La del proyecto mesiánico que utilizó una dictadura militar prolongada para realizar brutalmente una revolución por arriba al son del credo ultraliberal de minimización del Estado y de destrucción de la solidaridad colectiva. La que agitó el fantasma del enemigo interno y externo, con el fin de defender los intereses del poder económico y del privilegio oligárquico en una sociedad jerarquizada y clasista. 

¿Por qué este lenguaje tan duro se preguntarán ustedes? Porque es necesario develar una y otra vez que nuestra sociedad ha entrado de nuevo en crisis por la persistencia imprudente del afán de dominio y control de un grupo que, frente a la percepción de amenaza de perderlo todo a partir de 1964, se hizo del poder por la fuerza en 1973 y no trepidó en aplastar a una parte de la sociedad chilena sin fijarse límites en su violencia. Grupo social que debió retroceder cuando ya no podía mantener todo el dominio del poder, pero que logró construir una trama institucional destinada con éxito hasta ahora a impedir que se ejerciera la voluntad del pueblo, siempre considerado díscolo y peligroso, supuestamente necesitado de tutelas políticas, religiosas, culturales. Grupo social que persiste en no someterse a la regla democrática básica: el principio de mayoría, que incluye el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría.

Algunos señalan que la oposición actual no se abre a los acuerdos como la derecha en los gobiernos anteriores: es que la derecha tenía – a través de senadores designados y leyes de quórum- los derechos propios de las mayorías siendo minoría, y cedía muy parcialmente en aspectos siempre secundarios para conservar lo esencial y evitar estallidos políticos y sociales. Y la mayor parte de la actual oposición parlamentaria en su momento fue haciendo de necesidad virtud y aprobó desde 2010, para su vergüenza,  regalías mineras, reajustes y reformas al sistema escolar en este gobierno, a entera satisfacción de aquellos poderes que mantienen una irrefrenable e indebida influencia en el sistema político. La crisis educacional salió de las instituciones para irse a la calle precisamente por esto. La sociedad dijo basta al sistema de connivencia de las élites conformistas o cooptadas y de dominio de la desigualdad y el privilegio, al menos en aquello que resulta tan crucial más allá de ideologías: ofrecer a los hijos oportunidades igualitarias y la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida con la mejor educación posible. 

Sigamos reafirmando una visión libertaria de la esfera pública y alternativa a la de este cerrado grupo de poder que tanto éxito ha tenido en los últimos 40 años en condicionar sin escrúpulos la vida colectiva chilena: el diálogo nunca es un riesgo. Es la parte de la conducta humana que permite el entendimiento y debe cultivarse en toda circunstancia, por difícil que sea, si se quiere ordenar la sociedad sobre bases civilizadas. Cuando los grupos homogéneos se encierran en sí mismos se vuelven intolerantes e incluso violentos, al demonizar los valores e ideas ajenos. Es la apertura a la diversidad y el respeto por el otro, aunque nos sea difícil, aunque las posiciones sean encontradas, lo que genera progresos humanos y sociales duraderos. Esa es la lección del siglo 20, para todos, también para la izquierda, que anidó en su seno el estalinismo y dogmas cerrados, rechazados por la izquierda libertaria, que también cometió errores cuando se inclinó por un voluntarismo vanguardista estéril. La divergencia estará siempre presente en la esfera pública, pues allí se confrontan ideas, valores e intereses. La democracia está concebida para canalizarlos y dirimirlos en un régimen de libertades y derechos regulados. Si queremos cultivar una sociedad plural y democrática, sigamos a Nietzsche: “toda gran verdad necesita ser criticada, no idolatrada”. O a Elías Canetti: “la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras”. Confiemos en el diálogo y en este diálogo del sábado 3 de septiembre, que ojalá sea histórico.

El Presidente Piñera se aproxima a la reunión exponiendo su rechazo a “estatizar la educación chilena”, ya que, a su juicio, es un atentado "no solamente a la calidad, sino que a la libertad y a la equidad". Palabras fuertes, pero equivocadas. La segunda mejor universidad del mundo, UC Berkeley, reúne a 33 mil estudiantes y es pública (la primera, Harvard, es privada sin fines de lucro y se especializa en posgrados e investigación). La única universidad latinoamericana ubicada entre las primeras 150 en el mundo, en criterio del indicador de Shangai, es sumamente pública y gratuita, la Universidad de Sao Paulo y sus 86 mil alumnos, al igual que las dos que le siguen entre las primeras 200, la UNAM de México y la Universidad de Buenos Aires. La chilena mejor clasificada, situada solo entre las 500 mejores del mundo, es la estatal Universidad de Chile.

Y sobre todo nadie está pidiendo estatizar nada, sino que todo lo contrario: desestatizar las utilidades privadas en educación y que no sigan ganando dinero operadores mercantiles con recursos públicos. Y que los recursos públicos vayan a las entidades públicas o sin fines de lucro, no a bolsillos de particulares. Que los subsidios se queden en el sistema educativo para ayudar a aumentar su calidad. Razonable ¿no?

Nadie está proponiendo que no haya pluralismo y libertad en la educación, sino todo lo contrario: que donde haya recursos públicos se respeten estos valores sociales, se cultive la diversidad y el respeto por todas las convicciones y no solo las creencias de grupos particulares que se traducen en discriminaciones inaceptables financiadas por todos.

Plantea además el Presidente que la gratuidad total implicaría que los pobres financian con sus impuestos a los ricos. Cierto, pero solo si lo que se tiene en mente es que los pobres sigan pagando más impuestos en proporción a los ingresos que los ricos, lo que se puede modificar perfectamente aumentando la progresividad del sistema tributario. Hasta donde entiendo, los estudiantes plantean que las ayudas estudiantiles se universalicen pero considerando los niveles de ingreso, no que los dueños de las grandes fortunas manden gratis a la universidad a sus hijos. 

Por último, un grupo de legisladores, que incluye a senadores como Lily Pérez y Carlos Cantero, que no son precisamente unos bolcheviques, plantea que las escuelas con fines de lucro que quieran seguir recibiendo subvención transiten a una situación sin lucro en un plazo de 3 a 5 años.

Un acuerdo razonable está al alcance de la mano. Depende del gobierno y de sus interlocutores. Y tendrá trascendencia histórica. Como también que se frustre y nos instale en un camino de confrontación prolongada.

Cosas gratuitas y otras que debieran serlo

En la sociedad chilena se desarrolla, en buena hora, una controversia fundamental sobre el futuro de la educación. El presidente Piñera dio un notable paso en falso al presentar un “Gran Acuerdo Nacional” cuya característica principal es que es… el acuerdo de nadie más que él. Se olvida el presidente que los acuerdos, grandes o pequeños, son entre distintos actores y no la voluntad unilateral  y la imposición del que posee poder. La sigla con que lo denominó fue la de “GANE”, connotando lingüísticamente una particular concepción al sugerir que la educación sería un asunto en el que se compite u obtiene beneficios. Y frente a la reivindicación de más gratuidad, el presidente responde: “al fin y al cabo nada es gratis en esta vida”. ¿Nada? Como si todo lo que acerca a los seres humanos a sí mismos y a los demás (la introspección, el encuentro, lo sagrado, el amor, la amistad, la vida de familia, la buena vecindad, el compañerismo, la generosidad, el regalo, la reciprocidad) no fueran espacios y conductas de gratuidad por excelencia. Como también la aspiración al goce de la naturaleza y al acceso al conocimiento y a la cultura, en este caso como gratuidades socialmente construidas. Y financiadas con una tributación justa, compatible con la dinámica económica, para que el acceso no esté determinado por la capacidad inmediata de pago. Como diría el poeta Antonio Machado, “es de necios confundir valor y precio”. Los que actualmente nos gobiernan, y algunos que gobernaron antes, debieran reconocer que la mercantilización generalizada de la vida humana como valor positivo es tal vez su concepción, que han logrado imponer desde hace décadas, pero no la de toda la sociedad. Ni la de los jóvenes movilizados.

 El movimiento estudiantil ha insistido justamente en que su reivindicación es el fin del lucro –es decir de la distribución de utilidades a los dueños de establecimientos privados-  en la educación escolar, técnico-profesional y universitaria. Y la recuperación o extensión de la gratuidad en el acceso a ella, financiada, por ejemplo, por los recursos que provee el cobre y hoy son sacados de Chile por unas pocas empresas transnacionales mineras que se adueñaron, porque así se lo hemos permitido, de un recurso nacional. Pero el gobierno se resiste a dar curso a esa discusión. Hace suya una antigua visión liberal que, como sabemos, postula que la persecución del propio interés sería la conducta humana básica, y que además la promoción del afán de lucro sería la mejor manera de organizar la economía y la vida en sociedad, a través de las múltiples interacciones de la “mano invisible” del mercado, incluyendo la educación. Esta visión es la que estuvo detrás de las reformas de los años ochenta (y noventa, cuando el senador Piñera condicionó la continuidad de la reforma tributaria a la introducción del financiamiento compartido en las escuelas subvencionadas) y ha inspirado la férrea y hasta ahora eficaz resistencia de los conservadores a permitir cambios en el sistema educativo para restringir los negocios -propios y ajenos- en el área. 

Hay buenos argumentos para sostener que la visión individualista negativa y competitiva, según la cual cada ser humano solo persigue su propio interés, no se apega a la conducta humana realmente existente, además de ser éticamente reprochable (al desvalorizar el interés general) y económicamente ineficiente (al desaprovechar la cooperación sinérgica de todos los talentos). Qué sería de nuestras vidas sin el altruismo que otros, cercanos o lejanos, nos regalan cotidianamente (recientemente estudiado en los niños con resultados sorprendentes a partir del primer año de vida). Qué sería de la libertad moderna sin el individualismo positivo de los sujetos que producen su propia biografía, expresan legítimamente su yo, y desarrollan su autonomía y el “arte de la vida”, en la expresión de Ulrich Beck, pero ajenos a compulsiones competitivas y situados en el contexto, como subraya Edgar Morin, del nosotros de la vida familiar y social y de la responsabilidad con la pertenencia al género humano. Desde la experimentación reciente en las ciencias cognitivas (Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, 2010) se nos informa que “los Homo sapiens están adaptados para actuar y pensar cooperativamente en grupos culturales hasta un grado desconocido en otras especies”, que “enseñar es una forma de altruismo, mediante la cual ciertos individuos donan información” y que “las hazañas cognitivas más formidables de nuestra especie, sin excepción, no son producto de individuos que obraron solos sino de individuos que interactuaban entre sí, y lo dicho vale para las tecnologías complejas, los símbolos lingüísticos y matemáticos y las más complicadas instituciones sociales”. Interesantes noticias para la moderna economía del conocimiento, que no por casualidad cada vez valora más la cooperación en red. Y para la educación: hay efectivamente algo que va contra lo propio de lo humano cuando esta actividad se entrega al afán de lucro, a los precios, al individualismo posesivo, cuando en realidad se trata de una tarea que trasciende a todo mercado: la de formar “ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos” (Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010). 

¿No será ésta una buena explicación para el hecho que entre las 100 primeras universidades en el mundo prácticamente no hay entidades con fines de lucro?¿No será este el correcto modelo educativo a adoptar: el reforzamiento presupuestario de las escuelas, institutos técnicos y universidades públicas a cambio de planes de desarrollo de sus funciones docentes y de investigación, en su caso, y con control periódico riguroso y transparente de sus resultados, junto a entidades privadas sin fines de lucro de alta calidad? 

Se dice que esto es irrealista. Es cierto, hoy existe una realidad creada: la de muchas escuelas y decenas de instituciones de formación técnica con fines de lucro y sus alumnos, frecuentemente de bajos ingresos, con magros resultados. Y universidades que incumplen la ley, y lucran. Pero esta realidad se puede transformar (como se mencionó en una columna anterior) haciendo efectivo el fin de las universidades comerciales o de sus mecanismos de extracción de utilidades y desarrollando en el resto del sistema establecimientos que operen sin recibir subsidios presupuestarios o tributarios. O que se reconviertan a entidades prestadoras del servicio público educativo, terminando con el derroche del subsidio artificial de utilidades privadas y canalizándolo hacia el apoyo a los estudiantes. Los del sector de instituciones de formación técnica sin fines de lucro debieran recibir sistemáticamente becas completas, estimulando las opciones atractivas y que son valoradas por las familias, alternativamente al ingreso a universidades bajo mínimos de calidad, caras, con alta deserción acompañada de mochila de deuda y con empleabilidad futura dudosa. 

Un camino posible a recorrer para salir del conflicto que se eterniza es, tal vez, el de consagrar a la brevedad los principios de restricción al lucro en una reforma constitucional que sea la culminación positiva de la actual etapa del movimiento (evitando la pérdida del semestre o del año escolar) y programar un debate a corto plazo sobre los cambios legales a realizar con fechas precisas, con vigilancia activa de los actores sociales antes, durante y después de la aprobación parlamentaria, lo que no es incompatible con asistir a clases o… volver a suspenderlas si los acuerdos no se cumplen. Si el gobierno se opone a legislar sobre un plebiscito para la educación, que al menos no se oponga a que se pronuncie el parlamento en materias de ley, poniéndose a disposición –ya que no parece dispuesto hasta aquí a participar en ellos en su defensa cerrada de la educación mercantil- de los consensos que emanen del diálogo razonado entre estudiantes, profesores y representantes parlamentarios.

 Se trata de salir del actual callejón sin salida en base a respetar lo que la sociedad piensa (en la calle y en las encuestas, que son inequívocas en el apoyo al fin del lucro en la educación) y probablemente también una mayoría de sus representantes parlamentarios: la educación debe ser el espacio social de la construcción de la vida en común y de la igualación de oportunidades, y no el de la segmentación social y la consagración de las desigualdades y la discriminación por dinero. No hay razones para no hacer una gran reforma que respete la voluntad de los ciudadanos.

Para terminar, otra cita, esta vez del economista François Perroux (no todos los economistas son unipolares o discípulos de Von Hayek): “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el... espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”. 

El dilema de Piñera

La sociedad chilena arrastra un problema político que aún no encuentra salida: la obsolescencia de un arreglo institucional cada vez más ilegítimo. Este se hizo en base a una situación inicial de poder ilimitado del que dispuso un grupo social y político privilegiado, que además no cree en la democracia, o está dispuesto a adaptarse a ella solo en tanto sea fuertemente limitada la soberanía popular. Para lograr ese propósito, levantó, al amparo de una prolongada dictadura y una vez que no logró mantenerla indefinidamente, un muro de instituciones que impiden el ejercicio democrático. Fue el grupo minoritario que defendió a los senadores designados hasta que no pudo conservarlos por ser demasiado grotescos para los valores democráticos básicos. Es el grupo de poder que logra aún mantener sistemas electorales y quorum de leyes que impiden que funcione el principio de mayoría. Todo esto simplemente no es democrático y ha resultado un muro muy difícil de derribar, especialmente cuando una parte de la fuerza del cambio de los años ochenta se adaptó a la situación, morigerando el propósito inicial de democracia y equidad y en algunos casos haciendo de necesidad virtud y sumándose al esquema conservador.

El hecho es que sigue ahí el poder de la derecha agraria tradicional y su cultura autoritaria de la hacienda, complementado por el que acumuló con éxito un grupo integrista-religioso que se ha sentido llamado a dominar la escena política con todas las artes disponibles, incluyendo las peores, desde que se conformó como "movimiento gremialista". Y que ha tenido éxito por muchos años en condicionar la dificultosa reinstalación en Chile de una democracia moderna y progresista, que parece ser en definitiva la que prefieren los ciudadanos, desgastando gravemente a los partidos democráticos en su empeño por avanzar a una normalización institucional, al punto de lograr desplazarlos del gobierno. Salvo que una parte cada vez mayor de los chilenos, y en todo caso sus jóvenes, ya no está más dispuesta a tolerar un arreglo político arcaico, construido para mantener privilegios inaceptables, y se pronuncia en la calle con fuerza resonante en su contra, dándonos una lección a los que quisimos, pero no pudimos mantener la energía que el cambio democrático y social necesitaba.

El presidente Piñera en esta crisis política de 2011 tenía la oportunidad de demostrar las convicciones democráticas que dice tener, y de paso tal vez recuperar algo de la popularidad que le ha sido esquiva. Pero optó por desplegar el reflejo autoritario y violento de la derecha de siempre. En efecto, se vulnera "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas" establecido por la constitución que nos rige, cuando el ministro Hinzpeter declara que "nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó". En las democracias, el tiempo de las marchas lo determinan los que quieren marchar, no el ministro del Interior, que se ha ganado el legítimo repudio de una generación completa de jóvenes que entienden que o se movilizan o nada cambiará en Chile. Y que deberá probablemente enfrentar una acusación constitucional en el parlamento por reprimir el derecho a manifestarse en vez de contener eficazmente al lumpen, como es su deber. Dicho sea de la paso, la respuesta ignara e inaceptable del señor Gajardo ("los métodos que hoy se ha aplicado hacia el movimiento por la educación pública, nos recuerdan a los métodos sionistas del apartheid"), solo merece un rechazo tajante, primero por confundir torpemente las cosas y sobre todo porque con el antisemitismo, después de las tragedias del siglo XX, no se juega. Y los mismos principios que nos llevan a condenarlo y a defender el derecho de Israel a existir, nos llevan a repudiar la violación de los derechos del pueblo palestino. En la izquierda, los tiempos del estalinismo y su paranoia contra los judíos no deben ser revividos por motivo alguno. La nuestra debe ser en toda circunstancia una sociedad tolerante hacia todos los cultos.

Pero los reflejos violentos de la derecha no quedaron ahí: su representante más arcaico, al punto que resulta con frecuencia risible, el señor Carlos Larraín, ha emitido una joya de declaración el sábado 6 de agosto: " no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar". Y por si esto pudiera adjudicarse a la pasión política del tribuno, el intelectual oficial de la derecha, director del Instituto Libertad y Desarrollo, otro señor Larraín (Luis, en este caso) nos regala en una columna el mismo día con un "el gobierno no debe tirarle más carne a las fieras, porque estas serán insaciables" refiriéndose a los manifestantes. Se expresa una vez más la intolerancia y la descalificación de una derecha chilena que no dudó en el pasado en promover la destrucción de la democracia y las peores violencias y aberraciones y hoy sigue sin hacerse merecedora del calificativo de civilizada.

Frente a esta declinación autoritaria de la nueva manera de gobernar, el presidente siempre puede optar por otro camino: el de las reglas democráticas y el principio de mayoría, que quiere un cambio profundo de la educación. Nos encantaría que así fuera. Pero por el momento no queda más que la continuidad de la movilización de los que quieren que la sociedad chilena siga avanzando hacia un nuevo orden institucional que promueva los derechos propios de las sociedades democráticas modernas. La pregunta que el escritor israelí David Grossman aplica hoy a su sociedad ("¿porqué nos acostumbramos a la rapiña de las privatizaciones, que provocó la pérdida de la solidaridad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenecer a una misma nación?"))parece estar encontrando una respuesta en el mejor Chile, en aquel que no se había acostumbrado. 

¿Un conflicto sin fin?

El conflicto educacional sigue sin resolverse al cabo de más de dos meses. No parece haber acuerdo entre los actores del sistema sobre los problemas a enfrentar y, por tanto, tampoco sobre sus soluciones. Y no parece haber un diálogo real que permita llegar a acuerdo. Tal vez sea útil reseñar los temas en debate.

En materia de educación preescolar, sobre la que los actores sociales organizados insisten poco pues se sitúan en otros niveles educativos, está diagnosticado que su importancia es esencial para la estimulación temprana del niño y el desarrollo posterior de las personas, empezando por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. La cobertura es todavía baja, especialmente en las familias pobres, a pesar del esfuerzo de los últimos gobiernos y del programa Chile Crece Contigo de la presidenta Bachelet. Se requiere todavía un gasto adicional que, según Mario Waissbluth,  es del orden de 600 millones de dólares en inversión y 450 millones anuales de funcionamiento para alcanzar niveles aceptables de  cobertura. Esta reforma tendría además efectos muy positivos para la inserción de la mujer en el trabajo y para la distribución del ingreso. El gobierno no dice nada muy concreto al respecto. No hay que dejar este tema crucial en el olvido.

En materia de educación escolar, el gobierno propone diversas cosas salvo la esencial: disminuir la fragmentación del sistema escolar, para ayudar a disminuir la fragmentación de la sociedad y la ausencia severa de igualdad de oportunidades en Chile. Hoy el rendimiento está estrictamente relacionado con los ingresos de los padres y las escuelas no hacen la diferencia frente a esta ley de hierro. Esto se consolidaría en la propuesta del gobierno con un quinto sector, además del particular pagado, del subvencionado con financiamiento compartido, del subvencionado sin financiamiento compartido y del municipal, es decir un nuevo segmento que podríamos llamar de "educación desmunicipalizada por fracaso". Allí entrarían algunos liceos municipales con los alumnos con peores resultados, aumentando la lógica de ghetto y marginalidad e impidiendo cualquier mixtura social, que es la base para empezar a mejorar el sistema. Luego el gobierno nos explica que los que tendrían la tarea de ofrecer educación a los niños y jóvenes con más dificultades serían unos organismos públicos que dependerían no se sabe de quién: esto es un nuevo fracaso garantizado, mientras las escuelas subvencionadas lucrativas seguirían siendo muy lucrativas mediante transferencias sin control de recursos fiscales y seleccionarían, como lo hacen hoy burlando la ley, a alumnos más aventajados que los municipales y neopúblicos, consolidando mejores resultados sin hacerse cargo del avance educativo de los que más lo necesitan, terminando de desprestigiar a la educación pública. En ella estarían confinados los niños más pobres y con más desventajas relacionales, con el resultado de aumentar esas desventajas y la desigualdad social profunda que lacera a Chile. 

¿Por qué no tomar el toro por las astas y reformar en serio? Esto quiere decir en primer lugar que el sector particular pagado, sujeto al estricto cumplimiento programático y normativo del Ministerio de Educación, evolucione en el futuro sin subsidio público alguno, eliminando todas las exenciones tributarias que hoy lo benefician, que resultan carísimas para el Estado y que contribuyen a dejar al resto de los chilenos con subsidios educativos muy bajos. En segundo lugar, reformar en serio supone que las municipalidades transfieran a corporaciones educativas públicas regionales sus establecimientos escolares, que deben ser financiados según una dotación basal de equipamiento y otra variable de funcionamiento, terminando con la subvención por asistencia, que no hace sino castigar a las escuelas y liceos con alumnos con problemas. La corporación regional debiera mantener una planta de directivos escolares y profesores habilitados por el Estado (con estrictas pruebas obligatorias, anónimas y periódicas de habilitación, pues sin profesores que cumplan estándares adecuados no hay mejoramiento posible de la educación pública) y una proporción de profesores en práctica de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La contratación, promoción y remoción de docentes en base a evaluación debe ser responsabilidad de directivos escolares capaces de gestionar proyectos educativos de establecimiento, los que a su vez deben ser nombrados y evaluados por la corporación regional de educación pública, sujetas a la evaluación del gobierno regional y nacional y a las normas del Ministerio de Educación.

La educación escolar privada subvencionada por recursos públicos, debiera ser declarada definitivamente sin fines de lucro, pues nadie ha podido demostrar que algo bueno pueda emanar de la educación concebida como negocio, y en todo caso no resiste ningún criterio de justicia que se gane dinero con subsidios públicos. Múltiples expresiones de la sociedad civil pueden en cambio contribuir a la formación de las nuevas generaciones y asegurar el principio de libertad de enseñanza en el marco del derecho a la educación. Esta educación escolar privada subvencionada, con establecimientos firmemente regulados y supervisados, no debiera multiplicarse de manera inorgánica y en cambio recibir una asignación por alumno para gastos corrientes y otra para gastos de capital, con la contrapartida de la estricta sujeción a las normas del Ministerio de Educación y la expresa prohibición de discriminación en el acceso y permanencia de los alumnos. Este segmento de educación debe ser entendido como uno que mantiene fines públicos, aunque sea gestionado por entidades privadas sin fines lucrativos.

La educación superior técnica no debe seguir solo siendo impartida por entidades privadas, algunas de la cuales lo hacen hoy bastante bien. El Estado debe asumir su responsabilidad en esta área crucial para el desarrollo y crear Institutos Tecnológicos en cada región bajo dependencia de las Universidades públicas, con un fuerte sistema de becas que asegure gratuidad en el acceso a todos los jóvenes con capacidades suficientes para recibir una educación técnica. Las entidades privadas de esta área con fines de lucro no deben recibir recursos estatales.  

Las Universidades públicas y las privadas con fines públicos deben ser las únicas autorizadas a impartir enseñanza superior universitaria. Las con fines de lucro deben ser sacadas del sistema, puesto que existen aunque están prohibidas por la ley vigente, y sus alumnos transferidos al resto de las universidades. Las Universidades públicas deben recibir financiamiento de acuerdo a planes de desarrollo por área y mantener su carácter de organizaciones plurales y complejas, con un fuerte componente de investigación fundamental y aplicada y siempre sujetas a fiscalización externa rigurosa y examen periódico de resultados. Sus alumnos sin recursos y con profesiones de ingresos futuros bajos deben tener becas de cobertura completa y el resto un sistema combinado de beca y crédito fiscal único.

Reformas de este tipo suponen dos cosas: asumir como sociedad que la educación debe ser sustraída de la condición de mera mercancía y además estar dispuestos como ciudadanos a pagar con nuevos impuestos justos por una educación pública y/o privada con fines públicos de calidad y excelencia. Ni la libertad de enseñanza ni la pluralidad de esfuerzos educativos suponen la mercantilización que degrada a la educación. Y tratar, por integrismo ideológico, de seguir impidiendo lo que toda sociedad moderna hace a través de su presupuesto público en educación, no puede sino ser calificado de ceguera e irresponsabilidad. De las que traen graves consecuencias. Entre otras, la de mantener una sociedad inaceptablemente desigual y ... alimentar protestas periódicas en las calles de jóvenes justificadamente descontentos con una sociedad que no les ofrece un futuro. 

Razones para la Educación Pública

Toda la fuerza de la razón tienen los jóvenes que reclaman en la calle el reforzamiento de la educación pública y los parlamentarios que han planteado una reforma a la constitución para que los recursos públicos se orienten solo a las instituciones educacionales estatales o sin fines de lucro. Lo que en los últimos veinte años no logramos, y otros se empeñaron en que no lográramos, incluyendo a los que hoy gobiernan y que promovieron la destrucción de la educación pública, puede ahora cambiar de signo.

La educación es un bien económico caro que se transa en mercados. Más aún, las altas tasas de rentabilidad de la educación sugieren que ésta es, a medida que aumenta el nivel de escolaridad y educación superior, una inversión altamente atractiva para las personas. La adquisición individual de educación tiene una importante rentabilidad privada para quien decide invertir en ella, razón por la cual existe una amplia demanda por educación y una oferta diversificada de la misma: basta ver como en Chile la educación desde 1981 se ha mercantilizado como probablemente en ninguna otra parte.

La realidad de prácticamente todos los países del mundo, sin embargo, es que la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza o subsidiando a los estudiantes.¿Por qué semejante contradicción aparente?

Un primer elemento de respuesta es utilitario: los individuos no gastan en educación tanto como les convendría por falta de recursos y dificultades de acceder a préstamos para financiarla.Esto justifica subsidiarla. Además, la educación es un bien privado que genera externalidades positivas y tiene una importante rentabilidad social: no beneficia solo a quien la recibe sino también, hasta cierto punto, a todos los demás. La educación puede mejorar la salud y el medio ambiente, reducir la pobreza y aumentar el emprendimiento. El aporte en capacidades humanas que provee la educación al crecimiento se manifiesta primordialmente a través del aumento en la productividad, al facilitar la adopción de tecnologías y procesos productivos más sofisticados y flexibles que elevan la competitividad y el potencial de crecimiento de las economías. Pero la educación dejada al mercado no es provista en niveles socialmente óptimos y se requiere gasto público que la haga llegar a toda la sociedad.

Un segundo argumento, el fundamental, no es utilitario sino ético y republicano: la educación es un instrumento central de la conformación de la convivencia colectiva que debe estar a disposición de todos, sin excepción. Independientemente de cómo cada sociedad valora de qué manera y en manos de quien debe ponerla a disposición, todos los gobiernos le dan a la educación básica el carácter de obligatorio, y algunos también la educación media, como Chile desde 2003. Al servicio de regímenes opresivos, la educación puede ser manipulada en su beneficio, pero en las naciones democráticas puede estimular la libertad, la cooperación y la convivencia civilizada. Bien concebida y administrada, la educación puede llegar, en palabras de Martha Nussman, a “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”.

Existen entonces sólidos fundamentos para masivos gastos públicos en la educación preescolar y escolar para socializar valores compartidos y permitir el acceso universal a conocimientos y competencias básicas, así como a la ciencia, las artes y humanidades. Y también para impartir a quienes están en condiciones de recibirla la enseñanza de la ciencia avanzada y la tecnología, proporcionando ayuda financiera a las personas competentes pero sin recursos en las universidades y centros tecnológicos, junto al financiamiento del bien público por esencia que constituye el conocimiento y su generación en condiciones de laicidad, pluralidad y eficiencia.

Chile ha avanzado en cobertura y logro educativos. La cobertura de la educación primaria es ahora casi universal, y los índices de logro en educación secundaria, media y superior han aumentado con rapidez. Un 64% de los jóvenes de 25 a 34 años ha completado al menos la educación media, es decir 20 puntos porcentuales más que la población de 45 a 54 años, situación más favorable que la de otros países de la región, como Brasil (50%) o México (39%). A su vez, un 11% de la población entre los 45 y 54 años ha completado la educación superior, mientras en la población de 25 a 34 años este porcentaje alcanza al 18%. Pero falta mucho: en países como Canadá y Corea, un 56% dentro de ese rango de edad ha logrado completar estudios superiores.

El gasto en educación sigue siendo bajo en los niveles escolares de básica y media en comparación con la OCDE (del orden de 4% contra 6-7% del PIB). Al mismo tiempo, la proporción de gasto privado es alta. La alta proporción del gasto educacional privado es una de las principales características del esquema educacional chileno, si se lo compara con el resto del mundo. En promedio, en los países de la OCDE el gasto público representa el 88% del gasto educacional total. En Chile, en cambio, el gasto público representa sólo el 51.4% del gasto educacional total, especialmente por el peso del gasto privado en educación superior y el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento (como el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados, gravísimo error cometido en 1994) aunque la inversión pública en educación se haya expandido continuamente desde 1990. Según el último informe de la OCDE en la materia, “esto indica que es necesario dedicar más fondos públicos a la educación en Chile. Debido a la alta desigualdad en el ingreso y la fuerte segregación socioeconómica de su sistema escolar, Chile necesita hacer más que otros países para ayudar a los niños con medios financieros limitados.”

Tomemos esta recomendación en serio.

Chile debe terminar con el confinamiento de los estudiantes pobres en la educación municipal y proceder, con una razonable transición, a una reestructuración del sistema escolar a) eliminando los aportes fiscales a las escuelas con fines de lucro, que hoy tienen altas utilidades, lo que es un despilfarro injustificable; b) terminando con el financiamiento compartido, y c) estableciendo corporaciones educativas públicas, de carácter regional, que administren profesionalmente las escuelas públicas y controlen la entrega siempre reversible de recursos a las escuelas no estatales sin fines de lucro a cambio del cumplimiento de estándares de calidad y no discriminación, bajo la estricta supervisión de la Superintendencia de reciente creación, pero que carece de medios reales para rectificar las malas prácticas educativas.

Chile debe además terminar con un sistema de educación superior que permite que dos tercios de los universitarios estén matriculados en entidades con, en la práctica, fines de lucro  –lo que ha permitido a unos pocos amasar considerables fortunas con recursos de los que menos tienen- y carentes de calidad y perspectivas ocupacionales, cuya perspectiva más cierta es la de cargar con un alto endeudamiento a muchos estudiantes que provienen de las familias más pobres. Los estudiantes de menos recursos deben ser apoyados mediante becas para cursar estudios en universidades públicas, que deben ser ampliadas sustancialmente y reformadas en su gobierno interno para aumentar su excelencia, y en universidades con fines públicos sin fines de lucro. Así, la educación, ahora masificada, podrá ser el canal de integración social, promoción de la convivencia republicana y factor de desarrollo que siempre debió, en lugar de mercantilizarse, apuntar a ser.

A los que legítimamente se pregunten porqué estas ideas no se promovieron antes, me permito señalarles que en mi caso las he promovido siempre, como consta en artículos y libros de larga data, aunque manifiestamente sin éxito. Ojalá la actual generación, con sus movilizaciones y justas demandas, logre los cambios sustanciales que son más que nunca indispensables.