Una nueva Constitución

El Congreso Pleno ha consagrado un conjunto de reformas a la constitución de 1980. Ya no llevará la firma del dictador.

Se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y director de Carabineros. El Presidente de la República podrá llamarlos a retiro mediante decreto fundado e informado previamente al Senado. El Consejo de Seguridad Nacional cambia su composición y reduce sus atribuciones. Será un órgano asesor del Presidente y estará integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, los comandantes en jefe, el director de Carabineros y el contralor general de la República.

Se reduce el período presidencial de 6 a 4 años. Para ser Presidente de la República se rebaja la edad de 40 a 35 años. Se eliminan los senadores designados y vitalicios y se establece que el Senado estará compuesto por 38 miembros (actualmente es de 48). La edad para ser elegido senador disminuye de 40 a 35 años. Las vacantes de diputados y de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante.

Se otorga rango constitucional a las comisiones investigadoras y podrán constituirse a petición de, a lo menos, dos quintos de los diputados en ejercicio. Los ministros, funcionarios de la administración y personal de empresas del Estado o donde éste tenga participación mayoritaria estarán obligados a comparecer y proporcionar antecedentes. Se obliga a los ministros de Estado a concurrir personalmente a las sesiones especiales a que sean convocados por la Cámara de Diputados o el Senado. Se permite renunciar a sus cargos a los diputados y senadores cuando una enfermedad grave les impida desempeñarse y así lo califique el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estará integrado por 10 miembros, de los cuales 3 serán elegidos por el Presidente, 4 por el Congreso y 3 por la Corte Suprema. Durarán nueve años en el cargo.

Se establece que el Estado promoverá la solidaridad territorial y la creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, así como la modificación de sus límites y fijación de capitales será materia de ley.

Se facilita la adquisición de nacionalidad para los hijos de chilenos nacidos en el exterior.

La aprobación de todas estas materias son avances sustanciales. Pero no constituyen un cierre de la controversia constitucional ni le otorgan la legitimidad suficiente a un instrumento que debiera ser respetado y valorado por todos. No es el caso de la actual constitución. En particular, su sello sigue siendo conservador en una cuestión esencial (y no podría ser de otro modo, dada la composición ilegítima del actual senado): el enunciado de los derechos que la constitución debe cautelar. No se modifica la orientación liberal, y enfocada en la cautela casi exclusiva de la propiedad privada, de los derechos fundamentales descritos en el artículo 19, ni se moderniza de acuerdo a la doctrina contemporánea el enunciado de los derechos civiles y políticos, de exigencia inmediata por los ciudadanos, ni de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, de exigibilidad progresiva. No es de extrañar que la definición del Estado chileno como un Estado Democrático y Social de Derecho, promovida en su momento por Enrique Silva Cimma, fuera rechazada, como lo fueron la iniciativa popular de ley, el reconocimiento a los pueblos indígenas, el voto de los chilenos en el exterior, la creación del defensor ciudadano y tantas otras propuestas constitucionales progresistas.

Por supuesto, la guinda de la torta está en la tan chilena manera de maquillar las cosas sin resolver nada como el traslado del sistema binominal de la constitución a la ley orgánica, pero... subiendo el quórum como si fuera constitucional. Se requerirá para terminar con este sistema de 23 de los 38 votos del senado, es decir tres quintos, en vez de los ya ilegítimos 22 votos, es decir cuatro séptimos, establecidos para las leyes orgánicas constitucionales desde 1989, y no de 20 votos (para la Cámara de Diputados los requisitos son proporcionalmente los mismos).

En cualquier democracia normal, estos temas se resuelven con la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, como quórum más exigente (siendo el menos exigente el de la mayoría simple de los presentes en la sala). Por lo demás, no otra cosa señalaba la constitución de 1980 original: en la negociación de 1989 se cometió un inmenso error al aceptarse subirlo a 4/7 de cada cámara en el caso de las leyes orgánicas.

La exigencia progresista de una nueva Constitución democrática se mantiene entonces inalterable, para conformar un nuevo Estado Democrático y Social de derecho y de libertades, de promoción de los derechos humanos y de lucha contra las discriminaciones de género, étnicas y de orientación sexual, de participación amplia en la formación de la ley, abriendo una nueva etapa descentralizadora y terminando con el sistema binominal para abrir curso de una vez al respeto del principio elemental de la democracia: las mayorías determinan (y no las minorías como es el caso de Chile, sin cuyo concurso ninguna ley importante es aprobada, conculcando radicalmente a la democracia), respetando el derecho de las minorías a transformarse en mayoría a través de elecciones periódicas si convencen a los ciudadanos.

El camino a seguir podría ser la nominación por el próximo gobierno de una Comisión Constitucional amplia y pluralista, que redacte un nuevo texto más simple, más comprensible para el ciudadano común, claro en el enunciado de deberes y derechos y en las normas de funcionamiento de nuestras instituciones, en un marco de amplia legitimidad a través de la recolección de las más diversas opiniones ciudadanas y la posterior aprobación por el Congreso Nacional.

Existe hoy en Chile una suerte de consenso pasivo que ha permitido a nuestra democracia funcionar y progresar, pero que ha tenido como contrapartida un creciente desprestigio de la política, de los partidos, de los parlamentarios. En Chile este fenómeno tiene su origen básico en la falta de legitimidad de su proceso constituyente, primero en un contexto de dictadura y luego de una década y media de debates en un Congreso que no pudo darle a este proceso la proyección democratizadora necesaria.

Llegó el momento de dar por terminada la transición no para consagrar una institucionalidad endeble e imperfecta, sino para abordar con renovada energía democrática la tarea de dotar a Chile de una nueva Constitución que a todos nos represente.

El socialismo moderno como alternativa al neoliberalismo

Adam Smith y Friedrich Von Hayek, los dos grandes pensadores del liberalismo y el neoliberalismo, han subrayado que nadie conoce mejor las aspiraciones de cada individuo que los propios individuos y por tanto los proyectos colectivos serían un engaño y un fracaso. El mejor funcionamiento social sería el que emana de la libre interacción entre los individuos.

El error de los autores liberales no reside tanto en constatar la evidencia de que los individuos son los que mejor se conocen a sí mismos, sino en fijarse sólo en este nivel de la realidad, reduciendo la sociedad entera a esta dimensión. El ser humano es también un ser social, que encuentra en la acción colectiva una racionalidad pertinente para alcanzar sus propias aspiraciones individuales.

Si se define al sujeto humano como un ser vivo capaz de decir “yo existo y tengo mi propio mundo”, entonces cada uno de nosotros alberga un principio de exclusión propio de la vida (nadie puede decir “yo” en mi lugar). Al mismo tiempo, todos respondemos a un principio de inclusión, que nos impulsa a ser acogidos y reconocidos en una relación con los demás, de pertenencia a un “nosotros” (familia, amigos, compañeros, ciudadanos de una nación y del mundo) como necesidad vital de tener y mantener lazos de afecto y solidaridad. El ser humano se caracteriza por este doble principio, por una suerte de doble programa: uno que empuja al egocentrismo, a sacrificar a los otros por uno mismo, y el otro que empuja al amor, al altruismo, a la amistad, a respetar al otro. En la sociedad de hoy, muchos factores tienden a favorecer el “programa egocéntrico”, con todo lo que supone de afán muchas veces exasperado de lucro, de consumo, de éxito. Sin embargo, es el “programa fraternal y solidario” el que requiere ser expandido, pues entre otras cosas es el que mejor garantiza el respeto por la individualidad para realizarse en una vida plena que permita desarrollar las múltiples potencialidades humanas

[1]. Ello supone constatar que la realización personal es también sentirse realizado con la felicidad del otro y el estar interesado en el éxito del otro[2].

Tenemos entonces entre el socialismo democrático y el liberalismo una fundamental divergencia acerca de las motivaciones primordiales del ser humano. Pero tenemos con el liberalismo político una zona de confluencia en lo que se refiere a la defensa de las libertades civiles y políticas.

El liberalismo político se define por cuatro principios[3]. El primero es el rechazo del absolutismo, la limitación de las esferas de intervención del Estado y por tanto el reconocimiento de una autonomía de la sociedad civil respecto de aquel. El segundo principio es la soberanía del pueblo, ejercida por medio de sus representantes, que expresan, mediados por partidos políticos, a los diversos grupos de individuos animados por intereses. El tercer principio deriva del primero y le reconoce a los individuos y grupos de individuos libertades que se transforman en un principio y un valor. El cuarto principio también deriva del primero y es la neutralidad del Estado en relación a las opiniones religiosas y las convicciones particulares, con la consecuente exigencia de tolerancia y laicidad. La exigencia de una Rosa Luxemburgo (“la libertad es siempre la del que piensa distinto”) no encontraría nada que decir y con ella toda la tradición libertaria de la izquierda.

A su vez, convengamos que del liberalismo económico no fluye el liberalismo político. En Chile, sin ir más lejos, los liberales económicos de inspiración hayekiana (los individuos son los que mejor conocen sus intereses, son maximizadores de su utilidad, por lo que de la promoción de su interés egoísta surgirá espontáneamente la armonía social con la ayuda de la mano invisible del mercado) han sido ajenos al liberalismo político y a la democracia (pensemos en Carlos Cáceres, corresponsal de la Sociedad Mont Pélerin inspirada por Von Hayek, que propuso en la discusión al interior del régimen pinochetista sobre la constitución del ´80 no aceptar el sufragio universal).

Convengamos que, como lo observó Trotsky al analizar los estragos del estalinismo[4], es difícil imaginar que puedan existir libertades políticas y civiles con el monopolio estatal de la economía y del empleo, por lo que el liberalismo político supone grados necesarios de pluralismo económico y de una economía mixta en cuanto a la estructura de propiedad.

Donde emergen las objeciones socialistas al liberalismo es cuando se pretende derivar del cuarto principio, el de la neutralidad respecto de los valores religiosos y morales, un derecho de propiedad absoluto, es decir que los individuos persigan su propio interés económico particular sin otra limitación que la libertad de otros de emprender y de comprar, en la línea de Robert Nozick. Esto no es aceptable para una vida en común justa: las asimetrías en las relaciones económicas (en el contrato de trabajo, en la contratación de servicios, en las condiciones del autoempleo y del emprendimiento, en la apropiación de la naturaleza) y las fallas de mercado (en la provisión de bienes colectivos, en la existencia de externalidades, de monopolios naturales y económicos, de competencia monopolística, de asimetrías de información, de costos de transacción, y la lista es larga) son de tal magnitud que, si bien el derecho privado de propiedad debe existir para los bienes personales, en la visión socialista democrática el derecho de propiedad de los activos económicos no debe suprimirse, pero debe estar sometido al interés público, debe tener un carácter social al ser regulado en su ejercicio por la ley, sin perjuicio de que la sociedad persiga la consecución del derecho a la propiedad –consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos- para los que carecen de ella. En el mundo de la moderna economía de la información y del conocimiento, este acceso a la propiedad cambia de naturaleza y se hace crecientemente factible para el mayor número de ciudadanos.

Para los socialistas cabe introducir una exigencia de justicia social, es decir de igual libertad, de igualdad de oportunidades y de igualdad específica de resultados, es decir “exigencias morales” como límite a la realización por cada uno de sus intereses particulares.

El socialismo moderno rechaza la deriva del liberalismo político hacia el liberalismo económico, pues la neutralidad del Estado en relación a toda concepción moral suele desencadenar procesos de concentración de los recursos de poder de tal magnitud que resultan manifiestamente contrarios al funcionamiento de una sociedad democrática y terminan por negar la realidad de las libertades individuales. No concordamos con el liberalismo que sólo defiende las “libertades negativas”, como independencia del individuo de todo control colectivo y político más allá de lo que es necesario para asegurar la coexistencia de las libertades, replegándose en la defensa de su esfera privada. Los socialistas agregamos la dimensión de la “libertad positiva”: el sistema de libertades no puede funcionar si los individuos no son partícipes de los asuntos colectivos. La sola dinámica de los derechos individuales no basta para fundar un espacio público, hay que agregarle compartir valores colectivos, mínimos comunes denominadores que fundan la vida social, y en especial la solidaridad con el destino de los demás, la fraternidad con los otros seres humanos y especialmente con los que sufren las consecuencias de las desiguales inserciones en la sociedad, lo que se traduce en nuestra exigencia igualitaria.

De ahí nuestra oposición a la sociedad de mercado que promueve el neoliberalismo, representando los intereses de los dueños del poder económico concentrado, aquella donde predomina la acumulación ilimitada de capital y en que el afán de lucro se instala en todos los ámbitos de la vida colectiva...en nombre de la libertad individual, que termina siendo la libertad de unos pocos. Lo que no supone condenar genéricamente los mercados, pues rechazar todo intercambio basado en precios es casi tan extravagante en una sociedad compleja como estar en contra de las conversaciones entre las personas (aunque ciertas conversaciones, como ha observado A.K,Sen, sean claramente infames y causen problemas a terceros, o a los propios interlocutores).

Esto supone ir más allá de la igualdad de oportunidades hacia algún grado de igualdad de resultados en esferas específicas. Lo que requiere que nos detengamos en la noción de qué es, en definitiva, una sociedad justa.

Convengamos con John Rawls que las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las “bases sociales del respeto de sí mismo”[5]. Una sociedad justa es una sociedad cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse según tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan, en particular a través de una limitación de las desigualdades de riqueza, una prohibición del sexismo, del racismo y del nepotismo, y sobre todo una enseñanza eficaz, obligatoria y gratuita. Esta es una buena base para concebir una sociedad justa e igualitaria, con la agregación de la igualdad de resultados específicos en algunas áreas[6].

Walzer, por su parte, avanza en este sentido y defiende una concepción de igualdad compleja, que supone, de modo más exigente que Rawls, que se preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de esas esferas. Así, según Walzer, el peso igual de cada ciudadano en el proceso de decisión política, el derecho igual de cada trabajador a participar en las decisiones de su empresa, el acceso al éxito escolar según el solo criterio del mérito o el acceso a las atenciones de salud en función sólo de las necesidades, son diversos criterios irreductibles el uno al otro. Su campo de aplicación debe estar protegido contra las desigualdades de poder de compra. La justicia, según Walzer, consiste tanto en inmunizar las otras esferas contra los frecuentes desbordes de lo económico como asegurar una distribución equitativa de los bienes económicos.

La completa igualdad de resultados debe ser aplicable al dominio de la igual libertad y debe serlo sólo parcialmente en materia de resultados económicos: el aserto de cada cual según su capacidad a cada uno según su necesidad enunciado por Marx en su Crítica al Programa de Gotha supone “alcanzar el reino de la libertad”, es decir alcanzar una situación en que ya no existe la escasez de recursos disponibles. La regla de que todos reciban según lo que necesitan supone alcanzar una capacidad productiva igual o superior a las necesidades y además resolver inextricables problemas prácticos para determinar las necesidades individuales, lo que plantea fuertes problemas de incentivos y de asignación justa de los recursos disponibles: los comportamientos oportunistas sin castigo retributivo llevan inevitablemente a una disminución del dinamismo productivo en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Parece más pertinente plantear la perspectiva de lo que Marx llamaba “la fase 1 del comunismo”, es decir la regla de cada cual según su capacidad a cada uno según su trabajo, corregido por la acción igualitaria de distribución universal de bienes y servicios específicos, es decir a toda la población y/o a parte sustancial de ella, con los mecanismos de aseguramiento de riesgos sociales con mantención de ingresos y distribución de ingresos básicos garantizados que apuntan al a cada cual según su necesidad de la "fase 2" marxiana pero circunscrito a estos aspectos fundamentales.

En este sentido es también pertinente mencionar al economista hindú A. K. Sen[7], para quien el enfoque rawlsiano de la justicia le parece focalizarse indebidamente en los bienes primarios sociales y no considerar suficientemente la capacidad muy desigual de transformar esos bienes en funcionamientos (mediante nutrición adecuada, salud, movilidad), para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos. Sen sostiene que esto no implica igualar todas las capacidades, pero que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza –entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos- no sólo absoluta sino también relativa.

La enseñanza de estos criterios de justicia que fundamentan una visión igualitaria moderna no es por cierto derivar literalmente aplicaciones en la sociedad real, en circunstancias siempre más complejas que las abstracciones que los fundan, sino entenderlos como indicaciones dotadas de coherencia y éticamente fundadas para guiarnos a la hora de decidir qué parte de los recursos de la sociedad es justo que ésta, a través del sistema político, consagre a la redistribución de los ingresos generados y qué transformaciones de la estructura de funcionamiento económico y social son necesarias para superar las desigualdades injustas y especialmente la explotación y subordinación ilegítima de unos seres humanos por otros.

Notas

[1] Edgar Morin, “Quatre axes de réformes pour l’humanité” , en Philippe Merlant, René Passet y Jacques Robin, Sortir de l’économisme. Une alternative au capitalisme néolibéral, Les Editions de l’Atelier, Paris, 2003.
[2] En palabras de Attali, “sin que nadie se dé todavía cuenta, la Fraternidad es ya hoy la fuerza principal que arrastra a la vanguardia del mundo (…). Se anuncia desde ya en la demanda de servicios que apuntan justamente a compensar la soledad valorizando la relación con el otro y más precisamente los servicios de hospitalidad: turismo, restauración, arte de recibir, todo lo que estimula y satisface la curiosidad, invita a la mezcla, enseña a conocer, a dar y a acoger, preserva y promueve el artesanado, los espectáculos vivos, las redes, todo lo que nace del deseo de gozar del placer del otro. Se anuncia igualmente en las situaciones, cada vez más frecuentes en las economías modernas, en que el uno necesita que el otro tenga éxito (…) Así, la fraternidad es el reconocimiento de la importancia del otro para la realización de sus propias aspiraciones”, en Jacques Attali, Fraternités. Une nouvelle utopie, Paris, Fayard, 1999.
[3] Alain Renaut, “Du libéralisme politique au libéralisme économique”, Alternatives Economiques, Hors Série nº 51, 2002. Un análisis más amplio se encuentra en Francisco Vergara, Les fondements philosophiques du libéralisme, La Découverte, Paris, 2002.
[4] En palabras de León Trotsky: “...En un país donde el único empleador es el Estado, hacer oposición significa morir de hambre. El viejo principio de que el que no trabaja no come, es sustituido por uno nuevo: quien no obedece no come...”, citado por Luciano Pellicani, “Tres enfoques sobre socialismo y mercado”, Crítica Social, Santiago, Julio de 1991.
[5] John Rawls, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1979 (primera edición en inglés: 1971).
[6] Una discusión amplia de estos aspectos se encuentra en Philippe Van Parijs, Ethique économique et sociale, La Découverte, Paris, 2000.
[7] Véase Desarrollo y Libertad,Taurus, 2002.

Razones de una candidatura

Mi candidatura no tiene como objetivo sólo la búsqueda de un escaño. Si se obtiene, bien. Y en este caso a través de duplicar como Concertación, junto a Soledad Alvear, los votos de la derecha, lo que no es fácil pero tampoco imposible. Y además con el desafío de superar los votos de Longueira, expresión de la derecha extrema que bien vale la pena derrotar y así cortar de raíz sus pretensiones presidenciales futuras. Esta campaña no busca solo un resultado, sino que se inscribe en un proceso. Luego de la declinación de la candidatura del diputado Carlos Montes, se generó un vacío que debía ser llenado, salvo que se dejara sin representación en la campaña de 2005 al PS-PPD-PR en el 20% del electorado nacional que vota en la circunscripción senatorial de Santiago Oriente.

Representar en ese lugar, que es por lo demás en el que vivo, los valores, las ideas y el proyecto de la izquierda democrática y progresista chilena es entonces la motivación principal de esta campaña. He tenido la posibilidad de desarrollar en diversos libros, trabajos e intervenciones estos temas. En dos palabras: soy de los que piensa que los seres humanos somos iguales en dignidad y debemos llegar a serlo en derechos (políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales) y en oportunidades de realización de nuestros proyectos de vida. En el “debemos llegar a serlo” está el quid del asunto, pues vivimos en una sociedad que está lejos aún, si se me permite la ironía, de consagrar esa igualdad. Acercarse a lograrla, contra viento y marea, es nuestro “optimismo de la voluntad”, lo que dependerá de los grados de transformación de la sociedad y de la economía que vayamos obteniendo los ciudadanos progresistas y de izquierda a través de la acción política democrática en las instituciones y en la sociedad civil. Se trata de jugarse por hacer posible que nuestros valores igualitarios y libertarios se hagan realidad progresivamente, con luchas de largo aliento, que se van extendiendo de generación en generación.Había entonces un vacío y nadie de nuestro campo político, o independientes cercanos a él, estaba dispuesto a llenarlo. El PPD tenía su candidato a Senador en Santiago Poniente, Guido Girardi, con un gran desafío electoral y no se interesaba por llevar dos candidatos a Senador por la Región Metropolitana, mientras el actual secretario general del PS declaró que no llevaríamos candidato a senador por Santiago. Esto me pareció insólito y ocurriría por primera vez en la historia del socialismo. Y habiendo yo dejado el cargo de Presidente del PS en el congreso de enero de 2005, me pareció que podía y debía ofrecerme para esta tarea.

Luego de haber trabajado intensamente para que Michelle Bachelet se transformara en candidata presidencial primero de mi partido, luego del bloque progresista y luego de la Concertación, me pareció que esto no suponía dejar sin acompañamiento a Soledad Alvear en su opción a senadora por Santiago Oriente, luego de la declinación de su precandidatura presidencial a favor de Michelle. Se trataba de al menos una falta de reciprocidad y de amistad cívica concertacionista.

Después de pensarlo un par de días y consultarlo con quien me pareció necesario, decidí ponerme a disposición de mi partido y de la concertación para acompañar a Alvear. A esta le pareció bien, como lo ha declarado públicamente, lo mismo que a los demás partidos de la coalición. Ha sido la excepción la actual dirección del mío, probablemente porque he sido crítico de ella, pues me parece que no ha hecho lo necesario para haber concluido hace ya tiempo la negociación parlamentaria y darle apoyo pleno y prioritario al despliegue de la candidatura de Michelle. Hay que seguir pensando en el interés general, para eso estamos en política, y no habiendo aún quien se ofrezca, parece ser que mi candidatura se concretará y la voy a asumir como corresponde.