viernes, 26 de agosto de 2016

En la Ciudad de México, en la tumba de Trotsky, en la casa en que fue asesinado en 1940 por los estalinistas, con emoción por su legado de resistencia.

martes, 23 de agosto de 2016

Tablero vacío

La encuesta del CEP recientemente dada a conocer revela un distanciamiento generalizado entre los que responden la encuesta (un 76% de los encuestados, lo que aumenta bastante el margen de error de +- 3% que resultaría, por el tipo y tamaño de la muestra, si la tasa de respuesta fuera completa) con la esfera política, que sufre globalmente de un desprestigio creciente. Se constata una fuerte impopularidad del gobierno y de su coalición, pero también de la oposición, que no recoge en absoluto para sus propósitos el descontento con los primeros. Pocos creen, además, que el país esté progresando.
Estamos sin duda frente a la mayor expresión de mal humor frente a las instituciones políticas de la historia democrática reciente, lo que tiene una causa que parece ser clara e inequívoca: el fuerte rechazo a la corrupción y la percepción de que es generalizada entre la dirigencia política y también entre los funcionarios.
No obstante,  sólo una minoría ha escuchado hablar de coimas en su entorno. Una amplia mayoría se encuentra satisfecha con su vida, aunque exprese preocupación en materia de delincuencia, salud, educación y sueldos (curiosamente la encuesta no pregunta sobre las pensiones  que reciben los jubilados). Además,  una mayoría, aunque menos amplia, expresa satisfacción con la gestión de su alcalde. Esto indica, semanas antes de una nueva elección municipal, que esta dimensión de la vida pública, la administración pública local, no sufre el mismo grado de desprestigio que el parlamento y los partidos políticos.
¿Podrá pensarse en un nuevo comienzo y en el inicio de una recuperación del prestigio de los actores principales de la esfera pública  con la próxima elección presidencial y parlamentaria? Por el momento, a poco más de un año de esa elección, se observa un impresionante vacío. El expresidente Piñera encabeza la lista de preferencias presidenciales, pero reúne sólo un 14%, sólo la mitad que en la misma época en la etapa previa de su elección en 2009. El ex presidente Lagos reúne sólo un 5% de preferencias. Y Marco Enríquez-Ominami iguala al repartidor de banderitas, granjerías y billetes Farkas, con apenas un 3%.
No se había visto en la historia política reciente de Chile una tal desconfiguración del escenario político electoral en una fecha tan próxima a la definición presidencial. Como nunca las opciones presidenciales para 2017 se encuentran abiertas, pues no aparecen aún los candidatos que satisfagan el atributo de honestidad y confiabilidad que hoy privilegian los ciudadanos por sobre todas las cosas, incluso por sobre la preocupación por los problemas del país. Es el precio que se está pagando por la generalizada mercantilización de la sociedad y específicamente la captura, en buena hora puesta en evidencia, del poder político por el poder económico, como nunca concentrado en tan pocas manos. Costará mucho tiempo, esfuerzo y signos de renovación, y desde luego generacional,  para que los dirigentes políticos vuelvan a ser percibidos como personas que no están sometidas a la tentación o al poder del dinero y que se proponen defender intereses colectivos.

viernes, 19 de agosto de 2016

PIB,¿recesión a la vista?

Columna en El Mostrador

Al conocerse las cuentas nacionales del segundo trimestre del año 2016, muchos  medios titularon “PIB acumula un alza de 1,6% en 2016”. Pero entre líneas se lee en la información que “en términos desestacionalizados, el producto interno bruto anotó una caída trimestral de 0,4%”. El lector se preguntará ¿cómo es la cosa?, ¿este ascensor sube o baja?

La serie desestacionalizada del Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central y la serie desestacionalizada del PIB trimestral (que es la información a retener en definitiva), ayudan de manera importante a los analistas a evaluar la coyuntura, pues permiten una apreciación de la evolución de la economía respecto del mes (o trimestre) inmediatamente anterior, pero descontando los efectos estacionales en la actividad. Estos son especialmente notorios en la agricultura y la construcción.

Esto no quiere decir que no tenga sentido comparar el Imacec mensual o el PIB trimestral con su valor de un año atrás para una apreciación de tendencia más larga. Pero esa tendencia puede ser al alza, mientras en el corto plazo la situación puede ir a la baja. Por esta razón es que convencionalmente en las evaluaciones internacionales de coyuntura económica se suele tomar el indicador trimestral desestacionalizado (y además anualizado) del PIB como indicador fundamental, a la vez que se define que una economía está en recesión cuando se constatan dos trimestres consecutivos de caída respecto del trimestre anterior.

El hecho es que cabe hacer notar que el PIB trimestral desestacionalizado de abril-junio muestra una caída del PIB de -0,4% (-1,6% en ritmo anualizado). Esto no ocurría desde marzo de 2010, luego del gran terremoto de febrero de ese año, y desde los dos últimos trimestres de 2008 y el primer trimestre de 2009, que fue cuando arreció la recesión internacional más grande desde la crisis de 1929.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la época esperaron dos trimestres de caída antes de hacer nada y finalmente lanzaron su plan de estímulo fiscal y monetario, que tuvo buenos resultados, pero tardíos. Ya había ocurrido otro enorme error en la gestión macroeconómica en 1999, cuando el Banco Central, frente a la llamada “crisis asiática”, subió fuertemente la tasa de interés y el Ministerio de Hacienda hizo tres ajustes a la baja del gasto público, consiguiendo un cóctel recesivo que puso en serias dificultades injustificadas al Gobierno de la época.

En suma, en 1999 y en 2009, Chile experimentó caídas anuales de -1% del PIB, con el consiguiente efecto negativo en el empleo y enormes secuelas económicas y sociales posteriores, contrariamente a nuestros vecinos, que no sufrieron recesión. Se trató de errores manifiestos de los conductores de la política económica en Chile, respecto de lo cual, por lo demás, nunca han dado mayor cuenta. Más bien suelen seguir pontificando alegremente acerca de su supuesta idoneidad técnica puesta a prueba por los hechos que sus equivocaciones provocaron.

Desgraciadamente, se puede temer ahora que esté por producirse lo mismo. Tendremos, con una alta probabilidad, una nueva recesión en el futuro cercano si no se reorienta la política económica.

Los factores de riesgo en los meses próximos están vinculados a la eventual acentuación del decaimiento del consumo –influido por una menor creación de empleo y un estancamiento de las remuneraciones reales– y mayores deterioros de la economía internacional. Veamos los temas del contexto internacional: existen incertidumbres en Europa y China y un cierto dinamismo en Estados Unidos. Francia e Italia, las mayores economías de la zona euro tras Alemania, que mantiene una buena salud y sigue creciendo, tuvieron un crecimiento cero entre abril y junio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las perspectivas de crecimiento de China a corto plazo han mejorado gracias a las políticas de estímulo, tanto en materia fiscal como monetaria, pero emitió el 12 de agosto una nueva alerta sobre el rápido ascenso de la deuda, especialmente la corporativa. China, nuestro principal destino exportador, está inmersa en una transición estructural basada en aumentar el peso del sector servicios en detrimento de la industria, reducir la importancia de la inversión pública para dar más protagonismo al consumo interno y bajar la dependencia del crecimiento basado en el crédito.

Si el entorno externo es de incertidumbres pero con crecimiento (las exportaciones crecieron de hecho en 1,2% en ritmo anual en el segundo trimestre, más que en el primer trimestre), estamos en cambio en presencia de una fuerte debilidad de la demanda interna, que creció un 0,9% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior y en 1,4% en ritmo anual en el segundo trimestre. Pero lo grave es que el consumo de los hogares, que constituye la parte principal de la demanda interna, cayó en -0,4% en términos desestacionalizados en el segundo trimestre, mientras la inversión cayó en -0,8%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,1% en junio y registraron un crecimiento nulo en el primer semestre.

Con el empleo creciendo cada vez más lentamente (especialmente en la construcción y con pérdidas sustanciales de empleo industrial y minero), junto a remuneraciones reales estancadas, el consumo de los hogares cae. Es el principal componente de la demanda agregada, mientras sus otros componentes, la inversión y las exportaciones netas, no muestran capacidad endógena de compensar esa caída. La probabilidad, en este contexto, de que la economía entre en recesión en los próximos meses es alta. En todo caso, si crece lo hará a un nivel muy por debajo de su potencial oficial (3,7% anual, según el panel de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda en 2015 para un horizonte de cinco años, fuertemente ajustado a la baja respecto de años anteriores) y la economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia.

El Banco Central debiera bajar a la brevedad la tasa de interés de referencia  y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública, que inexplicablemente está programada para caer un -5% en 2016. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, si los hubiera, parcialmente deben contrastarse con un sustancial aumento del desempleo si se sigue con la política ortodoxa de no utilizar reservas fiscales que se acumularon para eso, para usarlas en los momentos de dificultad.

Entonces, hoy por hoy, los problemas no vienen desde fuera sino desde dentro, en buena medida provocados por la religión de la política fiscal y de remuneraciones (recuérdese el marginal incremento reciente del salario mínimo) restrictiva antes que contracíclica. El ministro de Hacienda argumenta que, si no se mantiene una política fiscal restrictiva, en vez de hacer operar una lógica contracíclica que no se ajusta a sus convicciones ideológicas ortodoxas, podríamos caer en una situación recesiva como la de Brasil. Pero ocurre que es exactamente lo que está haciendo.

Si el error técnico de Eyzaguirre-Valdés es evidente, no mencionemos la magnitud del error político que significa someter al Gobierno y a la Presidenta a una recesión evitable en el preciso momento en que enfrenta importantes dificultades en su gestión.

lunes, 1 de agosto de 2016

¿Los sistemas de reparto están quebrados?

Hay quienes opinan con gran alarde que los sistemas de reparto están universalmente quebrados y otros con gran propiedad indican que ningún sistema de capitalización individual ha sido revertido. Nada de esto es cierto.
La reversión ha ocurrido en Argentina (sin que el actual gobierno de derecha se manifieste a favor de volver a un sistema de capitalización individual), Hungría y Eslovaquia, mientras Estonia, Letonia y Polonia han reducido su proporción al interior de sistemas mixtos, que usualmente incluyen un pilar solidario de reparto, uno de cotizaciones laborales obligatorias y uno de incentivos fiscales al ahorro. Estos sistemas mixtos son la tendencia más frecuente en la actualidad.
Los sistemas basados en la capitalización individual, especialmente en estructuras laborales heterogéneas y con contratos de trabajo volátiles, garantizan bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa reciente de las personas que se retiran, especialmente en el caso de las mujeres.
El envejecimiento demográfico provoca una mayor dificultad de financiar las pensiones bajo el sistema de reparto, bajo el sistema de capitalización o bajo cualquier otro sistema que pueda imaginarse. No obstante, existen sistemas de reparto perfectamente compatibles con este proceso en tanto la carga financiera del pago de pensiones se vaya adaptando a las disponibilidades presupuestarias definidas. El sistema de reparto puede absorber el cambio demográfico: a) ajustando los parámetros (tasa de cotización, años de cotización, edad de retiro, tasa de reemplazo), lo que han hecho casi todos los países que mantienen este tipo de sistema, entre los que se cuenta Estados Unidos y la mayoría de los europeos, o b) estableciendo “cuentas individuales no financieras”, es decir una contabilidad de derechos según cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida activa, indexadas por la evolución de la masa salarial (Suecia) o el PIB (Italia). Este sistema da lugar a  derechos pensionales según la trayectoria laboral completa de cada cual y se impiden los tristes e indignantes incrementos de salario de última hora para obtener ventajas a costa de los demás que hemos conocido en estos días, o los que se impusieron para las fuerzas armadas en la etapa de la dictadura militar, o cualquiera otra maniobra que suele presentarse en los sistemas políticos permeables a los intereses particulares mediante el financiamiento privado de la política. Esos derechos son convertidos en renta con un coeficiente que depende de la esperanza de vida de cada generación y del esquema de revalorización de pensiones escogido, prohibiendo la discriminación hombres-mujeres en las tablas de longevidad, o c) estableciendo una pensión uniforme universal a la neozelandesa o canadiense, financiada por reparto a través de impuestos, establecida en este caso como un porcentaje del salario medio. Ninguno de estos sistemas está “quebrado” en absoluto.
En el caso de Chile, un mejor sistema a adoptar sería uno de reparto sustentado en una pensión uniforme universal establecida como un porcentaje del sueldo medio y concebida como un derecho para todos los ciudadanos mayores de 65 años, única manera de lograr una cobertura adecuada en una estructura laboral tan heterogénea y discriminadora contra las mujeres, financiada por impuestos progresivos que amplíen sustancialmente y reemplacen la actual Pensión Básica Solidaria (que cuesta menos de un 1% del PIB, es decir, menos que las pensiones militares), a la neozelandesa, y manteniendo el fondo fiscal de reserva de pensiones para asegurar su sustentabilidad en el tiempo.
Un esquema de este tipo que asegure un 40% del salario promedio actual sería 2,6 veces superior a la Pensión Básica, costaría un 3% del PIB, en circunstancias que por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo de AFPs. Por tanto no estamos hablando de nada inusual. Junto a esta pensión universal, se debe estimular pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias -descontadas por planilla al momento del pago por el salario- con aportes equivalentes (con topes) del empleador y subsidios públicos para los pequeños ahorrantes.
En el futuro, las AFP debieran transformarse en entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, sin ya mantener el inusitado y absurdo privilegio de recibir cotizaciones obligatorias. Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –en adelante voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda, enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que viven de su trabajo.
La idea de que la solución a la baja tasa de reemplazo del sistema actual sea subir la cotización a ser entregada obligatoriamente a las AFP, haría poco por aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, salvo que sea sustancial, con la consecuencia de encarecer todavía más el sistema, y mucho por aumentar aún más las sobreutilidades ilegítimas de las AFP, que simplemente deben terminar, pues existen mediante coerción a costa de los ingresos presentes y futuros de la gran mayoría de los chilenos.
Un nuevo enfoque debe asegurar a toda persona con más de 65 años el derecho a un ingreso igualitario del que vivir –necesariamente modesto pero digno, basado en la capacidad productiva de la sociedad y en las rentas colectivas que genera- por el sólo hecho de ser ciudadano (o residente de larga duración), junto a una atención de salud fuertemente subsidiada y un acceso a bajo costo al transporte, la cultura y la recreación para los mayores.
Debatir la magnitud de ese subsidio financiado por impuestos progresivos, transparentes, sin privilegios de ningún tipo, con montos materialmente viables -para lo que necesitamos una economía de alta productividad e innovación con una base social y ecológicamente sustentable- es fundamental para la sociedad de mayor edad promedio, con relativamente muchos menos jóvenes, que tendremos como horizonte futuro.

jueves, 21 de julio de 2016

Accidentes electorales

La renuncia del senador Manuel José Ossandón al partido Renovación Nacional se ha producido, al parecer, para evitar probables condicionamientos o vetos partidarios a una candidatura presidencial suya. Por su parte, la declinación de la candidatura a alcalde de Santiago de Joaquín Lavín, que implícitamente conllevaba una eventual prolongación presidencial relegitimada hacia 2017 ante la ausencia de personalidades competitivas en el partido UDI, contribuye también a reconfigurar el panorama de la elección presidencial que tendrá lugar en unos 16 meses más.
La tradicional idea del candidato providencial que se impone por su propio peso, en este caso la del ex presidente Sebastián Piñera en la derecha, suma un potencial detractor menos (Lavín), pero un real, y en cierta medida poco previsible, desafiante (Ossandón). Emerge una primera incógnita, hasta donde se puede observar en el escenario actual de la política chilena, que es la de si Ossandón llevará el desafío hasta una primera vuelta presidencial o bien aceptará participar en una primaria de la coalición Chile Vamos. Y se presenta una segunda incógnita, que es la de si Sebastián Piñera aceptará someterse a una primaria con Ossandón y otros, a lo que los ex -presidentes (con excepción de Michelle Bachelet, lo que habla bien de sus convicciones democráticas) suelen no inclinarse con mucho entusiasmo, dado el peso bonapartista tradicional de la función presidencial en Chile.
La próxima elección para la primera magistratura se dirimirá con una alta probabilidad en una segunda vuelta, la que alineará –como viene ocurriendo desde la elección de Ricardo Lagos- a un candidato emanado del universo de la derecha y a otro (u otra) del universo de la centroizquierda. Pero no es posible dejar de considerar sin más, aunque su probabilidad de ocurrencia sea baja, un “accidente electoral”. Este pudiera emanar de un escenario de amplia diferenciación de candidaturas competitivas en la primera vuelta presidencial, estimulada por la necesidad de cada partido de tener un soporte presidencial afín para sus candidaturas parlamentarias en el contexto del nuevo sistema electoral con mayor proporcionalidad que se inaugurará el año próximo.
En efecto, no se puede excluir que pasen a segunda vuelta dos candidaturas de derecha que logren convocar a segmentos sociales y electorales diferentes y a amplios universos de descontentos, frente a varios candidatos de la Nueva Mayoría que pudieran presentarse debilitados por la falta de renovación y por la impopularidad del actual gobierno, junto a varios candidatos dela izquierda no tradicional o de expresiones políticas menos clasificables pero con capacidad de motivar a electores que suelen abstenerse. Es decir, se puede presentar un escenario con algo así como dos candidatos de derecha que eventualmente alcancen un 25% y un 20% respectivamente, con dos candidatos de la Nueva Mayoría (uno de la DC y otro del PS-PPD-PR-PC) que reúnan cada uno menos de 20% y el resto repartido en candidaturas no tradicionales dispersas.
La posibilidad de construir un escenario de esas características debiera motivar a Manuel José Ossandón a llevar su candidatura hasta la primera vuelta presidencial en 2017. Y hacer meditar a la centro-izquierda acerca de si su dispersión actual no podría prefigurar un colapso político mayor el año próximo. Y a la izquierda no tradicional acerca de la necesidad de reagruparse más allá de las capillas que se han ido prefigurando y que la alejan a día de hoy de toda capacidad de incidir en la agenda pública, que a fin de cuentas es el sentido de la acción política.

martes, 19 de julio de 2016

El error de una política económica recesiva

En el primer trimestre de 2016, el PIB desestacionalizado creció en un 1,3% respecto al trimestre anterior, lo que hacía albergar un cierto optimismo. Pero la evolución posterior ha sido volátil. Para el Banco Central, de acuerdo a su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, la economía crecerá entre 1,25% y un 2% en 2016 y espera que “la economía siga creciendo por debajo de su potencial por algunos trimestres más, afectada especialmente por el desempeño de los sectores más ligados a la inversión”. El gobierno redujo, el 11 de julio, la proyección de crecimiento del PIB en 2016 a 1,75%, desde el 2% previsto en marzo pasado y el 2,75% previsto en septiembre de 2015 en la ley de Presupuestos del Sector Público.
Con respecto al primer trimestre de 2016, el Imacec desestacionalizado promedio del trimestre móvil marzo-mayo registra una caída de -0,5%, influido por el estancamiento del consumo interno y por la incomprensible –dada la mala coyuntura que afecta a la demanda interna y el más lento crecimiento del empleo– caída programada de la inversión pública. A mayor abundamiento, la balanza en cuenta corriente mostró en el primer trimestre un superávit de 0,9% del PIB, reflejando la menor actividad interna.
El peso se ha depreciado respecto al año 2011, el de mayor sobrevaluación por el alto precio del cobre, en -42,6% hacia junio de 2016. Esto favorece a los exportadores y a los competidores con importaciones, especialmente en la industria y la agricultura, y a las regiones en que estas actividades prevalecen.
Pero la mala noticia en el corto plazo es que el aumento de los precios de los bienes importados ha impactado sobre la inversión en bienes y equipos y el de bienes de consumo sobre los consumidores y sus remuneraciones reales, lo que contribuye a generar un efecto contractivo en la economía.
El Índice de Precios al Consumidor aumentó en junio a un ritmo anual de 4,2%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,2% en mayo y acumulan un incremento de solo 0,1% en los primeros cinco meses del año respecto a diciembre y de 1,0% en doce meses. El estancamiento de esta variable sigue contribuyendo al decaimiento de la demanda interna y de la actividad económica general. El incremento en el salario mínimo, que pasó de 250 mil a 257,5 mil pesos a partir del 1 de julio de 2016, no contribuirá a incrementar sino marginalmente las remuneraciones reales agregadas ni el consumo, lo que constituye otro error de la política económica.
En el trimestre móvil marzo-mayo, el crecimiento en doce meses del empleo fue de 1,3%. La tasa de crecimiento de la ocupación viene perdiendo dinamismo desde el segundo semestre de 2015, en paralelo a la desaceleración de la actividad económica, lo que se acentuó en lo que va de 2016. Por otro lado, aumentó en 3,4% el empleo de jornada parcial involuntario, lo que refleja la continuidad del ajuste al menor crecimiento de la actividad por la vía de la disminución de la jornada laboral antes que, todavía, mediante despidos.
Fruto de la pérdida de dinamismo de la creación de empleo en relación con el aumento de la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo aumentó a 6,8% de esta en marzo-mayo de 2016. Esta cifra es superior en 0,2 décimas de punto porcentual a la de hace un año y 0,5 décimas superior a la de dos años a la misma fecha.
Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, el desempleo abierto venía bajando en comparación anual, tendencia que se revirtió en el trimestre móvil enero-marzo de este año. El número de desocupados aumentó en 4,9% en doce meses, unas 27,4 mil personas más. El registro pasó desde 560.5 mil a 587,9 mil desocupados. Se habían registrado 539,7 mil en enero-marzo 2016.
Por categorías de trabajadores, la de mayor expansión es la de Cuenta Propia (105 mil, a un ritmo anual de 6,5%), seguida por los asalariados (21 mil, a un 0,4% anual), con una caída de empleadores y servicio doméstico, lo que refleja un deterioro de la calidad del empleo.
El empleo en Chile es predominantemente asalariado, con un 69,8% en esta categoría y un 21,2% en la de cuenta propia en marzo-mayo de 2016, mientras un 86,9% de los asalariados cuenta con un contrato escrito y un 71,0% con un contrato indefinido. Un 87,0% de este subuniverso recibe las tres prestaciones laborales sociales de pensión, salud y desempleo, sin grandes variaciones en doce meses.
En suma, con el empleo creciendo al 1,3% anual y las remuneraciones reales al 1,0% anual, el consumo de los hogares, principal componente de la demanda, no está permitiendo que la economía crezca a un nivel que se acerque a su potencial.
Resulta cada vez más incomprensible la inacción del Gobierno, en circunstancias que existe una sólida posición fiscal de Chile. A la paridad cambiaria actual, los ahorros netos han tenido pocos cambios en los últimos cuatro años, a pesar de los déficits fiscales efectivos desde 2013. Si se incluyen las deudas de las compañías estatales, Chile entra a un moderado territorio negativo después de 10 años de ahorros netos, circunstancia excepcional en el mundo.
El balance fiscal efectivo fue de -2,2% del PIB en 2015 (contra un -1,6% en 2014 y un -0,6% en 2013). Esta cifra de déficit fue menor a la esperada, con ingresos que crecieron un 5,2%, fruto de los primeros efectos de la reforma tributaria de 2014. Pero el Gobierno se autoimpuso de manera absurda disminuir el déficit estructural en 0,25% anual en los próximos años.
El déficit fiscal efectivo y el estructural se situarán, en 2016, en la estimación del Ministerio de Hacienda del 11 de julio, en -3,2% y en -1,4% del PIB, con un crecimiento del gasto público del orden de 4,2%. Los ingresos se estiman a la baja respecto a la estimación inicial en 0,2% del PIB por el efecto de una caída de la tributación minera privada. El déficit fiscal efectivo pasó de una estimación de 2,9% a 3,2% del PIB, equivalente a US$ 7.7 mil millones, mientras que el estructural se elevó de 1,3% a 1,4%, un 0,2% menos que el 1,6% de 2015, sin considerar el 0,3% de blanqueo de capitales. La deuda bruta sobre PIB pasaría de 17,5% del PIB a fines de 2015 a algo más del 20%, salvo que se usen los fondos soberanos para financiar el déficit.
La inversión pública va a caer en 2016 y 2017, lo que es una muy mala noticia para la economía e implica un sacrificio del potencial de crecimiento en aras de mantener el déficit fiscal estructural para 2016 no muy lejos de la meta inicial de -1,3% del PIB y de 1% para 2017, en el peor momento de incertidumbres internacionales y de caída de la demanda interna.
El ministro Valdés ha preferido no utilizar las amplias reservas fiscales con las que cuenta el país –que para eso se constituyeron– y no se propone realizar impulso fiscal alguno para salir de la senda de bajo crecimiento, como el realizado en 2009. Con ello compromete además el crecimiento futuro, especialmente en materia de inversión pública y de políticas de incremento del producto potencial en Investigación y Desarrollo.
Para este enfoque se ha apoyado en una revisión a la baja del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre. Estas variables son las que ocupa el Gobierno para calcular los ingresos estructurales (cíclicamente ajustados). Ambos insumos son provistos por Comités de Expertos y se han ido corrigiendo a la baja sostenidamente.
Los valores a la fecha ubican al PIB Tendencial a cinco años en 3,6% y al precio referencial del cobre a diez años en US$ 2,57 la libra (luego que se rebajó excepcionalmente en marzo desde 2,98, lo que revela que se trata de un panel de no muy sólidas convicciones sobre el largo plazo). En la consulta en curso a los expertos, ambos valores serán seguramente ajustados a la baja.
Todo esto tiene una sola consecuencia: cuando más se necesita una política fiscal activa para reanimar la economía, y especialmente una fuerte expansión del gasto en infraestructura, menos el Gobierno parece dispuesto a utilizar los márgenes fiscales de que dispone.
La economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia. Una vez producido el impacto recesivo de menores precios y cantidades en los flujos de bienes exportables, con un fuerte impacto en la devaluación del tipo de cambio y, por la vía de la inflación, en las remuneraciones reales, la política económica adoptada ha agravado las nuevas circunstancias recesivas externas e internas.
El Banco Central debiera bajar la tasa de interés de referencia y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, en cambio, impedir deterioros en la situación del empleo.
Este tipo de errores ya se cometieron en Chile en las recesiones evitables de 1999 y 2009, con economistas inspirados en lo que el Premio Nobel Paul Krugman denomina “economía vudú” –la que considera que las políticas de sustento de la demanda son siempre fuente de desequilibrios, cuando en realidad son un componente clave de la regulación coyuntural y del crecimiento de largo plazo y que, entre otras cosas, evitan o atenúan las recesiones–, de la que se han hecho lamentablemente adictos en nombre de un rigorismo abstracto los actuales conductores de la política económica.              
Es de esperar que no estén privilegiando que no se produzcan eventuales deterioros en la evaluación de riesgo país de las agencias calificadoras para agregar ese récord frente a futuros empleadores, seguramente del mundo financiero del que provienen. Lo que,  en todo caso, no deben olvidar es que esa prioridad tiene una contrapartida: el interés general dañado por una economía estancada y, sobre todo, aumentos innecesarios en el desempleo, con el consiguiente sufrimiento evitable de centenares de miles de familias.

viernes, 8 de julio de 2016

¿Gratuidad de qué y para quien?



El actual gobierno actúa con una curiosa práctica programática y legislativa. En vez de plantear medidas para su período, lo hace, en diversas materias cruciales, para los siguientes gobiernos. Esto pudiera considerarse una saludable visión de largo plazo y un prudente espíritu de gradualidad. El problema es que ese proceder no considera un elemento básico de la democracia y contribuye a su desprestigio creciente: los gobiernos son por definición “de turno”, es decir de duración limitada, y más aún lo son los presupuestos, que son anuales. Lo que ocurra después de 2018 en materia tributaria y de gasto público, y también en materia de gratuidad universitaria, será fruto de decisiones del próximo Presidente y del próximo Congreso y no de los actuales. Discutir sobre proyecciones de PIB y otras consideraciones para ver cuando se llegaría a la gratuidad universal –con el famoso “todo lo demás permaneciendo constante” de los economistas poco criteriosos- no tiene simplemente ningún sentido.
El actual gobierno ha dicho, en definitiva, que se accederá al finalizar su período a la gratuidad universitaria si se pertenece al 60% de menos ingresos, dados los rendimientos de la reforma tributaria y el menor crecimiento, los que no alcanzarán para sostener la promesa del 70%. Si ese guarismo se modificó, también valdría la pena reflexionar sobre el sentido de la gratuidad, que debe discutirse en sus fundamentos y dejar de ser una carrera por porcentajes. Por nuestra parte, como venimos escribiéndolo desde el año 2012,  sostenemos que la idea de gratuidad universal no es la mejor desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad y debiera sustituirse por otra: la de una progresión presupuestaria fundada en una nueva política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior. Y no en promesas genéricas bastante poco racionales.
Primero, debiera alcanzarse la gratuidad en toda la educación técnico-profesional declarada pertinente por el Ministerio de Educación, siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas por un nuevo órgano público especializado, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica, como está previsto por el actual gobierno,  e Instituto Profesional por región a partir de las universidades estatales.
Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en las carreras pertinentes declaradas como tales por el Ministerio de Educación (¿tiene sentido gastar enormes recursos públicos para formar gente en carreras sin empleabilidad?), aumentando su matrícula progresiva pero sustancialmente. En tanto, es indispensable redimensionar a la mayoría de las carreras universitarias, que deben pasar, como en el mundo desarrollado, de cinco a cuatro años, en base a fortalecer la formación escolar con un sistema público de preuniversitarios y propedéuticos. Y no se debe incluir a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (estableciendo un arancel diferenciado con crédito subsidiado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector privilegiado de la sociedad.
Como tercera prioridad, la gratuidad debiera incluir, con los mismos criterios anteriores, a los alumnos de las carreras de universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y de investigación, junto a una extensión al servicio de las comunidades, sin discriminaciones.
Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general (todas esas son características fundamentales de la función pública en educación superior, según lo establecen además los tratados firmados por Chile en materia de derechos sociales y culturales), no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales y sus alumnos de menos ingresos recibir ayudas estudiantiles si están acreditadas y en carreras declaradas pertinentes por el Ministerio de Educación.
Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión (donde haya compromiso con el interés general, con las prioridades de desarrollo, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos, y dónde no los haya simplemente no debe haber subsidio), debiera poder acomodarse sin problemas con los recursos fiscales disponibles para 2017 y 2018. Lo que siga más adelante será materia, insistimos, del próximo gobierno y del próximo Congreso emanados del pronunciamiento ciudadano. Ellos verán qué política de educación superior aplican.
Si lo que se quiere es un mercado educativo desregulado universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de carreras y universidades ni niveles de ingresos de los alumnos,  no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto financiado por el Estado con los impuestos que pagan todos los chilenos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.

martes, 5 de julio de 2016

Gratuidad universal


Es un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto
La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.
Publicado en EMOL el 5 de julio
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Pregunta y respuesta completa

Pregunta Emol: ¿cuándo podríamos llegar a la gratuidad universal? Considerando el lento crecimiento económico del país y los resultados esperables de la reforma tributaria. ¿Se puede lograr? ¿Es un proyecto muy a largo plazo? ¿Es imposible lograrlo?

Respuesta:

La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Primero debiera alcanzar a la brevedad a toda la educación técnico-profesional (siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional por región a partir de unas universidades estatales que aumenten su matrícula progresivamente hasta el 50% del total). Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en tanto la mayoría de las carreras pasen de cinco a cuatro años y se excluya a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (arancel diferenciado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector de la sociedad. Como tercera prioridad en el tiempo, la gratuidad debiera incluir, con el mismo criterio anterior, a los alumnos de las universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y la investigación sin discriminaciones. Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general, no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales. Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión, debiera poder acomodarse sin problemas a los recursos fiscales adicionales disponibles en los próximos años. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.

jueves, 30 de junio de 2016

¿Pueden converger Mercosur y la Alianza del Pacífico?

Publicado en Revista de Economía Exterior de España
Los países del Pacífico son puentes naturales de comercio desde y con Asia, pero el corazón de los intercambios no puede hacer abstracción de Brasil y Argentina. La confluencia entre Mercosur y la Alianza para el Pacífico es, en este sentido, inevitable a mediano y largo plazo.
La América hispana perdió toda articulación interestatal con el fin de la era colonial, mientras la América portuguesa la mantuvo, y por lo demás sobre un amplio territorio de la vertiente atlántica de América del Sur. Pero Brasil ha sido hasta finales del siglo XX un “mega Estado-nación” con un amplio mercado interno y poco dinámico en profundizar sus vínculos con la fragmentada América hispana. La única entidad política que agrupó tradicionalmente a los Estados latinoamericanos, pero junto a Estados Unidos y Canadá, fue la Organización de Estados Americanos, fundada en 1948 y con sede en Washington, siguiendo la lógica panamericanista que se remonta a 1890, con el influjo de la mayor potencia militar y económica en escala mundial desde el siglo XX hasta la actualidad, EE UU.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) nació en 1991 como una unión aduanera que debía mantener aranceles comunes y transitar a un mercado integrado, con excepciones notables como la industria automotriz, donde la ventaja competitiva y de escala brasileña es evidente, alrededor de los dos grandes países de la costa atlántica, Brasil y Argentina, como protagonistas principales. Con el tiempo, se constituyó como la primera entidad política interestatal en América Latina autónoma de EE UU, con una cláusula democrática que se puso a prueba con la destitución del presidente Fernando Lugo, que implicó la suspensión temporal de Paraguay y su posterior retorno al esquema de integración una vez se realizaron nuevas elecciones democráticas.
La creación de Mercosur involucró en sus orígenes y primeras etapas en Brasil a los presidentes José Sarney y Fernando Henrique Cardoso y en Argentina a los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, ninguno de ellos de ideas radicales. Su construcción solo en parte tiene que ver con opciones particulares de política exterior o de política de integración comercial, y más bien expresa intereses de más largo plazo. Es cierto que el rechazo de Mercosur en 2004 a la propuesta estadounidense de extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a todo el continente marcó una postura crítica al tipo de influencia histórica de EE UU en América Latina con, en particular, el pasivo de su apoyo a dictaduras militares diversas y las invasiones unilaterales de países del continente, siendo las más recientes las de Granada en 1983 y Panamá en 1989.
La imagen actual de Mercosur con un tinte ideológico particular no refleja bien el hecho de que constituye una realidad de largo plazo de vinculación de Brasil con Argentina y con Estados-nación más pequeños de sus espacios geográficos inmediatos de la América hispana del sur. Primero fueron Uruguay y Paraguay y más tarde Bolivia, en un proceso en curso. También puede sostenerse que la salida de Venezuela de la Comunidad Andina –continuadora del Pacto Andino creado en los años sesenta desde Chile a Venezuela– y su integración en Mercosur en 2012, tiene una lógica que trasciende la contingencia, dado que existen suficientes razones de sinergia interestatal para producir una integración territorial y comercial entre países que comparten una amplia frontera.
La América hispana poscolonial del norte del continente americano se fragmentó, por su parte, pronto y su principal Estado-nación, México, no cultivó mayores vínculos particulares con el sur, especialmente por su economía fuertemente interconectada con la de EE UU. Esto terminó de consagrarse con la creación del Tlcan en 1994 (entre EE UU, México y Canadá). A su vez, este proceso incidió en mantener la distancia de la diplomacia brasileña con la idea de una integración latinoamericana que diera un papel protagonista a México, pues Brasil se considera a sí mismo un actor global con entidad propia, mientras opina que México y Centroamérica son un espacio inevitablemente articulado con EE UU, al menos en su dinámica económica.
Con esa lógica, la agrupación de América del Sur en una entidad política, dotada de un acuerdo en materia de defensa, fue estimulada por Brasil en los primeros años del siglo XXI, con la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que desempeñó un papel importante en la superación de la crisis boliviana con la región de Santa Cruz (2008); en el conflicto entre Colombia y Venezuela (2010); así como la defensa del sistema democrático en Honduras (2009); Ecuador (2010); y Paraguay (2012); y en menor medida Venezuela en la actualidad.
No obstante, el peso de las instituciones previamente existentes de alcance latinoamericano, como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), resultante de la transformación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) y del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), junto al trabajo del Grupo de Río y las cumbres de América Latina y del Caribe, y la voluntad, en su momento, de México y Brasil de producir un acercamiento entre el sur y el norte del continente sin presencia de EE UU y Canadá, llevó a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2010 en México. Sus 33 miembros representan a unos 620 millones de habitantes, pero sin estructura institucional más allá de una presidencia pro tempore.
En su momento, los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador manifestaron su intención de que Celac reemplazara a la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que no ha ocurrido. Más aún, además de México, América del Sur puede volver a ser una zona turbulenta para EE UU y estimular un mayor interés de su política exterior, hoy volcada a otras prioridades geoestratégicas, lo que dependerá del resultado final del proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC, la salida a la crisis en Venezuela y la evolución de las tensiones en la subregión como las diferencias territoriales, una vez superadas las de tipo marítimo, entre Chile y Perú y el reclamo por la salida al mar de Bolivia, además del manejo del impacto del fin de altos precios de las materias primas exportadas por el continente.
El hecho es que Celac no sustituyó a la OEA y, antes bien, se produjo una nueva fragmentación en los procesos de integración con la creación de la Alianza del Pacífico, en 2012, con el propósito de “profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia-Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte” y “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.
La Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú –con Panamá y Costa Rica como candidatos a miembros de la alianza– y es un mecanismo de integración económica y comercial que incluye un compromiso en materia de facilitación migratoria. Se presenta como un grupo de países estables que respetan la democracia y el Estado de Derecho, que ofrecen oportunidades de inversión atractivas y sostienen que con el libre comercio pueden lograr mayor competitividad para sus economías. Según José Antonio García Belaunde, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, la Alianza del Pacífico “está basada en la afinidad más que en la proximidad” de los países miembros. En la actualidad, Chile, Colombia, México y Perú totalizan una población superior a los 209 millones de personas (lo que representa más del 36 por cien del total de Latinoamérica). Concentra el 40 por cien del PIB a paridad de poder de compra y el 50 por cien del comercio de América Latina.
Esta alianza tuvo un origen en el Perú de Alan García y el Chile de Sebastián Piñera, países suramericanos que buscaron un contrapeso a la extensión de la influencia del chavismo venezolano, visible en el contexto suramericano en el Ecuador de Rafael Correa y sobre todo en la Bolivia de Evo Morales. Pero también buscaron una alianza contra el peso del eje atlántico de Brasil-Argentina en el concierto latinoamericano, que los llevó a buscar una articulación con Colombia y con México. El contexto es el de un continente con tres grupos de países con sellos ideológicos específicos: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y los caribeños Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y las Granadinas); el grupo de países con orientación hacia tratados de libre comercio con EE UU, Europa y otras zonas (México, Chile, Perú, Colombia, Honduras, Panamá, Costa Rica); con un tercer grupo alrededor de la articulación Brasil-Argentina, llamada a permanecer en el tiempo más allá de la orientación política de sus gobiernos, pues en particular deben velar por gestionar en la globalización actual y sus precarias formas de gobernanza, sus núcleos industriales, de los que carece la mayor parte del resto de América Latina, excepto México.
Más allá de las mencionadas connotaciones ideológicas y de equilibrio intra-latinoamericano, la Alianza del Pacífico da cuenta de la creciente orientación del comercio exterior latinoamericano hacia China y Asia. Desde 2009, en que el mundo afrontó su peor crisis económica desde 1929, se terminó de evidenciar la consolidación de China como un actor central en la economía mundial. En el contexto de una caída abrupta y generalizada en los flujos del comercio mundial (12,2 por cien en volumen), China desplazó a Alemania como el principal exportador mundial de mercancías. Si en 2009 logró ser ya el primer exportador de mercancías global, tras dos décadas de vertiginoso crecimiento de las ventas al resto del mundo, desde 2013 superó a EE UU como primera potencia comercial. Más de un 10 por cien del comercio mundial de mercancías tiene destino u origen en China, cuando hace una década esa proporción no llegaba al cinco. Con el 16 por cien del PIB mundial a paridad de poder de compra en 2014 –está ya cerca de alcanzar el 19 de EE UU y el 18 de la Unión Europea, lo que ocurrirá en todo caso antes de 2020–, China compartirá con India el 50 por cien del crecimiento global en los próximos años. El PIB combinado de China e India pronto superará al de las economías del G-7 y rebasaría a la de todos los miembros actuales de la OCDE en 2060, según ejercicios prospectivos de este organismo. La zona euro dentro de 50 años supondrá solo el nueve por cien del total. Por su parte, EE UU, reducirá su peso hasta el 16 por cien en 2060. China e India multiplicarán por más de siete sus ingresos y las economías más desarrolladas solo se duplicarán. No obstante, sus estándares de vida serán entre un 25 por cien y un 60 por cien del de los países desarrollados en 2060.
En la actual etapa de salida de crisis, China es principal fuente de crecimiento de las exportaciones de la región latinoamericana, incluso en el contexto de desaceleración. El comercio entre la región y China tiene un carácter esencialmente inter-industrial, pues las exportaciones chinas consisten principalmente en bienes manufacturados, mientras que las de América Latina son principalmente de materias primas. Ello dificulta, tanto mayores alianzas empresariales sino-latinoamericanas como una inserción más eficaz de los países de la región en las cadenas productivas de Asia-Pacífico, que tienen cada vez más un carácter intra-industrial.
En América Latina solo Chile y Perú tienen un acuerdo de libre comercio con China, lo que transforma esos países en protagonistas de la Alianza del Pacífico. Al mismo tiempo solo Chile, México y Perú forman parte de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), que incluye a China y EE UU) y del recientemente firmado Tratado Transpacífico (TPP) de comercio e inversiones, que no incluye a China. Los acercamientos de China para firmar acuerdos de libre comercio con Colombia, México y Mercosur no han avanzado.
No obstante, la Alianza del Pacífico difícilmente podrá ser el interlocutor principal con Asia si se considera que Brasil es el primer socio comercial de China en la región y además socio estratégico de China junto con Argentina. En la visión china, los cuatro países emergentes decisivos son, además de la República Popular, Brasil, Rusia, India y Suráfrica. El objetivo de China es transformar a este grupo (Brics ampliado) en un esfuerzo concertado de política exterior. En esta visión, Brasil no es solo el mayor país emergente de América del Sur, sino un actor global, identificado como el principal aliado estratégico de la República Popular en el plano mundial, fuera de Asia. Para China, hay un segundo grupo de países emergentes relevantes en relación a la nueva estructura del poder mundial, son los 13 del G-20. Ahí están Argentina y México. En la percepción china, Argentina tiene una especificidad estratégica fundamental, que le otorga un papel propio y relevante en el nuevo contexto global: tiene un potencial agroalimentario capaz de alimentar quizás a 600 millones de personas. La República Popular China tiene la menor proporción entre tierra fértil y población del mundo (7-22 por cien).
En contraste con la orientación al libre comercio de la Alianza del Pacífico, la postura de algunos miembros de Mercosur se ha inclinado hacia una estrategia más proteccionista que de liberalización del comercio, incluyendo evaluar la posibilidad de elevar las barreras arancelarias del bloque regional hasta el 35 por cien, que es lo máximo exigido por la Organización Mundial del Comercio, aplicables a China. Cabe subrayar que hasta ahora Mercosur, además de con países asociados de Latinoamérica, solo ha firmado con éxito un acuerdo de libre comercio con Israel.
La perspectiva de fondo es reconocer que China y Asia venden a América Latina productos elaborados y compran materias primas y productos básicos, en una relación económica asimétrica clásica. El desafío para los procesos de integración latinoamericana es reconocer que los países de la zona del Pacífico son puentes naturales de comercio desde y con Asia, pero que el corazón de los intercambios no puede hacer abstracción de Brasil y Argentina. La confluencia entre Mercosur y la Alianza para el Pacífico es en este sentido inevitable a mediano y largo plazo, pero será útil a sus países miembros en tanto incluya elementos que ayuden poco a poco a revertir la relación asimétrica vigente hoy. Y esto mediante mecanismos que faciliten inversiones chinas en combinación con empresas latinoamericanas en áreas que produzcan avances tecnológicos de la industria de los países del continente y hagan que los acuerdos internacionales se sitúen en la dinámica de la innovación y la modernización de las economías antes que proveedores tradicionales de materias primas.

jueves, 9 de junio de 2016

Gatos por liebre: la tramposa discusión de la reforma universitaria

En El Mostrador

En el tema de la educación superior es tal la confusión reinante, que parece adecuado intentar volver a algunos fundamentos. ¿Para qué deben existir universidades?
Parece tener sentido sostener que su rol debe ser el de: a) cultivar, transmitir y difundir los saberes y la herencia cultural de la humanidad y la de nuestro país, sus comunidades y sus territorios; b) fomentar la libre creación e investigación en las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías sobre la base de la libertad de pensamiento y de crítica y de la responsabilidad con el desarrollo democrático de la sociedad; c) formar personas con la finalidad de permitir su inserción activa y creativa en la sociedad, con capacidad de pensar por sí mismas y de actuar con responsabilidad y solidaridad social, en un contexto de diálogo entre disciplinas, de respeto a la libertad de cátedra y de investigación, actuando al servicio de la sociedad. El acceso a ella para estudiantes, docentes, investigadores y creadores debe basarse exclusivamente en el mérito, excluyendo toda forma de discriminación arbitraria.
En efecto, la opción que parece ser ampliamente mayoritaria en la sociedad chilena de hoy es que la educación superior, con recursos de todos, forme a personas para el ejercicio de libertad y la solidaridad y contribuyan a fines comunes de desarrollo sustentable y equitativo como principal competencia, antes que ser una mera fábrica de profesionales regidos por la búsqueda de una rentabilidad privada de estudiantes-consumidores y de oferentes-empresarios.
Si definiciones de este tipo no gustan a los conservadores y neoliberales, que están dentro y fuera de la coalición de Gobierno, cabe remitirse a las que el Estado chileno debe respetar en su legislación más allá de lo que opinemos los unos y los otros.
Nos referimos a lo que señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, entrado en vigor en 1976, y firmado en 1969 y ratificado por Chile en 1972, el que, de acuerdo con el artículo 5 de la actual Constitución modificado en 1989, debe ser garantizado por la ley interna: “La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (…). Debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”.
Y agrega el Pacto: “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”, mientras estipula que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora”.
Se viene sosteniendo por los sectores conservadores de la sociedad chilena que la educación superior está llamada a seguir básicamente siendo un mercado, con una oferta sin fines establecidos, como lo es hoy, con universidades públicas que apenas suman un 15% de la matrícula. Para ellos, el Estado no debiera tener ninguna política de fomento o discriminación positiva hacia las universidades estatales y limitarse a subsidiar a todas las universidades acreditadas por entidades privadas según el número de alumnos y financiar la investigación por pequeños concursos de poca duración. La competencia y las preferencias de los estudiantes-consumidores bastarían para definir el tema de la calidad y el sentido de la formación.
Hay quienes, incluso, sostienen que se debe mantener el actual subsidio llamado Aporte Fiscal Indirecto, que otorga recursos según el número de alumnos más aventajados en la prueba de selección que son captados por cada universidad. Hoy en Chile se premia a las universidades con mejores rendimientos y no se establece ningún aporte en tanto tales para aquellas que reciben a alumnos con más dificultades, y cuya formación suele requerir más recursos. Privilégiese a los privilegiados: algo así como el mundo al revés.
En cualquier caso, la propia legislación establecida en 1981 señala que las universidades deben “realizar la funciones de docencia, investigación y extensión que son propias de la tarea universitaria”. De esta premisa y del tipo de fines que se puede esperar que tengan las Universidades en una sociedad moderna y democrática se deduce una primera conclusión: las entidades de educación superior que solo realizan una función de docencia no deben ser consideradas Universidades.
Un sector de las actuales universidades privadas reclama que se les debe permitir hacer solamente docencia. Eso desnaturaliza y empobrece su misión a un punto tal, que simplemente no se debe aceptar. Las entidades de educación superior que solo imparten carreras profesionales pueden ser muy útiles, sin investigación y extensión, pero no son universidades, son institutos profesionales. Y así lo debe reiterar una ley futura. Mantener la situación actual es simplemente un abuso del consumidor, por así decirlo. Es pasar gato por liebre.
Una segunda conclusión es que debe cesar la curiosa pretensión de pasar otro gato por liebre, es decir, intentar darles carácter público a entidades privadas. Remitámonos a la Real Academia Española, según la cual público es, en la acepción que cabe, lo “perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital público”. Hay quienes desean convencernos de que, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile es pública. Supongo que en el Vaticano –la UC es una universidad pontificia que depende del Papa, o sea, del Estado Vaticano, no del chileno– esa idea no será bien recibida.
Bromas aparte, simplemente ocurre que la UC no es pública. ¿Puede prestar buenos servicios a la sociedad? Tal vez sí, tal vez no, y en todo caso debe tener derecho a existir y a difundir la doctrina de la Iglesia Católica. Pero no debe recibir recursos públicos –que en importante medida explican su buen desempeño en diversas áreas– si continúa expresamente excluyendo la libertad de cátedra (véase la reciente expulsión de la UC de un cura docente por el cardenal-arzobispo de Santiago por una enseñanza, ¡teológica!, que no era de su gusto, para no hablar de la expulsión de un científico por sostener que la píldora del día después no es abortiva, como prueba el conocimiento científico hasta ahora disponible) y la libertad de investigación (véase la prohibición de investigar sobre anticoncepción en la UC).
Como afirma Daniel Loewe, doctor en Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez, “esto no debiese ser problemático, si la universidad en cuestión no recibe fondos estatales (ni directos ni indirectos)”. Y, agregamos nosotros, en tanto se respeten los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo la libertad de pensamiento, expresión y reunión, garantizados por los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos civiles y políticos.
Lo que no pueden pretender los rectores pontificios, y otros similares, es recibir todo tipo de abundantes subsidios públicos sin respetar la libertad de cátedra y de investigación, que son la esencia de la Universidad. Donde estas libertades no existen, no puede haber fondos del Estado, que desde 1925 no es un Estado confesional. Donde existen, y se cumple con las normas de colaboración con los fines públicos de la educación (es decir, los que determina el Estado en su legislación, no lo que se les pueda ocurrir a los rectores de las universidades privadas que quieren ser totalmente independientes para dirigir sus asuntos, incluyendo el derecho a discriminar y a enseñar sin investigar ni promover el desarrollo ni servir a las comunidades, pero muy públicas para recibir subsidios), entonces se pueden justificar aportes del Estado para tener un paisaje universitario diverso y plural, al que se accede en igualdad de condiciones.
Y debe terminar la inconsistencia irracional de buscar la generalización de oportunidades de acceder a la educación superior, pero impidiendo por razones exclusivamente ideológicas la expansión de las universidades propiamente públicas, que son las estatales, y alrededor de ellas un sistema público de educación profesional y técnica hoy inexistente, y que la Presidenta Bachelet ha empezado a construir con la creación, por primera vez desde 1990, de centros de formación técnica públicos y de universidades públicas en regiones al servicio de su desarrollo.
La matrícula pública en educación superior debe ser mayoritaria, porque es ahí donde puede existir –en tanto se superen, eso sí, las rémoras de captura feudal por intereses particulares de sus miembros y se termine con el sistema precario de profesores por hora que sustentan la mayor parte de la docencia– la mejor garantía de la libertad de cátedra, de investigación, y de servicio al desarrollo sustentable y equitativo del país.
La ley debe ahora definir a las universidades públicas como organizaciones de servicio público, con fin único, con una misión autogobernada –con parámetros de pertinencia, eficacia, eficiencia y evaluación externa periódica– por su comunidad para cumplir los fines que la sociedad le encomienda, financiada por todos y supervigilada en su desempeño con transparencia por los órganos públicos pertinentes. El financiamiento debe incluir, en convenios de programación trianuales concordados por cada universidad estatal con la nueva Subsecretaría de Educación Superior, metas de matrícula, investigación y extensión.
Se debe asegurar a la brevedad en estas universidades una amplia gratuidad en pregrado –no completa, en ausencia de un sistema tributario que asegure una mayor progresividad en el impuesto a la renta, es decir, con un arancel graduado por ingresos familiares–, con una duración de carreras que en muchos casos debe disminuir a cuatro años y con un límite de tiempo para terminar la carrera con subsidio, con una combinación de becas y crédito subsidiado en los postgrados. La acreditación de las universidades estatales debe ser parte de los convenios de programación y realizada por una entidad pública especializada que evite los conflictos de interés hoy generalizados –en nombre de una imposible “evaluación de pares” que devino en simple corrupción– en el sistema vigente.
Tercer gato por liebre: mantener la ficción de la ausencia de lucro cuando a ojos vista los controladores nacionales e internacionales de universidades privadas –para esto son sumamente privadas– transfieren sustanciales utilidades mediante resquicios (el pago de servicios variados) a sus dueños comerciales, con dineros públicos para ganancias privadas. El mundo al revés, otra vez.
El Estado no debe dilapidar recursos transfiriéndolos incondicionalmente a entidades privadas sin finalidad pública, que es en lo que está resultando hasta hoy la llamada gratuidad: un gigantesco y carísimo sistema de subsidio público a empresas privadas universitarias con fines particulares, una suerte de capitalismo universitario creado desde el Estado a partir de 1981.
Las universidades privadas deben declarar y cumplir con fines que aseguren investigación y extensión al servicio del desarrollo y las comunidades, comprometerse con el respeto de la libertad de opinión, cátedra e investigación y permitir la participación de la comunidad universitaria en su administración.
No deben tener fines de lucro, ser obligatoriamente propietarias de los inmuebles que usan y con prohibición de comprar a sus dueños supuestos servicios para sustraer utilidades encubiertas o desviar recursos a fines distintos de los educativos. La gratuidad debe asegurarse a los estudiantes de universidades privadas que cumplan con estos requisitos para los de menos ingresos y complementarse con créditos para el resto, hasta que no se establezca una progresividad tributaria que haga justificable su extensión y acceder a fondos públicos de investigación por concurso.
El fondo del tema sigue siendo acelerar el fin del ciclo neoliberal en Chile, porque no funciona para asegurar prosperidad y democracia. No por casualidad los economistas del FMI Ostry, Loungani y Furcerri (Finance & Development, junio de 2016) han llegado a la conclusión de que el neoliberalismo a la chilena está “sobrevendido” y que “el aumento de la desigualdad hiere el nivel y sostenibilidad del crecimiento. Incluso si el crecimiento es el único o principal objetivo de la agenda neoliberal, los abogados de esa agenda deben de todas maneras prestar atención a los efectos distributivos”.
En el campo universitario, como en muchos otros, la política pública fomenta la desigualdad. Debe dar de una vez un vuelco y reformar en profundidad lo existente. Si el futuro de Chile pasa por una sociedad que forma a sus jóvenes para la libertad y la solidaridad y cultiva sus talentos para pasar de una economía de extracción destructora de recursos naturales a una economía equitativa del conocimiento, la reforma universitaria debe hacerse en serio y con urgencia. Este no es asunto sectorial, es un asunto de modelo de desarrollo.

lunes, 6 de junio de 2016

Entrevista en El Desconcierto

Entrevista en El Desconcierto Seguir Leyendo

El economista y ex candidato a la presidencia del PS habló con El Desconcierto acerca de educación, de los tres puntos que deberían unir a una “tercera fuerza” política que agrupe a la izquierda y criticó la alianza que su partido hizo con la DC: “Yo no estoy de acuerdo con el aliarse con un partido que se ha dedicado a bloquear todas las reformas principales: la laboral, la educacional y la tributaria. Esto ha sido el colmo”.

Por Pablo Álvarez Y.

“Ahora sí estamos en serio viviendo aquello del fin del ciclo político en Chile abierto en los 90”, dice el político y economista Gonzalo Martner, ex presidente del Partido Socialista, candidato a la presidencia del colectivo en las últimas elecciones y actualmente director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago.

Asegura que este cambio de ciclo se ha expresado concretamente desde 2011, con una soberanía popular que se expresa a través de movimientos sociales que ya no tienen vínculos con los partidos tradicionales, y que viene a terminar con un ciclo en el que estos se habían “acomodado a los amarres de la transición, expulsado las posiciones más críticas en su interior y generado un sólido sistema de poder”.

A pesar de esto, valora otros elementos del ciclo que, a su juicio, termina: “Hubo cosas muy notables, como lo que se hizo en materia de Derechos Humanos, mucho más lejos de ‘la medida de lo posible’ y mucho más cerca de ‘la medida de lo necesario’. Esta idea de que son todos malvados y todos traidores y que todo aquí fue objeto de venderse al gran capital, creo que es una manera de ver las cosas un poco simplista”.

¿Qué le parece el escenario que se ha generado con esta desconfianza? Incluso los estudiantes han llegado a manifestarse dentro de La Moneda.
-A mí no me parece que pueda ser objeto de mayores críticas el que un grupo de jóvenes estudiantes secundarios se propongan ser alternativa al gobierno y lancen el desafío “no los vamos a dejar gobernar”. Yo prefiero gente que es de repente un poco desmedida en sus planteamientos que a la gente apática.

Desde la otra vereda, ha habido una serie de renuncias a partidos políticos como la DC (René Saffirio), el PPD (Pepe Auth) e incluso la UDI (José Antonio Kast). ¿A qué las atribuye?
-Yo creo que hay dos factores, el primero es el choque que provoca en algunos la puesta en evidencia del financiamiento de la gran empresa y la captura de los partidos por estos grupos. El segundo factor es bastante menos honorable, y tiene que ver con los cálculos que sacan algunos con el cambio del sistema electoral, especialmente en la Cámara de Diputados. ¿Ve que no hay ningún senador renunciado? Esto es una mezcla de personas que no quieren sentirse parte de procesos de subordinación a través del financiamiento de la política y personas que hacen cálculos electorales.

También hay una crítica a los caudillismos.
-Sí claro, pero si te refieres a las declaraciones de Pepe Auth contra Guido Girardi, no sé cuál de los dos es más o menos caudillo.

¿Qué evaluación hace del Partido Socialista, en el que milita?
-El partido al que yo pertenezco dejó hace rato de ser un partido que reivindicara banderas socialistas. Se transformó en un partido de acomodo que mantiene el poder simplemente. No se escucha hablar en el PS de royalty minero, de ley de Pesca que preserve los intereses de la pequeña pesca y la preservación del recurso, ni se escucha hablar demasiado de las reformas laborales.

¿Ha evaluado renunciar?
-Es que cuando uno tiene convicciones, y las mías son convicciones socialistas, no tengo por qué abandonar el PS. Su actual declaración de principios en parte la redacté yo, comparto esas convicciones. No abandono la esperanza de que el Partido Socialista vuelva a ser un partido socialista. Ahora, si quieren echarnos que nos echen y digan por qué. Pero si alguien me pregunta por qué yo estoy apoyando formas electorales distintas a las que el partido ha decidido, le contesto que el partido ni siquiera es capaz de llegar a la hora a inscribir las candidaturas. Que no me vengan a criticar por posturas políticas, por lo menos la mía es seria.

Existen esfuerzos fuera de los partidos políticos tradicionales. Incluso usted aparece como un suscriptor a quienes convocan a armar una “tercera fuerza” política.
-Eso es muy simple. Lo que ocurre es que para la derecha es fácil recomponerse en torno a sus intereses, el centro político nunca se ha sabido mucho lo que es, y la izquierda está en una crisis profunda. Por lo tanto, existe mucha confusión. Entonces, en esos momentos hay que agarrarse de cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son? Más democracia a través de una Asamblea Constituyente, retroceder la hiperconcentración del capital con más tributación a las utilidades de las empresas y una relación laboral más equilibrada y preservar nuestros recursos naturales con un nuevo modelo de desarrollo. ¿No parece sensato que nos juntemos los que estamos de acuerdo con esto?

Ha sido difícil para las fuerzas de izquierda aunarse, incluso ha habido quiebres últimamente como el de Izquierda Autónoma.
-Es que cuando las fuerzas más jóvenes emergen, suele haber conductas poco proclives a juntarse con parecidos. A veces se tiene al cercano y al parecido como el enemigo principal. He lamentado profundamente el conflicto que se produjo en Izquierda Autónoma. Uno escucha las partes y no ve realmente si en estas materias hay diferencias verdaderas. Hay problemas de énfasis en tipos de liderazgos o en el rol de la reforma educacional, pero son cosas que una fuerza política debería poder discutir sin quebrarse.

¿Qué tan amplia podría ser esta alianza?
-Caben quienes vienen de otros mundos que no son la izquierda. Jaime Mulet, desde el mundo de la DC, está viviendo un proceso de reflexión a propósito de reafirmar estructuras democráticas. El senador Horvath, desde la derecha, tiene una reflexión sobre modelo de desarrollo. Vuelvo a repetir: creen en la democracia, en un funcionamiento de la economía que no esté en manos del 1% más rico y en que hay que hacer una transición energética profunda para generar un nuevo modelo de desarrollo en Chile. Las personas para propiciar eso pueden venir de muchas partes.

¿No cree que le podría traer repercusiones dentro de su partido el participar de esta Tercera Fuerza?
-Ellos verán si me expulsan o no, pero mi partido ha decidido, como no ocurrió nunca hasta el año 2008, ir con la DC en las elecciones municipales, siendo que se ha dedicado a boicotear a la Presidenta Bachelet. Argumentan la idea de esta supuesta “alianza histórica” del PS y la DC. Una alianza que no es cierta. Yo no estoy de acuerdo con el aliarse con un partido que se ha dedicado a bloquear todas las reformas principales: la laboral, la educacional y la tributaria. Esto ha sido el colmo.

Hablando de reformas, la derecha también ha reaccionado. Usted ha hablado del “chantaje de los capitales” de marcharse del país. Lo podemos ver muy concretamente en el ejemplo de Hernán Büchi.
-Eso es un viejo cuento. Ayer en El Mercurio salía que a pesar de la disminución de las ventas de las empresas, las utilidades habían aumentado con respecto al año pasado. Entonces, ¿de qué me están hablando? El señor Büchi lo que no tiene es ganas de pagar impuestos nada más, se va a Suiza por los bajos impuestos, el resto es música. Por lo menos que tenga la honestidad de decirlo, en lugar de hace un cuento con respecto a las incertezas jurídicas.

En el tema de políticas públicas, con Büchi como uno de los fundadores de Libertad y Desarrollo, ¿cómo ve el desplazamiento que han realizado estos centros de estudios vinculados a la derecha a las universidades estatales?
-En eso no tengo problemas. Mientras más la derecha se preocupe de ideas y menos de golpear las puertas de los cuarteles mejor. Ellos tienen mucho financiamiento, el tema es que tengamos en Chile una revitalización de las universidades públicas, que tienen que dejar de tener el 15% de la matrícula y dejar de ser unas entidades que compiten por diminutas cantidades de dinero para proyectitos.

¿En qué temas se debería trabajar?
-Este país debería ser vanguardia en la transición hacia energías renovables no convencionales. Reunir a las universidades públicas y decir: “aquí hay un desafío, reúnan a científicos y jóvenes investigadores y vamos con todo a hacer de las universidades públicas un gran soporte a la transición energética”. De eso no se habla en este país, cero. Eso se llama ausencia de estrategia de desarrollo, exactamente lo contrario a lo que se hizo en Corea. El gasto público en Chile representa el 22- 23 % del PIB, en EEUU representa cerca del 40% del PIB para hablar de un país capitalista más liberal. Esa prosperidad se da con que hay que tomar los recursos humanos que tenemos y otros que estamos formando y a partir de eso diversificar y generar cambios.

¿Se está avanzando con esa voluntad?
-Nadie conversa de un sistema nacional de educación superior. Lo que se habla hoy es a nivel de subsidios, entonces la gratuidad se ha transformado en la gran pantalla de la distribución de subsidios para un mercado. Lo público ha pretendido trasladarse a universidades abiertamente privadas que no tienen ningún fin público. Cuando me dicen que la UC es una universidad con una dimensión pública, yo les digo que será pública, pero del Estado del Vaticano. Si quieren difundir valores cristianos, me parece muy bien, pero no me digan que eso es lo público.

¿Y las privadas que no necesariamente tienen fines católicos? El rector Carlos Peña de la UDP ha insistido en la idea de las universidades privadas con fines públicos.
-Yo creo que al rector Peña le encantaría que se mantenga muy privada su universidad a la hora de hacer lo que quiera ahí, y muy pública a la hora de que le den muchos subsidios. Esa es la hipocresía nacional.