viernes, 2 de diciembre de 2016


La más reciente encuesta Gfk-Adimark revela que la cuestión presidencial permanece abierta como nunca antes a un año del evento electoral principal del proceso democrático en Chile.

Dado el alto desgaste del gobierno de Michelle Bachelet (24% de aprobación y 70% de rechazo en noviembre para la Presidenta y 18% y 79% respectivamente para su gobierno) y la incoherencia programática y política persistente de la coalición Nueva Mayoría (un 19% la apoya, mientras un 22% apoya a la derecha), el ex presidente Sebastián Piñera recoge por el momento la mayor intención espontánea de voto. Éste marca un 24% de preferencias y, lo que es más importante, un 45% cree que el ex presidente, que combina su acción política -incluso cuando ejerció el más alto cargo del Estado- con la de exitoso especulador bursátil desde paraísos fiscales, será otra vez presidente.

Primera digresión: las encuestas tienen un creciente problema de respuesta no veraz –el fenómeno del “voto oculto” de distinto signo ha crecido en todas partes- mientras en Chile las muestras son cualquier cosa menos representativas del universo de votantes. Para que lo fueran debieran ser aleatorias, o bien cuidadosamente construidas mediante la aplicación de cuotas por género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica, método empírico eficaz pero que no permite calcular márgenes de error. Estos sólo se pueden establecer para muestreos aleatorios, cómo lo enseña cualquier curso de estadísticas que incluya teoría de muestreo, lo que impropiamente se nos presenta en las encuestas con muestras no aleatorias en Chile. Además, muchas de éstas usan métodos de recolección de las preferencias de los entrevistados que incrementan los sesgos y que llegan incluso a mezclar consultas a teléfonos fijos y móviles, como la de Gfk-Adimark, lo que no pasaría test metodológico alguno en aquellas partes del mundo en las que las encuestas están bien reguladas.

En la coyuntura, el apoyo constatado al líder de la derecha, más allá de las mencionadas deficiencias de las encuestas, no es de extrañar, sobre todo si se considera que es natural que la oposición recoja parte del descontento con el gobierno en ejercicio, en el contexto más amplio de desprestigio global del sistema de representación. Este ha decepcionado y alejado, en Chile y muchas partes del mundo, a quienes –trabajadores, jóvenes, grupos discriminados- mantenían esperanzas en su capacidad de producir resultados favorables a la mayoría social.

Segunda digresión: personalmente prefiero la expresión “gobierno en ejercicio” a la bastante despectiva de “gobierno de turno” que suele utilizarse en el debate político chileno; a mis interlocutores que la emplean siempre les digo que menos mal que los gobiernos son de turno en Chile, porque sería dramático que no lo fueran, como ya fue el caso durante 17 años en el siglo pasado.

Lo importante a recalcar es que, además del mucho tiempo que falta para la elección presidencial y la aún retardada emergencia de figuras que seguramente participarán en una primaria de un Frente Amplio alternativo a los dos bloques tradicionales, la suma de adhesiones a Piñera, Ossandón y Kast no les asegura, en la mejor de las circunstancias generales para su opción, una mayoría clara. Los candidatos de derecha suman sólo un 29% de preferencias, contra un 30% de preferencias que van a alguno de los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría con más de 1% de mención espontánea, es decir Guillier (21%), Lagos (7%), Insulza (1%) y Goic (1%). Nada está dicho aún en materia presidencial, pues no hay hoy mayorías contundentes, como había solido ocurrir a estas alturas del calendario político desde 1990.  

Por otro lado, los que no marcan preferencia presidencial alguna en la encuesta Gfk-Adimark de noviembre suman sólo un 31% del electorado potencial, lo que permite conjeturar, con toda la prudencia que corresponde, que la elección de 2017 tendrá probablemente una participación mayor que la registrada en la elección municipal de 2016, que marcó un trágico nivel de abstención que es de esperar no vuelva a repetirse en nuestro país, para bien de la salud democrática de Chile.

sábado, 19 de noviembre de 2016

Una falta política y un error económico

En Voces La Tercera

El episodio del reajuste del sector público quedará como un caso de estudio de política fallida. Las autoridades terminaron con una actitud hacia los funcionarios del tipo “barrio alto”: más allá de los números, había que derrotarlos. 

En términos elegantes, porque era necesario “contener expectativas en medio de dificultades económicas” y actuar en contra de “intereses corporativos”.

En términos menos elegantes, simplemente se usó la cultura de la hacienda: “hay que dejar claro quién manda”. Ya no son tiempos de empatía, sino de demostración de poder gubernamental con los más débiles.

Se llegó a presentar a los funcionarios públicos como privilegiados frente a los trabajadores privados, lo que proviene de un estudio de Rodrigo Cerda, de Clapes UC, sin corregir por tamaño del empleador y como si los salarios privados en Chile no fueran de los más bajos y desiguales de las economías comparables de la Ocde.

Pero cerca de 2 de cada 3 trabajadores del sector público gana menos de $600 mil líquidos y la mitad menos de $440 mil (estudio de Durán, Gálvez y Narbona, de Fundación Sol) y el Estado sigue con miles de personas con contratos precarios sin seguridad social ni indemnización.

E impropia fue la defensa de los salarios de las altas autoridades por el ministro de Hacienda. Es fácil descalificar a los que ganan poco como defensores de intereses corporativos cuando se gana sueldos de los más altos en la comparación internacional.

No termina uno de sorprenderse con el mesianismo de autoridades que se auto atribuyen un rol de representantes del interés general que nadie les ha conferido.

Si en algo podía terminar de contribuir la tecnocracia gubernamental con la ruptura entre élites políticas y ciudadano común en Chile, emulando lo que pasa en las grandes democracias, ese ha sido el episodio del reajuste.

Pero claro, el destino de esa tecnocracia es volver al mundo financiero del que proviene, pero ahora con la carta de presentación de “haber resistido los intereses corporativos”.

Su destino no es el de enfrentar el deterioro del sistema y de los valores democráticos, que queda para unos cuantos intelectuales y para los fácilmente descalificables “señores políticos”, junto a los plebeyos dirigentes sociales, que seguirán con su tarea, claro está.

Pero además de una falta democrática, la conducta gubernamental constituyó un error económico. Habrá un nuevo estancamiento de las remuneraciones reales de los trabajadores fiscales, mientras el país crecerá al 2%. Otros verán, entonces, crecer sus ingresos más que los de los trabajadores fiscales, y esos no serán los trabajadores del sector privado, dado su escaso poder de negociación.

La escasa participación de los salarios en el ingreso nacional se verá mermada en el momento en el que más se necesita reactivar el consumo para que la economía crezca al menos a su nivel potencial.

Agreguemos que la inversión pública va a caer en 2017 en un -2,6% (ya lo hará en un 0,5% en 2016), lo que implica un sacrificio adicional del potencial de crecimiento, agravado por la ausencia de políticas de mayor y mejor gasto en Investigación y Desarrollo.

¿Qué puede ser más populista que no invertir en el futuro por consideraciones de corto plazo?

Un aumento del déficit fiscal a 4% del PIB, en base al uso de las reservas fiscales disponibles, que para eso están, estimularía el crecimiento y mejoraría la relación deuda pública neta/PIB en el mediano plazo, y de paso hubiera permitido cerrar una negociación constructiva del reajuste del sector público.

domingo, 13 de noviembre de 2016

Y ahora: ¿hacia dónde queremos que vaya Chile?

Parte del problema de la crisis del sistema de representación, cuyas expresiones más nítidas son el aumento de la abstención en las elecciones y la dificultad creciente de hacer funcionar de manera coherente al gobierno y su coalición, es la ausencia de hojas de ruta consistentes en la acción pública. La acción pública – la que realizan los órganos del Estado, los partidos políticos que gobiernan o se oponen al gobierno, las organizaciones sociales y de la sociedad civil que promueven intereses particulares o más o menos generales- es la única que permite incidir en el devenir de la sociedad para los que no poseen un poder autónomo, económico o de otra índole.

Cuando no existe diferenciación de las opciones  en la arena pública y la función de representación en las instituciones deviene en mera lucha por el acceso a la “clase política”, percibida por el mundo popular como grupo privilegiado sólo preocupado de sus propios intereses de casta, entonces no hay agenda pública creíble y decae la acción pública en manos de la expansión del mercado y de la ley del más fuerte, es decir del poder económico oligárquico. Termina por romperse el vínculo entre la esfera pública y la condición individual de ciudadano y/o la pertenencia a un grupo social capaz de realizar acciones colectivas. La mayoría de los individuos se retraen a la esfera privada y al discurso descalificador de toda élite. Es lo que ha pasado progresivamente en Chile y se ha acelerado en al menos los tres últimos gobiernos.

Superar esta dinámica no es ni será fácil, pero al menos requiere reanimar el debate deliberativo sobre hacia dónde debe dirigirse la sociedad y qué dilemas debe resolver. Este debate, a pesar de la proximidad de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales, está bastante poco presente.

Esto tiene una explicación. La derecha no hace sino defender los intereses de las minorías económicamente privilegiadas, mientras la que se supone debía ser una alternativa a la derecha, antes la Concertación y hoy la Nueva Mayoría en el gobierno, mantiene una retórica de reformas en un contexto de vetos y bloqueos que termina por no cambiar nada sustancial en materia de estructuras políticas, económicas, sociales y de género, más allá de las intenciones de sus sectores proclives al cambio. Estas coaliciones han terminado invariablemente siendo subordinadas a los intereses económicos oligárquicos o bien adaptándose a su poder y a sus reglas y límites. Los arbitrajes se han realizado, en lo fundamental, en favor de la mantención del orden de cosas vigente, en el mejor de los casos con algunos retoques (ha ocurrido desgraciadamente en materia constituyente, tributaria, educacional, laboral, en pensiones, salud y desarrollo de las ciudades) y en el peor con un fortalecimiento de los subsidios públicos a prestadores privados.

Es por ello que algunos hemos terminado por formarnos la convicción -otros lo hicieron mucho antes- que el desafío de lograr una democracia legítima, prosperidad compartida, igualdad de oportunidades y consagración de derechos, y más respeto de la naturaleza y compromiso con las futuras generaciones, no puede descansar en las fuerzas que hoy dominan el sistema de representación.
Se requiere de nuevas fuerzas políticas que se constituyan en alternativa de gobierno que no renuncien, en nombre de la amplitud de su convocatoria y de la necesidad abstracta de acuerdos,  a luchar por los valores de la libertad real, de la igualdad de oportunidades sin discriminaciones y de la igualdad de resultados en materia de derechos y mínimos sociales compartidos a los que todos los miembros de la sociedad accedan. En el contexto de esos valores, una nueva alternativa política debe discutir una plataforma programática para el período 2018-2022, la que debe admitir de modo pluralista en su seno diversas inspiraciones ideológicas e incluir un cierto número de definiciones fundamentales en al menos cinco grandes temas.

En primer lugar, la necesidad de persistir en la voluntad de dotar a Chile de una nueva Constitución, la que para que sea tanto suficientemente legítima como institucional debe realizarse recurriendo a una asamblea constituyente elegida y que sesione en 2019, aprobada por el pueblo a través de un plebiscito convocado por el gobierno y el parlamento en 2018. La nueva Constitución no debe consagrar ningún modelo económico-social particular –que debe ser materia de deliberación periódica y ser definido en el ámbito de la ley y de la gestión pública- y en cambio debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”). La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Se debe avanzar de una vez al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política. La nueva Constitución también debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud públicas, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile, con reconocimiento del derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general y con  indemnizaciones en caso de expropiación, junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa. Se debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de eventuales modificaciones  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación.

La nueva Constitución debe establecer, a su vez, la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. Debe reformar las instituciones con un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.

En segundo lugar, una nueva coalición debe, frente al ya largo estancamiento desde el fin del ciclo del boom minero, poner en práctica una nueva estrategia de desarrollo basada en la diversificación productiva sustentable. Esto requerirá un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (al punto de alcanzar un 1,5% del PIB hacia 2022 desde el 0,4% actual) en los programas productivos estratégicos, incluyendo la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. La banca pública debe fomentar sistemáticamente el ahorro de las familias y ampliar el acceso al financiamiento de las pymes y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial que asegure el cese de los abusos crediticios a los consumidores y la estabilidad financiera. Más ampliamente, políticas antimonopólicas enérgicas deberán proteger a los consumidores en todos los mercados, incluyendo la banca, mientras la tarificación de los servicios básicos debe eliminar las rentas monopólicas indebidas hoy frecuentes.

Las políticas fiscales deben ser activamente contracíclicas y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB en 2022 (desde el -1,7% actual). La tributación de los ingresos personales debe volverse más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Pero a la vez debe terminarse con la extrema complejidad de la tributación a las utilidades de las empresas de la reforma de 2014 e incluir mayores incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación. Un programa de disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer, además, un impuesto patrimonial (como el de 1967) en este caso focalizado en la extrema riqueza y que contribuya a financiar un esquema de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Un especial énfasis debe ser puesto en el impulso a la transición a un nuevo modelo energético. Las fuentes renovables no convencionales deben constituirse en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- para introducir una fuerte restricción a la huella de carbono, con la meta de alcanzar un 50% de energía limpia en 2022. La ENAP debe transformarse en la Empresa Nacional de Energía y ser parte de la diversificación. Complementariamente debe impulsarse una decidida protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos, con una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y el incentivo a las donaciones privadas en ellas.

La nueva estrategia debe incluir un amplio plan cuatrienal de inversiones adecuadamente evaluadas en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas de transporte público, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los 200 barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya en primer lugar un plan especial de inversiones indígenas para 2018-2020.

En tercer lugar, se debe establecer una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación  obligatoria y a  programas de empleo temporal. Hacia 2022, el salario mínimo debe alcanzar al menos 400 mil pesos en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en los despidos y el sistema de honorarios sin derechos para funciones permanentes en el sector público.

En cuarto lugar, se debe reorientar la reforma educacional hacia un desarrollo decidido de la educación pública, avanzando con rapidez a la gratuidad en el acceso a ella, con efectiva prohibición del lucro en todos los niveles así como de la selección socialmente sesgada. Se requiere fortalecer con urgencia la atención de la infancia vulnerable y separar en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada y los jóvenes infractores de ley, La desmunicipalización de la educación escolar pública debe asociarse a nuevas entidades regionales de educación articuladas con el Ministerio de Educación, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos y sus proyectos educativos.

Se debe avanzar en 2018-2022 a la creación de un sistema de formación técnica estatal gratuita (incluyendo articular Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias), sin subsidios a las entidades con fines de lucro, y al fortalecimiento de la educación superior estatal, que debe ser totalmente gratuita, vincularse mediante convenios trianuales a objetivos de desarrollo y ampliar su matrícula al 40% hacia el año 2022, sacando del sistema a las universidades con fines de lucro y las que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación.

En quinto lugar, se debe reestructurar el sistema de protección social y terminar con su administración privada parasitaria. Esto supone ampliar el pilar solidario de pensiones (aumentando la pensión básica a 350 mil pesos en un plan progresivo equivalente a un 2% del PIB, desde el 0,7% actual) y crear a partir de 2020 un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario, sacando a las AFP del sistema de cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas.  Se debe además crear un fondo solidario en salud con la cotización obligatoria desde 2020, hacer sólo optativos y complementarios los seguros privados y fortalecer la salud pública. Esta requiere de  inversiones hospitalarias estatales pero sin descuidar la primacía de la prevención y de un nivel primario de atención con mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria.

En suma, una nueva alternativa de gobierno debe poner por delante un proyecto de sociedad que se proponga afianzar los derechos fundamentales garantizados por nuevas instituciones democráticas, reducir la brecha de ingresos y de condiciones de vida, realizar una  transformación de las relaciones del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo. La alternativa a la mediocridad inconsistente y al centrismo blando en que devinieron la Concertación y luego la Nueva Mayoría y a la regresión neoliberal de la derecha no es menos que un nuevo proyecto de regeneración democrática y social de Chile.

martes, 8 de noviembre de 2016

Decantamientos

04.11.2016 Columna en El Mostrador

jueves, 3 de noviembre de 2016

Reajuste y presupuesto: error tras error

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Notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste. Tienen razón los diputados, pues Valdés propuso, por primera vez desde 1990, estancar las remuneraciones reales de los trabajadores fiscales, mientras el país crecerá a 2%. Esto no tiene justificación alguna.
El gasto público crecerá en 2017 muy poco más que el PIB (el gobierno proyecta un incremento de 2,25%... en la ley de presupuestos), lo que es un error, con un déficit fiscal efectivo previsto de -3,3% del PIB. La inversión pública va a caer en un -2,6% (ya lo hará en un -0,5% en 2016) y las transferencias de capital un -5%, lo que implica un sacrificio adicional del potencial de crecimiento, agravado por la ausencia de políticas significativas de incremento del producto potencial, especialmente mediante un mayor y mejor gasto en Investigación y Desarrollo.
Un aumento del déficit fiscal a 4% del PIB, dadas las reservas fiscales disponibles, no provocaría ningún problema macroeconómico, sino que, al revés, estimularía el crecimiento y mejoraría la relación deuda pública/PIB en el mediano plazo.
Hemos llegado a un límite de la arrogancia y, a estas alturas, mero mesianismo, de algunos economistas ortodoxos, que suelen equivocarse en sus diagnósticos y más aún en sus recetas de política económica, pero que se permiten descalificar desde su incompetencia y ausencia de visión los planteamientos fundados de los que no concuerdan con ellos, como si fueran poseedores únicos de la verdad. Sin ir más lejos, estos economistas precipitaron a Chile inútilmente en recesiones en 1999 y 2009 al no hacer operar políticas contracíclicas pertinentes y a tiempo por dogmatismo ramplón puro y simple.
¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro de Hacienda y sus acólitos de la cada vez más irrisoria tecnocracia gubernamental?

jueves, 13 de octubre de 2016

¿Se puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo?


El 23 de octubre se realizarán las elecciones municipales e inmediatamente después comenzará a conformarse el escenario presidencial y parlamentario para las elecciones de 2017. El país va a definir un nuevo curso político, aunque la abstención masiva parece ser la tónica, luego de la crisis de legitimidad en que ha caído el sistema de representación con la puesta en evidencia de su captura por el poder económico, mediante –entre otros mecanismos– el financiamiento ilegal de campañas. Pero definición habrá, por amplia que llegue a ser la abstención este 2016 y el 2017.

Se puede discutir mucho sobre la transición iniciada en 1990, pero la alineación de fuerzas para salir de la dictadura y avanzar a la democracia en pasos sucesivos ya no tiene vigencia. Los desafíos de 1988 hace rato ya no son los mismos. Tampoco tienen ya vigencia, aunque hayan permitido avances parciales positivos para la sociedad chilena, gobiernos moderados encabezados por personalidades carismáticas de origen en la izquierda del espectro ideológico para volver a darle credibilidad gubernamental a este sector político.

Menos la puede tener una coalición como la Nueva Mayoría, convocada por la Presidenta Bachelet para dotar al país de una nueva Constitución y realizar reformas políticas, económicas y sociales que, entendía, debían ser profundas.

La mera suma de la ex Concertación más el Partido Comunista dio lugar a una coalición incoherente e ineficaz, en particular porque en su seno predominaron los conservadores activamente opuestos a toda reforma relevante y en especial a las reformas propuestas por el propio programa de Gobierno, junto a fuerzas políticas ocupadas primordialmente de la ocupación clientelística del aparato del Estado.

Una parte decisiva de la actual coalición de Gobierno no quiere una nueva Constitución –la vigente le acomoda perfectamente y combate con vehemencia una asamblea constituyente y toda descentralización efectiva del poder– y cree en “la teoría del derrame” en materia económica y social. En palabras de Jorge Burgos, entiende “el crecimiento como principal instrumento de mayor equidad”, lo que se saluda como clarificación, pero es una manifiesta falsedad: el principal instrumento de mayor equidad es un conjunto coherente de políticas redistributivas, que los conservadores combaten, políticas que de paso suelen contribuir al crecimiento si están bien concebidas y puestas en práctica. Para no hablar de las brutales consecuencias ambientales del crecimiento descontrolado que defienden los partidarios del actual modelo económico y a las que son indiferentes.

El dilema para 2017 es que habrá quienes reiterarán el propósito de dejar atrás el orden neoliberal y sus consecuencias directas, una de las más altas desigualdades del mundo y una depredación ambiental generalizada, y su soporte institucional en la Constitución de 1980. Y, por otro lado, habrá quienes querrán seguir conservando el orden existente o bien se acomodarán una vez más a él a cambio de granjerías burocráticas.

Chile requiere en la próxima etapa de una nueva democracia emanada de la soberanía popular, una economía que se expanda con mayor diversificación productiva e innovación para un mayor dinamismo con respeto al medio ambiente y disminución de la huella de carbono, junto a una reducción sustancial de la brecha distributiva, aquella que la encuesta CASEN 2015 muestra que persiste sin modificaciones significativas.

Decía Einstein que era una locura esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Cualquier fórmula de coalición sin coherencia programática transformadora no hará sino mantener los privilegios existentes sin tocar las estructuras políticas y económico-sociales vigentes que reproducen desigualdad, depredación y concentración del poder.

Estructurar otra vez las decisiones políticas con las actuales coaliciones de Gobierno y oposición será evidentemente garantía de que nada cambie en Chile en materia de democracia, de innovación económica y ambiental y de equidad social y territorial. Las dos coaliciones predominantes mantendrán a Chile en un empate crecientemente catastrófico y profundizarán la peligrosa anomia social que avanza cotidianamente en nuestro país, en buena medida alimentada por la incoherencia entre dichos y hechos de demasiadas autoridades del Estado y del sistema de representación.

El desafío de los que queremos cambios será agruparse con amplitud, generosidad y sobre todo coherencia entre discurso y práctica, de modo de terminar con la actitud de señalizar para un lado y virar para el contrario. Acaso una nueva alternativa de cambio coherente y consistente, y por tanto diferente de la derecha y la Nueva Mayoría, contribuirá a disminuir el actual desprestigio generalizado de las instituciones políticas, sin cuyo fortalecimiento en todo caso no podrá haber mayor prosperidad compartida ni mayor bienestar para todos.

viernes, 26 de agosto de 2016

En la Ciudad de México, en la tumba de Trotsky, en la casa en que fue asesinado en 1940 por los estalinistas, con emoción por su legado de resistencia.

martes, 23 de agosto de 2016

Tablero vacío

La encuesta del CEP recientemente dada a conocer revela un distanciamiento generalizado entre los que responden la encuesta (un 76% de los encuestados, lo que aumenta bastante el margen de error de +- 3% que resultaría, por el tipo y tamaño de la muestra, si la tasa de respuesta fuera completa) con la esfera política, que sufre globalmente de un desprestigio creciente. Se constata una fuerte impopularidad del gobierno y de su coalición, pero también de la oposición, que no recoge en absoluto para sus propósitos el descontento con los primeros. Pocos creen, además, que el país esté progresando.
Estamos sin duda frente a la mayor expresión de mal humor frente a las instituciones políticas de la historia democrática reciente, lo que tiene una causa que parece ser clara e inequívoca: el fuerte rechazo a la corrupción y la percepción de que es generalizada entre la dirigencia política y también entre los funcionarios.
No obstante,  sólo una minoría ha escuchado hablar de coimas en su entorno. Una amplia mayoría se encuentra satisfecha con su vida, aunque exprese preocupación en materia de delincuencia, salud, educación y sueldos (curiosamente la encuesta no pregunta sobre las pensiones  que reciben los jubilados). Además,  una mayoría, aunque menos amplia, expresa satisfacción con la gestión de su alcalde. Esto indica, semanas antes de una nueva elección municipal, que esta dimensión de la vida pública, la administración pública local, no sufre el mismo grado de desprestigio que el parlamento y los partidos políticos.
¿Podrá pensarse en un nuevo comienzo y en el inicio de una recuperación del prestigio de los actores principales de la esfera pública  con la próxima elección presidencial y parlamentaria? Por el momento, a poco más de un año de esa elección, se observa un impresionante vacío. El expresidente Piñera encabeza la lista de preferencias presidenciales, pero reúne sólo un 14%, sólo la mitad que en la misma época en la etapa previa de su elección en 2009. El ex presidente Lagos reúne sólo un 5% de preferencias. Y Marco Enríquez-Ominami iguala al repartidor de banderitas, granjerías y billetes Farkas, con apenas un 3%.
No se había visto en la historia política reciente de Chile una tal desconfiguración del escenario político electoral en una fecha tan próxima a la definición presidencial. Como nunca las opciones presidenciales para 2017 se encuentran abiertas, pues no aparecen aún los candidatos que satisfagan el atributo de honestidad y confiabilidad que hoy privilegian los ciudadanos por sobre todas las cosas, incluso por sobre la preocupación por los problemas del país. Es el precio que se está pagando por la generalizada mercantilización de la sociedad y específicamente la captura, en buena hora puesta en evidencia, del poder político por el poder económico, como nunca concentrado en tan pocas manos. Costará mucho tiempo, esfuerzo y signos de renovación, y desde luego generacional,  para que los dirigentes políticos vuelvan a ser percibidos como personas que no están sometidas a la tentación o al poder del dinero y que se proponen defender intereses colectivos.

viernes, 19 de agosto de 2016

PIB,¿recesión a la vista?

Columna en El Mostrador

Al conocerse las cuentas nacionales del segundo trimestre del año 2016, muchos  medios titularon “PIB acumula un alza de 1,6% en 2016”. Pero entre líneas se lee en la información que “en términos desestacionalizados, el producto interno bruto anotó una caída trimestral de 0,4%”. El lector se preguntará ¿cómo es la cosa?, ¿este ascensor sube o baja?

La serie desestacionalizada del Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central y la serie desestacionalizada del PIB trimestral (que es la información a retener en definitiva), ayudan de manera importante a los analistas a evaluar la coyuntura, pues permiten una apreciación de la evolución de la economía respecto del mes (o trimestre) inmediatamente anterior, pero descontando los efectos estacionales en la actividad. Estos son especialmente notorios en la agricultura y la construcción.

Esto no quiere decir que no tenga sentido comparar el Imacec mensual o el PIB trimestral con su valor de un año atrás para una apreciación de tendencia más larga. Pero esa tendencia puede ser al alza, mientras en el corto plazo la situación puede ir a la baja. Por esta razón es que convencionalmente en las evaluaciones internacionales de coyuntura económica se suele tomar el indicador trimestral desestacionalizado (y además anualizado) del PIB como indicador fundamental, a la vez que se define que una economía está en recesión cuando se constatan dos trimestres consecutivos de caída respecto del trimestre anterior.

El hecho es que cabe hacer notar que el PIB trimestral desestacionalizado de abril-junio muestra una caída del PIB de -0,4% (-1,6% en ritmo anualizado). Esto no ocurría desde marzo de 2010, luego del gran terremoto de febrero de ese año, y desde los dos últimos trimestres de 2008 y el primer trimestre de 2009, que fue cuando arreció la recesión internacional más grande desde la crisis de 1929.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la época esperaron dos trimestres de caída antes de hacer nada y finalmente lanzaron su plan de estímulo fiscal y monetario, que tuvo buenos resultados, pero tardíos. Ya había ocurrido otro enorme error en la gestión macroeconómica en 1999, cuando el Banco Central, frente a la llamada “crisis asiática”, subió fuertemente la tasa de interés y el Ministerio de Hacienda hizo tres ajustes a la baja del gasto público, consiguiendo un cóctel recesivo que puso en serias dificultades injustificadas al Gobierno de la época.

En suma, en 1999 y en 2009, Chile experimentó caídas anuales de -1% del PIB, con el consiguiente efecto negativo en el empleo y enormes secuelas económicas y sociales posteriores, contrariamente a nuestros vecinos, que no sufrieron recesión. Se trató de errores manifiestos de los conductores de la política económica en Chile, respecto de lo cual, por lo demás, nunca han dado mayor cuenta. Más bien suelen seguir pontificando alegremente acerca de su supuesta idoneidad técnica puesta a prueba por los hechos que sus equivocaciones provocaron.

Desgraciadamente, se puede temer ahora que esté por producirse lo mismo. Tendremos, con una alta probabilidad, una nueva recesión en el futuro cercano si no se reorienta la política económica.

Los factores de riesgo en los meses próximos están vinculados a la eventual acentuación del decaimiento del consumo –influido por una menor creación de empleo y un estancamiento de las remuneraciones reales– y mayores deterioros de la economía internacional. Veamos los temas del contexto internacional: existen incertidumbres en Europa y China y un cierto dinamismo en Estados Unidos. Francia e Italia, las mayores economías de la zona euro tras Alemania, que mantiene una buena salud y sigue creciendo, tuvieron un crecimiento cero entre abril y junio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las perspectivas de crecimiento de China a corto plazo han mejorado gracias a las políticas de estímulo, tanto en materia fiscal como monetaria, pero emitió el 12 de agosto una nueva alerta sobre el rápido ascenso de la deuda, especialmente la corporativa. China, nuestro principal destino exportador, está inmersa en una transición estructural basada en aumentar el peso del sector servicios en detrimento de la industria, reducir la importancia de la inversión pública para dar más protagonismo al consumo interno y bajar la dependencia del crecimiento basado en el crédito.

Si el entorno externo es de incertidumbres pero con crecimiento (las exportaciones crecieron de hecho en 1,2% en ritmo anual en el segundo trimestre, más que en el primer trimestre), estamos en cambio en presencia de una fuerte debilidad de la demanda interna, que creció un 0,9% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior y en 1,4% en ritmo anual en el segundo trimestre. Pero lo grave es que el consumo de los hogares, que constituye la parte principal de la demanda interna, cayó en -0,4% en términos desestacionalizados en el segundo trimestre, mientras la inversión cayó en -0,8%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,1% en junio y registraron un crecimiento nulo en el primer semestre.

Con el empleo creciendo cada vez más lentamente (especialmente en la construcción y con pérdidas sustanciales de empleo industrial y minero), junto a remuneraciones reales estancadas, el consumo de los hogares cae. Es el principal componente de la demanda agregada, mientras sus otros componentes, la inversión y las exportaciones netas, no muestran capacidad endógena de compensar esa caída. La probabilidad, en este contexto, de que la economía entre en recesión en los próximos meses es alta. En todo caso, si crece lo hará a un nivel muy por debajo de su potencial oficial (3,7% anual, según el panel de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda en 2015 para un horizonte de cinco años, fuertemente ajustado a la baja respecto de años anteriores) y la economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia.

El Banco Central debiera bajar a la brevedad la tasa de interés de referencia  y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública, que inexplicablemente está programada para caer un -5% en 2016. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, si los hubiera, parcialmente deben contrastarse con un sustancial aumento del desempleo si se sigue con la política ortodoxa de no utilizar reservas fiscales que se acumularon para eso, para usarlas en los momentos de dificultad.

Entonces, hoy por hoy, los problemas no vienen desde fuera sino desde dentro, en buena medida provocados por la religión de la política fiscal y de remuneraciones (recuérdese el marginal incremento reciente del salario mínimo) restrictiva antes que contracíclica. El ministro de Hacienda argumenta que, si no se mantiene una política fiscal restrictiva, en vez de hacer operar una lógica contracíclica que no se ajusta a sus convicciones ideológicas ortodoxas, podríamos caer en una situación recesiva como la de Brasil. Pero ocurre que es exactamente lo que está haciendo.

Si el error técnico de Eyzaguirre-Valdés es evidente, no mencionemos la magnitud del error político que significa someter al Gobierno y a la Presidenta a una recesión evitable en el preciso momento en que enfrenta importantes dificultades en su gestión.

lunes, 1 de agosto de 2016

¿Los sistemas de reparto están quebrados?

Hay quienes opinan con gran alarde que los sistemas de reparto están universalmente quebrados y otros con gran propiedad indican que ningún sistema de capitalización individual ha sido revertido. Nada de esto es cierto.
La reversión ha ocurrido en Argentina (sin que el actual gobierno de derecha se manifieste a favor de volver a un sistema de capitalización individual), Hungría y Eslovaquia, mientras Estonia, Letonia y Polonia han reducido su proporción al interior de sistemas mixtos, que usualmente incluyen un pilar solidario de reparto, uno de cotizaciones laborales obligatorias y uno de incentivos fiscales al ahorro. Estos sistemas mixtos son la tendencia más frecuente en la actualidad.
Los sistemas basados en la capitalización individual, especialmente en estructuras laborales heterogéneas y con contratos de trabajo volátiles, garantizan bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa reciente de las personas que se retiran, especialmente en el caso de las mujeres.
El envejecimiento demográfico provoca una mayor dificultad de financiar las pensiones bajo el sistema de reparto, bajo el sistema de capitalización o bajo cualquier otro sistema que pueda imaginarse. No obstante, existen sistemas de reparto perfectamente compatibles con este proceso en tanto la carga financiera del pago de pensiones se vaya adaptando a las disponibilidades presupuestarias definidas. El sistema de reparto puede absorber el cambio demográfico: a) ajustando los parámetros (tasa de cotización, años de cotización, edad de retiro, tasa de reemplazo), lo que han hecho casi todos los países que mantienen este tipo de sistema, entre los que se cuenta Estados Unidos y la mayoría de los europeos, o b) estableciendo “cuentas individuales no financieras”, es decir una contabilidad de derechos según cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida activa, indexadas por la evolución de la masa salarial (Suecia) o el PIB (Italia). Este sistema da lugar a  derechos pensionales según la trayectoria laboral completa de cada cual y se impiden los tristes e indignantes incrementos de salario de última hora para obtener ventajas a costa de los demás que hemos conocido en estos días, o los que se impusieron para las fuerzas armadas en la etapa de la dictadura militar, o cualquiera otra maniobra que suele presentarse en los sistemas políticos permeables a los intereses particulares mediante el financiamiento privado de la política. Esos derechos son convertidos en renta con un coeficiente que depende de la esperanza de vida de cada generación y del esquema de revalorización de pensiones escogido, prohibiendo la discriminación hombres-mujeres en las tablas de longevidad, o c) estableciendo una pensión uniforme universal a la neozelandesa o canadiense, financiada por reparto a través de impuestos, establecida en este caso como un porcentaje del salario medio. Ninguno de estos sistemas está “quebrado” en absoluto.
En el caso de Chile, un mejor sistema a adoptar sería uno de reparto sustentado en una pensión uniforme universal establecida como un porcentaje del sueldo medio y concebida como un derecho para todos los ciudadanos mayores de 65 años, única manera de lograr una cobertura adecuada en una estructura laboral tan heterogénea y discriminadora contra las mujeres, financiada por impuestos progresivos que amplíen sustancialmente y reemplacen la actual Pensión Básica Solidaria (que cuesta menos de un 1% del PIB, es decir, menos que las pensiones militares), a la neozelandesa, y manteniendo el fondo fiscal de reserva de pensiones para asegurar su sustentabilidad en el tiempo.
Un esquema de este tipo que asegure un 40% del salario promedio actual sería 2,6 veces superior a la Pensión Básica, costaría un 3% del PIB, en circunstancias que por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo de AFPs. Por tanto no estamos hablando de nada inusual. Junto a esta pensión universal, se debe estimular pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias -descontadas por planilla al momento del pago por el salario- con aportes equivalentes (con topes) del empleador y subsidios públicos para los pequeños ahorrantes.
En el futuro, las AFP debieran transformarse en entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, sin ya mantener el inusitado y absurdo privilegio de recibir cotizaciones obligatorias. Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –en adelante voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda, enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que viven de su trabajo.
La idea de que la solución a la baja tasa de reemplazo del sistema actual sea subir la cotización a ser entregada obligatoriamente a las AFP, haría poco por aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, salvo que sea sustancial, con la consecuencia de encarecer todavía más el sistema, y mucho por aumentar aún más las sobreutilidades ilegítimas de las AFP, que simplemente deben terminar, pues existen mediante coerción a costa de los ingresos presentes y futuros de la gran mayoría de los chilenos.
Un nuevo enfoque debe asegurar a toda persona con más de 65 años el derecho a un ingreso igualitario del que vivir –necesariamente modesto pero digno, basado en la capacidad productiva de la sociedad y en las rentas colectivas que genera- por el sólo hecho de ser ciudadano (o residente de larga duración), junto a una atención de salud fuertemente subsidiada y un acceso a bajo costo al transporte, la cultura y la recreación para los mayores.
Debatir la magnitud de ese subsidio financiado por impuestos progresivos, transparentes, sin privilegios de ningún tipo, con montos materialmente viables -para lo que necesitamos una economía de alta productividad e innovación con una base social y ecológicamente sustentable- es fundamental para la sociedad de mayor edad promedio, con relativamente muchos menos jóvenes, que tendremos como horizonte futuro.

jueves, 21 de julio de 2016

Accidentes electorales

La renuncia del senador Manuel José Ossandón al partido Renovación Nacional se ha producido, al parecer, para evitar probables condicionamientos o vetos partidarios a una candidatura presidencial suya. Por su parte, la declinación de la candidatura a alcalde de Santiago de Joaquín Lavín, que implícitamente conllevaba una eventual prolongación presidencial relegitimada hacia 2017 ante la ausencia de personalidades competitivas en el partido UDI, contribuye también a reconfigurar el panorama de la elección presidencial que tendrá lugar en unos 16 meses más.
La tradicional idea del candidato providencial que se impone por su propio peso, en este caso la del ex presidente Sebastián Piñera en la derecha, suma un potencial detractor menos (Lavín), pero un real, y en cierta medida poco previsible, desafiante (Ossandón). Emerge una primera incógnita, hasta donde se puede observar en el escenario actual de la política chilena, que es la de si Ossandón llevará el desafío hasta una primera vuelta presidencial o bien aceptará participar en una primaria de la coalición Chile Vamos. Y se presenta una segunda incógnita, que es la de si Sebastián Piñera aceptará someterse a una primaria con Ossandón y otros, a lo que los ex -presidentes (con excepción de Michelle Bachelet, lo que habla bien de sus convicciones democráticas) suelen no inclinarse con mucho entusiasmo, dado el peso bonapartista tradicional de la función presidencial en Chile.
La próxima elección para la primera magistratura se dirimirá con una alta probabilidad en una segunda vuelta, la que alineará –como viene ocurriendo desde la elección de Ricardo Lagos- a un candidato emanado del universo de la derecha y a otro (u otra) del universo de la centroizquierda. Pero no es posible dejar de considerar sin más, aunque su probabilidad de ocurrencia sea baja, un “accidente electoral”. Este pudiera emanar de un escenario de amplia diferenciación de candidaturas competitivas en la primera vuelta presidencial, estimulada por la necesidad de cada partido de tener un soporte presidencial afín para sus candidaturas parlamentarias en el contexto del nuevo sistema electoral con mayor proporcionalidad que se inaugurará el año próximo.
En efecto, no se puede excluir que pasen a segunda vuelta dos candidaturas de derecha que logren convocar a segmentos sociales y electorales diferentes y a amplios universos de descontentos, frente a varios candidatos de la Nueva Mayoría que pudieran presentarse debilitados por la falta de renovación y por la impopularidad del actual gobierno, junto a varios candidatos dela izquierda no tradicional o de expresiones políticas menos clasificables pero con capacidad de motivar a electores que suelen abstenerse. Es decir, se puede presentar un escenario con algo así como dos candidatos de derecha que eventualmente alcancen un 25% y un 20% respectivamente, con dos candidatos de la Nueva Mayoría (uno de la DC y otro del PS-PPD-PR-PC) que reúnan cada uno menos de 20% y el resto repartido en candidaturas no tradicionales dispersas.
La posibilidad de construir un escenario de esas características debiera motivar a Manuel José Ossandón a llevar su candidatura hasta la primera vuelta presidencial en 2017. Y hacer meditar a la centro-izquierda acerca de si su dispersión actual no podría prefigurar un colapso político mayor el año próximo. Y a la izquierda no tradicional acerca de la necesidad de reagruparse más allá de las capillas que se han ido prefigurando y que la alejan a día de hoy de toda capacidad de incidir en la agenda pública, que a fin de cuentas es el sentido de la acción política.

martes, 19 de julio de 2016

El error de una política económica recesiva

En el primer trimestre de 2016, el PIB desestacionalizado creció en un 1,3% respecto al trimestre anterior, lo que hacía albergar un cierto optimismo. Pero la evolución posterior ha sido volátil. Para el Banco Central, de acuerdo a su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, la economía crecerá entre 1,25% y un 2% en 2016 y espera que “la economía siga creciendo por debajo de su potencial por algunos trimestres más, afectada especialmente por el desempeño de los sectores más ligados a la inversión”. El gobierno redujo, el 11 de julio, la proyección de crecimiento del PIB en 2016 a 1,75%, desde el 2% previsto en marzo pasado y el 2,75% previsto en septiembre de 2015 en la ley de Presupuestos del Sector Público.
Con respecto al primer trimestre de 2016, el Imacec desestacionalizado promedio del trimestre móvil marzo-mayo registra una caída de -0,5%, influido por el estancamiento del consumo interno y por la incomprensible –dada la mala coyuntura que afecta a la demanda interna y el más lento crecimiento del empleo– caída programada de la inversión pública. A mayor abundamiento, la balanza en cuenta corriente mostró en el primer trimestre un superávit de 0,9% del PIB, reflejando la menor actividad interna.
El peso se ha depreciado respecto al año 2011, el de mayor sobrevaluación por el alto precio del cobre, en -42,6% hacia junio de 2016. Esto favorece a los exportadores y a los competidores con importaciones, especialmente en la industria y la agricultura, y a las regiones en que estas actividades prevalecen.
Pero la mala noticia en el corto plazo es que el aumento de los precios de los bienes importados ha impactado sobre la inversión en bienes y equipos y el de bienes de consumo sobre los consumidores y sus remuneraciones reales, lo que contribuye a generar un efecto contractivo en la economía.
El Índice de Precios al Consumidor aumentó en junio a un ritmo anual de 4,2%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,2% en mayo y acumulan un incremento de solo 0,1% en los primeros cinco meses del año respecto a diciembre y de 1,0% en doce meses. El estancamiento de esta variable sigue contribuyendo al decaimiento de la demanda interna y de la actividad económica general. El incremento en el salario mínimo, que pasó de 250 mil a 257,5 mil pesos a partir del 1 de julio de 2016, no contribuirá a incrementar sino marginalmente las remuneraciones reales agregadas ni el consumo, lo que constituye otro error de la política económica.
En el trimestre móvil marzo-mayo, el crecimiento en doce meses del empleo fue de 1,3%. La tasa de crecimiento de la ocupación viene perdiendo dinamismo desde el segundo semestre de 2015, en paralelo a la desaceleración de la actividad económica, lo que se acentuó en lo que va de 2016. Por otro lado, aumentó en 3,4% el empleo de jornada parcial involuntario, lo que refleja la continuidad del ajuste al menor crecimiento de la actividad por la vía de la disminución de la jornada laboral antes que, todavía, mediante despidos.
Fruto de la pérdida de dinamismo de la creación de empleo en relación con el aumento de la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo aumentó a 6,8% de esta en marzo-mayo de 2016. Esta cifra es superior en 0,2 décimas de punto porcentual a la de hace un año y 0,5 décimas superior a la de dos años a la misma fecha.
Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, el desempleo abierto venía bajando en comparación anual, tendencia que se revirtió en el trimestre móvil enero-marzo de este año. El número de desocupados aumentó en 4,9% en doce meses, unas 27,4 mil personas más. El registro pasó desde 560.5 mil a 587,9 mil desocupados. Se habían registrado 539,7 mil en enero-marzo 2016.
Por categorías de trabajadores, la de mayor expansión es la de Cuenta Propia (105 mil, a un ritmo anual de 6,5%), seguida por los asalariados (21 mil, a un 0,4% anual), con una caída de empleadores y servicio doméstico, lo que refleja un deterioro de la calidad del empleo.
El empleo en Chile es predominantemente asalariado, con un 69,8% en esta categoría y un 21,2% en la de cuenta propia en marzo-mayo de 2016, mientras un 86,9% de los asalariados cuenta con un contrato escrito y un 71,0% con un contrato indefinido. Un 87,0% de este subuniverso recibe las tres prestaciones laborales sociales de pensión, salud y desempleo, sin grandes variaciones en doce meses.
En suma, con el empleo creciendo al 1,3% anual y las remuneraciones reales al 1,0% anual, el consumo de los hogares, principal componente de la demanda, no está permitiendo que la economía crezca a un nivel que se acerque a su potencial.
Resulta cada vez más incomprensible la inacción del Gobierno, en circunstancias que existe una sólida posición fiscal de Chile. A la paridad cambiaria actual, los ahorros netos han tenido pocos cambios en los últimos cuatro años, a pesar de los déficits fiscales efectivos desde 2013. Si se incluyen las deudas de las compañías estatales, Chile entra a un moderado territorio negativo después de 10 años de ahorros netos, circunstancia excepcional en el mundo.
El balance fiscal efectivo fue de -2,2% del PIB en 2015 (contra un -1,6% en 2014 y un -0,6% en 2013). Esta cifra de déficit fue menor a la esperada, con ingresos que crecieron un 5,2%, fruto de los primeros efectos de la reforma tributaria de 2014. Pero el Gobierno se autoimpuso de manera absurda disminuir el déficit estructural en 0,25% anual en los próximos años.
El déficit fiscal efectivo y el estructural se situarán, en 2016, en la estimación del Ministerio de Hacienda del 11 de julio, en -3,2% y en -1,4% del PIB, con un crecimiento del gasto público del orden de 4,2%. Los ingresos se estiman a la baja respecto a la estimación inicial en 0,2% del PIB por el efecto de una caída de la tributación minera privada. El déficit fiscal efectivo pasó de una estimación de 2,9% a 3,2% del PIB, equivalente a US$ 7.7 mil millones, mientras que el estructural se elevó de 1,3% a 1,4%, un 0,2% menos que el 1,6% de 2015, sin considerar el 0,3% de blanqueo de capitales. La deuda bruta sobre PIB pasaría de 17,5% del PIB a fines de 2015 a algo más del 20%, salvo que se usen los fondos soberanos para financiar el déficit.
La inversión pública va a caer en 2016 y 2017, lo que es una muy mala noticia para la economía e implica un sacrificio del potencial de crecimiento en aras de mantener el déficit fiscal estructural para 2016 no muy lejos de la meta inicial de -1,3% del PIB y de 1% para 2017, en el peor momento de incertidumbres internacionales y de caída de la demanda interna.
El ministro Valdés ha preferido no utilizar las amplias reservas fiscales con las que cuenta el país –que para eso se constituyeron– y no se propone realizar impulso fiscal alguno para salir de la senda de bajo crecimiento, como el realizado en 2009. Con ello compromete además el crecimiento futuro, especialmente en materia de inversión pública y de políticas de incremento del producto potencial en Investigación y Desarrollo.
Para este enfoque se ha apoyado en una revisión a la baja del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre. Estas variables son las que ocupa el Gobierno para calcular los ingresos estructurales (cíclicamente ajustados). Ambos insumos son provistos por Comités de Expertos y se han ido corrigiendo a la baja sostenidamente.
Los valores a la fecha ubican al PIB Tendencial a cinco años en 3,6% y al precio referencial del cobre a diez años en US$ 2,57 la libra (luego que se rebajó excepcionalmente en marzo desde 2,98, lo que revela que se trata de un panel de no muy sólidas convicciones sobre el largo plazo). En la consulta en curso a los expertos, ambos valores serán seguramente ajustados a la baja.
Todo esto tiene una sola consecuencia: cuando más se necesita una política fiscal activa para reanimar la economía, y especialmente una fuerte expansión del gasto en infraestructura, menos el Gobierno parece dispuesto a utilizar los márgenes fiscales de que dispone.
La economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia. Una vez producido el impacto recesivo de menores precios y cantidades en los flujos de bienes exportables, con un fuerte impacto en la devaluación del tipo de cambio y, por la vía de la inflación, en las remuneraciones reales, la política económica adoptada ha agravado las nuevas circunstancias recesivas externas e internas.
El Banco Central debiera bajar la tasa de interés de referencia y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, en cambio, impedir deterioros en la situación del empleo.
Este tipo de errores ya se cometieron en Chile en las recesiones evitables de 1999 y 2009, con economistas inspirados en lo que el Premio Nobel Paul Krugman denomina “economía vudú” –la que considera que las políticas de sustento de la demanda son siempre fuente de desequilibrios, cuando en realidad son un componente clave de la regulación coyuntural y del crecimiento de largo plazo y que, entre otras cosas, evitan o atenúan las recesiones–, de la que se han hecho lamentablemente adictos en nombre de un rigorismo abstracto los actuales conductores de la política económica.              
Es de esperar que no estén privilegiando que no se produzcan eventuales deterioros en la evaluación de riesgo país de las agencias calificadoras para agregar ese récord frente a futuros empleadores, seguramente del mundo financiero del que provienen. Lo que,  en todo caso, no deben olvidar es que esa prioridad tiene una contrapartida: el interés general dañado por una economía estancada y, sobre todo, aumentos innecesarios en el desempleo, con el consiguiente sufrimiento evitable de centenares de miles de familias.

viernes, 8 de julio de 2016

¿Gratuidad de qué y para quien?



El actual gobierno actúa con una curiosa práctica programática y legislativa. En vez de plantear medidas para su período, lo hace, en diversas materias cruciales, para los siguientes gobiernos. Esto pudiera considerarse una saludable visión de largo plazo y un prudente espíritu de gradualidad. El problema es que ese proceder no considera un elemento básico de la democracia y contribuye a su desprestigio creciente: los gobiernos son por definición “de turno”, es decir de duración limitada, y más aún lo son los presupuestos, que son anuales. Lo que ocurra después de 2018 en materia tributaria y de gasto público, y también en materia de gratuidad universitaria, será fruto de decisiones del próximo Presidente y del próximo Congreso y no de los actuales. Discutir sobre proyecciones de PIB y otras consideraciones para ver cuando se llegaría a la gratuidad universal –con el famoso “todo lo demás permaneciendo constante” de los economistas poco criteriosos- no tiene simplemente ningún sentido.
El actual gobierno ha dicho, en definitiva, que se accederá al finalizar su período a la gratuidad universitaria si se pertenece al 60% de menos ingresos, dados los rendimientos de la reforma tributaria y el menor crecimiento, los que no alcanzarán para sostener la promesa del 70%. Si ese guarismo se modificó, también valdría la pena reflexionar sobre el sentido de la gratuidad, que debe discutirse en sus fundamentos y dejar de ser una carrera por porcentajes. Por nuestra parte, como venimos escribiéndolo desde el año 2012,  sostenemos que la idea de gratuidad universal no es la mejor desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad y debiera sustituirse por otra: la de una progresión presupuestaria fundada en una nueva política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior. Y no en promesas genéricas bastante poco racionales.
Primero, debiera alcanzarse la gratuidad en toda la educación técnico-profesional declarada pertinente por el Ministerio de Educación, siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas por un nuevo órgano público especializado, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica, como está previsto por el actual gobierno,  e Instituto Profesional por región a partir de las universidades estatales.
Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en las carreras pertinentes declaradas como tales por el Ministerio de Educación (¿tiene sentido gastar enormes recursos públicos para formar gente en carreras sin empleabilidad?), aumentando su matrícula progresiva pero sustancialmente. En tanto, es indispensable redimensionar a la mayoría de las carreras universitarias, que deben pasar, como en el mundo desarrollado, de cinco a cuatro años, en base a fortalecer la formación escolar con un sistema público de preuniversitarios y propedéuticos. Y no se debe incluir a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (estableciendo un arancel diferenciado con crédito subsidiado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector privilegiado de la sociedad.
Como tercera prioridad, la gratuidad debiera incluir, con los mismos criterios anteriores, a los alumnos de las carreras de universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y de investigación, junto a una extensión al servicio de las comunidades, sin discriminaciones.
Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general (todas esas son características fundamentales de la función pública en educación superior, según lo establecen además los tratados firmados por Chile en materia de derechos sociales y culturales), no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales y sus alumnos de menos ingresos recibir ayudas estudiantiles si están acreditadas y en carreras declaradas pertinentes por el Ministerio de Educación.
Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión (donde haya compromiso con el interés general, con las prioridades de desarrollo, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos, y dónde no los haya simplemente no debe haber subsidio), debiera poder acomodarse sin problemas con los recursos fiscales disponibles para 2017 y 2018. Lo que siga más adelante será materia, insistimos, del próximo gobierno y del próximo Congreso emanados del pronunciamiento ciudadano. Ellos verán qué política de educación superior aplican.
Si lo que se quiere es un mercado educativo desregulado universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de carreras y universidades ni niveles de ingresos de los alumnos,  no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto financiado por el Estado con los impuestos que pagan todos los chilenos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.

martes, 5 de julio de 2016

Gratuidad universal


Es un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto
La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.
Publicado en EMOL el 5 de julio
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Pregunta y respuesta completa

Pregunta Emol: ¿cuándo podríamos llegar a la gratuidad universal? Considerando el lento crecimiento económico del país y los resultados esperables de la reforma tributaria. ¿Se puede lograr? ¿Es un proyecto muy a largo plazo? ¿Es imposible lograrlo?

Respuesta:

La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Primero debiera alcanzar a la brevedad a toda la educación técnico-profesional (siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional por región a partir de unas universidades estatales que aumenten su matrícula progresivamente hasta el 50% del total). Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en tanto la mayoría de las carreras pasen de cinco a cuatro años y se excluya a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (arancel diferenciado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector de la sociedad. Como tercera prioridad en el tiempo, la gratuidad debiera incluir, con el mismo criterio anterior, a los alumnos de las universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y la investigación sin discriminaciones. Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general, no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales. Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión, debiera poder acomodarse sin problemas a los recursos fiscales adicionales disponibles en los próximos años. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.