jueves, 25 de junio de 2015

¿Hacia el fin de la captura del sistema político por el dinero?


El 22 de junio fueron formalizados dos parlamentarios en ejercicio de la UDI (Iván Moreira y Felipe De Mussy) y un ex candidato a serlo (Pablo Zalaquett) por sospechas de “falsificación y facilitación de boletas por servicios no prestados”, buscando obtener un financiamiento ilegal de campañas. Se presume que los imputados procuraron no sólo obtener dinero para este efecto al margen de la ley, sino que ellos y sus donantes defraudaron tributariamente al fisco. En medio de la vorágine de informaciones, tal vez vale la pena resumir los lamentables hechos que han dejado en tan mal pie al sistema político, y más en general la autoestima de un país que presumía de ser probo y de tener instituciones sólidas, y reflexionar sobre su significado. Pero antes de hacerlo, y para evitar toda suspicacia en el contexto de un clima de desconfianza generalizada, aclaro que el autor de estas líneas, aunque sin ser un político profesional, fue activo partícipe de la política nacional pero nunca ha emitido boletas a Soquimich ni a ninguna empresa privada para campaña alguna y no tiene contacto de ninguna índole con sus ejecutivos o dueños; en cambio, forma parte desde hace 20 años de una Fundación a la que, entre otras empresas y organismos variados, SQM compraba informes con cuya venta financia sus actividades de promoción de ideas, sobre los que no tenía incidencia alguna, mientras ha sido pública y permanentemente crítico de las pretensiones de SQM en la explotación de litio y propiciado su traspaso a Codelco.

Vamos al dramático recuento. Lo que ya había emergido a la luz pública y a la persecución de la fiscalía a partir del caso Penta (originado en una fraude al fisco de origen delictual) y las formalizaciones de ejecutivos y dueños del grupo financiero el 6 de marzo, fue un vasto sistema de donaciones a campañas presidenciales y de parlamentarios por parte de grandes empresas antes de los períodos establecidos por la ley, cometiendo delitos tributarios y utilizando boletas y facturas falsas. El aporte supuestamente anónimo de empresas a campañas es legal en Chile desde 2003 por expresa imposición de la UDI y RN en la negociación de la nueva legislación de financiamiento de campañas que siguió a la crisis del caso MOP-Gate, pero en los dos meses que duran legalmente las campañas, no antes ni después.

La violación de esta regla salió primero a la luz pública en el caso del grupo financiero Penta, históricamente vinculado al principal partido de la derecha, la UDI, incluyendo su diputado presidente Ernesto Silva, que debió renunciar. Los ex subsecretarios de la dictadura de Pinochet y ex parlamentarios de los partidos UDI y RN Jovino Novoa y Alberto Cardemil están también envueltos en el caso Penta y sus expedientes serán vistos el 6 de julio por el juez de garantía. Los dueños y administradores del grupo Penta estuvieron en prisión preventiva, y hoy permanecen en prisión domiciliaria, por delitos fiscales graves revelados por su ex gerente general, además de los aportes ilegales a campañas y cohecho de funcionarios públicos (el subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner, recibía una remuneración mensual del grupo).

A partir de marzo 2015, la investigación judicial y periodística se extendió a la empresa de minería no metálica Soquimich (de propiedad mayoritaria del ex yerno de Pinochet, quien se hizo de ella mediante una privatización cuestionada en los años ochenta). Soquimich ha financiado (por unos 20 millones de dólares en el último quinquenio) a casi todo el espectro político. Esto incluye nuevamente en primer lugar a la UDI, partido del que son cercanos buena parte de los directores de la empresa. Pero también recibieron pagos no justificados a ojos del Servicio de Impuestos Internos personas como Pedro Yaconi, que fue representante de la Fundación Frei. El mecanismo de SQM, según propia información, también incluyó aparentemente a hijos del actual presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, así como a cercanos de Marco Enríquez-Ominami en 2009 y a parte del equipo de campaña de la presidenta Bachelet en 2012-2013, a un senador socialista del norte y a dirigentes y recaudadores vinculados al Partido por la Democracia.

Sebastián Piñera apareció en el caso Penta y también en los de SQM y de Aguas Andinas. El ex presidente busca volver a La Moneda y las sospechas de que financió parte de su campaña de 2009 con aportes irregulares de empresas no van a facilitar su ambición, como tampoco la sospecha de que usó aportes de campaña de empresas para remunerar a ejecutivos de compañías suyas. El tema más grave en que se menciona a Piñera son operaciones de retrocompra con fines políticos que aseguran pérdidas contables para disponer de dinero líquido sin pagar impuestos, pero utilizado para pagar bonos a un ejecutivo de Chilevisión, entonces de propiedad de Piñera, cancelados con dineros de SQM y otras compañías que estaban destinados a la campaña electoral. Según el sitio de investigación Ciper Chile, causó indignación en los dueños de SQM el que la donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009, que habría sido gestionada ante el ex gerente general de SQM, hayan sido destinados en definitiva a pagar negocios personales del entonces candidato Piñera. En el caso de Aguas Andinas, de propiedad del grupo catalán Agbar, que también efectuó un pago de este tipo con destino a remunerar un empleado de Piñera, el presidente del directorio confirmó que la factura existe. El tema cuestiona a Aguas Andinas, pues se trata de una empresa regulada y cuyo directorio nunca ha aprobado donaciones políticas. Los actuales controladores de SQM debieron renunciar a los cargos ejecutivos luego ser cuestionados por el socio minoritario canadiense y pequeños accionistas, que han iniciado acciones legales en Estados Unidos, donde se transan acciones de la empresa.  

Mencionemos además pagos de SQM a empresas del ex presidente por servicios que no tienen respaldo en la contabilidad de esa minera y el financiamiento que entregó a la candidatura de Evelyn Matthei cuando era presidente y que, aunque se hizo por la vía legal del Servel, se ejecutó cuando había delegado la administración de sus negocios. A diferencia de Bachelet, el grueso de los fondos de Matthei (2.300 millones) provino de aportes reservados, superando incluso la recaudación reservada de Piñera en la elección de 2009 (2 mil millones).

El grupo Angelini también aparece mencionado en otra investigación por aportes irregulares al senador de la UDI, Jaime Orpis, a través de la pesquera Corpesca, reconocidos por éste. Pagos de grandes empresas pesqueras a otros parlamentarios forman también parte de las investigaciones en curso.

El gobierno de Michelle Bachelet se vio directamente afectado cuando se descubrió que un gestor de financiamiento de campañas, Giorgio Martelli, con la ayuda de un recaudador que es alto ejecutivo de una empresa regulada, Jorge Rosenblut (entonces presidente de Endesa, propiedad del grupo italiano Enel), creó una empresa ad-hoc para financiar a futuras autoridades de gobierno, incluyendo al futuro jefe de campaña y ministro del Interior Rodrigo Peñailillo mediante aportes de SQM y del grupo Angelini, entre otros, sin autorización de la actual presidenta.

El ahora ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, denunció el 22 de mayo que recibió presiones desde el ministerio del Interior para no investigar las faltas tributarias de la empresa Soquimich. No obstante, más allá de las dudas sobre los procedimientos a seguir (y la necesidad de definir hasta qué punto un aporte a la política constituye un delito tributario o bien una falta subsanable con multas) y demoras del Servicio de Impuestos Internos, las querellas a empresas y políticos profesionales fueron formuladas y todos los casos están siendo investigados por la fiscalía, que persigue delitos tributarios pero también eventuales infracciones a la ley electoral (aunque se encuentran prescritas), así como soborno y cohecho. A su vez, al conocerse que el recientemente nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, era remunerado por informes a una empresa minera del grupo Luksic que realizaba cuando era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, tuvo que renunciar de inmediato, aunque considerase que su actividad no era reprochable, lo que era y es evidentemente insostenible.

El que la fiscalía esté realizando su labor aparentemente sin obstáculos y que en la esfera pública se consolide el rechazo al financiamiento ilegal de la política, es una señal de que la crisis de legitimidad de las instituciones podría empieza a retroceder. Pero el sistema político no puede seguir al ritmo de las rutinas de las instituciones judiciales.

Cabe al gobierno retomar con energía la agenda legislativa y el trabajo público centrado en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero también tomar la iniciativa de relegitimar las instituciones mediante un proceso constituyente democrático.  Urge iniciar un camino para dar vuelta la página del penoso fin de una institucionalidad carcomida por resabios autoritarios originados en una dictadura y por el poder desembozado del dinero. El parlamento, institución indispensable,  aumentaría mucho su hoy dilapidado y a estas alturas inexistente prestigio si apartara a los imputados y formalizados y facilitara transversalmente un pronunciamiento plebiscitario  de los chilenos sobre la modalidad a seguir para disponer de una nueva constitución.

¿Existe acaso otra salida a la crisis política actual que sea más democrática y capaz de dotar de legitimad auténtica a las instituciones representativas, a los derechos fundamentales y a las normas básicas que rijan a la sociedad en las próximas décadas?