sábado, 19 de noviembre de 2016

Una falta política y un error económico

La más reciente encuesta Gfk-Adimark revela que la cuestión presidencial permanece abierta como nunca antes a un año del evento electoral principal del proceso democrático en Chile.

Dado el alto desgaste del gobierno de Michelle Bachelet (24% de aprobación y 70% de rechazo en noviembre para la Presidenta y 18% y 79% respectivamente para su gobierno) y la incoherencia programática y política persistente de la coalición Nueva Mayoría (un 19% la apoya, mientras un 22% apoya a la derecha), el ex presidente Sebastián Piñera recoge por el momento la mayor intención espontánea de voto. Éste marca un 24% de preferencias y, lo que es más importante, un 45% cree que el ex presidente, que combina su acción política -incluso cuando ejerció el más alto cargo del Estado- con la de exitoso especulador bursátil desde paraísos fiscales, será otra vez presidente.

Primera digresión: las encuestas tienen un creciente problema de respuesta no veraz –el fenómeno del “voto oculto” de distinto signo ha crecido en todas partes- mientras en Chile las muestras son cualquier cosa menos representativas del universo de votantes. Para que lo fueran debieran ser aleatorias, o bien cuidadosamente construidas mediante la aplicación de cuotas por género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica, método empírico eficaz pero que no permite calcular márgenes de error. Estos sólo se pueden establecer para muestreos aleatorios, cómo lo enseña cualquier curso de estadísticas que incluya teoría de muestreo, lo que impropiamente se nos presenta en las encuestas con muestras no aleatorias en Chile. Además, muchas de éstas usan métodos de recolección de las preferencias de los entrevistados que incrementan los sesgos y que llegan incluso a mezclar consultas a teléfonos fijos y móviles, como la de Gfk-Adimark, lo que no pasaría test metodológico alguno en aquellas partes del mundo en las que las encuestas están bien reguladas.

En la coyuntura, el apoyo constatado al líder de la derecha, más allá de las mencionadas deficiencias de las encuestas, no es de extrañar, sobre todo si se considera que es natural que la oposición recoja parte del descontento con el gobierno en ejercicio, en el contexto más amplio de desprestigio global del sistema de representación. Este ha decepcionado y alejado, en Chile y muchas partes del mundo, a quienes –trabajadores, jóvenes, grupos discriminados- mantenían esperanzas en su capacidad de producir resultados favorables a la mayoría social.

Segunda digresión: personalmente prefiero la expresión “gobierno en ejercicio” a la bastante despectiva de “gobierno de turno” que suele utilizarse en el debate político chileno; a mis interlocutores que la emplean siempre les digo que menos mal que los gobiernos son de turno en Chile, porque sería dramático que no lo fueran, como ya fue el caso durante 17 años en el siglo pasado.

Lo importante a recalcar es que, además del mucho tiempo que falta para la elección presidencial y la aún retardada emergencia de figuras que seguramente participarán en una primaria de un Frente Amplio alternativo a los dos bloques tradicionales, la suma de adhesiones a Piñera, Ossandón y Kast no les asegura, en la mejor de las circunstancias generales para su opción, una mayoría clara. Los candidatos de derecha suman sólo un 29% de preferencias, contra un 30% de preferencias que van a alguno de los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría con más de 1% de mención espontánea, es decir Guillier (21%), Lagos (7%), Insulza (1%) y Goic (1%). Nada está dicho aún en materia presidencial, pues no hay hoy mayorías contundentes, como había solido ocurrir a estas alturas del calendario político desde 1990.  

Por otro lado, los que no marcan preferencia presidencial alguna en la encuesta Gfk-Adimark de noviembre suman sólo un 31% del electorado potencial, lo que permite conjeturar, con toda la prudencia que corresponde, que la elección de 2017 tendrá probablemente una participación mayor que la registrada en la elección municipal de 2016, que marcó un trágico nivel de abstención que es de esperar no vuelva a repetirse en nuestro país, para bien de la salud democrática de Chile.

domingo, 13 de noviembre de 2016

Y ahora: ¿hacia dónde queremos que vaya Chile?

Columna en El Mostrador
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Parte del problema de la crisis del sistema de representación, cuyas expresiones más nítidas son el aumento de la abstención en las elecciones y la dificultad creciente de hacer funcionar de manera coherente al gobierno y su coalición, es la ausencia de hojas de ruta consistentes en la acción pública. La acción pública – la que realizan los órganos del Estado, los partidos políticos que gobiernan o se oponen al gobierno, las organizaciones sociales y de la sociedad civil que promueven intereses particulares o más o menos generales- es la única que permite incidir en el devenir de la sociedad para los que no poseen un poder autónomo, económico o de otra índole.

Cuando no existe diferenciación de las opciones  en la arena pública y la función de representación en las instituciones deviene en mera lucha por el acceso a la “clase política”, percibida por el mundo popular como grupo privilegiado sólo preocupado de sus propios intereses de casta, entonces no hay agenda pública creíble y decae la acción pública en manos de la expansión del mercado y de la ley del más fuerte, es decir del poder económico oligárquico. Termina por romperse el vínculo entre la esfera pública y la condición individual de ciudadano y/o la pertenencia a un grupo social capaz de realizar acciones colectivas. La mayoría de los individuos se retraen a la esfera privada y al discurso descalificador de toda élite. Es lo que ha pasado progresivamente en Chile y se ha acelerado en al menos los tres últimos gobiernos.

Superar esta dinámica no es ni será fácil, pero al menos requiere reanimar el debate deliberativo sobre hacia dónde debe dirigirse la sociedad y qué dilemas debe resolver. Este debate, a pesar de la proximidad de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales, está bastante poco presente.

Esto tiene una explicación. La derecha no hace sino defender los intereses de las minorías económicamente privilegiadas, mientras la que se supone debía ser una alternativa a la derecha, antes la Concertación y hoy la Nueva Mayoría en el gobierno, mantiene una retórica de reformas en un contexto de vetos y bloqueos que termina por no cambiar nada sustancial en materia de estructuras políticas, económicas, sociales y de género, más allá de las intenciones de sus sectores proclives al cambio. Estas coaliciones han terminado invariablemente siendo subordinadas a los intereses económicos oligárquicos o bien adaptándose a su poder y a sus reglas y límites. Los arbitrajes se han realizado, en lo fundamental, en favor de la mantención del orden de cosas vigente, en el mejor de los casos con algunos retoques (ha ocurrido desgraciadamente en materia constituyente, tributaria, educacional, laboral, en pensiones, salud y desarrollo de las ciudades) y en el peor con un fortalecimiento de los subsidios públicos a prestadores privados.

Es por ello que algunos hemos terminado por formarnos la convicción -otros lo hicieron mucho antes- que el desafío de lograr una democracia legítima, prosperidad compartida, igualdad de oportunidades y consagración de derechos, y más respeto de la naturaleza y compromiso con las futuras generaciones, no puede descansar en las fuerzas que hoy dominan el sistema de representación.
Se requiere de nuevas fuerzas políticas que se constituyan en alternativa de gobierno que no renuncien, en nombre de la amplitud de su convocatoria y de la necesidad abstracta de acuerdos,  a luchar por los valores de la libertad real, de la igualdad de oportunidades sin discriminaciones y de la igualdad de resultados en materia de derechos y mínimos sociales compartidos a los que todos los miembros de la sociedad accedan. En el contexto de esos valores, una nueva alternativa política debe discutir una plataforma programática para el período 2018-2022, la que debe admitir de modo pluralista en su seno diversas inspiraciones ideológicas e incluir un cierto número de definiciones fundamentales en al menos cinco grandes temas.

En primer lugar, la necesidad de persistir en la voluntad de dotar a Chile de una nueva Constitución, la que para que sea tanto suficientemente legítima como institucional debe realizarse recurriendo a una asamblea constituyente elegida y que sesione en 2019, aprobada por el pueblo a través de un plebiscito convocado por el gobierno y el parlamento en 2018. La nueva Constitución no debe consagrar ningún modelo económico-social particular –que debe ser materia de deliberación periódica y ser definido en el ámbito de la ley y de la gestión pública- y en cambio debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”). La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Se debe avanzar de una vez al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política. La nueva Constitución también debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud públicas, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile, con reconocimiento del derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general y con  indemnizaciones en caso de expropiación, junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa. Se debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de eventuales modificaciones  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación.

La nueva Constitución debe establecer, a su vez, la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. Debe reformar las instituciones con un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.

En segundo lugar, una nueva coalición debe, frente al ya largo estancamiento desde el fin del ciclo del boom minero, poner en práctica una nueva estrategia de desarrollo basada en la diversificación productiva sustentable. Esto requerirá un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (al punto de alcanzar un 1,5% del PIB hacia 2022 desde el 0,4% actual) en los programas productivos estratégicos, incluyendo la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. La banca pública debe fomentar sistemáticamente el ahorro de las familias y ampliar el acceso al financiamiento de las pymes y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial que asegure el cese de los abusos crediticios a los consumidores y la estabilidad financiera. Más ampliamente, políticas antimonopólicas enérgicas deberán proteger a los consumidores en todos los mercados, incluyendo la banca, mientras la tarificación de los servicios básicos debe eliminar las rentas monopólicas indebidas hoy frecuentes.

Las políticas fiscales deben ser activamente contracíclicas y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB en 2022 (desde el -1,7% actual). La tributación de los ingresos personales debe volverse más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Pero a la vez debe terminarse con la extrema complejidad de la tributación a las utilidades de las empresas de la reforma de 2014 e incluir mayores incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación. Un programa de disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer, además, un impuesto patrimonial (como el de 1967) en este caso focalizado en la extrema riqueza y que contribuya a financiar un esquema de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Un especial énfasis debe ser puesto en el impulso a la transición a un nuevo modelo energético. Las fuentes renovables no convencionales deben constituirse en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- para introducir una fuerte restricción a la huella de carbono, con la meta de alcanzar un 50% de energía limpia en 2022. La ENAP debe transformarse en la Empresa Nacional de Energía y ser parte de la diversificación. Complementariamente debe impulsarse una decidida protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos, con una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y el incentivo a las donaciones privadas en ellas.

La nueva estrategia debe incluir un amplio plan cuatrienal de inversiones adecuadamente evaluadas en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas de transporte público, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los 200 barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya en primer lugar un plan especial de inversiones indígenas para 2018-2020.

En tercer lugar, se debe establecer una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación  obligatoria y a  programas de empleo temporal. Hacia 2022, el salario mínimo debe alcanzar al menos 400 mil pesos en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en los despidos y el sistema de honorarios sin derechos para funciones permanentes en el sector público.

En cuarto lugar, se debe reorientar la reforma educacional hacia un desarrollo decidido de la educación pública, avanzando con rapidez a la gratuidad en el acceso a ella, con efectiva prohibición del lucro en todos los niveles así como de la selección socialmente sesgada. Se requiere fortalecer con urgencia la atención de la infancia vulnerable y separar en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada y los jóvenes infractores de ley, La desmunicipalización de la educación escolar pública debe asociarse a nuevas entidades regionales de educación articuladas con el Ministerio de Educación, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos y sus proyectos educativos.

Se debe avanzar en 2018-2022 a la creación de un sistema de formación técnica estatal gratuita (incluyendo articular Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias), sin subsidios a las entidades con fines de lucro, y al fortalecimiento de la educación superior estatal, que debe ser totalmente gratuita, vincularse mediante convenios trianuales a objetivos de desarrollo y ampliar su matrícula al 40% hacia el año 2022, sacando del sistema a las universidades con fines de lucro y las que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación.

En quinto lugar, se debe reestructurar el sistema de protección social y terminar con su administración privada parasitaria. Esto supone ampliar el pilar solidario de pensiones (aumentando la pensión básica a 350 mil pesos en un plan progresivo equivalente a un 2% del PIB, desde el 0,7% actual) y crear a partir de 2020 un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario, sacando a las AFP del sistema de cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas.  Se debe además crear un fondo solidario en salud con la cotización obligatoria desde 2020, hacer sólo optativos y complementarios los seguros privados y fortalecer la salud pública. Esta requiere de  inversiones hospitalarias estatales pero sin descuidar la primacía de la prevención y de un nivel primario de atención con mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria.

En suma, una nueva alternativa de gobierno debe poner por delante un proyecto de sociedad que se proponga afianzar los derechos fundamentales garantizados por nuevas instituciones democráticas, reducir la brecha de ingresos y de condiciones de vida, realizar una  transformación de las relaciones del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo. La alternativa a la mediocridad inconsistente y al centrismo blando en que devinieron la Concertación y luego la Nueva Mayoría y a la regresión neoliberal de la derecha no es menos que un nuevo proyecto de regeneración democrática y social de Chile.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Decantamientos

Columna en El Mostrador

La suerte de pánico que invadió a la coalición gobernante  a partir del 23 de octubre por el incremento de la abstención y el mal resultado de muchos de sus candidatos a alcaldes (atribuibles en importante medida a las propias personas de los candidatos), no le permitió ver que mantenía una consistente mayoría relativa a nivel de voto por concejales, que es más político-partidario que de apreciación de atributos individuales. La derecha sumada obtuvo sólo un 41% del voto (a comparar con el 33% más el 8% del PRI de 2012, es decir lo mismo), las tres listas de la nueva mayoría un 47% (contra un 50% en 2012) y las otras expresiones  un 12% (contra un 9% en 2012). Lo que existió fue una impresionante abstención de 65% y un leve traslado porcentual de votos desde la Nueva Mayoría…pero no a la derecha sino a las expresiones que están fuera de los dos grandes bloques.

Este proceso se desplegó en medio de una crisis de cohesión en la coalición de gobierno, la que no tiene ahora acuerdo sobre lo que tiene que hacer en lo que le queda de administración, lo que ilustra bien la notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste que propuso pues, por primera vez desde 1990, estanca las remuneraciones reales mientras el país crece, junto a dos años de caída de la inversión pública y ningún esfuerzo en I+D. ¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro? Valdés está sobre ajustando la economía y eso es controvertido y controversial. Tampoco hay acuerdo sobre un candidato y programa presidencial  únicos en 2017.

No obstante, la derecha no debiera sacar cuentas alegres. La Nueva Mayoría cuenta con un candidato probado, como Ricardo Lagos (que seguramente logrará el apoyo de las directivas del PPD  y del PS luego del previsible retiro de Isabel Allende, aunque a  sus bases les gustaría tener algo que decir), y con un candidato emergente, como Alejandro Guillier. Pero también con un eventual candidato de la DC que llegue a la primera vuelta y que obligue a los dos primeros a medirse en primarias. Y existirán varias candidaturas de las fuerzas externas a los bloques tradicionales, con el eventual surgimiento de un Frente Amplio que exprese una refrescada vocación transformadora  y la hasta ahora persistente candidatura de Marco Enríquez-Ominami y Roxana Miranda, o equivalentes.  

Este espectro diverso bien puede, en la primera vuelta presidencial de 2017, dejar de nuevo a  la derecha en su 41% de 2016. Y en minoría en la segunda vuelta, especialmente si las fuerzas no derechistas concuerdan medidas programáticas serias de regeneración democrática, destinadas a ser efectivamente cumplidas. No está escrito que Sebastián Piñera volverá a ser presidente.

Lo que sí es abrumador es la carencia de debate programático. ¿Terminará éste por venir desde fueras de los bloques dominantes?

Promover debates ha sido siempre el rol de las fuerzas  críticas del  orden establecido. Frente al agotamiento de los partidos tradicionales, es posible que puedan emerger en los próximos meses nuevos consensos inesperados. Como, acaso, un nuevo consenso republicano más o menos en los términos de Andrés Rosler (en su libro Razones Públicas, 2016): “si usted está en contra de la dominación, no tolera la corrupción, desconfía de la unanimidad y de la apatía cívicas, piensa que la ley está por encima incluso de los líderes más encumbrados, se preocupa por su patria mas no soporta el chauvinismo, y cree, por consiguiente, que el cesarismo es el enemigo natural de la república, entonces usted es republicano, aunque usted no lo sepa”.

Ese republicanismo es   minoritario, pues sigue predominando el simple seguimiento a figuras empáticas o de gesto autoritario, el acomodo a lo existente, o bien la apatía individualista, y ciertamente el chauvinismo ramplón. Pero si llegara a conectar con las preocupaciones sociales, descentralizadoras y ecologistas que se expresan hoy de manera dispersa por el territorio, puede llegar a hacerse mayoritario a través de una plataforma electoral creíble en tanto sea programáticamente seria y autónoma de los poderes tradicionales.


Esos poderes están cada vez más cuestionados porque  mantienen un sistema de representación con un empate político caduco sometido en definitiva a los intereses de la gran empresa, una intolerable desigualdad social y de género, una centralización asfixiante, una discriminación étnica evidente y un gran deterioro de los ecosistemas. Nada de lo que regocijarse como para abstenerse de contribuir a nuevas alternativas republicanas de cambio “en vez de lo existente”.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Reajuste y presupuesto: error tras error

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Notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste. Tienen razón los diputados, pues Valdés propuso, por primera vez desde 1990, estancar las remuneraciones reales de los trabajadores fiscales, mientras el país crecerá a 2%. Esto no tiene justificación alguna.
El gasto público crecerá en 2017 muy poco más que el PIB (el gobierno proyecta un incremento de 2,25%... en la ley de presupuestos), lo que es un error, con un déficit fiscal efectivo previsto de -3,3% del PIB. La inversión pública va a caer en un -2,6% (ya lo hará en un -0,5% en 2016) y las transferencias de capital un -5%, lo que implica un sacrificio adicional del potencial de crecimiento, agravado por la ausencia de políticas significativas de incremento del producto potencial, especialmente mediante un mayor y mejor gasto en Investigación y Desarrollo.
Un aumento del déficit fiscal a 4% del PIB, dadas las reservas fiscales disponibles, no provocaría ningún problema macroeconómico, sino que, al revés, estimularía el crecimiento y mejoraría la relación deuda pública/PIB en el mediano plazo.
Hemos llegado a un límite de la arrogancia y, a estas alturas, mero mesianismo, de algunos economistas ortodoxos, que suelen equivocarse en sus diagnósticos y más aún en sus recetas de política económica, pero que se permiten descalificar desde su incompetencia y ausencia de visión los planteamientos fundados de los que no concuerdan con ellos, como si fueran poseedores únicos de la verdad. Sin ir más lejos, estos economistas precipitaron a Chile inútilmente en recesiones en 1999 y 2009 al no hacer operar políticas contracíclicas pertinentes y a tiempo por dogmatismo ramplón puro y simple.
¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro de Hacienda y sus acólitos de la cada vez más irrisoria tecnocracia gubernamental?