jueves, 21 de julio de 2016

Accidentes electorales

La renuncia del senador Manuel José Ossandón al partido Renovación Nacional se ha producido, al parecer, para evitar probables condicionamientos o vetos partidarios a una candidatura presidencial suya. Por su parte, la declinación de la candidatura a alcalde de Santiago de Joaquín Lavín, que implícitamente conllevaba una eventual prolongación presidencial relegitimada hacia 2017 ante la ausencia de personalidades competitivas en el partido UDI, contribuye también a reconfigurar el panorama de la elección presidencial que tendrá lugar en unos 16 meses más.
La tradicional idea del candidato providencial que se impone por su propio peso, en este caso la del ex presidente Sebastián Piñera en la derecha, suma un potencial detractor menos (Lavín), pero un real, y en cierta medida poco previsible, desafiante (Ossandón). Emerge una primera incógnita, hasta donde se puede observar en el escenario actual de la política chilena, que es la de si Ossandón llevará el desafío hasta una primera vuelta presidencial o bien aceptará participar en una primaria de la coalición Chile Vamos. Y se presenta una segunda incógnita, que es la de si Sebastián Piñera aceptará someterse a una primaria con Ossandón y otros, a lo que los ex -presidentes (con excepción de Michelle Bachelet, lo que habla bien de sus convicciones democráticas) suelen no inclinarse con mucho entusiasmo, dado el peso bonapartista tradicional de la función presidencial en Chile.
La próxima elección para la primera magistratura se dirimirá con una alta probabilidad en una segunda vuelta, la que alineará –como viene ocurriendo desde la elección de Ricardo Lagos- a un candidato emanado del universo de la derecha y a otro (u otra) del universo de la centroizquierda. Pero no es posible dejar de considerar sin más, aunque su probabilidad de ocurrencia sea baja, un “accidente electoral”. Este pudiera emanar de un escenario de amplia diferenciación de candidaturas competitivas en la primera vuelta presidencial, estimulada por la necesidad de cada partido de tener un soporte presidencial afín para sus candidaturas parlamentarias en el contexto del nuevo sistema electoral con mayor proporcionalidad que se inaugurará el año próximo.
En efecto, no se puede excluir que pasen a segunda vuelta dos candidaturas de derecha que logren convocar a segmentos sociales y electorales diferentes y a amplios universos de descontentos, frente a varios candidatos de la Nueva Mayoría que pudieran presentarse debilitados por la falta de renovación y por la impopularidad del actual gobierno, junto a varios candidatos dela izquierda no tradicional o de expresiones políticas menos clasificables pero con capacidad de motivar a electores que suelen abstenerse. Es decir, se puede presentar un escenario con algo así como dos candidatos de derecha que eventualmente alcancen un 25% y un 20% respectivamente, con dos candidatos de la Nueva Mayoría (uno de la DC y otro del PS-PPD-PR-PC) que reúnan cada uno menos de 20% y el resto repartido en candidaturas no tradicionales dispersas.
La posibilidad de construir un escenario de esas características debiera motivar a Manuel José Ossandón a llevar su candidatura hasta la primera vuelta presidencial en 2017. Y hacer meditar a la centro-izquierda acerca de si su dispersión actual no podría prefigurar un colapso político mayor el año próximo. Y a la izquierda no tradicional acerca de la necesidad de reagruparse más allá de las capillas que se han ido prefigurando y que la alejan a día de hoy de toda capacidad de incidir en la agenda pública, que a fin de cuentas es el sentido de la acción política.

martes, 19 de julio de 2016

El error de una política económica recesiva

En el primer trimestre de 2016, el PIB desestacionalizado creció en un 1,3% respecto al trimestre anterior, lo que hacía albergar un cierto optimismo. Pero la evolución posterior ha sido volátil. Para el Banco Central, de acuerdo a su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, la economía crecerá entre 1,25% y un 2% en 2016 y espera que “la economía siga creciendo por debajo de su potencial por algunos trimestres más, afectada especialmente por el desempeño de los sectores más ligados a la inversión”. El gobierno redujo, el 11 de julio, la proyección de crecimiento del PIB en 2016 a 1,75%, desde el 2% previsto en marzo pasado y el 2,75% previsto en septiembre de 2015 en la ley de Presupuestos del Sector Público.
Con respecto al primer trimestre de 2016, el Imacec desestacionalizado promedio del trimestre móvil marzo-mayo registra una caída de -0,5%, influido por el estancamiento del consumo interno y por la incomprensible –dada la mala coyuntura que afecta a la demanda interna y el más lento crecimiento del empleo– caída programada de la inversión pública. A mayor abundamiento, la balanza en cuenta corriente mostró en el primer trimestre un superávit de 0,9% del PIB, reflejando la menor actividad interna.
El peso se ha depreciado respecto al año 2011, el de mayor sobrevaluación por el alto precio del cobre, en -42,6% hacia junio de 2016. Esto favorece a los exportadores y a los competidores con importaciones, especialmente en la industria y la agricultura, y a las regiones en que estas actividades prevalecen.
Pero la mala noticia en el corto plazo es que el aumento de los precios de los bienes importados ha impactado sobre la inversión en bienes y equipos y el de bienes de consumo sobre los consumidores y sus remuneraciones reales, lo que contribuye a generar un efecto contractivo en la economía.
El Índice de Precios al Consumidor aumentó en junio a un ritmo anual de 4,2%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,2% en mayo y acumulan un incremento de solo 0,1% en los primeros cinco meses del año respecto a diciembre y de 1,0% en doce meses. El estancamiento de esta variable sigue contribuyendo al decaimiento de la demanda interna y de la actividad económica general. El incremento en el salario mínimo, que pasó de 250 mil a 257,5 mil pesos a partir del 1 de julio de 2016, no contribuirá a incrementar sino marginalmente las remuneraciones reales agregadas ni el consumo, lo que constituye otro error de la política económica.
En el trimestre móvil marzo-mayo, el crecimiento en doce meses del empleo fue de 1,3%. La tasa de crecimiento de la ocupación viene perdiendo dinamismo desde el segundo semestre de 2015, en paralelo a la desaceleración de la actividad económica, lo que se acentuó en lo que va de 2016. Por otro lado, aumentó en 3,4% el empleo de jornada parcial involuntario, lo que refleja la continuidad del ajuste al menor crecimiento de la actividad por la vía de la disminución de la jornada laboral antes que, todavía, mediante despidos.
Fruto de la pérdida de dinamismo de la creación de empleo en relación con el aumento de la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo aumentó a 6,8% de esta en marzo-mayo de 2016. Esta cifra es superior en 0,2 décimas de punto porcentual a la de hace un año y 0,5 décimas superior a la de dos años a la misma fecha.
Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, el desempleo abierto venía bajando en comparación anual, tendencia que se revirtió en el trimestre móvil enero-marzo de este año. El número de desocupados aumentó en 4,9% en doce meses, unas 27,4 mil personas más. El registro pasó desde 560.5 mil a 587,9 mil desocupados. Se habían registrado 539,7 mil en enero-marzo 2016.
Por categorías de trabajadores, la de mayor expansión es la de Cuenta Propia (105 mil, a un ritmo anual de 6,5%), seguida por los asalariados (21 mil, a un 0,4% anual), con una caída de empleadores y servicio doméstico, lo que refleja un deterioro de la calidad del empleo.
El empleo en Chile es predominantemente asalariado, con un 69,8% en esta categoría y un 21,2% en la de cuenta propia en marzo-mayo de 2016, mientras un 86,9% de los asalariados cuenta con un contrato escrito y un 71,0% con un contrato indefinido. Un 87,0% de este subuniverso recibe las tres prestaciones laborales sociales de pensión, salud y desempleo, sin grandes variaciones en doce meses.
En suma, con el empleo creciendo al 1,3% anual y las remuneraciones reales al 1,0% anual, el consumo de los hogares, principal componente de la demanda, no está permitiendo que la economía crezca a un nivel que se acerque a su potencial.
Resulta cada vez más incomprensible la inacción del Gobierno, en circunstancias que existe una sólida posición fiscal de Chile. A la paridad cambiaria actual, los ahorros netos han tenido pocos cambios en los últimos cuatro años, a pesar de los déficits fiscales efectivos desde 2013. Si se incluyen las deudas de las compañías estatales, Chile entra a un moderado territorio negativo después de 10 años de ahorros netos, circunstancia excepcional en el mundo.
El balance fiscal efectivo fue de -2,2% del PIB en 2015 (contra un -1,6% en 2014 y un -0,6% en 2013). Esta cifra de déficit fue menor a la esperada, con ingresos que crecieron un 5,2%, fruto de los primeros efectos de la reforma tributaria de 2014. Pero el Gobierno se autoimpuso de manera absurda disminuir el déficit estructural en 0,25% anual en los próximos años.
El déficit fiscal efectivo y el estructural se situarán, en 2016, en la estimación del Ministerio de Hacienda del 11 de julio, en -3,2% y en -1,4% del PIB, con un crecimiento del gasto público del orden de 4,2%. Los ingresos se estiman a la baja respecto a la estimación inicial en 0,2% del PIB por el efecto de una caída de la tributación minera privada. El déficit fiscal efectivo pasó de una estimación de 2,9% a 3,2% del PIB, equivalente a US$ 7.7 mil millones, mientras que el estructural se elevó de 1,3% a 1,4%, un 0,2% menos que el 1,6% de 2015, sin considerar el 0,3% de blanqueo de capitales. La deuda bruta sobre PIB pasaría de 17,5% del PIB a fines de 2015 a algo más del 20%, salvo que se usen los fondos soberanos para financiar el déficit.
La inversión pública va a caer en 2016 y 2017, lo que es una muy mala noticia para la economía e implica un sacrificio del potencial de crecimiento en aras de mantener el déficit fiscal estructural para 2016 no muy lejos de la meta inicial de -1,3% del PIB y de 1% para 2017, en el peor momento de incertidumbres internacionales y de caída de la demanda interna.
El ministro Valdés ha preferido no utilizar las amplias reservas fiscales con las que cuenta el país –que para eso se constituyeron– y no se propone realizar impulso fiscal alguno para salir de la senda de bajo crecimiento, como el realizado en 2009. Con ello compromete además el crecimiento futuro, especialmente en materia de inversión pública y de políticas de incremento del producto potencial en Investigación y Desarrollo.
Para este enfoque se ha apoyado en una revisión a la baja del PIB tendencial y del precio de referencia del cobre. Estas variables son las que ocupa el Gobierno para calcular los ingresos estructurales (cíclicamente ajustados). Ambos insumos son provistos por Comités de Expertos y se han ido corrigiendo a la baja sostenidamente.
Los valores a la fecha ubican al PIB Tendencial a cinco años en 3,6% y al precio referencial del cobre a diez años en US$ 2,57 la libra (luego que se rebajó excepcionalmente en marzo desde 2,98, lo que revela que se trata de un panel de no muy sólidas convicciones sobre el largo plazo). En la consulta en curso a los expertos, ambos valores serán seguramente ajustados a la baja.
Todo esto tiene una sola consecuencia: cuando más se necesita una política fiscal activa para reanimar la economía, y especialmente una fuerte expansión del gasto en infraestructura, menos el Gobierno parece dispuesto a utilizar los márgenes fiscales de que dispone.
La economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia. Una vez producido el impacto recesivo de menores precios y cantidades en los flujos de bienes exportables, con un fuerte impacto en la devaluación del tipo de cambio y, por la vía de la inflación, en las remuneraciones reales, la política económica adoptada ha agravado las nuevas circunstancias recesivas externas e internas.
El Banco Central debiera bajar la tasa de interés de referencia y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, en cambio, impedir deterioros en la situación del empleo.
Este tipo de errores ya se cometieron en Chile en las recesiones evitables de 1999 y 2009, con economistas inspirados en lo que el Premio Nobel Paul Krugman denomina “economía vudú” –la que considera que las políticas de sustento de la demanda son siempre fuente de desequilibrios, cuando en realidad son un componente clave de la regulación coyuntural y del crecimiento de largo plazo y que, entre otras cosas, evitan o atenúan las recesiones–, de la que se han hecho lamentablemente adictos en nombre de un rigorismo abstracto los actuales conductores de la política económica.              
Es de esperar que no estén privilegiando que no se produzcan eventuales deterioros en la evaluación de riesgo país de las agencias calificadoras para agregar ese récord frente a futuros empleadores, seguramente del mundo financiero del que provienen. Lo que,  en todo caso, no deben olvidar es que esa prioridad tiene una contrapartida: el interés general dañado por una economía estancada y, sobre todo, aumentos innecesarios en el desempleo, con el consiguiente sufrimiento evitable de centenares de miles de familias.

viernes, 8 de julio de 2016

¿Gratuidad de qué y para quien?



El actual gobierno actúa con una curiosa práctica programática y legislativa. En vez de plantear medidas para su período, lo hace, en diversas materias cruciales, para los siguientes gobiernos. Esto pudiera considerarse una saludable visión de largo plazo y un prudente espíritu de gradualidad. El problema es que ese proceder no considera un elemento básico de la democracia y contribuye a su desprestigio creciente: los gobiernos son por definición “de turno”, es decir de duración limitada, y más aún lo son los presupuestos, que son anuales. Lo que ocurra después de 2018 en materia tributaria y de gasto público, y también en materia de gratuidad universitaria, será fruto de decisiones del próximo Presidente y del próximo Congreso y no de los actuales. Discutir sobre proyecciones de PIB y otras consideraciones para ver cuando se llegaría a la gratuidad universal –con el famoso “todo lo demás permaneciendo constante” de los economistas poco criteriosos- no tiene simplemente ningún sentido.
El actual gobierno ha dicho, en definitiva, que se accederá al finalizar su período a la gratuidad universitaria si se pertenece al 60% de menos ingresos, dados los rendimientos de la reforma tributaria y el menor crecimiento, los que no alcanzarán para sostener la promesa del 70%. Si ese guarismo se modificó, también valdría la pena reflexionar sobre el sentido de la gratuidad, que debe discutirse en sus fundamentos y dejar de ser una carrera por porcentajes. Por nuestra parte, como venimos escribiéndolo desde el año 2012,  sostenemos que la idea de gratuidad universal no es la mejor desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad y debiera sustituirse por otra: la de una progresión presupuestaria fundada en una nueva política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior. Y no en promesas genéricas bastante poco racionales.
Primero, debiera alcanzarse la gratuidad en toda la educación técnico-profesional declarada pertinente por el Ministerio de Educación, siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas por un nuevo órgano público especializado, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica, como está previsto por el actual gobierno,  e Instituto Profesional por región a partir de las universidades estatales.
Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en las carreras pertinentes declaradas como tales por el Ministerio de Educación (¿tiene sentido gastar enormes recursos públicos para formar gente en carreras sin empleabilidad?), aumentando su matrícula progresiva pero sustancialmente. En tanto, es indispensable redimensionar a la mayoría de las carreras universitarias, que deben pasar, como en el mundo desarrollado, de cinco a cuatro años, en base a fortalecer la formación escolar con un sistema público de preuniversitarios y propedéuticos. Y no se debe incluir a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (estableciendo un arancel diferenciado con crédito subsidiado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector privilegiado de la sociedad.
Como tercera prioridad, la gratuidad debiera incluir, con los mismos criterios anteriores, a los alumnos de las carreras de universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y de investigación, junto a una extensión al servicio de las comunidades, sin discriminaciones.
Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general (todas esas son características fundamentales de la función pública en educación superior, según lo establecen además los tratados firmados por Chile en materia de derechos sociales y culturales), no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales y sus alumnos de menos ingresos recibir ayudas estudiantiles si están acreditadas y en carreras declaradas pertinentes por el Ministerio de Educación.
Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión (donde haya compromiso con el interés general, con las prioridades de desarrollo, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos, y dónde no los haya simplemente no debe haber subsidio), debiera poder acomodarse sin problemas con los recursos fiscales disponibles para 2017 y 2018. Lo que siga más adelante será materia, insistimos, del próximo gobierno y del próximo Congreso emanados del pronunciamiento ciudadano. Ellos verán qué política de educación superior aplican.
Si lo que se quiere es un mercado educativo desregulado universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de carreras y universidades ni niveles de ingresos de los alumnos,  no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto financiado por el Estado con los impuestos que pagan todos los chilenos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.

martes, 5 de julio de 2016

Gratuidad universal


Es un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto
La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.
Publicado en EMOL el 5 de julio
------------
Pregunta y respuesta completa

Pregunta Emol: ¿cuándo podríamos llegar a la gratuidad universal? Considerando el lento crecimiento económico del país y los resultados esperables de la reforma tributaria. ¿Se puede lograr? ¿Es un proyecto muy a largo plazo? ¿Es imposible lograrlo?

Respuesta:

La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Primero debiera alcanzar a la brevedad a toda la educación técnico-profesional (siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional por región a partir de unas universidades estatales que aumenten su matrícula progresivamente hasta el 50% del total). Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en tanto la mayoría de las carreras pasen de cinco a cuatro años y se excluya a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (arancel diferenciado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector de la sociedad. Como tercera prioridad en el tiempo, la gratuidad debiera incluir, con el mismo criterio anterior, a los alumnos de las universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y la investigación sin discriminaciones. Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general, no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales. Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión, debiera poder acomodarse sin problemas a los recursos fiscales adicionales disponibles en los próximos años. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.