viernes, 25 de septiembre de 2015

Postura de Chile tras el fallo de La Haya

Hemos escuchado incansablemente, por parte de la mayoría de los analistas y juristas chilenos sobre los temas de las demandas peruana y boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que la mayor instancia jurídica internacional debe fallar en derecho -lo que es una obviedad (¿qué tribunal no falla a sus ojos en derecho?)-, y que por tanto sólo le cabe aceptar la posición chilena, lo que los hechos han desmentido una y otra vez. Tanto en el caso peruano sobre límites marítimos, como en el caso boliviano sobre admisibilidad de la demanda sobre obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar, la Corte no le ha dado la razón a la parte chilena.

Caben dos posibilidades: o la Corte no falla en derecho y mantiene una animadversión arbitraria hacia Chile –en cuyo caso hay que denunciar a la Corte Internacional y salirse del Pacto de Bogotá de 1949 que Chile suscribió y que compromete a los países suscriptores a que los diferendos de límites se diriman por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia como alternativa a la guerra entre naciones- o los analistas y juristas chilenos de marras están equivocados.

El autor de estas líneas no es jurista, pero procura razonar más allá de lo que digan o  no las opiniones convencionales o las encuestas frente a los hechos de la esfera pública. Y el primer razonamiento que se le ocurre hacer es que el propio nombre de la Corte Internacional indica que está para impartir justicia, y no para aceptar sin más los argumentos de alguna parte demandada según la cual su posición sobre límites no admite controversia y es intangible, como ha sido invariablemente la posición chilena y que manifiestamente no convence a nadie. ¿Es menester recordar que este camino lleva sólo a una conclusión, la de terminar a la larga sustituyendo la diplomacia por la guerra? ¿Y que la Corte Internacional de Justicia procura establecer soluciones justas para las partes involucradas en controversias territoriales que eviten la solución de la guerra?

En el caso de los límites con Perú, Chile debe actuar -luego del fallo sobre límites marítimos- dando por cerrado el tema de la frontera norte, lo que Perú formalmente no cuestiona. Aparentemente sólo permanece una controversia sin resolver que involucra el llamado “triángulo terrestre” de 3,7 hectáreas de arena al borde del mar, aunque es posible que permanezca como trasfondo la conjetura según la cual la subyacente postura peruana es la de mantener conflictos de cualquier índole en vistas a procurar recuperar soberanía sobre Arica en algún momento en el futuro.

Esta postura no es expresamente formulada por la diplomacia peruana, aunque fue insinuada en su respuesta al acuerdo de Charaña de 1975 cuando puso como condición para aceptar un pacto entre Chile y Bolivia que permitiera a nuestro vecino acceder al mar en condiciones de soberanía en la frontera sur del Perú, que se estableciera un área territorial bajo soberanía compartida entre los tres países, aunque aceptaba la cesión de una franja desde la frontera boliviano-chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana que une Tacna y Arica.

En el caso de Bolivia, lo sensato frente al reciente revés en la Corte, es tomar iniciativas unilaterales constructivas. En vez de denunciar el Tratado de Bogotá y poner todo tipo de dificultades, como les gustaría a los chauvinistas irredentos, nuestro país debe facilitar aceleradamente el libre tránsito establecido en los tratados entre Chile y Bolivia en todos los aspectos, lo que ayudaría grandemente a mejorar nuestra imagen internacional, hoy bajo la sospecha de ser un país militarista y obtuso.

Esa imagen que transmite Chile no predispone a juez o gobierno alguno a escuchar con benevolencia la posición chilena sobre intangibilidad eterna de los tratados emanados de guerras de conquista, y a poner el tema dónde debe estar: en la negativa de Perú de aceptar una presencia boliviana en su frontera sur. Recordemos lo señalado en el acuerdo de Charaña, en la versión del ex embajador Demetrio Infante: “la propuesta chilena era un corredor de aproximadamente siete kilómetros al sur del Punto de la Concordia y era un corredor que no solamente daba playa, costa, mar, sino que unía hasta Bolivia mismo. Además le entregábamos el aeropuerto de Arica, pues quedaba en la franja, pero bueno, se tasaba y se entregaba. También le entregábamos el ferrocarril Arica-La Paz, por lo que había que valorarlo y cobrar un justo precio por ello”. Esto se acompañaba de la construcción de un túnel para el tránsito de personas y mercancías entre Chile y Perú.

Si la dictadura de Pinochet estuvo dispuesta a hacer estas cesiones de territorios chilenos, con una  compensación equivalente de territorios bolivianos, la democracia chilena del siglo XXI debe estar dispuesta a entregar unilateralmente facilidades de libre tránsito mayores a las pactadas hasta ahora con Bolivia, aunque el tema de la soberanía quede en suspenso mientras el Perú se niegue a otorgársela a Bolivia por el único lugar por el cual es concebible una salida soberana al mar para este vecino país. Nadie debe tener dudas sobre el hecho que es impensable, y un eventual factor de permanente inestabilidad futura, cualquier partición del territorio chileno en dos a través del antiguo territorio boliviano, lo que seguramente Bolivia está en condiciones de admitir.

Chile no debe seguir en la ofuscación, la negación y el nacionalismo estrecho, sino manifestar claros signos y expresiones de voluntad de ayudar a Bolivia en todo lo que esté en sus manos para superar su situación de enclaustramiento y ser un factor de contribución a la integración latinoamericana, haciendo posible a la brevedad el más completo libre tránsito de los bolivianos, incluyendo nuevas facilidades de transporte y logística en la franja al sur de la línea de la Concordia.

Nuestros pueblos tienen muchos otros temas de los que preocuparse que de eternos conflictos de fronteras agitados por gobernantes preocupados de ganar popularidad interna antes que de avanzar en el desarrollo común, que es lo que debiera interesarnos como nación moderna con vocación de progreso.

viernes, 4 de septiembre de 2015

Lecciones del caso Rossi

En Voces La Tercera

El senador Fulvio Rossi decidió suspender su militancia en el PS luego que reconociera que pidió a SQM que financiara candidaturas municipales de su preferencia. Esto admite al menos dos reflexiones.



La primera es que avanza en el PS la doctrina según la cual cuando uno de sus miembros es objeto de investigación judicial fundada, cabe suspenderle la militancia. Y si se establece una verdad judicial que pruebe la existencia de acciones reñidas con la ética pública, se debe proceder a la expulsión del partido de la persona involucrada. Desgraciadamente el Tribunal Supremo del PS no esperó en el caso de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos que se pronunciara la justicia y estableció un veredicto -sin publicidad- de expulsión del partido. En el caso de Rossi, el buen procedimiento debiera implicar ratificar la suspensión de militancia por el tribunal interno, sin pronunciarse sobre el asunto de fondo hasta que la justicia ordinaria dictamine si se ha cometido o no delitos o faltas contra la ética pública.



La segunda reflexión es de fondo. El senador ha declarado que pidió estos recursos a SQM porque esa era la regla del juego. Aunque la legalidad de la petición está siendo indagada por la fiscalía, la pregunta que los ciudadanos de a pie seguramente se hacen, porque es de sentido común, es si este tipo de financiamiento por empresas privadas (y en este sentido da lo mismo si se trata o no de un pariente de Pinochet, de empresas privatizadas durante Pinochet o de empresas nacionales o extranjeras sin ninguna de estas características) condiciona la conducta y el voto de parlamentarios o autoridades locales electos por el pueblo a la hora de tomar decisiones que involucren intereses de sus financistas.



La respuesta obvia es que se debe presumir que  nunca una empresa privada otorga donaciones por  amor al arte. O lo hace para influir en las decisiones públicas a su favor, o para mejorar su reputación frente a interlocutores críticos. Las empresas privadas no son la Cruz Roja. Y menos si la donación es a un parlamentario en particular, para fines particulares. Distinto es si un partido político pide financiamiento a empresas para financiar sus campañas, pero a la larga el partido en cuestión también puede quedar condicionado por intereses particulares, salvo que las donaciones sean muy diversificadas y provengan de entidades con intereses contradictorios. Pero esta puede ser una figura muy poco frecuente y difícil de establecer.



Para todos estos temas existe una solución: construir una muralla china entre el financiamiento de la política y el dinero empresarial. La legislación debe avanzar a la brevedad en este sentido, de modo que en 2016 ya esté plenamente vigente la prohibición absoluta del financiamiento de campañas electorales o de partidos por empresas y la pérdida inmediata del escaño por quien o quienes se hayan beneficiado de financiamientos de este tipo. La ley debe calificarlos como tramposos y contrarios al ordenamiento democrático, pues en las decisiones de los órganos públicos debe prevalecer el interés general por sobre el interés de toda corporación económica.