viernes, 24 de abril de 2015

El socialismo chileno y su década perdida

Publicado en Voces La Tercera

El PS chileno ha sido dirigido desde hace una década por la corriente de Escalona y Andrade. El primero desde 2006 hasta 2010, cuando debió renunciar luego de contribuir a la división, derrota y fin de la Concertación, y luego Andrade desde 2010. Los resultados de esta gestión han sido un retroceso para el proyecto socialista en Chile, han dispersado su base de apoyo y diluido su influencia cultural. Se requiere un drástico cambio de orientación, que esperamos se concrete a partir de la elección del 26 de abril. Muchos pensamos que ese giro necesario debe reunir muchas voluntades, como ha logrado hacerlo Isabel Allende a la cabeza de una amplia coalición interna. Y que desde luego ayude a llevar a buen puerto la gestión de gobierno de la presidenta Bachelet.

El balance, efectivamente, no es bueno. El PS contribuyó poco o nada al programa del actual gobierno, no ha ayudado en su gestión, ni tampoco en la resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Más aún, se ha debilitado sustancialmente como fuerza articuladora y portadora de un proyecto de cambio social. La idea de la “casa común de la izquierda”, que presidió la reunificación de 1989, está destruida. Atrás quedó el intento de una construcción política plural inspirada en una nueva síntesis ideológica que reivindicara la democracia en lo político, el dinamismo y la sustentabilidad en lo económico, la igualdad en lo social, el progresismo en lo cultural y el latinoamericanismo en lo internacional. Unificado, el socialismo chileno pudo transformarse en un actor clave en la transición.

Con el tiempo, se apartó de su tarea primordial de romper las trampas constitucionales y el veto minoritario de la derecha en las instituciones, con la consecuencia de no construir pilares de equidad en la sociedad y evitar la inédita concentración del poder económico. Terminó prevaleciendo el acomodo y la resignación ante los poderes fácticos. La construcción de un proyecto de cambios estructurales fue abandonada en beneficio de reconversiones neoliberales o bien, más frecuentemente, en favor de la mera lucha burocrática por ocupar cargos en el Estado. Para ese tipo de práctica política no se requiere la búsqueda de adhesiones mayoritarias y la construcción de hegemonía en el campo de las ideas. Para la política burocrática basta con construir clientelas, lograr alianzas para acceder al Estado, aunque sea en condiciones de subordinación, y ser parte del partido del orden para llegar o mantenerse en los puestos públicos.

La corriente que ha dirigido el PS en la última década terminó encarnando la opción acomodaticia. Su pulsión autoritaria contribuyó decisivamente a poner en minoría en la Cámara y el Senado a la presidenta Bachelet en su primer gobierno, al reemplazar la lógica de la articulación por una lucha obsesiva contra los “díscolos” de distinto signo,  y al mismo tiempo dando soporte político a las opciones neoliberales en la coalición. Esa dirección barrió con la diversidad interna y no quiso o supo evitar la salida del PS del senador  Navarro en 2008, que creó el MAS; del Senador Carlos Ominami y del diputado Marcos Enríquez-Ominami en 2009, que crearon el PRO; del diputado Sergio Aguiló, en 2011, que creó la Izquierda Ciudadana; y, finalmente, la de jóvenes que, como Miguel Crispi, crearon Revolución Democrática ante la ausencia de sintonía del PS con las movilizaciones estudiantiles. Y logró que dos ex militantes socialistas (Jorge Arrate y Marcos Enríquez-Ominami) fueran candidatos a la presidencia en 2009, marginándose de un  partido que les negó el derecho a competir democráticamente, y que terminaron sumando nada menos que el 26% de los votos. Se trató de una gestión política que resucitó la lógica de la división y la dispersión que tanto había costado revertir.  

Durante el gobierno de Piñera, la Nueva Izquierda y Escalona terminaron de consagrar su pertenencia al partido del orden. Votaron a favor del royalty del gobierno, que sustrajo de la soberanía popular hasta 2023 cualquier cambio a la tributación minera, en un acto inaceptable de renuncia a sus potestades por el parlamento chileno. Y luego no dijo nada, como unos pocos hicimos, entre ellos la senadora Isabel Allende, contra la licitación a SQM de nuevos yacimientos de litio. Luego, vino la descalificación de mala manera de la idea de Asamblea Constituyente, aprobada formalmente por el Congreso del PS en 2011, y ahora especula con adelantar elecciones, debilitando a la presidenta.  No es éste un enfoque y un balance que merezcan ser reivindicados.

Los dirigentes del PDC que celebran a Escalona, y que en 2014 le ofrecieron, para dividir a la izquierda, un cupo senatorial luego de que declinara participar en primarias en su propio partido -en un acto de muy poca prestancia política- debieran evaluar que a la larga estas alianzas miopes no son capaces de conformar una coalición con reglas y prácticas  basadas en la lealtad mutua y la competencia democrática.

Es tiempo que el PS haga un giro y vuelva a su proyecto de ser un eje de la izquierda democrática chilena, promotor de la igualdad de derechos y oportunidades y de transformaciones democráticas, progresivas pero estructurales. Debe volver a ser la fuerza organizadora de un bloque social y político por los cambios, que reunifique en vez de dividir a la izquierda para lograr entendimientos constructivos con el centro y, en definitiva, proveer solidez a la democracia.

En el corto plazo, es indispensable que el PS no sea un factor de tensión que ataca a ministros de la presidenta Bachelet y se desentiende de las reformas estructurales. Antes bien, lo congruente es que el PS elija un nuevo liderazgo, mediante la confluencia de gente experimentada con nuevas figuras, que apoye a la presidenta Bachelet y su programa de reformas. La tarea es reconstruir un socialismo moderno legitimado ante su base social y el conjunto del pueblo chileno, con vocación mayoritaria y reformadora.

Vale la pena, para concluir, citar un texto de Maquiavelo: “No existe nada de trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos, porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se benefician del ordenamiento antiguo, y como tímidos defensores a todos los que se beneficiarán del nuevo”. A pesar de la dificultad provocada por el poder oligárquico, los países deben ser capaces de reformarse si no quieren instalarse en la decadencia, la polarización y la emergencia de caudillos y demagogos en un mundo que exige cambios. No es tiempo de retrocesos conservadores sino de nuevas perspectivas y nuevas esperanzas democráticas, igualitarias y libertarias.


miércoles, 8 de abril de 2015

La crisis de legitimidad democrática

Publicado en Voces La Tercera

No es aventurado afirmar que a estas alturas estamos en presencia de una verdadera crisis de legitimidad del sistema político. Los que deben gobernar y legislar aparecen para la mayoría de los ciudadanos -mezclándose el antiguo sustrato autoritario pinochetista contra los “políticos” con el contemporáneo rechazo al clientelismo y el oportunismo, que incluye la subordinación a intereses privados de muchos representantes políticos- como sólo sirviéndose a sí mismos.

Los hechos son contundentes para extender este tipo de interpretación: se constatan mecanismos naturalizados de especulación, abuso de usuarios y corrupción, junto al ahora visibilizado financiamiento ilegal generalizado de campañas por grandes empresas, lo que permite presumir un fuerte control del sistema político por intereses económicos y corporativos. Es doloroso hacerlo, pero se debe constatar que muchos de los que gobiernan y legislan están representando -en mayor o menor medida- a poderes empresariales o sectoriales y no a quienes los eligieron para defenderlos en el tratamiento en la esfera pública de los temas que les preocupan cotidianamente: sus condiciones de empleo, salarios y sus pensiones, atención de salud, condiciones del transporte, de la vivienda y del entorno urbano, así como el presente y futuro de sus hijos a través de la educación y la expansión de oportunidades económicas, como también el legado ambiental a las nuevas generaciones.

La representación política se encuentra hoy enturbiada en su sentido básico de canalización racional de las aspiraciones y opciones mayoritarias. Se acentúa la reacción colectiva, que se viene constatando -desde el punto de vista de la participación electoral- al menos a partir de 1997, mediante un alejamiento generalizado de los ciudadanos de la esfera pública. Probablemente no pasará en el corto plazo nada catastrófico en la sociedad chilena –aunque la naturaleza está siempre poniéndonos a prueba-, pero los síntomas de una descomposición de la vida en común están a la vista: anomia y percepción generalizada de injusticia de la situación personal y familiar, no respeto de la ley, repliegue en el interés privado y en el individualismo negativo (cuando no en las adicciones), violencia cotidiana, avance del narcotráfico y del gran delito. Sus consecuencias serán severas en el mediano y largo plazo, y llevan hoy a confusiones inaceptables, como cuando un subsecretario del Interior -supuestamente de izquierda- plantea la receta del estado de sitio frente a la violencia (lo que revela un carácter autoritario y su falta de idoneidad para ejercer el cargo en un régimen de libertades democráticas, en mi opinión).

Frente a esta perspectiva peligrosa de descomposición social, es tarea de la esfera política reaccionar para relegitimar y fortalecer la democracia como forma de gobierno, aunque sea a estas alturas sumamente tardía, dada la rigidez y miopía mostrada por la derecha en la defensa de las oligarquías que representa y el oportunismo de parte del centro y de la izquierda, que renunció a defender los intereses de las mayorías y se acomoda a un sistema de privilegios. Lo que está en juego es ampliar las bases de un régimen de libertades y de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en el que todos los sectores y grupos sociales sean parte legítima y reconocida, y no sólo pequeñas oligarquías. Régimen a partir del cual -en tanto alternativa a los autoritarismos de diverso signo- se aborden las tareas del fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia económica, sin desligarlas de la sustentabilidad social y ambiental del desarrollo, y que son las que permiten dar respuestas de largo plazo a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos antes mencionadas.

Atacar una crisis de legitimidad de esta envergadura no tiene muchas variantes. Sólo cabe recurrir a la fuente primaria de la legitimidad democrática, que no es el sistema de partidos, no son los parlamentarios ni representantes regionales y locales, menos aún es el poder económico o el poder religioso; es el pueblo.

El problema del sistema político actual tiene su origen en una dictadura que lo entendió como concesión inevitable, pero sólo bajo la forma de una “democracia protegida” que permitiera mantener el dominio del poder económico oligárquico reconstruido entre 1973 y 1989. Las enmiendas parciales y sucesivas desde entonces, valiosas, no han estado en condiciones de superar esa falta de legitimidad de origen, y simplemente ya no lo harán. El gobierno debiera reaccionar, tomar la iniciativa y someter al Congreso una reforma constitucional que permita la realización -en 2015- de un plebiscito en el que los ciudadanos se pronuncien por mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma, o bien por la elección de una asamblea constituyente, que en caso de ser aprobada por el pueblo y elegidos nuevos representantes, redacte de manera pacífica y civilizada una Constitución legítima que sea luego plebiscitada hacia fines de 2016.

Mientras, el gobierno y el Congreso debieran avanzar en las reformas a la educación y a la negociación colectiva que ha propuesto la Presidenta Bachelet, y preparar junto a diversos otros temas del programa de gobierno, las reformas a los seguros privados de salud y a las pensiones, que han sido o están siendo trabajadas por comisiones asesoras. Y además debieran abordar los temas que están en juego para separar la política del dinero y terminar con la clientelización del Estado, que son los componentes inmediatos de la crisis del sistema político.

En materia de financiamiento de la política, se debe legislar para, entre otras cosas, disminuir sustancialmente los límites del gasto electoral; restringir la publicidad en la vía pública; prohibir el aporte de personas jurídicas; limitar el aporte privado y mantener el carácter anónimo sólo hasta 20 UF por demanda del donante y publicidad a las de monto mayor a 20 UF, con límite; invalidación de la eventual elección a cualquier cargo de elección popular si se infringen los límites de gasto y llamado inmediato a una elección complementaria; ampliación de la titularidad de los denunciantes y de la prescripción por transgresión a la legislación electoral.

En materia de tráfico de influencias, se debe reforzar la ley de lobby, publicitando detalladamente la identidad y representación de intereses de los que concurren a audiencias o se comunican por cualquier vía con autoridades, y su eventual aporte previo a campañas electorales o partidos, e impedir de ese modo que la ley de lobby sea eludible vía llamado telefónico y correo electrónico. Se debe prohibir la militancia en partidos políticos de los lobistas. Se debe ampliar los sujetos obligados de la ley de transparencia a todos aquellos que puedan incidir en las decisiones públicas. Se debe realizar una ampliación sustancial del plazo de prohibición (cinco años) para que ex funcionarios opten a un empleo en empresas reguladas.

En materia de profesionalización de la función pública, el legislador debe disminuir drásticamente los cargos de exclusiva confianza, y distinguir los que requieren requisitos técnicos y profesionales, y los que no los requieren, pues deben expresar por sobre todo un compromiso con la realización de un programa comprometido ante los ciudadanos (como ministros, subsecretarios y jefes de determinados servicios, junto a restringidos equipos de asesores de confianza). Se debe fortalecer las normas objetivas de acceso a la administración pública, privilegiando los concursos anónimos de oposición, y llevar la carrera profesional hasta el nivel de jefes de división y departamentos y equivalentes, mediante calificaciones objetivas y concursos anónimos de oposición, creando un sistema de movilidad horizontal entre las plantas de los diversos servicios públicos.

El actual Sistema de Alta Dirección Pública debe remitirse a ser un procedimiento de certificación de cumplimiento de requisitos y habilitación para el nombramiento de determinados cargos. Se debe, además, establecer un procedimiento de justificación detallada en la ley de presupuestos de los cargos a contrata que superen el 20% de la planta funcionaria, junto con eliminar los honorarios como modalidad de contratación de personal en la administración, que se presta tanto para el pago de remuneraciones desmedidas a cercanos, es decir, el clientelismo puro para algunos, y para la mayoría la precarización de sus derechos como trabajadores.

Como se observa, la agenda pública está especialmente recargada. Razón adicional para no seguir retardándola y rindiéndose frente al peso del conservadurismo.

martes, 7 de abril de 2015

Aclaración contra infundio

El señor Juan Miranda declaró ayer en la inscripción de candidaturas del PS que "el compañero Martner aparece mencionado en el caso Soquimich y eso nos parece inaceptable". A mi también me parece inaceptable, pues no tengo nada que ver con SQM. En una comunicación privada el señor Miranda alude para hacer su afirmación a lo mencionado en la prensa respecto a Chile 21 y la consultora Aserta. 

Primero, participo en actividades de Chile 21 desde su fundación hace 20 años, y actualmente me ocupo de sus análisis económicos. Chile 21 se financia con aportes de fundaciones internacionales y la venta de informes a múltiples organismos y empresas, diversificación que asegura su independencia de criterio. No participo en temas administrativos o de financiamiento. Segundo, realicé en 2011 un trabajo de consultoría contratado por Aserta Consultores, sobre tributación de recursos naturales. Nunca he tenido vínculo contractual ni de ningún tipo con SQM, no conozco a sus dueños o ejecutivos.  

Anexo una presentación en un seminario con los sindicatos de trabajadores del cobre en la que me opuse a la política del litio de Piñera y a la licitación de la que se benefició SQM (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2012/10/sobre-el-litio-y-la-tributacion-minera.html) y defendí la idea de "derivar el negocio a Codelco" y no a SQM (.http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=54725).

Ahí están mis dichos y mis actos contra las mineras y contra SQM y mis planteamientos sobre el royalty (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2010/10/dejando-constancia.html ).  Nunca he estado condicionado por interés privado alguno y me gano la vida en una universidad pública como académico, en condiciones de absoluta independencia, con la que he defendido y seguiré haciendo el carácter público que en mi opinión debe tener la explotación de recursos naturales en Chile.

Pero claro, hay quienes nunca pierden la ocasión para descalificar y honrar la cultura de la maledicencia.

sábado, 4 de abril de 2015

Decisión sobre candidatura

El lunes 6 de abril se inscriben las candidaturas al Comité Central y otros cargos de dirección del Partido Socialista para la elección del 26 de abril.

Se conformó para esta elección la lista llamada Tercera Vía-Socialistas por la Asamblea Constituyente, que se inscribirá este lunes. Sin perjuicio de prestarle todo mi apoyo a la lista, he decidido no ser candidato. Declino postular a ocupar cargos de dirección en el PS y seguiré aportando desde el campo programático y de las ideas y desde mi condición de académico.

En estos tiempos de confusión y malestar, creo que es necesario mantener posiciones claras y de principios y también saber converger para impedir que los conservadores mantengan el control sobre el PS y lo transformen definitivamente en un pilar del partido del orden. Está en juego el legado transformador del socialismo y darle un nuevo rumbo para que sea parte decisiva de las  tareas de acción contra las desigualdades y la refundación institucional que Chile requiere urgentemente.  El PS se ha transformado en una organización que sólo busca el poder en el Estado, sin contenidos ni proyectos ni otro programa que no sea la ocupación de cargos burocráticos o de representación, mientras la mayoría de los chilenos observa con estupor como se reproduce un sistema político capturado por el poder económico oligárquico, que no actúa sobre los privilegios ilegítimos y no representa sus intereses y aspiraciones.

Me parece claro que alrededor de Isabel Allende se ha conformado una coalición interna por el cambio que está llamada a ser mayoritaria en el Partido Socialista, de modo de impedir que sea tomado por los partidarios del orden, opción autoritaria y oportunista que representa la Nueva Izquierda. Espero y confío que la lista de la Tercera Vía-Socialistas por una Asamblea Constituyente obtenga un gran resultado y sea parte de una nueva dirección que encabece Isabel Allende, que seguramente sabrá recoger la plataforma de lucha por una Asamblea Constituyente y por un gobierno que realice reformas estructurales en beneficio del mundo del trabajo y de la cultura, es decir de la mayoría de Chile.