miércoles, 17 de agosto de 2011

Cosas gratuitas y otras que debieran serlo

En la sociedad chilena se desarrolla, en buena hora, una controversia fundamental sobre el futuro de la educación. El presidente Piñera dio un notable paso en falso al presentar un “Gran Acuerdo Nacional” cuya característica principal es que es… el acuerdo de nadie más que él. Se olvida el presidente que los acuerdos, grandes o pequeños, son entre distintos actores y no la voluntad unilateral  y la imposición del que posee poder. La sigla con que lo denominó fue la de “GANE”, connotando lingüísticamente una particular concepción al sugerir que la educación sería un asunto en el que se compite u obtiene beneficios. Y frente a la reivindicación de más gratuidad, el presidente responde: “al fin y al cabo nada es gratis en esta vida”. ¿Nada? Como si todo lo que acerca a los seres humanos a sí mismos y a los demás (la introspección, el encuentro, lo sagrado, el amor, la amistad, la vida de familia, la buena vecindad, el compañerismo, la generosidad, el regalo, la reciprocidad) no fueran espacios y conductas de gratuidad por excelencia. Como también la aspiración al goce de la naturaleza y al acceso al conocimiento y a la cultura, en este caso como gratuidades socialmente construidas. Y financiadas con una tributación justa, compatible con la dinámica económica, para que el acceso no esté determinado por la capacidad inmediata de pago. Como diría el poeta Antonio Machado, “es de necios confundir valor y precio”. Los que actualmente nos gobiernan, y algunos que gobernaron antes, debieran reconocer que la mercantilización generalizada de la vida humana como valor positivo es tal vez su concepción, que han logrado imponer desde hace décadas, pero no la de toda la sociedad. Ni la de los jóvenes movilizados.
 El movimiento estudiantil ha insistido justamente en que su reivindicación es el fin del lucro –es decir de la distribución de utilidades a los dueños de establecimientos privados-  en la educación escolar, técnico-profesional y universitaria. Y la recuperación o extensión de la gratuidad en el acceso a ella, financiada, por ejemplo, por los recursos que provee el cobre y hoy son sacados de Chile por unas pocas empresas transnacionales mineras que se adueñaron, porque así se lo hemos permitido, de un recurso nacional. Pero el gobierno se resiste a dar curso a esa discusión. Hace suya una antigua visión liberal que, como sabemos, postula que la persecución del propio interés sería la conducta humana básica, y que además la promoción del afán de lucro sería la mejor manera de organizar la economía y la vida en sociedad, a través de las múltiples interacciones de la “mano invisible” del mercado, incluyendo la educación. Esta visión es la que estuvo detrás de las reformas de los años ochenta (y noventa, cuando el senador Piñera condicionó la continuidad de la reforma tributaria a la introducción del financiamiento compartido en las escuelas subvencionadas) y ha inspirado la férrea y hasta ahora eficaz resistencia de los conservadores a permitir cambios en el sistema educativo para restringir los negocios -propios y ajenos- en el área. 
Hay buenos argumentos para sostener que la visión individualista negativa y competitiva, según la cual cada ser humano solo persigue su propio interés, no se apega a la conducta humana realmente existente, además de ser éticamente reprochable (al desvalorizar el interés general) y económicamente ineficiente (al desaprovechar la cooperación sinérgica de todos los talentos). Qué sería de nuestras vidas sin el altruismo que otros, cercanos o lejanos, nos regalan cotidianamente (recientemente estudiado en los niños con resultados sorprendentes a partir del primer año de vida). Qué sería de la libertad moderna sin el individualismo positivo de los sujetos que producen su propia biografía, expresan legítimamente su yo, y desarrollan su autonomía y el “arte de la vida”, en la expresión de Ulrich Beck, pero ajenos a compulsiones competitivas y situados en el contexto, como subraya Edgar Morin, del nosotros de la vida familiar y social y de la responsabilidad con la pertenencia al género humano. Desde la experimentación reciente en las ciencias cognitivas (Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, 2010) se nos informa que “los Homo sapiens están adaptados para actuar y pensar cooperativamente en grupos culturales hasta un grado desconocido en otras especies”, que “enseñar es una forma de altruismo, mediante la cual ciertos individuos donan información” y que “las hazañas cognitivas más formidables de nuestra especie, sin excepción, no son producto de individuos que obraron solos sino de individuos que interactuaban entre sí, y lo dicho vale para las tecnologías complejas, los símbolos lingüísticos y matemáticos y las más complicadas instituciones sociales”. Interesantes noticias para la moderna economía del conocimiento, que no por casualidad cada vez valora más la cooperación en red. Y para la educación: hay efectivamente algo que va contra lo propio de lo humano cuando esta actividad se entrega al afán de lucro, a los precios, al individualismo posesivo, cuando en realidad se trata de una tarea que trasciende a todo mercado: la de formar “ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos” (Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010). 
¿No será ésta una buena explicación para el hecho que entre las 100 primeras universidades en el mundo prácticamente no hay entidades con fines de lucro?¿No será este el correcto modelo educativo a adoptar: el reforzamiento presupuestario de las escuelas, institutos técnicos y universidades públicas a cambio de planes de desarrollo de sus funciones docentes y de investigación, en su caso, y con control periódico riguroso y transparente de sus resultados, junto a entidades privadas sin fines de lucro de alta calidad? 
Se dice que esto es irrealista. Es cierto, hoy existe una realidad creada: la de muchas escuelas y decenas de instituciones de formación técnica con fines de lucro y sus alumnos, frecuentemente de bajos ingresos, con magros resultados. Y universidades que incumplen la ley, y lucran. Pero esta realidad se puede transformar (como se mencionó en una columna anterior) haciendo efectivo el fin de las universidades comerciales o de sus mecanismos de extracción de utilidades y desarrollando en el resto del sistema establecimientos que operen sin recibir subsidios presupuestarios o tributarios. O que se reconviertan a entidades prestadoras del servicio público educativo, terminando con el derroche del subsidio artificial de utilidades privadas y canalizándolo hacia el apoyo a los estudiantes. Los del sector de instituciones de formación técnica sin fines de lucro debieran recibir sistemáticamente becas completas, estimulando las opciones atractivas y que son valoradas por las familias, alternativamente al ingreso a universidades bajo mínimos de calidad, caras, con alta deserción acompañada de mochila de deuda y con empleabilidad futura dudosa. 
Un camino posible a recorrer para salir del conflicto que se eterniza es, tal vez, el de consagrar a la brevedad los principios de restricción al lucro en una reforma constitucional que sea la culminación positiva de la actual etapa del movimiento (evitando la pérdida del semestre o del año escolar) y programar un debate a corto plazo sobre los cambios legales a realizar con fechas precisas, con vigilancia activa de los actores sociales antes, durante y después de la aprobación parlamentaria, lo que no es incompatible con asistir a clases o… volver a suspenderlas si los acuerdos no se cumplen. Si el gobierno se opone a legislar sobre un plebiscito para la educación, que al menos no se oponga a que se pronuncie el parlamento en materias de ley, poniéndose a disposición –ya que no parece dispuesto hasta aquí a participar en ellos en su defensa cerrada de la educación mercantil- de los consensos que emanen del diálogo razonado entre estudiantes, profesores y representantes parlamentarios.
 Se trata de salir del actual callejón sin salida en base a respetar lo que la sociedad piensa (en la calle y en las encuestas, que son inequívocas en el apoyo al fin del lucro en la educación) y probablemente también una mayoría de sus representantes parlamentarios: la educación debe ser el espacio social de la construcción de la vida en común y de la igualación de oportunidades, y no el de la segmentación social y la consagración de las desigualdades y la discriminación por dinero. No hay razones para no hacer una gran reforma que respete la voluntad de los ciudadanos.
Para terminar, otra cita, esta vez del economista François Perroux (no todos los economistas son unipolares o discípulos de Von Hayek): “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el... espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”. 

lunes, 8 de agosto de 2011

El dilema de Piñera


La sociedad chilena arrastra un problema político que aún no encuentra salida: la obsolescencia de un arreglo institucional cada vez más ilegítimo. Este se hizo en base a una situación inicial de poder ilimitado del que dispuso un grupo social y político privilegiado, que además no cree en la democracia, o está dispuesto a adaptarse a ella solo en tanto sea fuertemente limitada la soberanía popular. Para lograr ese propósito, levantó, al amparo de una prolongada dictadura y una vez que no logró mantenerla indefinidamente, un muro de instituciones que impiden el ejercicio democrático. Fue el grupo minoritario que defendió a los senadores designados hasta que no pudo conservarlos por ser demasiado grotescos para los valores democráticos básicos. Es el grupo de poder que logra aún mantener sistemas electorales y quorum de leyes que impiden que funcione el principio de mayoría. Todo esto simplemente no es democrático y ha resultado un muro muy difícil de derribar, especialmente cuando una parte de la fuerza del cambio de los años ochenta se adaptó a la situación, morigerando el propósito inicial de democracia y equidad y en algunos casos haciendo de necesidad virtud y sumándose al esquema conservador.
El hecho es que sigue ahí el poder de la derecha agraria tradicional y su cultura autoritaria de la hacienda, complementado por el que acumuló con éxito un grupo integrista-religioso que se ha sentido llamado a dominar la escena política con todas las artes disponibles, incluyendo las peores, desde que se conformó como "movimiento gremialista". Y que ha tenido éxito por muchos años en condicionar la dificultosa reinstalación en Chile de una democracia moderna y progresista, que parece ser en definitiva la que prefieren los ciudadanos, desgastando gravemente a los partidos democráticos en su empeño por avanzar a una normalización institucional, al punto de lograr desplazarlos del gobierno. Salvo que una parte cada vez mayor de los chilenos, y en todo caso sus jóvenes, ya no está más dispuesta a tolerar un arreglo político arcaico, construido para mantener privilegios inaceptables, y se pronuncia en la calle con fuerza resonante en su contra, dándonos una lección a los que quisimos, pero no pudimos mantener la energía que el cambio democrático y social necesitaba.
El presidente Piñera en esta crisis política de 2011 tenía la oportunidad de demostrar las convicciones democráticas que dice tener, y de paso tal vez recuperar algo de la popularidad que le ha sido esquiva. Pero optó por desplegar el reflejo autoritario y violento de la derecha de siempre. En efecto, se vulnera "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas" establecido por la constitución que nos rige, cuando el ministro Hinzpeter declara que "nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó". En las democracias, el tiempo de las marchas lo determinan los que quieren marchar, no el ministro del Interior, que se ha ganado el legítimo repudio de una generación completa de jóvenes que entienden que o se movilizan o nada cambiará en Chile. Y que deberá probablemente enfrentar una acusación constitucional en el parlamento por reprimir el derecho a manifestarse en vez de contener eficazmente al lumpen, como es su deber. Dicho sea de la paso, la respuesta ignara e inaceptable del señor Gajardo ("los métodos que hoy se ha aplicado hacia el movimiento por la educación pública, nos recuerdan a los métodos sionistas del apartheid"), solo merece un rechazo tajante, primero por confundir torpemente las cosas y sobre todo porque con el antisemitismo, después de las tragedias del siglo XX, no se juega. Y los mismos principios que nos llevan a condenarlo y a defender el derecho de Israel a existir, nos llevan a repudiar la violación de los derechos del pueblo palestino. En la izquierda, los tiempos del estalinismo y su paranoia contra los judíos no deben ser revividos por motivo alguno. La nuestra debe ser en toda circunstancia una sociedad tolerante hacia todos los cultos.
Pero los reflejos violentos de la derecha no quedaron ahí: su representante más arcaico, al punto que resulta con frecuencia risible, el señor Carlos Larraín, ha emitido una joya de declaración el sábado 6 de agosto: " no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar". Y por si esto pudiera adjudicarse a la pasión política del tribuno, el intelectual oficial de la derecha, director del Instituto Libertad y Desarrollo, otro señor Larraín (Luis, en este caso) nos regala en una columna el mismo día con un "el gobierno no debe tirarle más carne a las fieras, porque estas serán insaciables" refiriéndose a los manifestantes. Se expresa una vez más la intolerancia y la descalificación de una derecha chilena que no dudó en el pasado en promover la destrucción de la democracia y las peores violencias y aberraciones y hoy sigue sin hacerse merecedora del calificativo de civilizada.
Frente a esta declinación autoritaria de la nueva manera de gobernar, el presidente siempre puede optar por otro camino: el de las reglas democráticas y el principio de mayoría, que quiere un cambio profundo de la educación. Nos encantaría que así fuera. Pero por el momento no queda más que la continuidad de la movilización de los que quieren que la sociedad chilena siga avanzando hacia un nuevo orden institucional que promueva los derechos propios de las sociedades democráticas modernas. La pregunta que el escritor israelí David Grossman aplica hoy a su sociedad ("¿porqué nos acostumbramos a la rapiña de las privatizaciones, que provocó la pérdida de la solidaridad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenecer a una misma nación?"))parece estar encontrando una respuesta en el mejor Chile, en aquel que no se había acostumbrado. 

jueves, 4 de agosto de 2011

¿Un conflicto sin fin?

El conflicto educacional sigue sin resolverse al cabo de más de dos meses. No parece haber acuerdo entre los actores del sistema sobre los problemas a enfrentar y, por tanto, tampoco sobre sus soluciones. Y no parece haber un diálogo real que permita llegar a acuerdo. Tal vez sea útil reseñar los temas en debate.
En materia de educación preescolar, sobre la que los actores sociales organizados insisten poco pues se sitúan en otros niveles educativos, está diagnosticado que su importancia es esencial para la estimulación temprana del niño y el desarrollo posterior de las personas, empezando por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. La cobertura es todavía baja, especialmente en las familias pobres, a pesar del esfuerzo de los últimos gobiernos y del programa Chile Crece Contigo de la presidenta Bachelet. Se requiere todavía un gasto adicional que, según Mario Waissbluth,  es del orden de 600 millones de dólares en inversión y 450 millones anuales de funcionamiento para alcanzar niveles aceptables de  cobertura. Esta reforma tendría además efectos muy positivos para la inserción de la mujer en el trabajo y para la distribución del ingreso. El gobierno no dice nada muy concreto al respecto. No hay que dejar este tema crucial en el olvido.
En materia de educación escolar, el gobierno propone diversas cosas salvo la esencial: disminuir la fragmentación del sistema escolar, para ayudar a disminuir la fragmentación de la sociedad y la ausencia severa de igualdad de oportunidades en Chile. Hoy el rendimiento está estrictamente relacionado con los ingresos de los padres y las escuelas no hacen la diferencia frente a esta ley de hierro. Esto se consolidaría en la propuesta del gobierno con un quinto sector, además del particular pagado, del subvencionado con financiamiento compartido, del subvencionado sin financiamiento compartido y del municipal, es decir un nuevo segmento que podríamos llamar de "educación desmunicipalizada por fracaso". Allí entrarían algunos liceos municipales con los alumnos con peores resultados, aumentando la lógica de ghetto y marginalidad e impidiendo cualquier mixtura social, que es la base para empezar a mejorar el sistema. Luego el gobierno nos explica que los que tendrían la tarea de ofrecer educación a los niños y jóvenes con más dificultades serían unos organismos públicos que dependerían no se sabe de quién: esto es un nuevo fracaso garantizado, mientras las escuelas subvencionadas lucrativas seguirían siendo muy lucrativas mediante transferencias sin control de recursos fiscales y seleccionarían, como lo hacen hoy burlando la ley, a alumnos más aventajados que los municipales y neopúblicos, consolidando mejores resultados sin hacerse cargo del avance educativo de los que más lo necesitan, terminando de desprestigiar a la educación pública. En ella estarían confinados los niños más pobres y con más desventajas relacionales, con el resultado de aumentar esas desventajas y la desigualdad social profunda que lacera a Chile. 
¿Por qué no tomar el toro por las astas y reformar en serio? Esto quiere decir en primer lugar que el sector particular pagado, sujeto al estricto cumplimiento programático y normativo del Ministerio de Educación, evolucione en el futuro sin subsidio público alguno, eliminando todas las exenciones tributarias que hoy lo benefician, que resultan carísimas para el Estado y que contribuyen a dejar al resto de los chilenos con subsidios educativos muy bajos. En segundo lugar, reformar en serio supone que las municipalidades transfieran a corporaciones educativas públicas regionales sus establecimientos escolares, que deben ser financiados según una dotación basal de equipamiento y otra variable de funcionamiento, terminando con la subvención por asistencia, que no hace sino castigar a las escuelas y liceos con alumnos con problemas. La corporación regional debiera mantener una planta de directivos escolares y profesores habilitados por el Estado (con estrictas pruebas obligatorias, anónimas y periódicas de habilitación, pues sin profesores que cumplan estándares adecuados no hay mejoramiento posible de la educación pública) y una proporción de profesores en práctica de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La contratación, promoción y remoción de docentes en base a evaluación debe ser responsabilidad de directivos escolares capaces de gestionar proyectos educativos de establecimiento, los que a su vez deben ser nombrados y evaluados por la corporación regional de educación pública, sujetas a la evaluación del gobierno regional y nacional y a las normas del Ministerio de Educación.
La educación escolar privada subvencionada por recursos públicos, debiera ser declarada definitivamente sin fines de lucro, pues nadie ha podido demostrar que algo bueno pueda emanar de la educación concebida como negocio, y en todo caso no resiste ningún criterio de justicia que se gane dinero con subsidios públicos. Múltiples expresiones de la sociedad civil pueden en cambio contribuir a la formación de las nuevas generaciones y asegurar el principio de libertad de enseñanza en el marco del derecho a la educación. Esta educación escolar privada subvencionada, con establecimientos firmemente regulados y supervisados, no debiera multiplicarse de manera inorgánica y en cambio recibir una asignación por alumno para gastos corrientes y otra para gastos de capital, con la contrapartida de la estricta sujeción a las normas del Ministerio de Educación y la expresa prohibición de discriminación en el acceso y permanencia de los alumnos. Este segmento de educación debe ser entendido como uno que mantiene fines públicos, aunque sea gestionado por entidades privadas sin fines lucrativos.
La educación superior técnica no debe seguir solo siendo impartida por entidades privadas, algunas de la cuales lo hacen hoy bastante bien. El Estado debe asumir su responsabilidad en esta área crucial para el desarrollo y crear Institutos Tecnológicos en cada región bajo dependencia de las Universidades públicas, con un fuerte sistema de becas que asegure gratuidad en el acceso a todos los jóvenes con capacidades suficientes para recibir una educación técnica. Las entidades privadas de esta área con fines de lucro no deben recibir recursos estatales.  
Las Universidades públicas y las privadas con fines públicos deben ser las únicas autorizadas a impartir enseñanza superior universitaria. Las con fines de lucro deben ser sacadas del sistema, puesto que existen aunque están prohibidas por la ley vigente, y sus alumnos transferidos al resto de las universidades. Las Universidades públicas deben recibir financiamiento de acuerdo a planes de desarrollo por área y mantener su carácter de organizaciones plurales y complejas, con un fuerte componente de investigación fundamental y aplicada y siempre sujetas a fiscalización externa rigurosa y examen periódico de resultados. Sus alumnos sin recursos y con profesiones de ingresos futuros bajos deben tener becas de cobertura completa y el resto un sistema combinado de beca y crédito fiscal único.
Reformas de este tipo suponen dos cosas: asumir como sociedad que la educación debe ser sustraída de la condición de mera mercancía y además estar dispuestos como ciudadanos a pagar con nuevos impuestos justos por una educación pública y/o privada con fines públicos de calidad y excelencia. Ni la libertad de enseñanza ni la pluralidad de esfuerzos educativos suponen la mercantilización que degrada a la educación. Y tratar, por integrismo ideológico, de seguir impidiendo lo que toda sociedad moderna hace a través de su presupuesto público en educación, no puede sino ser calificado de ceguera e irresponsabilidad. De las que traen graves consecuencias. Entre otras, la de mantener una sociedad inaceptablemente desigual y ... alimentar protestas periódicas en las calles de jóvenes justificadamente descontentos con una sociedad que no les ofrece un futuro.