sábado, 11 de diciembre de 2004

Derechos Humanos

Intervención en el Día Internacional de los Derechos Humanos
Villa Grimaldi, 10 de diciembre de 2004.

En este Día Internacional de los Derechos Humanos queremos resaltar nuestro compromiso con su pleno respeto, hoy y mañana. El Partido Socialista de Chile desde su reunificación en 1989 ha incorporado como parte de sus principios la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy lo reiteramos. Pero no seríamos consecuentes sino abordáramos de frente la deuda histórica que el país arrastra por las trágicas violaciones a esos derechos durante la dictadura.
Y hagámoslo en primer lugar homenajeando como se merece la figura de José Aldunate, destacado sacerdote. El es una de las personas que mejor expresan la entereza, la coherencia y la resistencia en la que estuvo empeñada toda aquella ciudadanía que se negó a vivir sometida por el terrorismo de Estado que asoló a nuestro país y que luchó en las condiciones más adversas por el respeto a los derechos humanos, contra la tortura y las cárceles secretas. Como líder del movimiento Sebastián Acevedo, nos entregó la fuerza moral de la que carecen quienes fueron parte de la dictadura y se encargaban de reprimirlo para que sus denuncias de tortura y humillaciones no fueran conocidas por los chilenos. Gracias Padre José por su ejemplo de dignidad y de coraje, ejemplo que es semilla ética para las nuevas generaciones. Y queremos también homenajear a nuestros compañeros que sufrieron prisión y tortura, a todos ellos, hoy simbolizados por los dirigentes de nuestra brigada de expresos políticos aquí presentes.
Semillas son para las nuevas generaciones los que combatieron a la dictadura para que pudieran abrirse las grandes alamedas donde volviera a pasar el hombre libre, y que entregaron su vida con honor y valentía, mientras otros dignos chilenos y chilenas sufrieron la prisión y la tortura para que podamos estar aquí los que hoy nos reunimos, para que Chile dejara de ser sinónimo de dictadura y horror. A ellos les debemos nuestra libertad recuperada, porque iniciaron el camino de resistencia en los momentos más adversos. A ellos les debemos que podamos seguir soñando por un Chile justo y podamos actuar en consecuencia. Fueron víctimas de la dictadura porque fueron combatientes contra la dictadura. Jamás los olvidaremos, a los que murieron y a los que sobrevivieron, porque cuentan, y contarán generación tras generación, con nuestra admiración y respeto, así como la de una cada vez más amplia mayoría de la sociedad chilena.
El esfuerzo tenaz de unos pocos, que se fueron haciendo cada vez más, ha permitido ir derrotando el primer objetivo de la dictadura y de sus cómplices: tender un manto de olvido sobre las violaciones a los derechos humanos, y permitido, aunque que queda mucho por hacer, ir derrotando progresivamente su segundo objetivo: consagrar la impunidad de los criminales.
El Partido Socialista mantiene su profunda convicción de que el golpe de Estado de 1973 es responsabilidad exclusiva y excluyente de quienes lo instigaron, planificaron, ejecutaron y justificaron. Como señaló nuestra Comisión Política al cumplirse 30 años del golpe, “está plenamente documentado que la derecha chilena, y el gobierno de Estados Unidos, hicieron todo lo posible para impedir que asumiera su cargo el Presidente Allende, procurando que el Congreso Pleno no ratificara en 1970 la mayoría relativa obtenida limpiamente en las urnas por Salvador Allende. Estimularon además que grupos armados actuaran con violencia, incluyendo el intento de secuestro con resultado de muerte del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, para interrumpir la normalidad institucional, todo lo cual ocurrió antes de que la Unidad Popular asumiera siquiera el gobierno. Esos mismos actores promovieron una oposición multifacética que incluyó el uso abundante de actos insurreccionales violentos, la que apuntaba a un único objetivo: derrocar por la fuerza al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende e impedir la realización de su proyecto de progreso social en democracia”. Así actuaron hasta que lo lograron. Y su responsabilidad y complicidad quedó en evidencia al prestarle pleno apoyo al golpe de Estado de 1973 y al régimen de dictadura militar que se instaló por casi 17 años en Chile, en cuyo centro y periferia se encontraban también muchos de los más connotados líderes actuales de la derecha y desde luego su candidato presidencial. Ellos no tienen excusas para no asumir su responsabilidad. Al no hacerlo, o peor aún, al pretender endosárselas a las víctimas del golpe, o extenderlas a ellas bajo la hipócrita afirmación de que “ todos fuimos responsables”, no hacen más que poner en evidencia su distorsión ética. Los socialistas y la izquierda no fuimos responsables del golpe de Estado, estuvimos en contra del golpe de Estado, luchamos contra el golpe de Estado. Otra cosa es que no hayamos podido o sabido evitarlo.
Las fuerzas que estábamos contra el golpe no fuimos capaces de mantener una política consistente de defensa de la democracia y de llegar a los acuerdos que hubieran impedido el golpe de Estado. Está fuera de toda duda que el Presidente Allende mantuvo al respecto una actitud invariable e intachable. Su gobierno respetó, en medio de circunstancias muy difíciles, todas las libertades y derechos de las personas. Es conocido que el 21 de mayo de 1971 invitó a los chilenos a realizar un proceso de construcción del socialismo en democracia y con pleno respeto de las libertades y que el 11 de septiembre de 1973 pronunciaría un discurso al país convocando a un plebiscito, que hubiera permitido encauzar democráticamente el profundo conflicto que vivía el país. El golpe de Estado fue adelantado por los que habían tomado con mucha antelación la decisión de terminar con la democracia. Y de producir el horror de la violación sistemática de los DD.HH.
No obstante, muchos en la izquierda cometimos errores. Atizamos una radicalización política inconducente. Como también señaló nuestra Comisión Política al cumplirse 30 años del golpe. “Nos propusimos llevar a cabo un programa de cambios que no contaba con las mayorías parlamentarias y sociales necesarias, y no prestamos al Presidente Allende el apoyo que necesitaba para conducir el gobierno por los derroteros que había definido. Nuestra percepción de que la derecha y el gobierno de Estados Unidos harían todo lo posible por interrumpir la democracia y el proceso de cambios sociales, adquirida con especial fuerza desde los años sesenta y validada a la postre por los hechos históricos, nos llevó en efecto a radicalizar nuestras posiciones. Si las conductas intransigentes hubieran sido evitadas y las mutuas percepciones de amenaza hubieran sido despejadas, se pudo haber superado la profunda división de las fuerzas democráticas, contenido la acción de los promotores del golpe de Estado y con ello encaminado al país a un proceso de superación de la crisis por medios democráticos, por avanzada que estuviera la polarización política. Nuestra conclusión, consolidada hace ya mucho tiempo fruto de largos y múltiples debates, es que la lucha contra los enemigos de la democracia debe hacerse con los medios de la democracia. Su pérdida se tradujo, como sabemos, en una gran tragedia histórica”.
Pero que nadie se confunda con nuestra autocrítica, que es leal y sincera: atribuir a las víctimas la responsabilidad de los crímenes cometidos por sus victimarios constituye una infamia. Errores, sí. Resoluciones equivocadas de congresos, sí. Radicalidad inconducente, sí. Horrores, no.
Durante la dictadura militar según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se produjeron 1 983 muertes en manos de agentes del Estado y otras 1 102 personas fueron objeto de detención y posterior desaparición por los organismos estatales de represión. Otras 1 500 denuncias no pudieron ser aclaradas y permanece además una incógnita sobre la magnitud de casos de asesinatos que no han sido denunciados y que de modo verosímil se agregan a las 4 680 situaciones mencionadas. Miles de chilenos fueron apresados y torturados, como ha dejado en evidencia de manera tan impactante el informe Valech, y muchos más sufrieron un largo exilio. Del orden de 500 militantes socialistas perdieron su vida en este terrible episodio de la historia nacional y muchos de ellos estuvieron aquí juntos a tantos militantes de la izquierda sometidos a indescriptibles tormentos. No puede ser sino inaceptable para el Partido Socialista que la responsabilidad de semejante situación le sea todavía endosada por algunos. Su actitud ha sido y sigue siendo incalificable.
Cabe recalcar que la dictadura militar logró el completo control del país en 48 horas, de acuerdo a la Comisión Rettig: la supuesta capacidad de resistencia militar de la izquierda era marginal. En cambio, se propuso “extirpar el cáncer marxista” mediante un operativo frío, planificado y persistente de identificación, detención y exterminio mediante torturas atroces, asesinatos y desaparición de dirigentes y militantes sin defensa de los partidos de izquierda y en ocasiones de otras fuerzas políticas, así como de simples ciudadanos. Estos hechos no tienen justificación política y ética ninguna. Saludamos que cada vez más voces se sumen a este hecho irrebatible. Saludamos la actitud del mando del Ejército en esta materia.
Y es que los propios hechos de la guerra tienen su regulación en el derecho humanitario, el que excluye expresamente la tortura y asesinato de prisioneros. Los que justifican los crímenes cometidos en Chile tendrán que cargar históricamente con su insanía moral. Sin embargo, creemos que los esfuerzos sistemáticos desplegados por todos los defensores de los derechos humanos han permitido el retroceso de la lógica de la impunidad y permitido la afirmación colectiva cada vez más consolidada de que los hechos de represión no tuvieron justificación ni la tendrán nunca bajo ninguna circunstancia.
Reitero lo dicho hace un año por nuestra Comisión Política: “Es nuestro deber como sociedad, y especialmente de los que hoy tenemos responsabilidades públicas, legar a las nuevas generaciones de chilenas y chilenos que fuimos capaces de asumir la realidad de los crímenes cometidos por la dictadura que se instauró en Chile el 11 de septiembre de 1973, condenarlos y establecer las responsabilidades correspondientes. Se ha avanzado considerablemente en este propósito Y se debe seguir avanzando irrenunciablemente mediante el método civilizado de conocer la verdad judicialmente y ejercer justicia mediante los procedimientos del Estado de derecho, incluyendo los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que está obligado a respetar según el artículo 5 de la Constitución aprobado en 1989. Legar la impunidad y la ausencia de reparación frente a acciones tan atroces e inhumanas sería una irresponsabilidad histórica frente al futuro de Chile. Hemos dado pruebas hasta la saciedad de que no nos anima un espíritu de revancha ni de venganza, sino de búsqueda de la verdad completa, de la justicia necesaria y de la reparación indispensable para que lo ocurrido nunca más se repita. La responsabilidad ante la historia es el fundamento de la postura del Partido Socialista de considerar inamnistiables e imprescriptibles los crímenes cometidos por la dictadura, que no sólo afectaron a las víctimas sino fueron crímenes contra los valores más fundamentales de la sociedad chilena y en definitiva crímenes contra la humanidad. Esta postura procura no sólo cerrar en lo que sea posible mediante el ejercicio de la justicia y la reparación las heridas individuales y colectivas que se arrastran por décadas, sino también dejar consagradas en la sociedad chilena las bases para que nunca más hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. Es una postura que busca preservar un futuro de paz y de convivencia civilizada”. Y tenemos el compromiso ético de reparar a las víctimas en todos los planos. Reitero aquí el apoyo del Partido Socialista de Chile y de sus parlamentarios a las demandas por una reparación integral a la altura del daño infligido.
Hoy, luego de revelarse una vez más la verdadera dimensión de los horrores, hay unnuevo clima moral en el país. Los que ayer callaban, hoy también condenan la tortura. Pero ¿será cierto que el país ha conseguido restablecer una unidad valórica en torno a perennizar los principios democráticos de convivencia? Para saberlo, desafiamos a la derecha y al señor Lavín: ¿están dispuestos a apoyar las legislaciones pendientes en el Congreso, como el Tribunal Penal Internacional y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, que están llamadas a consagrar el reclamo de la sociedad chilena de cara al siglo 21: nunca más golpes de Estado ni violaciones a los derechos humanos? Queremos ver si su condena de palabra se traduce en lo que importa mucho más: en hechos que prueben su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Permítasenos saludar como positivos todos los reconocimientos de que la tortura y las violaciones a los DD.HH son inaceptables. Pero permítasenos dudar de la sinceridad de tales declaraciones mientras no veamos la aprobación de los instrumentos jurídicos que consagren que nunca más se vuelva a repetir en Chile la ignominia de la violación sistemática de los derechos de todo ser humano a la vida y la integridad física y moral. En este día internacional de los Derechos Humanos el desafío queda planteado a la derecha. Esperamos su respuesta
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