ARGUMENTOS: EL BLOG DE GONZALO MARTNER

Nuevas ideas y destino común

2012-01-01T15:17:00.000-03:00

La etapa que vive el país es una de expresión de aspiraciones de la mayoría a transformaciones en su calidad de vida que considera posibles y legítimas. Y que choca con un gobierno en vías de fracasar, cada vez más acantonado en su ideología libremercadista y antiestatal y en su defensa de intereses de una minoría privilegiada. La oposición social ha abierto nuevas esperanzas de cambio y se ha manifestado con una gran actividad. La oposición política vive todavía una secuencia de reconfiguración, con cierto grado de confusión y polémica, como hemos visto desgraciadamente con las descalificaciones que recibió la creación de un modesto foro entre representantes parlamentarios, académicos y sociales para debatir ideas para el futuro desde una perspectiva progresista y de izquierda.

En esto de plantear nuevas ideas y propuestas para el futuro están involucrados temas de método y de contenido. En materia de ideas hay que preferir sistemas de pensamiento complejo, dar cuenta de los avances de la ciencia que requieren de límites éticos y de las transformaciones tecnológicas, de las amenazas sobre el clima, los ecosistemas y la biodiversidad en el planeta, de la crisis económica global, de los cambios culturales y de las nuevas formas que adquieren las opresiones sociales y de género ancestrales. Pero como nunca antes los temas de método tienen un peso gravitante: excelentes ideas y su traducción programática fundada terminaron entre 1990 y 2010 en la podadora de la tecnocracia y del bloqueo político. La tecnocracia adquirió un peso inaceptable desde el punto de vista de los cánones democráticos, probablemente por el temor de una parte de la esfera política a enfrentarse con los poderes fácticos o por la directa connivencia con ellos, como pude observarlo en diversas ocasiones, lo que dio ínfulas indebidas a la burocracia conservadora y a las ideas de derecha en las administraciones de centroizquierda. El parlamento se instaló sin reaccionar en demasía en el sistema de veto de la mayoría por la minoría, dado el sistema electoral y los quorum antidemocráticos en la aprobación de leyes.

La consecuencia del inmovilismo político fue a la larga la de provocar un amplio descrédito de la deliberación y de la competencia democrática entre partidos, proyectos y programas, a pesar del esfuerzo de muchos y de los que fracasamos en el intento. La mayoría, y en especial los más jóvenes, simplemente constató que se decía una cosa y luego, en muchos aspectos cruciales, las promesas no se concretaban –sin mediar explicación sobre los bloqueos institucionales que las inviabilizaban ni llamar a romperlos- o derechamente se hacía lo contrario. Por otra parte, muchos ciudadanos le reclamaron a los gobiernos post-dictatoriales el cumplimiento de promesas que no habían hecho, pero que entendían les era dable esperar que fueran asumidas por éstos, en tanto existían como expectativas aunque no hubieran sido formuladas como tales por responsables políticos que postulaban ser sus representantes.

El paradigma de este tipo de procesos fue la revolución secundaria de 2006, que fue acogida por el gobierno, canalizada en una gran comisión técnico-social, y con un resultado paupérrimo en transformaciones del sistema escolar en materia de equidad y calidad una vez completada la etapa parlamentaria, manos alzadas mediante. No es de extrañar el sentimiento de abandono cuando no de traición por el sistema político de muchos jóvenes que hoy están en las universidades, animando las actuales movilizaciones estudiantiles, y que tienden a ser fuertemente críticos del sistema imperante. En muy buena hora: la sociedad chilena ha cambiado y avanzado, pero acumula desigualdades intolerables y se ha sumido en una cultura del individualismo que los jóvenes cuestionan a su manera, expresando una vitalidad transformadora que debe ser siempre bienvenida.

Todos estos factores acumularon diversos sedimentos de frustración y de enojo colectivo más o menos amplio, que dieron impulso a la alternancia política en el gobierno en 2010. Y luego a movilizaciones en oposición a la administración de derecha, pero al margen, cuando no en contra, de los partidos de centro e izquierda.

Un movimiento social puede tener un impacto notable en determinados momentos en la historia, pero en pocas ocasiones triunfa en sus demandas sin un soporte político, por la sencilla razón de que los tiempos de elaboración y puesta en práctica de las políticas públicas son distintos de los de los movimientos sociales, especialmente los estudiantiles. Dicho sea de paso, en sociedades como la chilena estos son los que tienen mayor posibilidad de expresarse con contundencia, pues no ponen en juego la subsistencia familiar, como ocurre con las movilizaciones sindicales o de minorías discriminadas. El hecho es que hoy los activos y variados movimientos sociales o temáticos, propios de una sociedad crecientemente exigente y plural, no quieren escuchar hablar de estructuras políticas ni de representación. Ni de programas hechos por otros para otros.

Por tanto esta no es solo una etapa de elaboración de ideas, especialmente para enfrentar las desigualdades de derechos y de oportunidades que ya se hicieron socialmente inaceptables (lo que es un enorme progreso respecto a la etapa de primacía de la gobernabilidad), sino de debate de ellas en el contexto de la sociedad y sus actores. Ningún partido político o agrupación podrá estructurar un nuevo programa creíble de cambios en sus oficinas, con sus técnicos, su personal tradicional y su lenguaje de iniciados. Primero se deberá recuperar la credibilidad de los liderazgos, antiguos o nuevos, elaborar proyectos, en plural, porque es hora de transparentar los falsos consensos, que ojalá enuncien valores y voluntad de reforma de las instituciones, de la política económica, de los sistemas de protección social y ambiental, de tratamiento de los recursos naturales y de, como no, la educación. Proyectos a ser dirimidos por los ciudadanos en primarias y primeras y segundas vueltas. El programa de gobierno específico de una nueva alternativa a la derecha habrá de venir después, una vez recuperadas las confianzas, establecidos los grandes compromisos con la sociedad y validados los liderazgos por los ciudadanos. Sin vetos ni inhibiciones que conduzcan a nuevas frustraciones, reuniendo a todos lo que quieran una sociedad distinta a la de mercado que nos ofrece la derecha, es decir más justa, más libre y más responsable con el destino común.

Crecimiento y reforma tributaria

2011-11-19T12:16:00.000-03:00

El promedio de ingresos tributarios en la OCDE es de 35% del PIB, mientras en Chile es de 17%. Una reforma tributaria que se proponga incrementar la tasa de tributación al menos al nivel de los países avanzados con menos carga tributaria para aumentar en Chile la calidad del servicio público en educación, salud, protección social e infraestructura y reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los más adinerados, requiere romper con el mito de que los impuestos dañan el crecimiento.

El contrato social en los países avanzados ha incluido desde la posguerra mundial la provisión de importantes servicios públicos estatales y transferencias redistributivas a través del impuesto progresivo, las cotizaciones de seguridad social de empleadores y trabajadores y el gasto público. Una alta carga tributaria no impidió el crecimiento sistemático de dichos países. Veamos por qué

Existe en primer lugar un conjunto de impuestos que no sólo no dañan la asignación eficiente de los recursos sino que la incrementan. Es el caso de los impuestos correctores de externalidades negativas, que internalizan dichas externalidades, es decir transforman en costo privado el costo social en que incurren en sus actividades actores económicos privados. Los impuestos sobre actividades que provocan daño directo a la salud (tabaco, alcohol) o que son contaminantes y los que se aplican a la extracción de recursos naturales, corresponden a esta categoría que mejora la asignación de recursos. Son un componente central de las políticas públicas modernas.

En segundo lugar, hay efectivamente impuestos que pueden incidir negativamente en el comportamiento de los agentes económicos en las economías de mercado. Pero este efecto puede ser alto o bajo. La tributación puede provocar la llamada “pérdida irrecuperable de eficiencia”. Esta proviene de eventuales distorsiones en los incentivos de los productores (incitándolos a producir menos y disminuyendo el excedente del productor) y los consumidores (incitándolos a comprar menos y disminuyendo el excedente del consumidor). El principio de la igualdad distributiva tiene que transigir con el principio de la provisión de incentivos que aumenten el volumen total de ingresos disponibles para ser redistribuidos. Por ello los enfoques de la progresividad tributaria óptima ven el problema como un dilema entre los beneficios sociales de una distribución más igualitaria de los ingresos después de impuestos y el daño económico provocado por impuestos altamente progresivos.

¿Cuán importante es ese daño? Se entiende en el enfoque económico liberal que provocan pocas modificaciones en la conducta y pocos efectos distorsionadores los impuestos indirectos a las ventas, mientras los impuestos directos al patrimonio y a los ingresos del capital y el trabajo disminuirían la oferta de ahorro y de trabajo. Para los economistas no ortodoxos, cuando la presión fiscal aumenta, los contribuyentes de más ingresos ven disminuidos sus incentivos a trabajar, pero pueden igualmente querer evitar que sus ingresos disminuyan de manera importante y por tanto… trabajar más.

Expertos como Thomas Picketty afirman que “el estado actual de los conocimientos disponibles respecto de las elasticidades de la oferta de trabajo sugieren que la atención tradicionalmente acordada a los efectos desincentivadores sobre los altos ingresos es totalmente excesiva y no permite un análisis global de los límites alcanzados o no por los sistemas modernos de redistribución”. Diversos economistas dudan que la política tributaria tenga mucho efecto sobre la inversión o el ahorro. Y constatan que en Estados Unidos la tasa de ahorro personal disminuyó en la época de Reagan, a pesar de las rebajas tributarias sobre los retornos del ahorro, y comenzó a recuperarse cuando se introdujeron restricciones a los incentivos tributarios al ahorro...al revés de lo que debía ocurrir según la visión liberal.

El argumento pertinente es que un gasto público que incrementa el capital físico y humano y las transferencias que disminuyen las desigualdades de ingresos pueden tener efectos positivos sustanciales sobre el crecimiento al permitir aumentar la productividad y disminuir la conflictividad distributiva. No de otro modo se explica que muchos países de altos ingresos per cápita tengan las grandes cargas tributarias que sustentan masivos volúmenes de gasto público. De acuerdo a Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, el examen de la relación entre la tasa marginal del impuesto a la renta y la productividad revela que los períodos de fuerte incremento de la productividad coexistieron con las tasas marginales superiores más altas en el impuesto a la renta en la posguerra y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos. En palabras de Peter Lindert: “Desde hace algunos años, ha habido una creciente brecha entre el registro empírico y una historia que es contada una y otra vez con insistencia creciente. No solo escuchamos que existe el peligro de que redes de seguridad y programas antipobreza basados en impuestos pueden tener altos costos económicos. Nótese cuan frecuentemente se nos dice que los economistas han `demostrado' y 'encontrado' que esto es cierto. Estas afirmaciones son frecuentemente un bluff (...). Antes que demostrar o encontrar este resultado, han escogido imaginarlo".

En efecto, cuando existen costos en eficiencia asignativa de la tributación, estos son al menos en parte compensados por los incrementos en dicha eficiencia debidos a los impactos estimuladores de los bienes públicos y las externalidades positivas que financian los impuestos. Existe suficiente evidencia para afirmar que en materia de tributos y gastos en las economías avanzadas, las con mayor expansión en las últimas décadas son las que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y recursos humanos, y no los de Estados de menor peso en la economía. Es este un tema de estructura más que de nivel. La afirmación que los impuestos per se hieren el desempeño económico no tiene base empírica que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal estructural, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud y conflictividad generalizada. Y por tanto, en el largo plazo, menor crecimiento.

Una reforma tributaria estructural: ¿por qué no?

2011-11-06T11:26:00.001-03:00

Nuestros ingresos tributarios son bajos y equivalen al 17% del PIB en 2010 (a lo que cabe agregar un 3% de ingresos por cobre, que varía mucho de año en año), contra un promedio de 35% en la OCDE (cuyos rangos van de 24% en EE.UU. y 26% en Corea a 42% en Francia, 48% en Suecia y 49% en Dinamarca). La cifra chilena es además mucho más baja respecto a diversos de estos países cuando tenían un PIB por habitante similar al nuestro (del orden de 15 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra).

Su estructura es además inequitativa. Pagan proporcionalmente en relación a sus ingresos más impuestos los más pobres, por el mayor peso de los impuestos parejos a las ventas de bienes y servicios. Los impuestos sobre ventas representan en Chile el 50% de los ingresos tributarios, contra un promedio de 32% en la OCDE. El impuesto a la renta y las utilidades representa en Chile un 8% del PIB (incluyendo cobre) en comparación con el 13% promedio de la OCDE (con un rango de 5% en México y nada menos que 29% en Dinamarca). La tasa del impuesto a la empresas en Chile (17%) - la tasa vigente es de 20% como efecto de la reforma tributaria de 2010, pero se reducirá a 18,5% en el año 2012 para volver a 17% en el 2013- está también muy por detrás de la media de la OCDE. Esta tasa es en Estados Unidos de 35%. En Chile, la estructura tributaria y la debilidad de la negociación colectiva contribuyen de manera muy importante a explicar la alta concentración del ingreso en unas decenas de miles de familias y la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el patrimonio.

Una reforma tributaria debe proponerse incrementar progresivamente la tasa de tributación al menos del 17% al 26% (nivel de Corea) para abordar las tareas de educación, salud, pensiones e infraestructura que avanzar al desarrollo demanda de manera inmediata. Debe reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los impuestos directos a los perceptores de ingresos más adinerados, especialmente los muy ricos, para lo que cabe al menos, como hemos propuesto en la Fundación Chile 21:

a) aumentar y diferenciar el impuesto a las utilidades, estableciéndolo para las micro y medianas empresas en 15%, para las empresas medianas en 20% y para las grandes empresas (incluyendo los bancos) en un 25%;

b) aliviar y diferenciar el IVA, llevándolo a 15% para alimentos básicos, medicamentos y cultura y para el resto de los bienes fijarlo en 20%;

c) disminuir la carga de los impuestos a la renta de los sectores medios y aumentarlos a los sectores altos, aumentando la progresividad, para lo que se debe subir el tramo exento a $ 750 mil pesos de ingresos mensuales y establecer las tasas en 10% hasta 1,5 millones de pesos, 20% hasta 3 millones, 30% hasta 6 millones y 40% en los tramos de ingresos superiores a 6 millones.

d) eliminar el 50% del crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales y las exenciones injustificadas al impuesto de primera categoría, que supuestamente estimulan el ahorro, pero que en realidad disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin mayores efectos sobre el ahorro.

e) aumentar el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero a un 40%, para igualar así la tasa marginal del impuesto a la renta, con lo que las utilidades retiradas de inversionistas chilenos y extranjeros tributarían de la misma manera y se aumentaría el aporte de la industria minera, sin modificar el royalty, sujeto desgraciadamente -por irresponsabilidad del actual gobierno y parlamento- a invariabilidad hasta el 2023.

Este programa de reforma tributaria permitiría una recaudación total anual adicional neta en torno a US$ 8 mil millones en régimen (3,3% del PIB de 2011), a lo que habría que agregar un fuerte plan de disminución de la evasión para completar en los próximos cinco años la meta de recaudación tributaria necesaria para el desarrollo de Chile.

El argumento de que esto disminuiría la inversión y por tanto el crecimiento, en base a la idea de que los inversores dejarían de mantener su esfuerzo o se irían del país, no tiene sustento en los estudios disponibles, que subrayan que con bases amplias de tributación de las utilidades y sin facilitación de la elusión mediante exenciones variadas la recaudación no disminuye. En materia de inversión extranjera, ésta se concentra en los recursos naturales, con unas sobreutilidades exorbitantes que les permiten en diversos casos de la minería recuperar la inversión en dos años, con lo que difícilmente dejarían las oportunidades existentes en el país.

Una alta tributación con estímulos al crecimiento funciona, como lo subraya el economista Philippe Aghion. Ahí están los países escandinavos, que son los que mejor han resuelto la ecuación entre equidad e incentivos a la innovación y a la inversión en capital humano (menor concentración en el ingreso y al mismo tiempo crecimiento y altas tasas de patentes por habitante), con una combinación de tasas marginales del impuesto a la renta que se acercan o superan el 50% (Suecia, incluso bajo gobiernos de derecha, como en la actualidad, mantiene una tasa marginal de 55%, a comparar con el 40% en Chile) y con tasas de tributación pareja de los ingresos del capital de 30%. Mientras, en Chile mantenemos diversas desgravaciones sustanciales e injustificadas de los ingresos y ganancias de capital.

Ni la crisis internacional ni la situación de las empresas en Chile son pretexto para no promover una mayor recaudación del impuesto de primera categoría en el corto plazo y viabilizar un gran acuerdo sobre la educación, junto al inicio de la reforma tributaria estructural que se propone. Lo que corresponde es que el Estado capture e invierta las rentas del cobre y las sobreutilidades monopólicas en proyectos de alta rentabilidad social y enfrente el fomento productivo para la competitividad sustentable de las pymes y los sectores productivos capaces de generar empleos, preservar los ecosistemas e incrementar el bienestar en todo el territorio. Para ello se requiere un Estado más fuerte, eficiente y al servicio exclusivo del interés público, que es la reforma paralela a la de la tributación que se debe acometer con energía para que no se malgaste un solo peso del presupuesto público.

Un presupuesto conservador

2011-10-18T18:19:00.001-03:00

La política fiscal debe financiar eficientemente en el tiempo los bienes públicos y los bienes privados de provisión pública de diversa índole que se determinan como necesarios y/o posibles de ser puestos a disposición de los ciudadanos por el gobierno y el sistema político en cada ley de presupuestos del sector público. Una buena política fiscal es además la que en el ciclo económico actúa como estabilizadora del desempeño económico, y que por tanto admite déficits temporales cuando la demanda agregada se debilita y superávits en la situación inversa. Y también es la que admite “déficits estructurales” que puedan financiarse a costos razonables para obtener incrementos del capital físico y humano y de la productividad total de los factores de producción en el largo plazo, y por tanto de la propia recaudación fiscal futura.

En Chile, desde el presupuesto de 2001 se innovó optando explícitamente por una regla estructural consistente en: a) estimar los ingresos de mediano y largo plazo del Gobierno Central que derivan del crecimiento potencial de la economía y de precios claves de largo plazo (cobre y molibdeno), es decir aquellos ingresos fiscales de los que se dispondría en caso que estas variables se encontrasen en su nivel de tendencia, y b) consagrar en la ley de presupuestos de cada año el nivel de gasto público que permite que la diferencia entre los “ingresos estructurales” así estimados y el gasto público anual resulte ser de una determinada cuantía, inferior o superior al equilibrio según el criterio de la autoridad pública. Esto implica ahorrar en tiempos de bonanza y desahorrar en tiempos de baja del ciclo económico interno y externo. Una ley de responsabilidad fiscal creó además en 2006 el Fondo de Estabilización Económica y Social (para hacer frente al gasto en situaciones de caída coyuntural de los ingresos públicos) y el Fondo de Reserva de Pensiones (para asegurar el pago de las obligaciones fiscales derivadas de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario de vejez y de invalidez), alimentados ambos por los ingresos tributarios extraordinarios. A la vez, se estableció que la Ley de Presupuestos deberá incluir anualmente el ítem correspondiente a un programa de gastos de empleo de emergencia, que se activa cuando el desempleo supera el 10% o el promedio de los últimos cinco años.

En una primera etapa, para ganar credibilidad fiscal de largo plazo, se fijó en los presupuestos de 2001 a 2007 un nivel de gasto inferior a los ingresos estructurales en un monto de 1% del PIB. No obstante esta restricción conducente a un “superávit estructural”, fue posible mantener año tras año un crecimiento promedio del gasto público superior al del PIB, con excepción de 2003. Se mantuvo así un déficit fiscal efectivo moderado (entre -0,5 y -1,2% del PIB), para salir de los efectos internos de la crisis asiática y de la burbuja puntocom entre 2001 y 2003, que pudo ser financiado en buenas condiciones en el exterior, con una baja tasa de riesgo-país. Luego, al mejorar el crecimiento e iniciarse un ciclo de aumento del precio del cobre por la demanda China y de otras naciones emergentes, se produjo un sustancial superávit entre 2004 y 2008 (entre 2,1 y 8,2 % del PIB) que permitió acumular reservas fiscales por 20,2 mil millones de dólares en el Fondo Económico y Social hacia diciembre de 2008.

De ellas se utilizaron 8,9 mil millones en la crisis de 2009, en medio de una caída de 1,7% del PIB y de un déficit fiscal efectivo de 4,5% del PIB, el mayor en décadas experimentado por la economía chilena, sin que la solidez fiscal del país se viera afectada. Se cosechó así los frutos de la política iniciada en 2001. El déficit efectivo ya fue mucho menor en 2010 (-0,4% del PIB), mientras Chile se mantuvo en condición de país con un gobierno con más activos fiscales que deudas (acreedor a razón de un 7,5% del PIB en 2010), contrariamente a casi todos los gobiernos en el mundo, que enfrentaron sustanciales endeudamientos públicos adicionales. Con los mayores ingresos tributarios provenientes tanto de la mayor actividad económica como de un precio del cobre más alto que lo previsto, el Ministerio de Hacienda anticipa que se alcanzará un resultado fiscal positivo de un 1,2% del PIB en 2011 y un déficit efectivo de -0,4% del PIB en 2012.

Con un sustancial y creciente ahorro fiscal que derivó de la regla inicial de 2001 y que transformó al gobierno de Chile de deudor en acreedor, la meta de “superávit estructural” de 1% se cambió en 2007 a solo 0,5% del PIB para 2008. Un nuevo cambio se anunció en enero de 2009 para solo mantener un “balance estructural” a partir de esa fecha. En 2009 y 2010, tanto la severa crisis externa como el terremoto disminuyeron los ingresos y generaron la obligación de incurrir en mayores gastos que los previstos. Se produjo así, por primera vez, un “déficit estructural”, y no se cumplió la meta de “balance estructural”: hubo más gastos públicos no solo que los ingresos de corto plazo que se pudieron recaudar, sino también que los que se estima se recaudan en años normales. En medio del cambio de gobierno, la magnitud de este “déficit estructural” fue objeto de una controversia: -1,2% o bien -3,1% del PIB en 2009 y -1,6% o bien -2,3% en 2010, según los criterios utilizados por la anterior o por la nueva administración.

Retomar el “balance estructural” hacia fines de su período de gobierno fue una de las metas del programa de Sebastián Piñera. Sin embargo, en agosto de 2010 el Ministerio de Hacienda informó que no podría cumplir con dicho objetivo y que decidió acoger las recomendaciones realizadas por el Consejo Asesor de Balance Estructural, instancia creada por el nuevo gobierno que propuso cambios a la metodología de cálculo. Producto de las modificaciones, el escenario de equilibrio fiscal cambió radicalmente para el Gobierno, con una estimación de déficit estructural de -1,6% para 2011 y de -1,5% para 2012. Volver al balance estructural es ahora más exigente. De ahí que el Ministro de Hacienda mantenga en la presentación del presupuesto para 2012 que la nueva meta es alcanzar un déficit estructural de 1% del PIB...hacia 2014.

El crecimiento global del gasto público es equivalente a la proyección del crecimiento de la economía, es decir de un 5% en ambos casos. Es poco probable, frente al precario escenario externo, que tal cifra de crecimiento del PIB pueda resultar efectiva. Por lo tanto, contrariamente a las definiciones ideológicas de los centros de estudios de la actual coalición de gobierno, el gasto público respecto del PIB crecerá probablemente en 2012, y el “tamaño del Estado” aumentará, aunque levemente. El crecimiento del gasto público previsto para 2012 es en todo caso inferior al previsto y ejecutado año a año en la administración anterior.

Mientras, Chile mantiene un gasto público en relación al PIB inferior al prevaleciente hasta fines de la década de 1980 (26% del PIB en 1987 versus 23% del PIB en 2011). Recordemos que el régimen militar entregó el país a las autoridades democráticamente electas en 1989 con un IVA rebajado en 4 puntos porcentuales y con el menor nivel de ingresos y gastos públicos de la historia reciente, junto a un sistema de veto de la minoría en el parlamento que ha hecho imposible el incremento de la presión tributaria. Esta situación se ha mantenido en las dos últimas décadas, con excepción de un incremento en la etapa final de la anterior administración, hoy revertida.

Con el actual nivel de gasto público respecto al PIB es simplemente imposible procurar obtener indicadores sociales propios de los países desarrollados, cuyo gasto público total es de 40 a 50% del PIB. El de Brasil y Argentina es superior al 30% del PIB. El presupuesto de 2012 está lejos de avanzar hacia el cierre de las brechas distributivas que aquejan a la sociedad chilena. Es un presupuesto conservador, que aumentará la distancia entre los ciudadanos y el gobierno. Y que nos mantendrá más cerca del estancamiento del bienestar que de un desarrollo social y ecológicamente sustentable.

El teorema de la casa en el lago y los posibles nuevos consensos

2011-09-24T11:52:00.000-03:00

Un teorema es un enunciado cuya exactitud se puede demostrar a través de un razonamiento lógico a partir de axiomas. Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, comentando el reciente libro de Patricio Meller sobre educación, muy interesante por lo demás, discrepa de su afirmación central, enunciando lo que sugiero llamemos el Teorema de la Casa en el Lago: “En este punto tengo una discrepancia frontal con Patricio Meller. A mi juicio, el lucro importa y mucho. A mi juicio, no debiera estar permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último? (en http://ciperchile.cl/2011/09/14/el-lucro-si-importa/).

El razonamiento de Arturo Fontaine es de una fuerte lógica y carece de ambigüedad. Aunque a priori pudiera adjudicarse a otras corrientes ideológicas, proviene de quien dirige el principal centro de pensamiento conservador del país, que se distingue con frecuencia por la calidad de sus trabajos y cierta apertura intelectual.

Permítaseme cometer la falta de modestia de autocitarme, pero es necesario frente a los que a uno le reprochan sistemáticamente: ¿por qué no lo dijo antes? En 2007 sostuve en mi libro Remodelar el Modelo una idea semejante: “no deberá distraerse ningún recurso público al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades”.

¿Estarán entonces emergiendo en nuestra sociedad nuevos consensos, distintos de la vulgata neoliberal que a tantos, presumo, nos tiene tan aburridos desde hace tanto tiempo? En efecto, la palabra consenso se desprestigió desde que se asimiló por algunos, en los alrededores de 1990, a la idea de la adscripción a posturas de derecha, muchas veces con la fe del converso, por quienes sostenían en el pasado otras diferentes. El espíritu crítico, el gran legado del siglo de las luces, y la deliberación, el gran legado democrático, son indispensables para animar las ciencias y la innovación, pero además para cimentar la convivencia civilizada en el género humano que, sabemos, es capaz de lo mejor pero también de lo peor en la materia. Pero además los consensos son necesarios, especialmente si son resultado de la crítica y la deliberación, y por tanto llegan a tener fundamentos racionales, para establecer reglas del juego básicas respetadas por todos, incluyendo la vigencia de libertades fundamentales de las que debe disponer todo ser humano y de solidaridades indispensables para la vida en común.

Así, la idea de que en la educación lucrar con recursos públicos – retirar utilidades del servicio educativo en beneficio personal- no tiene justificación moral, en tanto transferir recursos de todos a unos pocos no parece ser posible de asimilar a ninguna idea de justicia, ni práctica, en tanto nadie está en condiciones de demostrar razonablemente que conduce a mayor eficiencia en la función educativa, no es una que solo esté en boca de supuestos exagerados jóvenes radicalizados que se han tomado las calles de nuestras ciudades. Es una idea racional que fue puesta en la esfera pública por los jóvenes movilizados de 2011 –lo que tendremos que agradecerles como un hito histórico, especialmente por los que quisimos pero no fuimos capaces de hacerlo antes- y que tiene fundamentos intelectuales y valóricos muy sólidos. Los suficientes para persistir en proponerla como un nuevo consenso que emane de la crítica y la deliberación racional desde la izquierda, el centro y la derecha. Un nuevo consenso para mejorar el presente y el futuro de nuestro país.

Entrevista en "The Clinic on line"

2011-09-14T16:09:00.000-03:00

GONZALO MARTNER Y LA NUEVA CRISIS EN LA OPOSICIÓN

“Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %”

Miguel Angel Devia 14 Septiembre, 2011

El ex presidente del Partido Socialista y director del magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, habla sobre el nuevo quiebre de la Concertación y su archianunciada muerte. Dice que tras el conflicto hay más historia que haber perdido todo el aparataje estatal y con eso los cargos y el poder. De paso, invita a Andrés Velasco y a Ignacio Walker a unirse y dejar a la izquierda tranquila.

¿Estamos asistiendo al funeral de la Concertación?

- En política no hay cadáveres. Así que funeral no, pero sí un momento de crisis que eventualmente puede dar lugar a una nueva coalición. Pero en todo caso yo creo que si hubo un funeral fue en la elección del año 2009. Todo lo que ha venido pasando desde entonces es consecuencia de eso. Hay que constatar que esta coalición, que se concibió como una coalición no ideológica sino que programática destinada a generar condiciones para un cambio democrático pacífico. bueno si esa coalición se reduce a un 28% y ahora a un 17% parece ser que ya no existe como lo que originalmente fue.

¿Entonces lo que tendríamos desde esa elección vendría siendo una especie de agonía?

- Si la decisión de los actuales dirigentes de la Concertación es conservarla como tal, la pueden prolongar mucho tiempo. Hay agonías eternas. Pero mi opinión es que esto no tiene ningún sentido. Que la Concertación se creó para terminar con la dictadura de Pinochet, transitar hacia un régimen democrático, darle gobernabilidad al país y darle gobierno siempre y cuando hubiera acuerdo entre sus fuerzas componentes. Nada de eso ya existe y lo que tiene que ocurrir es una recomposición del paisaje político.

¿Cuál cree que fue el rol del PPD en este quiebre de la Concertación?

- Yo creo que Carolina Tohá no quiso asumir la condición de ser la vocera del 17 %.

¿Y cómo explica este paso de un gobierno con un apoyo de más del 60% a ser una oposición con menos de un quinto de respaldo popular?

- La presidenta Bachelet salió con una aprobación mayoritaria -que aún mantiene- y el candidato de la Concertación obtuvo un 29 %, saque sus conclusiones. A veces las biografías son programa. El presidente Frei, que en 6 años no recibió a los representantes de los detenidos desaparecidos, versus la presidenta Bachelet que estuvo presa, tiene una diferencia grande.

La opción Velasco

Martner, quien fue ex presidente del PS, hace una pausa y mira por la ventana de su oficina en el tercer piso de la Facultad de Administración y Economía de la USACH donde dirige el Magister en Gerencia Pública. “Ahora si me pides mi opinión y no como analista, yo creo que esto ya no tiene ningún sentido”.

¿En ese sentido, la muerte de Pinochet podría haber sentado también las bases de la muerte de la Concertación?

- No, no. Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que tiene que ver con cuestiones eminentemente programáticas y de método político.

Las programáticas, explica, quedaron en evidencia a partir de la elección parlamentaria de 1997 donde la Concertación perdió un millón de votos y surgió la disputa entre “autoflagelantes” y “autocomplacientes”. El dilema, según Martner para el programa de la coalición era adecuarse a las instituciones de la dictadura o mantener la aspiración de romper con ella, administrar el modelo neoliberal o cambiarlo. La primera opción fue el camino.

- Esa discusión la ganaron quienes han sido partidarios de adaptarse a las instituciones de la constitución del 80 y de mantener un modelo económico neoliberal por la fuerza y el atractivo que tiene el poder gubernamental. Lo que pasó aquí es que la Concertación dejó de ser arcoiris y se transformó en el instrumento de quienes conciben la política como aferrarse a espacios de poder estatal carentes de toda vocación de cambio y adaptados a la constitución del 80 y el modelo neoliberal.

¿Y de esos quienes que usted dice, se puede hablar de tal o tal partido político?

- No. Acá no hay una cuestión de que los partidos a, b o c tienen posiciones claras. Porque se han transformado todos en entidades que tienen en su seno a personas que en origen pensaron algo distinto pero hoy día hay una diversidad tal que hay personas que piensan lo mismo en un partido o en el otro, hay más diferencias dentro de los mismos partidos que con los otros. Por lo tanto acá no es que se junten el partido A con el B y discutan sus diferencias. Esto es una gran mescolanza.

Luego, según Martner, llegaron quiebres internos y el desencanto con la ciudadanía.

- La política está para hacer cosas no para obtener cargos. Los que decimos que eso ya no puede ser nos planteamos agrupar a los que estamos en eso. Cuando Ignacio Walker dice ‘es que quieren echar a la Democracia Cristiana’, no, queremos no seguir caminando junto a los que se adaptan al veto de la minoría y que se encuentran cómodos bajo la lógica del modelo neoliberal. Y esa no es una ruptura con partidos, sino con posiciones y lo que tiene que haber aquí es un proceso de reagrupación. Que los conservadores se agrupen y que se vayan detrás de la candidatura de (Andrés) Velasco que es la que mejor los expresa, o la de (Ignacio) Walker que es más o menos lo mismo.

¿Cómo ve el coqueteo de Andrés Velasco con una posible candidatura presidencial?

- Tiene todo el derecho, que lo haga. Estamos en democracia. Yo no comparto nada la visión política y económica de Andrés Velasco, pero él tiene todo el derecho a querer ser candidato. Y creo que sería muy bueno porque permitiría que se exprese un punto de vista ya no soterradamente como hasta aquí. Ya no a través del lobby, ya no a través del financiamiento de campañas, a través de la influencia indebida sino que abiertamente una postura neoliberal. Lo que uno pide es consistencia. No puede decir que un paro es algo que no hay que hacer como ministro de Gobierno y como oposición encuentre que sí hay que hacerlo.

¿Cree que fue un autogol el apoyo de los partidos de la Concertación apoyar el paro del 24 y 25?

- No. Todo lo contrario. ¿Por qué unos partidos que declaran compartir objetivos con el movimiento social no lo van a apoyar? Me parece ridículo.

¿Porqué cree que perdió el ala más de izquierda dentro de la Concertación su poder frente al grupo más conservador? ¿Si su visión no se impuso, no puede ser simplemente porque no tuvieron el respaldo ciudadano suficiente en su momento?

- Yo voy a hablar por mi: en este caso yo pensé que había personas que tenían posturas cercanas a quienes no estábamos dispuestos a adaptarnos al sistema constitucional del 80, ni a las políticas económicas. Y esas personas en realidad estaban en una posición contraria a la que decían. Esas personas estaban en otra cosa muy poderosa: mantenerse apegados a donde están las granjerías del Estado y del poder.

El riesgo del diálogo

2011-09-02T12:21:00.001-03:00

Esta semana se ha abierto una ventana para el diálogo en el conflicto sobre la educación. Piñera, después de tres planteamientos unilaterales y cuatro meses de turbulencias, ha hecho una invitación a sentarse en una mesa en La Moneda. Desde la derecha, el presidente UDI Coloma, aunque en buena hora abierto a la idea, ha comentado que Piñera “ha corrido conscientemente un riesgo al llamar al diálogo”. Se evidencia una vez más lo que inspira a los que nos gobiernan: en este caso la doctrina del diálogo como riesgo. La de las mentalidades autoritarias. La del proyecto mesiánico que utilizó una dictadura militar prolongada para realizar brutalmente una revolución por arriba al son del credo ultraliberal de minimización del Estado y de destrucción de la solidaridad colectiva. La que agitó el fantasma del enemigo interno y externo, con el fin de defender los intereses del poder económico y del privilegio oligárquico en una sociedad jerarquizada y clasista.

¿Por qué este lenguaje tan duro se preguntarán ustedes? Porque es necesario develar una y otra vez que nuestra sociedad ha entrado de nuevo en crisis por la persistencia imprudente del afán de dominio y control de un grupo que, frente a la percepción de amenaza de perderlo todo a partir de 1964, se hizo del poder por la fuerza en 1973 y no trepidó en aplastar a una parte de la sociedad chilena sin fijarse límites en su violencia. Grupo social que debió retroceder cuando ya no podía mantener todo el dominio del poder, pero que logró construir una trama institucional destinada con éxito hasta ahora a impedir que se ejerciera la voluntad del pueblo, siempre considerado díscolo y peligroso, supuestamente necesitado de tutelas políticas, religiosas, culturales. Grupo social que persiste en no someterse a la regla democrática básica: el principio de mayoría, que incluye el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría.

Algunos señalan que la oposición actual no se abre a los acuerdos como la derecha en los gobiernos anteriores: es que la derecha tenía – a través de senadores designados y leyes de quórum- los derechos propios de las mayorías siendo minoría, y cedía muy parcialmente en aspectos siempre secundarios para conservar lo esencial y evitar estallidos políticos y sociales. Y la mayor parte de la actual oposición parlamentaria en su momento fue haciendo de necesidad virtud y aprobó desde 2010, para su vergüenza, regalías mineras, reajustes y reformas al sistema escolar en este gobierno, a entera satisfacción de aquellos poderes que mantienen una irrefrenable e indebida influencia en el sistema político. La crisis educacional salió de las instituciones para irse a la calle precisamente por esto. La sociedad dijo basta al sistema de connivencia de las élites conformistas o cooptadas y de dominio de la desigualdad y el privilegio, al menos en aquello que resulta tan crucial más allá de ideologías: ofrecer a los hijos oportunidades igualitarias y la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida con la mejor educación posible.

Sigamos reafirmando una visión libertaria de la esfera pública y alternativa a la de este cerrado grupo de poder que tanto éxito ha tenido en los últimos 40 años en condicionar sin escrúpulos la vida colectiva chilena: el diálogo nunca es un riesgo. Es la parte de la conducta humana que permite el entendimiento y debe cultivarse en toda circunstancia, por difícil que sea, si se quiere ordenar la sociedad sobre bases civilizadas. Cuando los grupos homogéneos se encierran en sí mismos se vuelven intolerantes e incluso violentos, al demonizar los valores e ideas ajenos. Es la apertura a la diversidad y el respeto por el otro, aunque nos sea difícil, aunque las posiciones sean encontradas, lo que genera progresos humanos y sociales duraderos. Esa es la lección del siglo 20, para todos, también para la izquierda, que anidó en su seno el estalinismo y dogmas cerrados, rechazados por la izquierda libertaria, que también cometió errores cuando se inclinó por un voluntarismo vanguardista estéril. La divergencia estará siempre presente en la esfera pública, pues allí se confrontan ideas, valores e intereses. La democracia está concebida para canalizarlos y dirimirlos en un régimen de libertades y derechos regulados. Si queremos cultivar una sociedad plural y democrática, sigamos a Nietzsche: “toda gran verdad necesita ser criticada, no idolatrada”. O a Elías Canetti: “la primera prueba de respeto hacia los seres humanos consiste en no pasar por alto sus palabras”. Confiemos en el diálogo y en este diálogo del sábado 3 de septiembre, que ojalá sea histórico.

El Presidente Piñera se aproxima a la reunión exponiendo su rechazo a “estatizar la educación chilena”, ya que, a su juicio, es un atentado "no solamente a la calidad, sino que a la libertad y a la equidad". Palabras fuertes, pero equivocadas. La segunda mejor universidad del mundo, UC Berkeley, reúne a 33 mil estudiantes y es pública (la primera, Harvard, es privada sin fines de lucro y se especializa en posgrados e investigación). La única universidad latinoamericana ubicada entre las primeras 150 en el mundo, en criterio del indicador de Shangai, es sumamente pública y gratuita, la Universidad de Sao Paulo y sus 86 mil alumnos, al igual que las dos que le siguen entre las primeras 200, la UNAM de México y la Universidad de Buenos Aires. La chilena mejor clasificada, situada solo entre las 500 mejores del mundo, es la estatal Universidad de Chile.

Y sobre todo nadie está pidiendo estatizar nada, sino que todo lo contrario: desestatizar las utilidades privadas en educación y que no sigan ganando dinero operadores mercantiles con recursos públicos. Y que los recursos públicos vayan a las entidades públicas o sin fines de lucro, no a bolsillos de particulares. Que los subsidios se queden en el sistema educativo para ayudar a aumentar su calidad. Razonable ¿no?

Nadie está proponiendo que no haya pluralismo y libertad en la educación, sino todo lo contrario: que donde haya recursos públicos se respeten estos valores sociales, se cultive la diversidad y el respeto por todas las convicciones y no solo las creencias de grupos particulares que se traducen en discriminaciones inaceptables financiadas por todos.

Plantea además el Presidente que la gratuidad total implicaría que los pobres financian con sus impuestos a los ricos. Cierto, pero solo si lo que se tiene en mente es que los pobres sigan pagando más impuestos en proporción a los ingresos que los ricos, lo que se puede modificar perfectamente aumentando la progresividad del sistema tributario. Hasta donde entiendo, los estudiantes plantean que las ayudas estudiantiles se universalicen pero considerando los niveles de ingreso, no que los dueños de las grandes fortunas manden gratis a la universidad a sus hijos.

Por último, un grupo de legisladores, que incluye a senadores como Lily Pérez y Carlos Cantero, que no son precisamente unos bolcheviques, plantea que las escuelas con fines de lucro que quieran seguir recibiendo subvención transiten a una situación sin lucro en un plazo de 3 a 5 años.

Un acuerdo razonable está al alcance de la mano. Depende del gobierno y de sus interlocutores. Y tendrá trascendencia histórica. Como también que se frustre y nos instale en un camino de confrontación prolongada.

Cosas gratuitas y otras que debieran serlo

2011-08-17T21:23:00.002-04:00

En la sociedad chilena se desarrolla, en buena hora, una controversia fundamental sobre el futuro de la educación. El presidente Piñera dio un notable paso en falso al presentar un “Gran Acuerdo Nacional” cuya característica principal es que es… el acuerdo de nadie más que él. Se olvida el presidente que los acuerdos, grandes o pequeños, son entre distintos actores y no la voluntad unilateral y la imposición del que posee poder. La sigla con que lo denominó fue la de “GANE”, connotando lingüísticamente una particular concepción al sugerir que la educación sería un asunto en el que se compite u obtiene beneficios. Y frente a la reivindicación de más gratuidad, el presidente responde: “al fin y al cabo nada es gratis en esta vida”. ¿Nada? Como si todo lo que acerca a los seres humanos a sí mismos y a los demás (la introspección, el encuentro, lo sagrado, el amor, la amistad, la vida de familia, la buena vecindad, el compañerismo, la generosidad, el regalo, la reciprocidad) no fueran espacios y conductas de gratuidad por excelencia. Como también la aspiración al goce de la naturaleza y al acceso al conocimiento y a la cultura, en este caso como gratuidades socialmente construidas. Y financiadas con una tributación justa, compatible con la dinámica económica, para que el acceso no esté determinado por la capacidad inmediata de pago. Como diría el poeta Antonio Machado, “es de necios confundir valor y precio”. Los que actualmente nos gobiernan, y algunos que gobernaron antes, debieran reconocer que la mercantilización generalizada de la vida humana como valor positivo es tal vez su concepción, que han logrado imponer desde hace décadas, pero no la de toda la sociedad. Ni la de los jóvenes movilizados.

El movimiento estudiantil ha insistido justamente en que su reivindicación es el fin del lucro –es decir de la distribución de utilidades a los dueños de establecimientos privados- en la educación escolar, técnico-profesional y universitaria. Y la recuperación o extensión de la gratuidad en el acceso a ella, financiada, por ejemplo, por los recursos que provee el cobre y hoy son sacados de Chile por unas pocas empresas transnacionales mineras que se adueñaron, porque así se lo hemos permitido, de un recurso nacional. Pero el gobierno se resiste a dar curso a esa discusión. Hace suya una antigua visión liberal que, como sabemos, postula que la persecución del propio interés sería la conducta humana básica, y que además la promoción del afán de lucro sería la mejor manera de organizar la economía y la vida en sociedad, a través de las múltiples interacciones de la “mano invisible” del mercado, incluyendo la educación. Esta visión es la que estuvo detrás de las reformas de los años ochenta (y noventa, cuando el senador Piñera condicionó la continuidad de la reforma tributaria a la introducción del financiamiento compartido en las escuelas subvencionadas) y ha inspirado la férrea y hasta ahora eficaz resistencia de los conservadores a permitir cambios en el sistema educativo para restringir los negocios -propios y ajenos- en el área.

Hay buenos argumentos para sostener que la visión individualista negativa y competitiva, según la cual cada ser humano solo persigue su propio interés, no se apega a la conducta humana realmente existente, además de ser éticamente reprochable (al desvalorizar el interés general) y económicamente ineficiente (al desaprovechar la cooperación sinérgica de todos los talentos). Qué sería de nuestras vidas sin el altruismo que otros, cercanos o lejanos, nos regalan cotidianamente (recientemente estudiado en los niños con resultados sorprendentes a partir del primer año de vida). Qué sería de la libertad moderna sin el individualismo positivo de los sujetos que producen su propia biografía, expresan legítimamente su yo, y desarrollan su autonomía y el “arte de la vida”, en la expresión de Ulrich Beck, pero ajenos a compulsiones competitivas y situados en el contexto, como subraya Edgar Morin, del nosotros de la vida familiar y social y de la responsabilidad con la pertenencia al género humano. Desde la experimentación reciente en las ciencias cognitivas (Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, 2010) se nos informa que “los Homo sapiens están adaptados para actuar y pensar cooperativamente en grupos culturales hasta un grado desconocido en otras especies”, que “enseñar es una forma de altruismo, mediante la cual ciertos individuos donan información” y que “las hazañas cognitivas más formidables de nuestra especie, sin excepción, no son producto de individuos que obraron solos sino de individuos que interactuaban entre sí, y lo dicho vale para las tecnologías complejas, los símbolos lingüísticos y matemáticos y las más complicadas instituciones sociales”. Interesantes noticias para la moderna economía del conocimiento, que no por casualidad cada vez valora más la cooperación en red. Y para la educación: hay efectivamente algo que va contra lo propio de lo humano cuando esta actividad se entrega al afán de lucro, a los precios, al individualismo posesivo, cuando en realidad se trata de una tarea que trasciende a todo mercado: la de formar “ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos” (Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010).

¿No será ésta una buena explicación para el hecho que entre las 100 primeras universidades en el mundo prácticamente no hay entidades con fines de lucro?¿No será este el correcto modelo educativo a adoptar: el reforzamiento presupuestario de las escuelas, institutos técnicos y universidades públicas a cambio de planes de desarrollo de sus funciones docentes y de investigación, en su caso, y con control periódico riguroso y transparente de sus resultados, junto a entidades privadas sin fines de lucro de alta calidad?

Se dice que esto es irrealista. Es cierto, hoy existe una realidad creada: la de muchas escuelas y decenas de instituciones de formación técnica con fines de lucro y sus alumnos, frecuentemente de bajos ingresos, con magros resultados. Y universidades que incumplen la ley, y lucran. Pero esta realidad se puede transformar (como se mencionó en una columna anterior) haciendo efectivo el fin de las universidades comerciales o de sus mecanismos de extracción de utilidades y desarrollando en el resto del sistema establecimientos que operen sin recibir subsidios presupuestarios o tributarios. O que se reconviertan a entidades prestadoras del servicio público educativo, terminando con el derroche del subsidio artificial de utilidades privadas y canalizándolo hacia el apoyo a los estudiantes. Los del sector de instituciones de formación técnica sin fines de lucro debieran recibir sistemáticamente becas completas, estimulando las opciones atractivas y que son valoradas por las familias, alternativamente al ingreso a universidades bajo mínimos de calidad, caras, con alta deserción acompañada de mochila de deuda y con empleabilidad futura dudosa.

Un camino posible a recorrer para salir del conflicto que se eterniza es, tal vez, el de consagrar a la brevedad los principios de restricción al lucro en una reforma constitucional que sea la culminación positiva de la actual etapa del movimiento (evitando la pérdida del semestre o del año escolar) y programar un debate a corto plazo sobre los cambios legales a realizar con fechas precisas, con vigilancia activa de los actores sociales antes, durante y después de la aprobación parlamentaria, lo que no es incompatible con asistir a clases o… volver a suspenderlas si los acuerdos no se cumplen. Si el gobierno se opone a legislar sobre un plebiscito para la educación, que al menos no se oponga a que se pronuncie el parlamento en materias de ley, poniéndose a disposición –ya que no parece dispuesto hasta aquí a participar en ellos en su defensa cerrada de la educación mercantil- de los consensos que emanen del diálogo razonado entre estudiantes, profesores y representantes parlamentarios.

Se trata de salir del actual callejón sin salida en base a respetar lo que la sociedad piensa (en la calle y en las encuestas, que son inequívocas en el apoyo al fin del lucro en la educación) y probablemente también una mayoría de sus representantes parlamentarios: la educación debe ser el espacio social de la construcción de la vida en común y de la igualación de oportunidades, y no el de la segmentación social y la consagración de las desigualdades y la discriminación por dinero. No hay razones para no hacer una gran reforma que respete la voluntad de los ciudadanos.

Para terminar, otra cita, esta vez del economista François Perroux (no todos los economistas son unipolares o discípulos de Von Hayek): “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el... espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”.

El dilema de Piñera

2011-08-08T00:19:00.002-04:00

La sociedad chilena arrastra un problema político que aún no encuentra salida: la obsolescencia de un arreglo institucional cada vez más ilegítimo. Este se hizo en base a una situación inicial de poder ilimitado del que dispuso un grupo social y político privilegiado, que además no cree en la democracia, o está dispuesto a adaptarse a ella solo en tanto sea fuertemente limitada la soberanía popular. Para lograr ese propósito, levantó, al amparo de una prolongada dictadura y una vez que no logró mantenerla indefinidamente, un muro de instituciones que impiden el ejercicio democrático. Fue el grupo minoritario que defendió a los senadores designados hasta que no pudo conservarlos por ser demasiado grotescos para los valores democráticos básicos. Es el grupo de poder que logra aún mantener sistemas electorales y quorum de leyes que impiden que funcione el principio de mayoría. Todo esto simplemente no es democrático y ha resultado un muro muy difícil de derribar, especialmente cuando una parte de la fuerza del cambio de los años ochenta se adaptó a la situación, morigerando el propósito inicial de democracia y equidad y en algunos casos haciendo de necesidad virtud y sumándose al esquema conservador.

El hecho es que sigue ahí el poder de la derecha agraria tradicional y su cultura autoritaria de la hacienda, complementado por el que acumuló con éxito un grupo integrista-religioso que se ha sentido llamado a dominar la escena política con todas las artes disponibles, incluyendo las peores, desde que se conformó como "movimiento gremialista". Y que ha tenido éxito por muchos años en condicionar la dificultosa reinstalación en Chile de una democracia moderna y progresista, que parece ser en definitiva la que prefieren los ciudadanos, desgastando gravemente a los partidos democráticos en su empeño por avanzar a una normalización institucional, al punto de lograr desplazarlos del gobierno. Salvo que una parte cada vez mayor de los chilenos, y en todo caso sus jóvenes, ya no está más dispuesta a tolerar un arreglo político arcaico, construido para mantener privilegios inaceptables, y se pronuncia en la calle con fuerza resonante en su contra, dándonos una lección a los que quisimos, pero no pudimos mantener la energía que el cambio democrático y social necesitaba.

El presidente Piñera en esta crisis política de 2011 tenía la oportunidad de demostrar las convicciones democráticas que dice tener, y de paso tal vez recuperar algo de la popularidad que le ha sido esquiva. Pero optó por desplegar el reflejo autoritario y violento de la derecha de siempre. En efecto, se vulnera "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas" establecido por la constitución que nos rige, cuando el ministro Hinzpeter declara que "nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó". En las democracias, el tiempo de las marchas lo determinan los que quieren marchar, no el ministro del Interior, que se ha ganado el legítimo repudio de una generación completa de jóvenes que entienden que o se movilizan o nada cambiará en Chile. Y que deberá probablemente enfrentar una acusación constitucional en el parlamento por reprimir el derecho a manifestarse en vez de contener eficazmente al lumpen, como es su deber. Dicho sea de la paso, la respuesta ignara e inaceptable del señor Gajardo ("los métodos que hoy se ha aplicado hacia el movimiento por la educación pública, nos recuerdan a los métodos sionistas del apartheid"), solo merece un rechazo tajante, primero por confundir torpemente las cosas y sobre todo porque con el antisemitismo, después de las tragedias del siglo XX, no se juega. Y los mismos principios que nos llevan a condenarlo y a defender el derecho de Israel a existir, nos llevan a repudiar la violación de los derechos del pueblo palestino. En la izquierda, los tiempos del estalinismo y su paranoia contra los judíos no deben ser revividos por motivo alguno. La nuestra debe ser en toda circunstancia una sociedad tolerante hacia todos los cultos.

Pero los reflejos violentos de la derecha no quedaron ahí: su representante más arcaico, al punto que resulta con frecuencia risible, el señor Carlos Larraín, ha emitido una joya de declaración el sábado 6 de agosto: " no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar". Y por si esto pudiera adjudicarse a la pasión política del tribuno, el intelectual oficial de la derecha, director del Instituto Libertad y Desarrollo, otro señor Larraín (Luis, en este caso) nos regala en una columna el mismo día con un "el gobierno no debe tirarle más carne a las fieras, porque estas serán insaciables" refiriéndose a los manifestantes. Se expresa una vez más la intolerancia y la descalificación de una derecha chilena que no dudó en el pasado en promover la destrucción de la democracia y las peores violencias y aberraciones y hoy sigue sin hacerse merecedora del calificativo de civilizada.

Frente a esta declinación autoritaria de la nueva manera de gobernar, el presidente siempre puede optar por otro camino: el de las reglas democráticas y el principio de mayoría, que quiere un cambio profundo de la educación. Nos encantaría que así fuera. Pero por el momento no queda más que la continuidad de la movilización de los que quieren que la sociedad chilena siga avanzando hacia un nuevo orden institucional que promueva los derechos propios de las sociedades democráticas modernas. La pregunta que el escritor israelí David Grossman aplica hoy a su sociedad ("¿porqué nos acostumbramos a la rapiña de las privatizaciones, que provocó la pérdida de la solidaridad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenecer a una misma nación?"))parece estar encontrando una respuesta en el mejor Chile, en aquel que no se había acostumbrado.

¿Un conflicto sin fin?

2011-08-04T09:50:00.001-04:00

El conflicto educacional sigue sin resolverse al cabo de más de dos meses. No parece haber acuerdo entre los actores del sistema sobre los problemas a enfrentar y, por tanto, tampoco sobre sus soluciones. Y no parece haber un diálogo real que permita llegar a acuerdo. Tal vez sea útil reseñar los temas en debate.

En materia de educación preescolar, sobre la que los actores sociales organizados insisten poco pues se sitúan en otros niveles educativos, está diagnosticado que su importancia es esencial para la estimulación temprana del niño y el desarrollo posterior de las personas, empezando por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. La cobertura es todavía baja, especialmente en las familias pobres, a pesar del esfuerzo de los últimos gobiernos y del programa Chile Crece Contigo de la presidenta Bachelet. Se requiere todavía un gasto adicional que, según Mario Waissbluth, es del orden de 600 millones de dólares en inversión y 450 millones anuales de funcionamiento para alcanzar niveles aceptables de cobertura. Esta reforma tendría además efectos muy positivos para la inserción de la mujer en el trabajo y para la distribución del ingreso. El gobierno no dice nada muy concreto al respecto. No hay que dejar este tema crucial en el olvido.

En materia de educación escolar, el gobierno propone diversas cosas salvo la esencial: disminuir la fragmentación del sistema escolar, para ayudar a disminuir la fragmentación de la sociedad y la ausencia severa de igualdad de oportunidades en Chile. Hoy el rendimiento está estrictamente relacionado con los ingresos de los padres y las escuelas no hacen la diferencia frente a esta ley de hierro. Esto se consolidaría en la propuesta del gobierno con un quinto sector, además del particular pagado, del subvencionado con financiamiento compartido, del subvencionado sin financiamiento compartido y del municipal, es decir un nuevo segmento que podríamos llamar de "educación desmunicipalizada por fracaso". Allí entrarían algunos liceos municipales con los alumnos con peores resultados, aumentando la lógica de ghetto y marginalidad e impidiendo cualquier mixtura social, que es la base para empezar a mejorar el sistema. Luego el gobierno nos explica que los que tendrían la tarea de ofrecer educación a los niños y jóvenes con más dificultades serían unos organismos públicos que dependerían no se sabe de quién: esto es un nuevo fracaso garantizado, mientras las escuelas subvencionadas lucrativas seguirían siendo muy lucrativas mediante transferencias sin control de recursos fiscales y seleccionarían, como lo hacen hoy burlando la ley, a alumnos más aventajados que los municipales y neopúblicos, consolidando mejores resultados sin hacerse cargo del avance educativo de los que más lo necesitan, terminando de desprestigiar a la educación pública. En ella estarían confinados los niños más pobres y con más desventajas relacionales, con el resultado de aumentar esas desventajas y la desigualdad social profunda que lacera a Chile.

¿Por qué no tomar el toro por las astas y reformar en serio? Esto quiere decir en primer lugar que el sector particular pagado, sujeto al estricto cumplimiento programático y normativo del Ministerio de Educación, evolucione en el futuro sin subsidio público alguno, eliminando todas las exenciones tributarias que hoy lo benefician, que resultan carísimas para el Estado y que contribuyen a dejar al resto de los chilenos con subsidios educativos muy bajos. En segundo lugar, reformar en serio supone que las municipalidades transfieran a corporaciones educativas públicas regionales sus establecimientos escolares, que deben ser financiados según una dotación basal de equipamiento y otra variable de funcionamiento, terminando con la subvención por asistencia, que no hace sino castigar a las escuelas y liceos con alumnos con problemas. La corporación regional debiera mantener una planta de directivos escolares y profesores habilitados por el Estado (con estrictas pruebas obligatorias, anónimas y periódicas de habilitación, pues sin profesores que cumplan estándares adecuados no hay mejoramiento posible de la educación pública) y una proporción de profesores en práctica de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La contratación, promoción y remoción de docentes en base a evaluación debe ser responsabilidad de directivos escolares capaces de gestionar proyectos educativos de establecimiento, los que a su vez deben ser nombrados y evaluados por la corporación regional de educación pública, sujetas a la evaluación del gobierno regional y nacional y a las normas del Ministerio de Educación.

La educación escolar privada subvencionada por recursos públicos, debiera ser declarada definitivamente sin fines de lucro, pues nadie ha podido demostrar que algo bueno pueda emanar de la educación concebida como negocio, y en todo caso no resiste ningún criterio de justicia que se gane dinero con subsidios públicos. Múltiples expresiones de la sociedad civil pueden en cambio contribuir a la formación de las nuevas generaciones y asegurar el principio de libertad de enseñanza en el marco del derecho a la educación. Esta educación escolar privada subvencionada, con establecimientos firmemente regulados y supervisados, no debiera multiplicarse de manera inorgánica y en cambio recibir una asignación por alumno para gastos corrientes y otra para gastos de capital, con la contrapartida de la estricta sujeción a las normas del Ministerio de Educación y la expresa prohibición de discriminación en el acceso y permanencia de los alumnos. Este segmento de educación debe ser entendido como uno que mantiene fines públicos, aunque sea gestionado por entidades privadas sin fines lucrativos.

La educación superior técnica no debe seguir solo siendo impartida por entidades privadas, algunas de la cuales lo hacen hoy bastante bien. El Estado debe asumir su responsabilidad en esta área crucial para el desarrollo y crear Institutos Tecnológicos en cada región bajo dependencia de las Universidades públicas, con un fuerte sistema de becas que asegure gratuidad en el acceso a todos los jóvenes con capacidades suficientes para recibir una educación técnica. Las entidades privadas de esta área con fines de lucro no deben recibir recursos estatales.

Las Universidades públicas y las privadas con fines públicos deben ser las únicas autorizadas a impartir enseñanza superior universitaria. Las con fines de lucro deben ser sacadas del sistema, puesto que existen aunque están prohibidas por la ley vigente, y sus alumnos transferidos al resto de las universidades. Las Universidades públicas deben recibir financiamiento de acuerdo a planes de desarrollo por área y mantener su carácter de organizaciones plurales y complejas, con un fuerte componente de investigación fundamental y aplicada y siempre sujetas a fiscalización externa rigurosa y examen periódico de resultados. Sus alumnos sin recursos y con profesiones de ingresos futuros bajos deben tener becas de cobertura completa y el resto un sistema combinado de beca y crédito fiscal único.

Reformas de este tipo suponen dos cosas: asumir como sociedad que la educación debe ser sustraída de la condición de mera mercancía y además estar dispuestos como ciudadanos a pagar con nuevos impuestos justos por una educación pública y/o privada con fines públicos de calidad y excelencia. Ni la libertad de enseñanza ni la pluralidad de esfuerzos educativos suponen la mercantilización que degrada a la educación. Y tratar, por integrismo ideológico, de seguir impidiendo lo que toda sociedad moderna hace a través de su presupuesto público en educación, no puede sino ser calificado de ceguera e irresponsabilidad. De las que traen graves consecuencias. Entre otras, la de mantener una sociedad inaceptablemente desigual y ... alimentar protestas periódicas en las calles de jóvenes justificadamente descontentos con una sociedad que no les ofrece un futuro.

Razones para la Educación Pública

2011-06-22T22:01:00.005-04:00

Toda la fuerza de la razón tienen los jóvenes que reclaman en la calle el reforzamiento de la educación pública y los parlamentarios que han planteado una reforma a la constitución para que los recursos públicos se orienten solo a las instituciones educacionales estatales o sin fines de lucro. Lo que en los últimos veinte años no logramos, y otros se empeñaron en que no lográramos, incluyendo a los que hoy gobiernan y que promovieron la destrucción de la educación pública, puede ahora cambiar de signo.

La educación es un bien económico caro que se transa en mercados. Más aún, las altas tasas de rentabilidad de la educación sugieren que ésta es, a medida que aumenta el nivel de escolaridad y educación superior, una inversión altamente atractiva para las personas. La adquisición individual de educación tiene una importante rentabilidad privada para quien decide invertir en ella, razón por la cual existe una amplia demanda por educación y una oferta diversificada de la misma: basta ver como en Chile la educación desde 1981 se ha mercantilizado como probablemente en ninguna otra parte.

La realidad de prácticamente todos los países del mundo, sin embargo, es que la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza o subsidiando a los estudiantes.¿Por qué semejante contradicción aparente?

Un primer elemento de respuesta es utilitario: los individuos no gastan en educación tanto como les convendría por falta de recursos y dificultades de acceder a préstamos para financiarla.Esto justifica subsidiarla. Además, la educación es un bien privado que genera externalidades positivas y tiene una importante rentabilidad social: no beneficia solo a quien la recibe sino también, hasta cierto punto, a todos los demás. La educación puede mejorar la salud y el medio ambiente, reducir la pobreza y aumentar el emprendimiento. El aporte en capacidades humanas que provee la educación al crecimiento se manifiesta primordialmente a través del aumento en la productividad, al facilitar la adopción de tecnologías y procesos productivos más sofisticados y flexibles que elevan la competitividad y el potencial de crecimiento de las economías. Pero la educación dejada al mercado no es provista en niveles socialmente óptimos y se requiere gasto público que la haga llegar a toda la sociedad.

Un segundo argumento, el fundamental, no es utilitario sino ético y republicano: la educación es un instrumento central de la conformación de la convivencia colectiva que debe estar a disposición de todos, sin excepción. Independientemente de cómo cada sociedad valora de qué manera y en manos de quien debe ponerla a disposición, todos los gobiernos le dan a la educación básica el carácter de obligatorio, y algunos también la educación media, como Chile desde 2003. Al servicio de regímenes opresivos, la educación puede ser manipulada en su beneficio, pero en las naciones democráticas puede estimular la libertad, la cooperación y la convivencia civilizada. Bien concebida y administrada, la educación puede llegar, en palabras de Martha Nussman, a “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”.

Existen entonces sólidos fundamentos para masivos gastos públicos en la educación preescolar y escolar para socializar valores compartidos y permitir el acceso universal a conocimientos y competencias básicas, así como a la ciencia, las artes y humanidades. Y también para impartir a quienes están en condiciones de recibirla la enseñanza de la ciencia avanzada y la tecnología, proporcionando ayuda financiera a las personas competentes pero sin recursos en las universidades y centros tecnológicos, junto al financiamiento del bien público por esencia que constituye el conocimiento y su generación en condiciones de laicidad, pluralidad y eficiencia.

Chile ha avanzado en cobertura y logro educativos. La cobertura de la educación primaria es ahora casi universal, y los índices de logro en educación secundaria, media y superior han aumentado con rapidez. Un 64% de los jóvenes de 25 a 34 años ha completado al menos la educación media, es decir 20 puntos porcentuales más que la población de 45 a 54 años, situación más favorable que la de otros países de la región, como Brasil (50%) o México (39%). A su vez, un 11% de la población entre los 45 y 54 años ha completado la educación superior, mientras en la población de 25 a 34 años este porcentaje alcanza al 18%. Pero falta mucho: en países como Canadá y Corea, un 56% dentro de ese rango de edad ha logrado completar estudios superiores.

El gasto en educación sigue siendo bajo en los niveles escolares de básica y media en comparación con la OCDE (del orden de 4% contra 6-7% del PIB). Al mismo tiempo, la proporción de gasto privado es alta. La alta proporción del gasto educacional privado es una de las principales características del esquema educacional chileno, si se lo compara con el resto del mundo. En promedio, en los países de la OCDE el gasto público representa el 88% del gasto educacional total. En Chile, en cambio, el gasto público representa sólo el 51.4% del gasto educacional total, especialmente por el peso del gasto privado en educación superior y el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento (como el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados, gravísimo error cometido en 1994) aunque la inversión pública en educación se haya expandido continuamente desde 1990. Según el último informe de la OCDE en la materia, “esto indica que es necesario dedicar más fondos públicos a la educación en Chile. Debido a la alta desigualdad en el ingreso y la fuerte segregación socioeconómica de su sistema escolar, Chile necesita hacer más que otros países para ayudar a los niños con medios financieros limitados.”

Tomemos esta recomendación en serio.

Chile debe terminar con el confinamiento de los estudiantes pobres en la educación municipal y proceder, con una razonable transición, a una reestructuración del sistema escolar a) eliminando los aportes fiscales a las escuelas con fines de lucro, que hoy tienen altas utilidades, lo que es un despilfarro injustificable; b) terminando con el financiamiento compartido, y c) estableciendo corporaciones educativas públicas, de carácter regional, que administren profesionalmente las escuelas públicas y controlen la entrega siempre reversible de recursos a las escuelas no estatales sin fines de lucro a cambio del cumplimiento de estándares de calidad y no discriminación, bajo la estricta supervisión de la Superintendencia de reciente creación, pero que carece de medios reales para rectificar las malas prácticas educativas.

Chile debe además terminar con un sistema de educación superior que permite que dos tercios de los universitarios estén matriculados en entidades con, en la práctica, fines de lucro –lo que ha permitido a unos pocos amasar considerables fortunas con recursos de los que menos tienen- y carentes de calidad y perspectivas ocupacionales, cuya perspectiva más cierta es la de cargar con un alto endeudamiento a muchos estudiantes que provienen de las familias más pobres. Los estudiantes de menos recursos deben ser apoyados mediante becas para cursar estudios en universidades públicas, que deben ser ampliadas sustancialmente y reformadas en su gobierno interno para aumentar su excelencia, y en universidades con fines públicos sin fines de lucro. Así, la educación, ahora masificada, podrá ser el canal de integración social, promoción de la convivencia republicana y factor de desarrollo que siempre debió, en lugar de mercantilizarse, apuntar a ser.

A los que legítimamente se pregunten porqué estas ideas no se promovieron antes, me permito señalarles que en mi caso las he promovido siempre, como consta en artículos y libros de larga data, aunque manifiestamente sin éxito. Ojalá la actual generación, con sus movilizaciones y justas demandas, logre los cambios sustanciales que son más que nunca indispensables.

Hacia un cambio de folio en energía

2011-06-05T21:40:00.000-04:00

La magnitud y persistencia del rechazo al proyecto HidroAysén provocan una cierta consternación en el mundo de la empresa y de la tecnocracia, y de paso en el gobierno, que actualmente vienen siendo más o menos lo mismo. Falta de información, en el mejor de los casos, desinformación (mal) intencionada, en el peor: la respuesta estándar es que los que protestan y los que se oponen “no entienden”. Y que habrá que seguir adelante sin cambiar nada.

Solo se ha escuchado tenuemente desde las autoridades en los temas de energía la idea de la “inviabilidad política” de persistir en la energía nuclear. Como estamos en Chile, nunca nadie dijo que se había tomado la opción de promoverla, pero más allá de los eufemismos en eso estaban (“estudiándola”) Zanelli y Tokman y luego Piñera y Golborne. Ahora nadie asume expresamente su eventual abandono, solo se insinúa, aunque no sin dejar puertas abiertas por si en el futuro se reabren ventanas de oportunidad. Desde el campo corporativo y tecno-burocrático se ha sostenido que lo de Fukushima está siendo exagerado. Que no hay ningún muerto por radiación directa y que otras fuentes de energía son mucho más mortíferas, como el carbón y sus miles de víctimas por explosiones.

A pesar de su sentido común, estas afirmaciones no consideran que, como observa Stéphane Foucart, el accidente japonés no es ya solo industrial, es un “accidente de civilización”. Desde el siglo 19, Occidente se ha afirmado como la civilización tecnocientífica por excelencia, con impresionantes resultados en la innovación tecnológica como motor económico. Pero cometió el error de asimilarlo unívocamente al progreso humano, con la promesa de dominio sobre la naturaleza y de bienestar material creciente, justificando incluso las desigualdades yhasta la ausencia de libertades. El progreso técnico descontrolado terminó primando por sobre cualquier otra consideración ética, política, social o cultural.

Con el drama japonés se ha roto en alguna medida esa promesa y aumentado la desconfianza hacia creaciones científicas que pueden escapar al control humano. Y ahora Fukushima es el nuevo símbolo de las limitaciones humanas, con super especialistas que no logran prever cosas bastante simples como mantener energía de respaldo para refrigerar reactores ante un tsunami. Una cultura tecnológica avanzada como la de Japón no logró impedir que el norte de ese país esté ahora bajo la amenaza de partículas invisibles e incontrolables que emiten radiaciones tóxicas y que se dispersan según los vaivenes de los vientos y las mareas, con vastas áreas deshabitadas en estado fantasmal. Y no ha logrado que los creadores de los reactores puedan retomar su control: por ahora nadie puede acercarse a ellos bajo amenaza de muerte, dotados como están de una suerte de autonomía por varios meses y a más de dos mil grados de temperatura. Un terremoto, una tempestad, una explosión de grisú, son accidentes de la naturaleza dramáticos pero con los que más o menos se convive en tanto se entienden como fatalidades. Convivir con tecnologías y creaciones humanas que se pueden descontrolar es menos aceptable, ya sea desde los recónditos temores irracionales o desde el muy racional principio de precaución. La energía nuclear va dejando de ser una tecnología que sea posible de concebir como una aliada por las sociedades humanas.

Algo semejante es lo que empezó a ocurrir en Chile con las megacentrales hidroeléctricas, que dejan de entenderse como aliadas para la generación limpia y barata de electricidad. Se entienden, y eso no es “desinformación” sino una valoración social legítima, como portadoras de la destrucción local irreversible de un medio ambiente digno de preservarse y como factores de alteración de miles de kilómetros de paisaje. Más aún, con todos sus medios propagandísticos Hidroaysén ha logrado ser la expresión de la arrogancia tecnocrática que la sociedad rechaza. Y también de un cierto engaño: súbitamente las objeciones a los embalses por parte de los servicios especializados -lo que al menos el gobierno anterior había respetado con creces- desaparecen con el cambio de administración. Se persiste en evaluar separadamente y más adelante el sistema de transmisión, como si no se tratara de un mismo proyecto. Y ocurre que a los chilenos, que como sabemos son bastante desconfiados, no les gusta que los engañen, ni menos grandes empresas que en este ámbito, como en muchos otros, campean sin contrapesos reales. Muchos chilenos no conocen el detalle del proyecto Hidroaysén, pero conviven diariamente con los grandes o pequeños abusos de los prestadores privados de servicios y presumen que probablemente la situación es aquí semejante: las grandes empresas involucradas hacen más o menos lo que quieren.

Nadie cuestiona que la hidroelectricidad es una opción válida si se desarrolla con turbinas de pasada o bien se sustenta en embalses razonables que no alteren brutalmente los ecosistemas y las culturas originarias; si utiliza líneas de transmisión que no destruyan patrimonios naturales considerables; si se asocia al desarrollo local. Lo que definitivamente no es una opción respetable es seguir tratando a los chilenos como ciudadanos que “no entienden”, o reprochar a los críticos eventuales “apoyos extranjeros” cuando la empresa bajo crítica es sumamente extranjera. Y sobre todo cuando se desecha con argumentos baladíes las energías no tradicionales y se mantiene a los hogares y a las empresas sometidas a una de las energías eléctricas más caras del mundo.

Nuestros tecnócratas debieran al menos partir por reconocer en este aspecto su fracaso si quieren volver a ser escuchados por la opinión pública: tenemos una energía cada vez más cara y más contaminante. Y no seguir con la falacia de los costos: el falso mito de que la producción eléctrica con nuevas energías renovables es más cara que la procedente de energía nuclear o de combustibles fósiles. En particular, si incluimos en los costos de producción nuclear y en las megarepresas los efectos de la construcción, el procesamiento de residuos, los seguros de responsabilidad civil y de daños ocasionados por desastres y el valor de los paisajes dañados, estas energías resultan ser son mucho más costosas que otras opciones menos dañinas. Su costo debe, en el sistema de costo marginal actual, compararse con la generación eléctrica con diesel. mucho más cara que la que resultaría de incorporar opciones renovables.

Las energías renovables no convencionales, de las que Chile está privilegiadamente dotado, deben ser la base de la transición hacia un nuevo modelo energético sustentable y limpio. Ese es el enfoque que debiera tomar el gobierno y no seguir imponiendo proyectos porque así lo quiere el mercado. Peor aún, Golborne ha rebajado completamente el compromiso de 20% de generación con Energías Renovables No Convencionales en 2020 tomado por Piñera: “menos del 3% de la energía proviene de la Energías Renovables No Convencionales, y menos del 4% de los proyectos en construcción son de ENRC. Por ello, espero al terminar el mandato poder decir señores el 15% a 20% de los proyectos de generación eléctrica son renovables no convencionales". Con ese tipo de declaraciones, siendo notable el “por ello”, no es de extrañar que tantos chilenos estén en la calle, pues los ministros no están para aspiraciones sin base, están para tomar decisiones conducentes a alcanzar objetivos. Y para cumplir los compromisos adquiridos o hacerse cargo de su modificación.

21 de mayo: anuncios, letanía y tensión

2011-05-21T19:11:00.002-04:00

En Blog Cooperativa

Los discursos del 21 de mayo no son exactamente literatura exaltante. Aunque podría no ser así, tienen un componente de letanía que los hace poco atractivos.

Los presidentes tienen la opción de dar cuenta de su tarea y de sus programas futuros con cierta exhaustividad, y entonces resultan larguísimos, porque el Estado de Chile hace muchas cosas en muchas áreas. O bien avanzan rápido, lo que los que lo escuchan agradecen. Pero si no logran expresar visiones convocantes y delinear lo principal de la tarea de gobierno, resultan superficiales y propagandísticos.

Aunque hubo afirmaciones interesantes, no escapamos hoy a la letanía ni a la propaganda.

La reconstrucción, la economía, el empleo, la seguridad, la educación, la salud, la pobreza, la modernización del Estado fueron vistos por Sebastián Piñera con los ojos de la complacencia. A los pobladores de Dichato, en donde no hay una sola casa reconstruida, tal vez los recorrió alguna irritación.

En materia de educación superior hubo anuncios interesantes, como crear la subsecretaría de educación superior, reprogramar deudas del fondo solidario, expandir becas a la educación técnica. Pero la visión privatista es siempre la que prevalece: en vez de eliminar el Aporte Fiscal Indirecto, que canaliza recursos en base al puntaje en la PSU de los alumnos que ingresan, y por tanto valida la desigualdad en la educación superior, se anuncia que se mantiene con variaciones marginales.

Nada parecido a un plan de desarrollo de la educación estatal y con vocación pública al servicio del desarrollo del país. Una ocasión perdida.

Importantes son las reafirmaciones de la construcción de hospitales y consultorios de excelencia, el fin de las listas de espera Auge, el bono familiar de 38,5 mil pesos para 130 mil familias o bien doblar los subsidios habitacionales para terminar con los campamentos.Pero sobre el grave conflicto con el Senado respecto al postnatal no se dijo casi nada. Y sobre la eliminación parcial del 7% de cotización de salud de los jubilados, poca explicación sobre la distancia entre lo prometido y lo ofrecido en el proyecto de ley. Y sobre el multirut de empresas que inhibe la negociación colectiva, nada.

El perfeccionamiento democrático recibió algún tratamiento, reafirmando el apoyo a la inscripción automática y voto voluntario, pero no dijo nada que resuelva el conflicto sobre la restricción del voto de los chilenos en el extranjero.

Importante es el anuncio de apoyar una legislación sobre primarias para que los partidos escojan sus candidatos y el apoyo a la elección directa de consejeros regionales, así como crear el Ministerio de Cultura (y, tal vez más importante, 5 teatros regionales y 51 centros culturales) y el Ministerio del Deporte. Que se cree una subsecretaría de derechos humanos es también digno de ser saludado. Sobre uniones legales entre homosexuales, nada: en Chile los conservadores siguen ganando.

En materia de política exterior, respecto a la cuasi ruptura con Bolivia el presidente no dijo nada útil. Y respecto al conflicto con Perú, solo formalidades. Y ninguna explicación sobre el giro a una política exterior ideológica con la creación de un nuevo bloque con gobiernos de derecha en América Latina, lo que es un gran error pues debilita el vínculo necesario con Brasil y Argentina y la vocación latinoamericana que debe tener nuestra política exterior.

Con lo que subió la temperatura fue con la defensa de Piñera de HidroAysén.

Quedó claro que pone al medio ambiente enfrentado con el desarrollo y la reducción de la pobreza, lo que es otra vez un grave error. Señalar que las nuevas energías renovables no son una opción porque son hoy marginales, y así justificar las mega-represas que destruyen irremediablemente ecosistemas y paisajes, es simple mala fe intelectual.

Justamente se trata de que ¡dejen de ser marginales!

Cuando el presidente señala que descarta la energía nuclear pero no seguir estudiándola, uno no sabe a qué atenerse, salvo mantener la sospecha de que se trata de estudiar como incorporarla…

El exhorto final expresó una suerte de temor al debate, que no tiene porqué ser incompatible con cuidar la unidad y las instituciones.La alusión a Dios, fuera de lugar en un país laico.

Finalmente, la censura en la transmisión televisiva oficial a las expresiones de protesta, lamentable. Expresa más que mil palabras como algunos no creen en la democracia que Chile necesita.

Las reformas laborales pendientes

2011-05-06T10:41:00.000-03:00

En el mes de Mayo suele relanzarse la discusión pública sobre las relaciones laborales en Chile. Prácticamente nadie se manifiesta satisfecho con el statu quo. Los argumentos de las partes son en general conocidos de antemano y no varían demasiado de año en año: el mundo empresarial insiste en que en Chile falta flexibilidad laboral y los trabajadores sindicalizados subrayan que, por el contrario, existe un exceso de flexibilidad laboral, con normas de protección a la estabilidad del trabajador insuficientes, y que además con frecuencia simplemente no se cumplen.
Por ello es interesante citar un reciente informe de la OCDE sobre Mejores políticas para el desarrollo. Perspectivas OCDE sobre Chile, 2011, que aporta una visión externa: “los indicadores sugieren que el empleo informal en Chile permanece alto en relación al estándar de la OCDE, aunque va a la baja y es menor que en la mayoría de América Latina. Cálculos basados en la encuesta CASEN sugieren que cerca de un tercio de los trabajadores chilenos no está afiliado ni contribuye a la seguridad social. La cantidad de trabajadores sin contrato cayó durante la década pasada, pero su participación en el empleo total fue aún alta, de 19% en 2009.” La OCDE establece un juicio bastante lapidario sobre el clima laboral: “las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de `flexiguridad`. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales. Por ejemplo, la membresía sindical representó sólo 12.5% de la población activa en 2009, y se concentra en empresas grandes y sólo en algunos sectores, en particular la minería.” Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “como en casi todos los países, el principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social. Las reformas recientes facilitan los procedimientos legales para llevar a juicio los casos laborales, pero es esencial un mayor reforzamiento de la Dirección del Trabajo para reducir costos y extender los beneficios a un grupo más amplio de trabajadores”.
Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, es decir el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos.
Este es un caso en que deben intervenir políticas públicas concretas para que los asalariados no estén a merced del poder privado. En particular, los dueños de las empresas no pueden hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de dominación y en perjuicios a terceros. Su explicable aspiración a la irrestricta "flexibilidad laboral" tiene como motivación la maximización de utilidades propia de la libertad de mercado. Pero esta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación social moderna: la política laboral se propone disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas. Los empleadores dominan la relación laboral, salvo casos y circunstancias muy excepcionales, y su poder debe ser regulado. También debe serlo el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. En las sociedades modernas, los actores sociales se adaptan a estas restricciones. Y la empresa asume el eventual costo económico que resulta de reconocer contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio. El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro- de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y por tanto no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política; étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana; atentar contra los ecosistemas; no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.

Este conjunto de reglas puede considerarse antieconómico, y de hecho así lo hace la corriente económica liberal y una parte del mundo empresarial. Incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica. Las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Lo que, sin embargo, según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales es la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.

Pero cabe hacerse un pregunta: reglas laborales fuertes, además de contribuir a una mayor equidad, ¿forman parte efectivamente de un enfoque antieconómico? Existen buenos y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades. La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.

Pobreza y distribución del ingreso: Chile en la OCDE

2011-04-14T20:01:00.002-03:00

La entrada de Chile en la OCDE tiene la virtud de homologar la presentación y, esperamos, la calidad de nuestras estadísticas. Esto va permitiendo además hacer mejores análisis de la situación relativa de Chile y de sus desafíos en el camino al desarrollo. En estos días se ha conocido el informe anual de la situación social de los países miembros del organismo denominado “Society at a Glance” correspondiente a 2011. Este incluye por primera vez datos de Chile, en especial los correspondientes a gasto social, distribución del ingreso y pobreza. Con datos de 2006 para Chile y 2007-08 para el resto de los países, la OCDE confirma que Chile tiene la peor distribución del ingreso entre las 34 naciones consideradas, incluyendo México y Turquía, cuyos niveles y estructura de desarrollo son más cercanos al nuestro. El coeficiente de Gini, que oscila entre cero y uno (con el valor uno, la concentración del ingreso es absoluta en una unidad de ingreso, mientras el resto no recibe nada; con el valor cero esta se distribuye igualitariamente entre todas las unidades de ingreso) es una de las medidas canónicas en la materia y muestra un valor para Chile de 0.50, mientras el promedio OCDE es de 0.31 y el de Estados Unidos es de 0.38. La buena noticia es que la distribución del ingreso mejoró en una década, pues en 1996 el coeficiente era todavía mayor (0.53).
Algunas precisiones metodológicas que es bueno tener en cuenta: el coeficiente de Gini para los ingresos monetarios (ingresos autónomos más subsidios monetarios de los hogares, sin considerar el número de miembros) es de 0,53 en la CASEN 2006, un poco superior a lo calculado por la OCDE en base a la misma encuesta. ¿Dónde están las diferencias? Esta entidad internacional realiza el análisis de la concentración de ingresos en base al “ingreso disponible”, que es diferente al nuestro, corregido por el tamaño del hogar con una escala de equivalencia, lo que nunca se ha hecho en Chile. Se mide el ingreso disponible como los ingresos monetarios de los hogares (sin tomar en cuenta la imputación por arriendo de los propietarios que ocupan una vivienda o la producción doméstica, como en el caso de Chile) descontando los impuestos directos (a la renta y otros) y las cotizaciones sociales de los trabajadores y considerando las transferencias monetarias. Se considera la repartición de ingresos entre las personas que viven en el seno de hogares privados (fuera de instituciones), cada uno viéndose atribuir el ingreso del hogar en que vive y el ingreso es 'ajustado' en función de un parámetro común entre países para reflejar las diferencias en las necesidades de los hogares según su tamaño (ingreso por 'unidad de consumo'). En este caso, se trata de la raíz cuadrada del tamaño del hogar: por ejemplo, las necesidades de un hogar compuesto por cuatro personas representan el doble de las necesidades de un hogar compuesto por una sola persona (la escala de equivalencia por persona es de 0,5). Se excluye los servicios en especie provistos a los hogares por el gobierno y entidades privadas, los impuestos al consumo y los ya mencionados flujos de ingresos imputados por propiedad de la vivienda. Se evita de esta manera cálculos con poca información, o directamente arbitrarios, como lo que Mideplan hace en Chile para algunos cálculos de distribución del ingreso: imputa gastos de gobierno (por ejemplo algunos de educación y salud) de carácter progresivo, pero no los de carácter regresivo (por ejemplo educación superior o pensiones), lo que permite barrer debajo de la alfombra y presentar mejores datos, pero no hacer una apreciación apropiada de la situación.
Raya para la suma: lo menos que se puede decir es que en Chile queda mucho camino por recorrer en el esfuerzo por disminuir niveles de desigualdad que no tienen nada de inevitable. El camino recorrido por los países desarrollados para disminuir la desigualdad de mercado es a prueba de desmentidos neoliberales: construir estados de bienestar modernos suficiente y equitativamente financiados. Mientras la media de gasto público social en 2007 era de 19,6% del PIB en la OCDE (y en el caso del país con gasto social más alto, Francia, era de 28,3% del PIB), en Chile era de solo 10,6%. La mitad. Más claro echarle agua.
Una última observación: la pobreza se mide en la OCDE en términos relativos (como un porcentaje de la mediana, es decir el valor que divide en 50% y 50% la distribución de una variable, en este caso el ingreso disponible), entre otras consideraciones para evitar las arbitrariedades a la hora de definir las líneas de pobreza y de los índices de precios que miden su evolución, lo que ha dado lugar a las polémicas recientes en Chile sobre la magnitud de la pobreza. La pobreza es a la postre una posición en la sociedad más que una medición frecuentemente equívoca de necesidades absolutas y del costo monetario de su satisfacción, medidas que sin embargo será siempre útil intentar tener para abordar las carencias de los peor situados en la sociedad y desarrollar las políticas de ayuda directa hacia ellos. El hecho es que en 2007-2008 la medición de la OCDE arroja que en promedio un 11,1% de la población de sus países miembros está en situación de pobreza, mientras sus estimaciones para Chile son de 20,2% en 1996 y de 18,9% en 2006. Chile tiene una pobreza relativa que es casi el doble del promedio de la OCDE. En la década considerada por la OCDE para Chile la pobreza bajó, pero no demasiado. También aquí nos falta mucho para alcanzar los niveles promedio de un país desarrollado.
Así, tal vez podremos entrar en una etapa de polémica mejor circunscrita en estos temas siempre controversiales, sobre la base de poder comparar, para bien o para mal, nuestra evolución en base a las metodologías de consenso utilizadas en el club de los países desarrollados. El ingreso de Chile a ese club gustó a muchos, pero ahora es posible que a varios les guste menos.

Sorpresas en el debate sobre las medidas sociales de Piñera

2011-04-05T11:18:00.004-03:00

Uno de los grandes avances de la humanidad ha sido el desarrollo de la seguridad social, desde que el conservador canciller Otto Von Bismarck en la década de 1880, en la entonces recientemente unificada Alemania, tomara nota que el desarrollo del movimiento obrero hacía aconsejable pactar con sindicatos y empleadores mecanismos de mantención de ingresos de los trabajadores asalariados, primero con un seguro contra accidentes y más tarde seguros de enfermedad, de invalidez y de pensiones. Siguieron en el empeño, con velocidades y modalidades diversas, la mayoría de los países europeos, pero también tempranamente Uruguay y Chile (con la creación del Seguro Obrero en los años veinte y del Servicio Nacional de Salud en los años cincuenta) y otros países de América Latina y el mundo, así como los Estados Unidos de Roosevelt y su New Deal. Después de 1945, especialmente en los países industrializados, los mecanismos de protección social se generalizaron, procurando otorgar subsidios de sobrevivencia y cubrir de modo universal los riesgos de no tener de qué vivir en caso de enfermedad o desempleo y desde luego en la vejez. Estos procesos fueron rápidamente vistos como un “camino de servidumbre” por los ultraliberales seguidores de Von Hayek y Friedman, quienes recusaron lo que veían como una peligrosa hipertrofia del Estado. Promovieron la idea del Estado mínimo, de la privatización de la seguridad social y de la focalización extrema de la ayuda a los pobres, proponiendo un sistema, en el caso de Friedman, de impuesto a la renta no progresivo que financiase como contraparte un “impuesto negativo” que debiesen recibir solo las personas con más bajos ingresos. Estas ideas y sus mecanismos fueron en parte impuestos en la etapa dictatorial de 1973-1989 en Chile y muchos las asumieron como las nuevas sagradas escrituras, en especial la derecha y sus medios de comunicación (es decir casi todos). Otros impulsamos en los gobiernos de coalición de la Concertación, con más o menos éxito, el avance hacia nuevas formas de seguridad social universal mediante el plan Auge, el programa Chile Solidario, el Seguro de Cesantía, la reforma a las pensiones, el programa de apoyo a la infancia, entre otras reformas parciales que hubiésemos querido más amplias, en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y, para ser francos, de…oposición interna de los neoliberales de la Concertación.

La derecha en campaña cruzó algunas fronteras ideológicas y tomó “compromisos sociales” que una vez conquistada La Moneda ha querido conservar para que no sea identificado su gobierno exclusivamente con los intereses empresariales. No es una novedad mayor y ha sido el caso de muchos gobiernos de derecha que procuran conquistar y mantener mayorías. Ventajas de la democracia. Así, Piñera se comprometió a ampliar a seis meses el sistema de permiso posnatal, a eliminar el 7% de cotización obligatoria en salud para los pensionados, y a establecer un “ingreso ético familiar” en respuesta al llamado de Monseñor Goic y la Iglesia Católica a establecer un “sueldo mínimo ético”. Ha pasado el tiempo, la oposición reclamó con justicia el cumplimiento de los compromisos electorales y el gobierno ha terminado por enviar proyectos de ley o anunciarlos. Como es su rol, la oposición parlamentaria ha saludado lo que estima son avances sociales y criticado lo que considera son limitaciones de su extensión, especialmente frente a la promesa inicial. La sorpresa, si pudiera llamarse así, ha venido por el lado de algunos ex asesores y personeros del anterior gobierno, que han querido, lo cual es respetable, pero no por eso menos criticable, tomar la actitud de oponerse desde posiciones ultraliberales -que siempre han sido las suyas, hay que reconocerlo- al gobierno de derecha.

En el caso del posnatal, Eduardo Engel, por ejemplo, ha afirmado que no está probado que su extensión a seis meses tenga beneficio alguno y que además aumenta las dificultades de empleabilidad de las mujeres, argumentos del mismo tenor que los del instituto Libertad y Desarrollo. La recomendación expresa de la OMS es, sin embargo, la que sigue: “la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la lactancia materna continua con una alimentación segura, apropiada y adecuada se recomiendan como una política sanitaria mundial tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo”. ¿Cómo podría un progresista oponerse a ese objetivo, que tiene en un posnatal de seis meses un soporte indispensable? ¿Y por qué oponerse a la mantención de ingresos de las mujeres en el empleo durante el pleno período de la lactancia? A lo que los progresistas si se oponen es a la restricción del fuero maternal que incluye el proyecto de Piñera.

En el caso del llamado “ingreso ético familiar”, cuyos contornos exactos aún no se han definido pero que parece ser al final una ampliación de los beneficios monetarios del sistema Chile Solidario, Dante Contreras y Claudio Orrego se han opuesto a él en términos que hace tiempo no escuchábamos. Son los argumentos propios de la derecha de siempre, desde la discusión de las leyes de pobres en Inglaterra en el siglo 19 y sus casas de trabajo obligatorio, y de la derecha criolla de toda la vida: “nos parece un error apostar a acciones populistas vinculadas a la mera transferencia monetaria, sin poner un premio al que quiere trabajar. Una política de ingreso ético debe tener por primer objetivo la empleabilidad de la población, incentivando la generación de ingresos propios”. Las transferencias monetarias a los más pobres, incondicionales o de baja condicionalidad, son parte sustancial de los Estados de Bienestar modernos, incluyendo los construidos por la democracia cristiana europea, pues tienen que ver con el derecho a la subsistencia en medio de la opulencia de una parte de la sociedad. No es este el momento de cuestionarlos, sino de luchar por ampliarlos, como fue el caso de Lagos con el Chile Solidario, Bachelet con las Pensiones Solidarias y Lula con el programa Bolsa Familia. Por lo demás, ¿de qué manera pueden generar ingresos propios los desempleados de larga duración, los niños, los ancianos? Y mientras los que pueden trabajar logran obtener un empleo, una vez agotado el seguro de cesantía, ¿deben morir de hambre? En este caso, lo pertinente no es oponerse a la ampliación de subsidios incondicionales en nombre de evitar la “dependencia” a la que se acostumbrarían los pobres, como si su pobreza no fuera incentivo suficiente para procurar mejorar su situación. Lo pertinente parece ser saludar que el programa Chile Solidario sea dotado con más recursos como expresión de un aumento de derechos, lo que no es contradictorio con reclamar programas más activos de inserción en el empleo.

En el caso de la eliminación de la cotización de salud para los pensionados, el gobierno incluyó abundantes restricciones que disminuyen mucho su alcance, lo que naturalmente le es reprochado al gobierno por la oposición, especialmente porque la promesa fue otra. Pero he aquí que de nuevo Engel y Contreras, pero también ex funcionarios como Velasco y Hunneus, firman un texto en el que recusan el financiamiento tributario de las prestaciones de salud y exclaman que “eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo... Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino.” Se expresa aquí una pobre idea del altruismo y su contraparte, la reciprocidad. Pero en fin, el hecho es que muchos sistemas de salud se financian con contribuciones salariales y con…impuestos generales, que expresan la solidaridad nacional con los enfermos. La enfermedad puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento. La probabilidad de enfermar es siempre superior a cero para todo el mundo, y la disponibilidad a pagar de todos por los que se enferman es alta, incluso cuando se es joven: los que se enferman pueden ser los propios padres. Por ello, el financiamiento tributario de la salud se practica en muchas partes. Cito un estudio comparativo de tres países, entre muchos otros (Li, 2006): “los gastos del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud son en Canadá, el Reino Unido y Taiwán (países que cubre el estudio) un 70%, 83% y 64% respectivamente. La mayor parte del gasto público en salud en los países seleccionados viene usualmente de los impuestos generales, que dependen fuertemente del impuesto al ingreso, a las empresas y a los bienes y servicios”. Este trabajo cita los principios, mantenidos hasta el día de hoy en el sistema británico, ni siquiera desmantelados por Margaret Thatcher: el National Health Service fue fundado bajo “el principio de la responsabilidad colectiva del Estado hacia un servicio de salud de amplio alcance (comprehensive), el que debe estar disponible para toda la población de manera gratuita en el lugar de acceso”. Nuestros neoliberales dirán: horror y, además, impagable. Ocurre que el sistema británico induce un gasto en salud de un 8% del PIB, contra un 15% en Estados Unidos, en el que reinaba, hasta la reciente reforma de Obama, la ley de la selva del mercado. De modo que establecer una “responsabilidad colectiva del Estado en salud” es legítimo y definitivamente moderno, mediante entre otras cosas su financiamiento a través de impuestos, como ya ocurre ampliamente con la salud pública en Chile, e incluso disminuyendo las cotizaciones de los pensionados por el Estado, cuando las pensiones son, como sabemos, muy bajas. Lo que pasa es que esto obliga a pensar en otras fuentes de financiamiento para ésta y otras tareas públicas, especialmente si consideramos que las cotizaciones salariales o sobre pensiones son regresivas dado que no consideran los ingresos sobre el capital, lo que siempre resulta enojoso para nuestros neoliberales, que por sobre todas las cosas siempre quieren un Estado pequeño, aunque sea a costa del bienestar de las mayorías y de la mantención de desigualdades inaceptables. Y siempre en nombre de "la ciencia", claro, en vez de sus propias opciones y juicios de valor.

La tarea de la oposición: repensar una visión de Chile

2011-04-04T16:52:00.002-03:00

El gobierno de derecha va mostrando signos de desgaste, propios de los intereses que representa y de un ejercicio individualista del poder que, al parecer, empieza a ahogar hasta a su propia coalición. La oposición debe ahora proponerse volver a ser alternativa sobre la base de rediscutir con los ciudadanos su visión de país, no pontificando sino con diálogo y cultivando la diversidad que le es propia, la que no solo no le debe impedir actuar en conjunto sino ser parte de su visión de Chile como país plural.
La izquierda progresista debe proponerse, por su parte, fundar un nuevo proyecto de transformación democrática e igualitaria en las condiciones del Chile actual que sea una auténtica mejoría respecto al modelo de capitalismo neoliberal instaurado después de 1973 y que ahora se propone remozar en nuevas condiciones el gobierno de Piñera. Y también respecto a los cambios realizados en los 20 años de Concertación. A pesar de innegables avances, esta no logró plasmar instituciones cabalmente democráticas (en ninguna democracia la minoría tiene un poder de veto como en Chile, lo que anula la soberanía popular), disminuir las desigualdades de ingresos y de oportunidades ni consagrar un Estado Democrático y Social de Derecho propiamente tal. Lo que en su momento fueron limitaciones propias de una transición pactada, que debían ser superadas en base a un proceso de acumulación de fuerzas y de persistente pedagogía política, se transformó en acomodo descarnado frente a la democracia restringida que concibió la derecha autoritaria al amparo de la dictadura militar y luego logró mantener en diversos aspectos mediante su veto a cambios constitucionales y de régimen electoral suficientes después de 1990. Esa victoria institucional, fruto de una debilidad de la convicción política y de la reconversión de algunos a la religión de los consensos e incluso en “agentes del mercado”, permitió a la derecha cautelar un poder económico cada vez más concentrado, solo compensado por contrapesos regulatorios y de política social importantes y que deben ser defendidos con energía, pero magros frente al objetivo de avanzar hacia una democracia social en forma.
La nueva democracia a construir debe ser el espacio y límite de la acción en favor de los derechos de los que viven de su trabajo, de los derechos de la mujer, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente, así como de los derechos de las minorías sexuales. Esta democracia debe ser participativa, con una fuerte democracia local y regional, en una sociedad pluralista en la que se cultive la tolerancia de las ideas ajenas y se respete las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición, con ciudadanos informados -que tengan a su disposición medios de comunicación plurales- llamados a dirimir periódicamente las opciones e intereses presentes en la sociedad en base al principio de mayoría y de respeto de las minorías. Toda izquierda auténtica es contraria a la dominación burocrática y a la hipertrofia del Estado y defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo y jamás se niega al diálogo con los propios, con los cercanos y, en determinados casos, especialmente para discutir reglas del juego democrático, incluso con los adversarios.
La visión de la izquierda moderna debe afirmar, frente a los que hicieron de necesidad virtud, que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder y de control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. El parlamento debe fortalecerse y componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías, que represente a las minorías políticas significativas y que consagre un mecanismo de primarias para la selección de candidatos en los partidos y coaliciones. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias heredadas para dejar atrás el sistema de acuerdos entre las directivas partidarias para repartirse el poder (más allá de las intenciones individuales de los dirigentes: el que esto escribe puede dar testimonio al respecto), de empate y negación de la soberanía popular y de sus opciones mayoritarias. Esto ha sido una fuente de parálisis política que ha anulado la agenda de transformaciones sociales y culturales de la izquierda y de alejamiento de la opinión pública de la que debiera ser su principal institución representativa, el parlamento. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores y empleadores para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.
Como parte del avance progresivo a una democracia participativa y descentralizada, una nueva Constitución debe reconocer que el espacio institucional regional y local debe robustecerse para obtener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales.
La visión de izquierda moderna no puede seguir sometiéndose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos, entre los cuales está el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece más allá de sus opciones individuales en tanto no dañen a otros. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia social, sexual, de género y condición étnica no debe de aquí en adelante ser subordinado al juego de las alianzas políticas con el centro conservador y sus vetos arbitrarios.
La izquierda moderna que ahora debe emerger debe dejar de someterse a las ideas neoliberales. Debe cesar de ser una mera defensora vergonzante de la economía de mercado, a la que algunos se han arrimado por un pragmatismo inaceptable. Nadie con convicciones de izquierda, por tenues que estas sean, es partidario de la economía de libre mercado: esa es simplemente una contradicción en los términos. Ha habido una izquierda centralizadora y burocrática: ha sido condenada por la historia. Las izquierdas democráticas han promovido una economía mixta, con un rol productor y regulador del Estado más allá de los mercados, y deben seguir haciéndolo con una visión moderna y universalista. La derecha es la que defiende el capitalismo (entendido como el dominio concentrado del poder económico sobre la sociedad y la política) y promueve políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general a través de la mercantilización generalizada de la vida colectiva, en la que termina prevaleciendo el más fuerte. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y también el progresismo de centro que defiende la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. Los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada.
Para la oposición, reafirmar valores, contrastarlos lealmente cunado estos difieren y reconstruir una visión de un Chile plural es una de las tareas prioritarias para que el actual gobierno sea un paréntesis. Pero un paréntesis entre una larga transición imperfecta y un nuevo proceso de acelerado avance hacia una democracia social moderna. Volver a más de lo mismo no debiera tener sentido para nadie.

De Página 12

2011-03-22T00:21:00.000-03:00

¿Días que cambiaron el mundo?

2011-03-19T19:53:00.004-03:00

Los acontecimientos de los últimos días probablemente cambiaron bastantes cosas en el mundo. El retorno de las revoluciones populares, en este caso en el mundo árabe, se ha acompañado de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que un tirano desequilibrado que lleva cuarenta años en el poder siga disparando contra sus ciudadanos rebeldes y siga retomando ciudades insurrectas a sangre y fuego. La decisión de la ONU es un hecho inédito que llama al optimismo, con el compromiso de no invadir pero si de evitar más sufrimientos al pueblo libio. Cuenta con el apoyo de la Liga Árabe y los países africanos y la abstención de Rusia y China, que es una luz verde. Esto genera obligaciones nuevas para el mayor poder militar, el del occidente desarrollado, que está ahora llamado a detener una matanza de civiles y no a ampliar sus áreas de influencia y dominio en base al uso unilateral de la fuerza. Queremos creer que se perfila un orden internacional no solo basado en intereses, sino uno que también es capaz de defender a seres humanos que luchan por sus derechos básicos. Ya hubiéramos querido algo así en 1973 los chilenos que vimos con impotencia como se bombardeaba el palacio presidencial y se iniciaba una masacre con el apoyo de los Estados Unidos de Nixon, potencia que parece hacer esfuerzos, con Obama, por encarnar otros valores que los de “los colmillos y los dólares” de que nos hablaba Cortázar.
Y hemos visto la desgracia japonesa, un año después de la nuestra pero con muchas más pérdidas humanas, cuando la tierra se manifiesta y pone en evidencia nuestras fragilidades y cegueras. La advertencia es fuerte: las sociedades humanas deben hacer caso a los signos de la naturaleza. No es razonable juntar en un mismo lugar la furia recurrente de la tierra con una energía que en determinadas circunstancias, algunas previsibles y otras siempre imponderables (tengamos la humildad de reconocerlo), se puede descontrolar, por sofisticados que sean los modernos sistemas de manejo de la fisión nuclear. La central japonesa, situada a menos de 300 kilómetros de Tokio, aunque antigua era considerada extremadamente segura. El comportamiento del pueblo japonés ha sido ejemplar y el de su gobierno bastante sobrio y serio frente a la magnitud de la catástrofe, pero convengamos que mantener seis reactores nucleares al borde del mar, expuestos a un tsunami que lo primero que provocó fue inutilizar los sistemas de refrigeración, y no calcular la seguridad para un sismo de 9 grados Richter, es un inexcusable error. Y una demostración más que un pueblo y sus dirigentes pueden protagonizar por décadas un milagro económico y tecnológico notable y al mismo tiempo tomar pésimas decisiones. Lo fue entregarse a la tecnocracia y a corporaciones solo movidas por el lucro como Tepco, que ya había minimizado en el pasado reciente accidentes en sus plantas.
Sorprende, además, cuan profunda puede ser en nuestro país la negación frente a la evidencia. Empezando por un ministro Golborne que lo primero que hace al conocer el terremoto en Japón es poner en twitter unas frases que delatan sobre la marcha su defensa acrítica de la opción nuclear, sin siquiera saber que está pasando, para ante la magnitud del problema luego decir que este gobierno no ha tomado ni tomará decisión en materia de energía nuclear. Como si no estuviera encaminado a instalar en Chile reactores nucleares, como ha revelado la empresa Suez, y el acuerdo de colaboración nuclear con el gobierno de los Estados Unidos, que se entiende no se hace por deporte, aunque se firme casi a escondidas. Esto no le impide a Golborne volver a la carga con aquello de que Chile no puede tener una “visión medieval”. Hay quienes agregan que toda tecnología, como los aviones y los autos, tienen riesgos, olvidando que aquellos son riesgos individuales, mientras este es colectivo, internacional e intergeneracional. Y no falta el argumento de que ahora no hay que discutir “en caliente”, sino más adelante, cuando en realidad se debe razonar fundadamente precisamente haciéndose cargo de los hechos, por recientes que sean. Otra expresión del síntoma: un físico de nombre Claudio Tenreiro dijo a una semana de la catástrofe que aún no se tiene antecedentes claros sobre la crisis de Fukushima. Está clarísimo que hay una grave emergencia nuclear, pero en fin, aceptemos extremar el método científico que consiste en conluir solo en base a evidencia probada y refutable. Pero no tiene problemas en agregar, con fe de carbonero y sin mayor análisis: “este tipo de energía tiene cabida a largo plazo en nuestro país”. Sin comentarios. Como para integrarlo de inmediato a una comisión científica criolla, de esas que siempre concluyen que faltan antecedentes para lo que no me gusta y sobran para lo que me gusta. Se olvida, claro, que en democracia los gustos los definen los ciudadanos.
En enero pasado me tocó participar en un panel de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas con el físico Jorge Zanelli. Me di cuenta, con sorpresa, que quien se declaraba “objetivo y racional” en el encargo recibido por el anterior gobierno de evaluar la energía nuclear, en realidad era un acérrimo promotor de ella, que descartaba los problemas de esta opción no abordándolos para evaluarlos sino recurriendo al viejo método de caricaturizar los argumentos contrarios para de ese modo refutarlos. Ejemplos:si llegan a explotar, los reactores no lo hacen como bombas atómicas; los desechos radioactivos no perduran en esa condición millones de años sino solo trescientos; los dañados en Chernobil no fueron tantos, y así por delante.
En esa ocasión, argumenté como muchos que recelan tanto de los dogmas y de los temores primarios como de la defensa ilustrada de intereses terrenales, para sostener que Chile debe oponerse al lobby nuclear de norteamericanos, franceses y rusos - o de quien sea- pues su condición sísmica y su cultura de gestión no siempre rigurosa acentúan peligros de accidente que están lejos de ser iguales a cero. Existen eventuales descontroles de los reactores que pueden provocar emisiones radioactivas letales y graves;. El uso de combustible de uranio o plutonio, disponible solo por unas décadas más, nos pone frente a nuevas dependencias y frente a la grave responsabilidad de disponer de desechos radioactivos que se traslada a las nuevas generaciones, sin que estas obviamente puedan opinar;. La energía nuclear siempre se mezcla con el riesgo de la proliferación con fines militares, se quiera o no se quiera, especialmente por estos lados. Considero, en suma, y con mayor razón después de lo de Japón, que debe aplicarse el principio de precaución en un caso en el que tenemos alternativas disponibles. La reducción de la huella de carbono tiene otras opciones distintas a la nuclear en Chile: la hidroelectricidad sustentable, la energía solar, eólica y mareomotriz. El cuestionamiento de la civilización del hiperconsumo, válido, puede tener una versión minimalista eficaz de eficiencia energética que hay que explorar a fondo.
¿Será razonable insistir en una energía bastante cara, obsoleta y peligrosa, como si no tuviéramos ríos, radiación solar, viento y volcanes de modo privilegiado? Los costos de desarrollo de las energías no convencionales son altos pero van disminuyendo y tenemos la gran oportunidad de invitar a nuestros jóvenes científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores a ser parte de una nueva aventura tecnológica, pero amigable con la tierra en que vivimos y respetuosa con las nuevas generaciones.

Polémicas de fin de año

2010-12-31T14:27:00.002-03:00

Termina el 2010, año difícil para los que nos situamos en la izquierda del espectro político. No se termina de asumir un cierre de ciclo histórico fruto de una derrota política grave. No emergen aún nuevas perspectivas. El desconcierto se profundiza. Ahora Camilo Escalona toma pretexto de unas memorias de Carlos Altamirano para cambiar de cancha, referirse a 1973 y esquivar el debate sobre las responsabilidades de hoy. Todo esto en nombre del pueblo y de la responsabilidad. Como se trata de dos temas muy importantes, me permito comentarlos, con la esperanza, que sabemos es lo último que se pierde, de no contribuir a las animosidades personales sino a debatir ideas y que 2011 sea el inicio de la recuperación del hoy oscurecido proyecto libertario e igualitario de la izquierda en Chile. Esa es la contribución que a lo mejor muchos de nosotros podemos hacerle al país y a los que observan probablemente desconcertados la acritud de las polémicas en curso y a los que pedimos excusas de antemano.
Primero tratemos de despejar el clima intelectual. Se puede opinar una u otra cosa de las afirmaciones de otros, eso es legítimo y alimenta la esfera pública si se hace razonadamente. Se puede ser irónico o rudo, cada uno con su estilo. Pero otra cosa es el despliegue de adjetivos descalificadores como los de Escalona al referirse a Altamirano (“arrebatos de supuesta figura universal”, “exégeta de un proceso frustrado”, “visceralidad”, “desesperación iracunda”, “llamado cerril”, “jugar a la revolución”, “azuzar la bestia para que sus dentelladas liquiden los avances sociales”, “arrastrar al sacrificio a tantos”, y me ahorro varios), que es siempre muestra de una impotencia de quien lo practica. Y otra cosa más grave es pretender tomarse para debatir el nombre del pueblo, al atribuirle al interlocutor un “profundo desprecio por lo popular”, cuando en realidad este está manifestando un desprecio por Escalona, lo que es otra cosa. Es frecuente que quien insinúa hablar a nombre del pueblo suele esconder un afán de poder ilegítimo procurando dotarse de una legitimidad basada en una dicotomía pueblo-élites. Uno podría simplemente ironizar, en este caso, con los pésimos números de Escalona en la encuesta CEP de fin de año, que lo ponen en lo más bajo de la escala de la popularidad y en lo más alto del rechazo “del pueblo”, y desde luego entre los adherentes a la centroizquierda.
Pero el discernimiento deliberativo no tiene como vara de medir los sondeos de opinión ni la popularidad, que es lo que más molesta a Escalona de los argumentos de Altamirano sobre las carencias de los proyectos de las izquierdas latinoamericanas actuales. Los argumentos son o no válidos, son o no pertinentes de acuerdo a determinados parámetros: esa es su vara de medir. Recordemos que la clase obrera alemana en un momento apoyó mayoritariamente a los nazis, lo que no honra a la primera ni hace a los segundos menos deleznables. En suma, el que no está de acuerdo con Altamirano, que lo diga y lo argumente. Pero sin insultar y en nombre propio, no del pueblo. El pueblo, la clase obrera, los trabajadores, no son el sujeto universal de ninguna emancipación, no son buenos ni malos, su conducta, cuando llegan a constituirse en sujetos colectivos, es fruto de circunstancias históricas y puede sustentar unos u otros proyectos colectivos. Y no tienen representantes predeterminados en la tierra, hayan nacido donde hayan nacido, que habilite a la descalificación del otro por su origen social, sea cual este sea, que viene siendo exactamente el grado cero de la inteligencia.
Los proyectos colectivos son los que en definitiva tienen o no sentido desde el punto de vista de la conformación del poder en la sociedad. Desde la perspectiva de un proyecto socialista, democrático y progresista (porque hay desgraciadamente socialistas no democráticos y conservadores, cuyo proyecto se remite a alcanzar el máximo de poder burocrático), se trata de organizar el sistema político y la economía de modo que prevalezcan los valores de libertad y emancipación humana, los intereses de las mayorías desposeídas de riqueza y de poder y el respeto por la tierra que nos cobija. La tarea de la política socialista es construir una alianza histórica de las clases medias, de los trabajadores y de los excluidos contra el predominio de los poderes económicos, estatales y religiosos arbitrarios. Ese proyecto es bien distinto del que se basa en dictaminar el bien y el mal en nombre del pueblo. Recordemos que ese fue el método de represión de las ideas de los terribles totalitarismos del siglo 20, que compartieron el odio a los intelectuales y a la cultura como uno de sus fundamentos. El orden soviético, que Escalona conoció de cerca, se sustentó en la identificación policial de disidencias y su catalogación como “enemigos del pueblo”. Los que no queremos nunca más muros de Berlín repudiamos las reemergencias nostálgicas de ese método y esperamos no verlo más por estos lados, y especialmente cuando se trata de figuras polémicas, honestas y que forman parte de nuestra historia como Altamirano.

Segundo, juzgar a los individuos por su “responsabilidad” o “irresponsabilidad” en los procesos históricos es prolongar el modelo de los “amigos y enemigos del pueblo”. No es honesto plantear una discrepancia política en base a una dicotomía responsables-irresponsables, cuyo único resultado es azuzar la descalificación personal. Se puede también ironizar en este caso con las “irresponsabilidades” de Escalona, como haber sido parte del quiebre de la organización de los estudiantes secundarios; o de un intento de subordinación del socialismo chileno a la órbita soviética y de la RDA, que lo llevó incluso a una defensa de la dictadura de Videla que algunos argentinos de izquierda aún recuerdan; o de diseños militaristas cuando se debía consolidar las vías de salida política a la dictadura; o de haber planteado una candidatura presidencial distinta de la unitaria con la DC en 1989; o de haber decidido un vuelco hacia la “respetabilidad” con los poderes fácticos, aprobando la privatización de las sanitarias en el gobierno de Frei, aprobando más tarde el financiamiento de la política por las empresas, aliándose con los economistas neoliberales, abriendo una crisis interna a meses de la elección presidencial de Michelle Bachelet, estableciéndose como el monopolio excluyente de los apoyos a la presidenta, procurando destruir la figura de Ricardo Lagos, impidiendo primarias reales en la Concertación, constituyéndose en un factor de grave confrontación en la elección de 2009, negándose a todo balance de la derrota que no sea atribuírsela a Marco Enríquez-Ominami (otro” enemigo del pueblo”), pactando con Piñera un royalty minero vergonzoso para el partido de Allende, ayudando a la división opositora y del sindicalismo en el tema del reajuste de fin de año y así sucesivamente. Esas no son “irresponsabilidades”, como tampoco lo fue la acción política de Altamirano. Se trata de conductas políticas con las que se puede o no estar de acuerdo. Queda claro que yo no lo estoy y que los que no lo estamos somos minoría en el PS, lo que constatamos sin queja, pues así lo han decidido las bases socialistas, que tienen los dirigentes que eligen y por tanto se merecen. Y que eso no nos impedirá seguir, en tanto no seamos puestos en la categoría de “enemigos del pueblo”, manifestando nuestra opinión y procurando construir una alternativa a la actual conducción que tan bajo ha hecho descender al socialismo chileno, o lo que queda de él, y de paso afectado gravemente al progresismo y contribuido a la crisis de la concertación. Esta no es hoy una oposición a nada sustancial y está hoy solo concebida como paraguas de poder, carente de todo programa, lo que hunde a esta coalición en una condición cada vez más minoritaria.
Así, la conducta política responsable no es meramente individual y no se da en el aire: es aquella que articula la mayor fuerza social y política posible alrededor de un proyecto con objetivos precisos y sustentable en el tiempo y que resuelve los imperativos de la contingencia sin poner en peligro los objetivos de largo plazo, proceso en el cual por supuesto se cometen errores, porque la dirección política es cualquier cosa menos una ciencia exacta, y se debe ser capaz de discernir sobre ellos permitiendo la deliberación y la discrepancia que renuevan la capacidad de actuar. Ojalá el 2011 nos reencamine en esa perspectiva.

Perfilando alternativas

2010-12-08T00:49:00.004-03:00

En un sistema democrático normal, los que gobiernan lo hacen con una oposición (o varias) que los fiscaliza y que perfila alternativas. No hay nada de dramático en ello, al revés, dinamiza la vida política y le da sentido y significación a la posibilidad de contrastar opciones y periódicamente decidirse por alguna de ellas de manera más o menos informada. La esfera pública debe estar estructurada con instituciones creíbles y de calidad. De lo contrario los ciudadanos se alejan cada día más de ella y se refugian en su esfera privada cotidiana, debilitando la democracia y permitiendo el dominio de las oligarquías que se apropian de los diversos resortes de poder.

Los que conduden a la oposición parlamentaria en el Chile de hoy se empecinan, sorprendentemente, en no querer discutir ni perfilar alternativas. Y además, esperemos que vanamente, procuran bloquear toda iniciativa que rompa con la inercia conservadora, con una arrogancia por demás peculiar para quienes son responsables de una severa derrota. Lo sensato parece ser otra cosa: oponerse a la defensa de los intereses de los poderosos que es propia del actual gobierno, junto al permanente debilitamiento de lo público, y para ello discutir y proponer alternativas programáticas y trabajar por reconquistar de ese modo la confianza de los ciudadanos.
Ahora que se retoma un mejor ritmo de crecimiento ¿debe el país mantener una regulación laboral en la que todos pierden, pues es lesiva para los trabajadores e impide además que las empresas formen a sus capacidades humanas con perspectiva de largo plazo?

¿Tiene sentido optar por la energía nuclear, cara y que genera nuevas dependencias después de la amarga experiencia con el gas natural? ¿O debe combinarse el inevitable uso de hidrocarburos con un cada vez mayor caudal de energías renovables, también caras hoy, pero que irán bajando su costo y respecto a las que Chile tiene un enorme potencial futuro?

¿Debe aceptarse sin chistar cambios que empobrecen el curriculum escolar y persisten en profundizar el gigantesco error de haber municipalizado la educación pública, cuyo fin último era y ha sido mercantilizar este espacio indispensable de constitución de la identidad republicana de la Nación? ¿Debe recomponerse o no la educación pública, dirigida por un Ministerio de Educación modernizado y competetente y gestionada por el nivel regional, con escuelas efectivas que cuenten con medios mucho mayores y con capacidad de motivar y movilizar al profesorado? ¿No habrá llegado la hora de responsabilizar a todos por los desempeños y de seleccionar a los profesores por su capacidad, con procedimientos objetivos y respetando sus derechos, y no solo a un 5%, como si no importara que el 95% restante no cumpliese eventualmente con sus deberes?

¿No habrá llegado la hora de eliminar la "propiedad" que las Isapres estiman ilegítimamente tener sobre las cotizaciones obligatorias de salud que logran reunir, con un resultado de cobertura mediocre frente a muchos eventos -con excepción del plan AUGE-GES- y sin acento en la prevención? ¿No es ya tiempo de establecer un sistema de seguridad social en salud en el que los riesgos de enfermar se compartan en un fondo único de cotizaciones obligatorias, y de paso se contengan los costos crecientes propios de una salud privada mercantil? ¿Debe optarse por fortalecer el sector público y la salud primaria y preventiva o negarle recursos, generar colas y derivar las atenciones a precios mucho mayores a las clínicas privadas?

Como estos hay muchos otros temas de interés público y dilemas acuciantes, incluyendo el modo equitativo en que se pueda financiar cargas públicas crecientes propias de una sociedad moderna, haciendo además tributar las ganancias extraordinarias de nuestros recursos naturales, como corresponde a una sociedad bien organizada y capaz de canalizar los frutos de la riqueza no renovable hacia inversiones productivas y sociales que aceleren nuestro acceso a un desarrollo humano equitativo.

De paso los ciudadanos, o al menos una parte de ellos, con toda razón se preguntarán porqué los que planteamos estas cosas no las concretamos durante los veinte años en que nos entregaron su confianza para gobernar. Esta pregunta no se puede esquivar sin más. El que así lo pretenda deberá cosechar lo que siembra: simplemente la prolongación de la pérdida de confianza ciudadana. Cabe buscar respuestas razonadas y serenas. En efecto, los que tuvimos responsabilidades pasadas debemos dar cuenta de qué cosas no quisimos hacer, no supimos hacer o no pudimos hacer. En abordar derechamente estos temas, en lo que naturalmente habrá sana controversia, no hay dolo ni flagelación, simplemente hay un sentido de responsabilidad democrática frente a quienes nos dieron su confianza por dos décadas. Y uno tiene la sospecha que lo mínimo que piden para renovársela eventualmente a los que siguen en política de primer plano es al menos dar cuenta de las acciones realizadas y no realizadas. Este proceso supone una actitud de veracidad que algunos columnistas de la plaza catalogan como impropia de la política, como si ésta, al menos en su versión democrática, no necesitara fundamentos éticos y no ser relegada a la mera lucha por el poder. Esa lucha por el poder sin límites que tan bien encarna la derecha, pero que en ocasiones también involucra a los que perdieron recientemente el poder gubernamental y no quieren debatir ni sobre sus causas, ni sobre sus promesas de futuro ni acerca de como ampliar su convocatoria. Cuatro presidentes de partido para repartirse un poder inexistente, relegado al 30% de la preferencias: lo que ha devenido la concertación, y que a muchos de sus creadores nos entristece, no parece una perspectiva muy atractiva. ¿No sería mejor pensar en un reencuentro con los ciudadanos, y no con un mítico y en muchos sentidos inexistente centro político (al menos en su versión propia de la guerra fría, hoy reciclada en un apego a ortodoxias religiosas que no son aceptables para el resto de los ciudadanos)? ¿No habrá llegado ya estas a estas alturas la hora de debatir, pensar, crear nuevas opciones alternativas a un gobierno que ya agota su novedad y que expresa cada día los límites propios de su ideología cerrada, apegada a los intereses oligárquicos que representay al conservadurismo cultural? ¿No será, como siempre y con los valores igualitarios y libertarios de siempre, la hora de sustituir las quejas y las actitudes defensivas para ponerse en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos, con buenas ideas y mejores proyectos de futuro?

Una oposición inexistente

2010-11-27T17:53:00.003-03:00

Al cabo de tres trimestres de ejercicio de gobierno de Sebastián Piñera, evaluar la situación de la oposición lleva a una primera conclusión: no existe. Por supuesto que hay significativas fuerzas políticas que no están gobernando, que representan más o menos a la mitad del país, pero parecen estar dedicadas a otras cosas, seguramente muy importantes. O a realizar tal o cual obstrucción parlamentaria intrascendente o a emitir alguna frase altisonante de vez o cuando, en ocasiones de gusto dudoso.
Por supuesto, oponerse al gobierno elegido en un régimen democrático no debe por ningún motivo buscar su derrumbe ni su obstrucción, sino visibilizar permanentemente una alternativa, ojalá con buen estilo, corrección republicana y credibilidad, a ser presentada a los ciudadanos cuando corresponda.
¿Existen razones para oponerse al gobierno de Sebastián Piñera, que fue legítimamente electo? Depende del punto de vista.
Si no se comparte, desde luego, su estilo, de frecuente manipulación mediática, en ocasiones con pocos límites éticos o estéticos, siempre desde la defensa de los poderosos, que con frecuencia nos deja mal en el exterior, dígase y actúese en consecuencia y acompáñeselo menos a giras y otras inauguraciones y en general no se pacte con el gobierno por el solo afán de salir en la foto y sentirse parte de "los que deciden".
Si no se comparte que Sebastián Piñera haya constituido un gobierno sobrecargado de conflictos de intereses desde el vértice del Estado, que se contradice con la idea misma de democracia cuya esencia es la lucha contra los privilegios sociales y del dinero, entonces cabe decirlo una y otra vez y proponer alternativas de regulación mucho más dura de los conflictos de interés, trabajar día a día el reequilibrio del ejecutivo y el parlamento para fiscalizarlos y ampliar la voz de los ciudadanos frente a las políticas públicas que están influidas por intereses económicos poderosos.
Si no se comparte la orientación de la política económica y social del gobierno, en especial su indiferencia frente a la oportunidad desperdiciada de que los chilenos, especialmente los de menos recursos, se beneficien de los altos precios del cobre en el próximo quinquenio, entonces no se vote su propuesta de "royalty", que deja en manos de la minería privada recursos inmensos que no le pertenecen.
Si no se comparte la total discrecionalidad gubernamental frente a los funcionarios contratados, que da y dará lugar a persecuciones políticas, entonces no se apruebe o condiciónese con firmeza y transparencia la aprobación de las partes pertinentes del presupuesto y refuércese la carrera funcioanaria basada en el mérito en vez del "ahora me toca a mi".
A la inversa, habrá quienes, habiendo sido parte de los anteriores gobiernos, nunca quisieron transformar ciertas cosas porque tienen una concepción bastante similar a Piñera de las políticas públicas, es decir neoliberal, y muy respetablemente concuerdan en cosas básicas con el gobierno actual. En este caso sería bueno saberlo para transparentar la situación tal cual es y no seguir en el juego de que este no se junte con el otro porque me arrincona, lo cual no le interesa francamente a nadie, y de paso le vamos aprobando esto y aquello al gobierno de Piñera. Y, claro está, no permitiendo estructurar una oposición desde la izquierda, desde el centro, y en todo caso progresista y amplia que el país y su historia se merecen. A la brevedad.

La hora de agradecer

2010-11-05T12:55:00.005-03:00

Ocurrió lo que no tenía que ocurrir en el más importante, como dijo alguien, de los temas menos importantes: el fútbol. En vez de prolongar una experiencia exitosa, son reemplazados los que lo han hecho bien en la ANFP y la selección nacional. Y que además lograron sus éxitos con gran estilo. Si no entiendo mal lo expresado por Harold Mayne-Nicholls, fueron destronados por el poder político actual -que parece haber intervenido directamente para “sacarse una piedra del zapato”- y por el poder económico de los dueños de las tres principales sociedades anónimas deportivas. En el caso del poder gubernamental, se trata de resarcirse de la falta de incondicionalidad y de una cierta sana irreverencia de los defenestrados que no les resultaba tolerable a los acostumbrados a mandar y a ser obedecidos y adulados. En el caso de los dueños de los tres clubes grandes, parece ser que van por rentabilidades de corto plazo que hasta ahora no han obtenido, procurando llevarse una mayor porción de las utilidades televisivas del fútbol nacional. En detrimento, claro está, de una competencia que agravará su carácter manifiestamente desigual en la capacidad económica de los equipos. Tendremos fútbol chileno aburrido para rato. (¿Sabe usted, de paso, que en la NBA existen límites a la contratación de estrellas justamente para que no se resienta la competencia?).
Decantadas las anécdotas del episodio, impacta que en un área de la vida que es básicamente de fervor y adhesión desinteresada también se imponga fríamente la lógica de los intereses particulares Y que de nuevo aparezcan algunos que vienen de otras tradiciones pero que están hoy al servicio de los que más tienen pues padecen, al menos, de una irrefrenable necesidad de reconocimiento de los poderosos. Y que se haya practicado una vez más el conocido método de la promesa de posiciones de influencia con la que los factores de poder logran adhesiones de los más débiles. Con traiciones, engaños y falta a la palabra empeñada incluidas (tema que he conocido de cerca en política...).
El impacto y la decepción que hemos observado en estas horas probablemente se explican porque muchas personas se dicen: no en este tema, no en esta actividad, que es de las pocas que puede unirnos o permitir una competencia lúdica y no destructiva en buena lid.
Sebastián Piñera, que había acumulado un caudal de popularidad después del rescate de los mineros, aparece ahora sin matices como la perfecta conjunción entre el poder político y el poder económico que efectivamente es. Es un caso inédito en Chile de presidente que es además dueño del principal equipo de fútbol del país, propiedad que no quiso vender. Difícilmente convencerá a nadie de su prescindencia en este acto que tiene todos los rasgos de una revancha lisa y llana. Y es además el presidente que dijo que su sello sería hacer las cosas bien, y que a la primera en que los que hacen las cosas manifiestamente bien no son de su agrado, interviene junto a miembros de su gobierno, si hemos de creerle a diversos testimonios, para desbancarlos.
Y unas palabras para Bielsa: nos regaló por el tiempo que se pudo su combinación admirable de pasión y capacidad, amor por lo que hace y esfuerzo por hacerlo bien, irreverencia y seriedad, exigencia y capacidad de pedir perdón, mucho trabajo y capacidad de reírse, de reirse en primer lugar de sí mismo. Gracias Bielsa por el aire fresco que trajiste a Chile, hasta la próxima, ojalá.

Lo que otros hacen y Chile no hace

2010-11-01T17:31:00.002-03:00

Llevar a Chile al desarrollo es un desafío formidable. No es imposible y ya se ha avanzado mucho. Supone tomar opciones en el campo político y en el económico-social. Entre esas opciones está el modelo energético a adoptar. Ya hemos argumentado que debemos restringir en el futuro la carbonización de nuestra matriz energética y explorar nuevas opciones de punta distintas de la nuclear, cara, peligrosa y que crea nuevas dependencias.
Desde el Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago hemos destacado que diversos países desarrollados avanzan en nuevas fuentes como la energía solar, especialmente la termosolar. Se trata de una tecnología cuya aplicación comercial es relativamente reciente y que presenta diferencias sustanciales respecto de la tecnología fotovoltaica, que es una forma de obtención de energía eléctrica a través de paneles formados por dispositivos semiconductores que, al recibir radiación solar, provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. Esta ha sido una modalidad presente en casi toda Europa (con paneles solares instalados en techos de casas y construcciones o bien agrupados en granjas solares) y que ha sido fuertemente utilizada en Alemania, con un alto costo en subsidios públicos en el caso de un país con un clima que no es el más apto. En cambio, en entornos aislados, de mayor exposición solar, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa económicamente viable.
La tecnología termosolar, en cambio, funciona concentrando la radiación solar a través de espejos en un foco receptor situado en lo alto de una torre o bien a través de espejos semicirculares que concentran el sol hacia cañerías de baja altura (tecnología cilindro-parabólica), por el interior de las cuales circula un fluido (aceite sintético que alcanza temperaturas de entre 400 y 800 grados centígrados) que a su vez calienta circuitos de agua. En ambos casos se produce vapor que hace girar un conjunto turbina-alternador. Este sistema presenta un rendimiento superior al de las plantas fotovoltaicas, ya que duplica las horas de funcionamiento. No obstante, requiere para su continuidad de operación del apoyo -en proporción de 12-15%- de alguna fuente energética convencional, habitualmente gas natural. Las plantas termosolares son mucho más grandes que las de sus hermanas fotovoltaicas, con un mínimo de potencia de 50 MW. Es una tecnología aún cara pero prometedora en tanto va disminuyendo sus curvas de costos unitarios con la investigación y desarrollo tecnológico en curso. Posee además una particularidad: la energía producida puede almacenarse en dispositivos con nitratos que retienen el calor durante parte de la noche. No se pierde, como le ocurre a la energía eólica, puede asegurar un abastecimiento continuo y responder a puntas de consumo.
En el mundo desarrollado se trabaja con un enfoque de largo plazo en el uso de la energía termosolar y se crean nuevos proyectos que implicarán un importante salto en su experimentación y explotación comercial. En España, el subsidio anual a la energía solar supera los mil millones de dólares. España se ha convertido en el país del mundo con mayor potencia termosolar instalada al alcanzar en 2010 432 megavatios (MW). Le sigue de cerca Estados Unidos, cuya potencia se sitúa en 422 MW. El parque energético termosolar español incluye once centrales en funcionamiento y cerca de 20 instalaciones en construcción, que podrían alcanzar una potencia cercana a 2.500 MW en 2013. La inversión realizada por las empresas para la puesta en marcha de centrales termosolares asciende ya a cerca de 2.500 millones de euros y rondará los 15.000 millones acumulados en 2013. El sector termosolar asegura tener capacidad tecnológica para llegar en 2020 a los 10.000 MW, una cifra cercana a la actual producción de electricidad anual en Chile.
Estados Unidos con Obama, y tras la catástrofe ecológica del Golfo de México, ha hecho una apuesta por las energías renovables. Ese país cuenta ya con las plantas SEGS (354 MW), la planta Nevada Solar 1 (60 MW) y con las plantas instaladas en Kimberlina (5 MW), Lancaster (5 MW) y Maricopa (1,5 MW). En agosto y septiembre de 2010, la California Energy Commission aprobó la construcción de los proyectos Beacon Solar, Abengoa Solar de Mojave y sobre todo el Blythe Solar Power Project, que con 1 000 MW de capacidad en cuatro plantas será la instalación de energía termosolar más grande del mundo. Dos de las plantas comenzarán su construcción antes del fin de 2010, para ser conectadas a la red en 2013 y 2014, con un costo de más de mil millones de dólares por planta. Su financiamiento incluye subsidios y garantías gubernamentales de créditos. California estableció la obligación para las generadoras de proveer al menos un tercio de la electricidad desde fuentes de energías renovables en 2020.
Desde 2007, el sector termosolar ha ampliado su alcance geográfico. Australia y Marruecos han comenzado nuevas centrales y otros países tienen proyectos avanzados, como China, Israel, Argelia, Egipto y Dubai.
Un consorcio alemán de empresas del sector energético (Siemens, E.On y RWE, bajo la égida del reasegurador Munich Re y la participación de Deutsche Bank) trabaja desde octubre de 2009 en un megaproyecto para abastecer a Europa, a partir de diez años más, de una electricidad especial: la generada por plantas termosolares en el desierto del Sahara. Esta transitará por líneas de alta tensión hasta el continente europeo. Se trata de lo que será el mayor parque generador de energías renovables del mundo, denominado Desertec Industrial Initiative, y que podría llegar a cubrir hasta un 15% de la demanda eléctrica europea en 2050 y dos tercios de la del Norte de África y el Medio Oriente, con 20 gigavatios (GW) para 2020 y 100 GW para 2050. El cálculo subyacente considera que en solo seis horas los desiertos reciben más energía solar que la que consume toda la humanidad en un año y que si en el del Sahara se aprovechara un terreno del tamaño de 300 kilómetros cuadrados se produciría electricidad para abastecer teóricamente al mundo entero. En este desierto el índice de radiación solar es de hasta 2 700 kWh por metro cuadrado. En el desierto de Atacama alcanza hasta 3 000 kWh por metro cuadrado. En Alemania han surgido voces que se preguntan si el monumental presupuesto que se proyecta (unos 570 mil millones de dólares de aquí a 2050) va a detraer inversiones y ayudas para otras tecnologías como la instalación de paneles fotovoltaicos sobre tejados. Desertec puntualiza que la inversión es a lo largo de 40 años, que servirá también para dotar de plantas desalinizadoras y que la mayoría del dinero procederá de la empresa privada, "aunque durante los diez o quince primeros años será necesario que las plantas termoeléctricas cuenten con una tarifa incentivada para competir con los combustibles fósiles". En la configuración del proyecto aparecen principalmente plantas termosolares en toda la franja árida que va de Marruecos a la península Arábiga, pero también parques eólicos en la costa atlántica del norte de África y en España, norte de Europa, Turquía y Mar Rojo; centrales hidroeléctricas en este último país, Marruecos y el valle del Nilo; y, a menor escala, instalaciones de biomasa, solar fotovoltaica y geotermia repartidas por el continente europeo.
Mientras, en Chile poco se avanza en la materia, aunque disponemos de una radiación privilegiada y de grandes posibilidades de desarrollo de las centrales hidráulicas de pasada. Como en tantos otros campos, se privilegia los intereses económicos particulares de corto plazo y no el interés de largo plazo del país. No se invierte en el futuro. Como para debatirlo.

Optar por la Energía Solar

2010-10-23T13:37:00.005-03:00

Chile enfrenta, como el resto del mundo, el desafío de evitar que la temperatura global suba a niveles potencialmente catastróficos en los próximos 50 años. Como subraya el Informe sobre el Desarrollo 2010 del Banco Mundial, “para no apartarse de los 2° C por encima de los niveles preindustriales —probablemente el mejor resultado que se puede lograr— se necesita una verdadera revolución en el sector de la energía, esto es, la difusión inmediata de las tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono ya disponibles y la eficiencia energética, acompañadas de cuantiosas inversiones en la próxima generación de tecnologías, sin las cuales no se puede lograr el crecimiento con bajos niveles de emisión de carbono.”
¿Puede un país de desarrollo intermedio como Chile permitirse apartarse de la lógica del mínimo costo en la producción de energía y plantearse un programa ambicioso de cambio de su matriz de producción de energía eléctrica, además de racionalizar el uso de combustibles, en beneficio de las fuentes que menos emiten carbono y otros gases con efecto invernadero a la atmósfera?
El hecho es que Chile ha sufrido un encarecimiento de la matriz de generación de electricidad a raíz de la respuesta regulatoria a los problemas de seguridad de abastecimiento luego de las restricciones de envío de gas natural argentino a partir de 2004. El resultado es que Chile reforzó su seguridad energética pero produce hoy una de las electricidades más caras del mundo, tanto a nivel de productor como de consumidor, perjudicando su competitividad y bienestar, y ha “carbonizado” aceleradamente su matriz energética con el incremento de la generación con los hidrocarburos más baratos y de abastecimiento más diversificado.
Otros países han encarecido su energía, pero a cambio de desarrollar las energías renovables no convencionales (ERNC). La ley 20.257 de 2008 estableció en Chile con éxito una obligación a las empresas de generar un mínimo de 5% de su oferta con estas energías, con un horizonte de 10% en 2024. Esta proporción ya alcanza un 8% en lo que va de 2010. Pero superado este umbral legal, ya no existe incentivo para invertir en los proyectos adicionales existentes por unos dos mil 500 millones de dólares en generación eólica, y por mil millones en centrales hidroeléctricas pequeñas.
La meta del gobierno de llegar a un 20% de generación eléctrica con ERNC en 2020 no se acompaña aún de políticas para alcanzarla. Aunque desde 2004 las centrales de menos de nueve megavatios (MW) no pagan por conectarse al sistema de transmisión troncal, y las centrales de hasta 20 MW pagan en forma parcial, con un límite de 5% de la potencia total del sistema, no se asegura un acceso permanente y a precios competitivos a la distribución de electricidad. Los sistemas de transmisión enfrentan además una carencia de inversiones suficientes para absorber una generación territorialmente menos concentrada. Las centrales hidroeléctricas de pasada y las primeras plantas eólicas en el norte chico son innovaciones importantes pero mantienen una magnitud pequeña y tienen un complicado acceso a la red. La cogeneración, el uso de biomasa y la geotermia no terminan de despegar, aunque el gobierno ha anunciado la licitación de 21 nuevas áreas de geotermia luego del fallido proyecto de El Tatio.
Un punto a favor es que Chile cuenta con una importante capacidad hidroeléctrica, la que no emite carbono. La capacidad instalada corresponde a un 40% de los 12.326 MW de la matriz eléctrica, pero con gran controversia respecto a los grandes proyectos hidroeléctricos en el sur que alteran los ecosistemas locales e interfieren miles de kilómetros con sus redes de transmisión. Las pequeñas centrales hidráulicas sólo representan cerca del 1% del total instalado, con 153 MW de aporte al Sistema Interconectado Central (SIC), 12,8 MW de aporte al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 20,7 MW de aporte al Sistema Interconectado de Aysén. Con respecto al potencial de la pequeña hidráulica en Chile, existe un catastro al año 2009 de más de 170 proyectos que suman más de 3.000 MW. Diversas proyecciones sitúan el potencial total de pequeñas hidráulicas entre 10 mil y 33 mil MW de potencia en Chile. Pero no existe ya un incentivo para su desarrollo y el sistema de precios vigente favorece los megaproyectos hidroeléctricos y las centrales a carbón, sin por otro lado beneficiar al consumidor a raíz de las licitaciones de largo plazo que la normativa vigente permite a las empresas distribuidoras con indexaciones de precios que no permiten reflejar bajas eventuales en los costos. Los contratos duran entre diez y quince años.
Lo que es más sorprendente es que se deseche sin mayor discusión, en beneficio de la siempre discutible y discutida opción nuclear, el enorme potencial de la energía solar. Chile posee uno de los índices de radiación solar de mayor intensidad en el mundo, especialmente en el desierto de Atacama. La lógica de mercado de corto plazo existente en Chile explica este enfoque.
En efecto, el kilowatt-hora (kWh) proveniente de la energía nuclear o de la energía fósil tiene un costo medio situado entre 4 y 7 centavos de dólar, según la tecnología y los países de que se trate, de acuerdo a Philippe Malbranche, del Instituto Nacional de Energía Solar de Francia. Un estudio de proyectos de Amec-Cade calcula rangos semejantes, de entre 2,7 centavos para carbón en Corea y 6,9 para energía nuclear en Japón. En cambio, el costo de la energía termosolar aún se sitúa en rangos del orden de 14 a 28 centavos por kWh.
Desde una perspectiva de planificación estratégica, sin embargo, cabe tener en cuenta que el mejoramiento del rendimiento de los intercambiadores térmicos y la fabricación de espejos más simples, junto a la producción en gran escala, permitirán disminuir los costos medios y llevar a este tipo de energía solar a ser competitiva en 10 a 15 años más, según el reasegurador Munich Re. En cuán rápido sea el ritmo de la innovación tecnológica está la clave de las perspectivas futuras de la energía solar y de su aporte a la sustentabilidad y a la disminución global de la emisión de gases con efecto invernadero. Chile puede y debe involucrarse -en la actualidad nada hace, con excepción de una franquicia tributaria establecida en 2009 para colectores solares térmicos destinados a calentamiento de agua en viviendas nuevas- en esa innovación tecnológica de punta. Ya lo han hecho muchos países desarrollados. Se trata tanto de nuestro interés bien entendido en el buen uso de los recursos de que disponemos como de ser cocreadores de un mejor futuro humano.

Impuestos mineros: Chile no es Australia

2010-10-14T18:31:00.003-03:00

Primer hecho: la industria del cobre prevé precios superiores a tres dólares la libra en los próximos cinco años. El margen operacional -ingresos menos costos de operación- de Minera Escondida (de propiedad de la empresa anglo-australiana BHP Billiton) y el del resto de las empresas privadas del Consejo Minero (incluidas las empresas anglo-australiana Rio Tinto y la suiza Xstrata) será en el próximo quinquenio del orden de 60% para la primera y de 40% para las segundas. Esto equivale a que en solo un par de años recuperen su inversión gracias al alto precio de un recurso natural que no les pertenece y a cuya explotación han accedido gracias a la ley de concesiones mineras de 1982 . Esta prácticamente anuló la nacionalización de 1971 de las riquezas del subsuelo del Presidente Allende y otorgó derechos permanentes de explotación a privados de manera cuasi gratuita.
Segundo hecho: el gobierno socialdemócrata de Australia, frente al ciclo alcista de las materias primas mineras iniciado en 2005, explicado por una oferta que no logra seguir el ritmo de la demanda originada por la expansión china, concluyó en julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata (las mismas que están presentes en Chile), entre otras. Se trata de un nuevo impuesto a los recursos naturales que establece una tasa sobre las utilidades extraordinarias para la extracción de petróleo y gas de 40%, y para la de mineral de hierro y de carbón de 30%. Y esto sin “invariabilidad tributaria”, pues en las democracias en forma se entiende que cada legislatura es soberana para pronunciarse y que las empresas deben someterse a las decisiones de los ciudadanos y sus representantes periódicamente elegidos. El impuesto se aplicará a partir de julio de 2012 a las utilidades que excedan de un retorno de 12% sobre el capital invertido. El gobierno recaudará unos 9.500 millones de dólares anuales adicionales.
Tercer hecho: como parte del financiamiento de la reconstrucción y para recaudar unos 600 millones de dólares en dos años, Sebastián Piñera propuso un incremento temporal de la modesta tasa del impuesto especial a la minería logrado en 2005. A cambio, propuso aumentar en ocho años más la invariabilidad tributaria ya vigente hasta 2018 y originada en las normas del DL 600 sobre inversión extranjera que asegura una invariabilidad de 10 a 20 años. La Concertación votó en contra de la propuesta por considerar el aumento de la invariabilidad contrario al interés nacional y la recaudación adicional insuficiente. Luego los presidentes de los partidos del conglomerado propusieron una fórmula para incrementar sustancialmente la recaudación sin invariabilidad tributaria adicional, eliminando el DL 600 que estableció este mecanismo en 1974. Esto fue rechazado por el gobierno.
Cuarto hecho: en un vuelco sorprendente, y en medio del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, la mayoría de senadores y diputados de la Concertación terminaron aprobando con la derecha, sin consultar a sus partidos que habían acordado otra cosa, un pacto del 6 de octubre entre Frei, Escalona, Lagos Weber y el gobierno. Este pacto aumenta la invariabilidad tributaria hasta fines de 2023 –es decir se pretende que al menos dos nuevos gobiernos y parlamentos elegidos por el pueblo no puedan decir nada sobre tributación minera - y establece tasas de impuesto entre 5% y 14% de las utilidades operacionales. Las tasas más altas aplican sólo en situaciones poco probables. Son sustancialmente inferiores al 30% australiano. La nueva norma es válida para los proyectos nuevos y para los existentes a partir de 2018, cuando haya otro parlamento, el actual gobierno haya cesado hace rato en sus funciones y se haya transferido miles de millones de dólares al exterior que debieran haber quedado en Chile para su gente. Una norma transitoria permitirá a Piñera recaudar en 2010-2012 unos mil millones de dólares, mediante un aumento del gravamen actual de 5% a 9% de las utilidades operacionales. Una cifra importante, pero diminuta frente a lo que se llevarán fuera de Chile legal pero ilegítimamente las empresas privadas autorizadas a explotar el cobre chileno, e incluso inferior al valor presente de los flujos futuros a obtener después de 2017 con una regalía razonable. La oposición le podría haber ofrecido a Piñera aprobar un endeudamiento equivalente para financiar los recursos que pedía y señalar que prefería no renunciar a modificaciones sustanciales una vez terminada la invariabilidad. Y votar en contra otra vez, pues oponerse no es un drama en democracia, cautelando además con coherencia el interés nacional.
Preguntas: ¿Qué cambió en tan pocos días para pasar sin grandes modificaciones del rechazo a la aprobación? ¿Por qué tanta dificultad en asumir que se es oposición y comportarse como tal? ¿Por qué, lo que es más grave, la oposición parlamentaria se cercena a sí misma al impedir hasta 2024 que un eventual nuevo gobierno suyo cambie a favor del país las reglas de tributación minera? ¿Por qué no se planteó la idea simple de establecer en Chile el régimen tributario de Australia que los socialdemócratas de ese país pactaron con las mismas empresas que explotan cobre en Chile? ¿Por qué lo que es válido para Australia no lo es para Chile?
La compulsión pedestre de ser parte de la fiesta y de los abrazos con los factores de poder parece haber sido otra vez más fuerte que luchar por fortalecer la capacidad del Estado chileno para invertir y redistribuir. Es la misma compulsión que llevó a los que no debían a aprobar las privatizaciones de las sanitarias y el financiamiento empresarial de las campañas parlamentarias. Se ha dejado pasar una ocasión histórica de captar una proporción equitativa de la cada vez mayor renta originada en un recurso minero que pertenece a todos los chilenos y que podría ser usada ya sea por los liberales que están en el gobierno para disminuir otros impuestos, o bien, de acuerdo a un enfoque progresista de izquierda, para disminuir en el futuro sustancialmente las desigualdades y acelerar nuestro camino al desarrollo. Así de simple y así de lamentable.

Dejando constancia

2010-10-07T20:22:00.000-04:00

La atribución del Premio Nobel a Mario Vargas Llosa nos ha provocado a sus admiradores literarios una gran alegría. Su obra excepcional y abundante, con los altibajos propios de quien explora permanentemente temas y estilos, no había sido reconocida por la academia sueca, tal vez por las incisivas y siempre controvertidas opiniones políticas del novelista. Estas no son siempre dignas de ser compartidas, especialmente en su vertiente de liberalismo más bien ingenuo y su apoyo a algunas derechas -como la de Piñera- que no están a su altura. Pero nunca se vio a Vargas Llosa apoyando dictaduras ni violaciones a los derechos humanos, y eso debe subrayarse. Lo que importa para estos efectos es el sublime legado literario de Vargas Llosa, que nos ha regalado páginas que han hecho mejores nuestras vidas, y eso es más que suficiente para ser celebrado.

El plano local sigue su curso bastante particular. ¿Qué dirían ustedes de un país en el que el gobierno y supuestos opositores parlamentarios se ponen de acuerdo, a cambio de recursos que se pueden obtener de otra manera, para establecer normas a ser aplicadas a partir de 2018 a los actuales productores de cobre, que son los que hoy importan, por otro gobierno y otro parlamento, y que a su vez no podrán ser revisadas sino hasta 2024? ¿Dónde se ha visto semejante desdén del fundamento democrático básico, el respeto de la soberanía popular? ¿Qué dirían ustedes de un país en el que el manejo de su principal recurso económico se excluye para tres gobiernos futuros, en los que los ciudadanos y sus representantes nada tendrán qué decir? ¿Cómo explican los encargados de ser opositores que una invariabilidad tributaria -que fue un error aceptar en su momento- se consagre y se prolongue a cambio de muy poco (pasar teóricamente de 37% a 41% la tributación sobre margen operacional) para beneficiar a un gobierno de la derecha y un puñado de empresas transnacionales? Simplemente grotesco y de pacotilla.

Ese es el Chile de hoy, con una derecha que defiende desembozadamente sus intereses económicos, con unos opositores que no son capaces de oponerse a nada importante y con algunos senadores socialistas que olvidaron que representan a una fuerza política que se construyó en base a la convicción de que Chile debía recuperar el control sobre sus riquezas naturales y poner sus frutos a disposición de la Nación. Se ha cerrado un acuerdo que garantiza a un gobierno de derecha una tributación menor a sobreutilidades de 40% a 60% de la gran minería privada, provenientes de un recurso que pertenece a todos los chilenos, precisamente en el período de la historia económica mundial que dará un mayor valor a las materias primas de que Chile dispone y que podría ser utilizado para invertir en el capital físico y humano que necesita para encaminarse al desarrollo. ¡Y se cierra la posibilidad de tomar decisiones soberanas futuras, contrariando la esencia de la democracia!

Dejo constancia, como ex dirigente político socialista y como fundador de la Concertación y redactor de su programa de 1989, de una opinión: los que hoy conducen el conglomerado, los Walker y los Escalonas, y varios de sus parlamentarios han perdido completamente la brújula en su afán de ser reconocidos como “serios y respetables” por los poderes existentes y no representan a los que jamás concebimos la construcción de una salida política a la dictadura en base a consensos amplios como renuncia a nuestra identidad y a nuestro propósito de ofrecerle a Chile un desarrollo equitativo y sustentable. Muchos concurrimos a los acuerdos que las circunstancias imponían para evitar más tragedias al pueblo de Chile, a mucha honra, pero nunca para abandonar nuestras convicciones y para dejar de luchar por un país más justo, en el que entre otras cosas el cobre y sus frutos fueran de todos. Veintidós años después ese compromiso ha terminado de ser severamente desfigurado. Que cada cual asuma sus responsabilidades.

Soñar con un país mejor

2010-09-16T12:59:00.005-04:00

Los seres humanos necesitamos marcar con hitos el paso del tiempo y recurrimos a ciertas fechas para simbolizarlos. En Chile, la celebración del bicentenario es uno de estos hitos, que encuentra al país sin resolver problemas del siglo 16 (la cuestión mapuche), del siglo 19 (la descuidada seguridad en faenas mineras y en general relaciones laborales que permiten la lisa y llana explotación de buena parte de los trabajadores chilenos), del siglo 20 (democracia limitada, derechos reproductivos de la mujer no asumidos, discriminaciones sexuales) y del siglo 21 (un modelo energético y de cuidado del ambiente que no permite un desarrollo sustentable).

El país actual es uno de fuertes contrastes: carece de grandes relatos pero construye mitos con frecuencia sobre los del siglo XX; gira alrededor de la contingencia más inmediata, pero mantiene una carga de memoria histórica que cuando es expulsada por la puerta vuelve por la ventana; convive con el “peso de la noche” conservador pero es iconoclasta en muchas de las prácticas cotidianas y en sus expresiones culturales; en la economía es dominado por élites oligárquicas, ha dado lugar a una ola de acumulación de riqueza como nunca concentrada en unos pocos y a la prolongación de formas severas de exclusión social, pero a la vez experimenta una ampliación considerable del acceso de toda la población a bienes materiales y a bienes culturales y de consumo colectivo y a mejores mecanismos de protección social.

En el contexto de estas situaciones contradictorias y ambivalentes, se mantiene una falta de decisión clara sobre la dirección hacia la que podría encaminarse el país si se propone otras metas para dejar atrás su actual hibridación postmoderna entre islas de primer mundo, áreas de progreso igualitario y a la vez un trasfondo clásicamente subdesarrollado y arcaico con situaciones de atraso, exclusión y discriminación, así como de cierta confusión intelectual y moral.

¿Por qué no volver a plantearse derrotar a la derecha en 2013 en base a la aspiración de construir una democracia social moderna? Tiene mucho sentido hacer del nuestro un país dotado de instituciones políticas verdaderamente representativas y descentralizadas, en el que se desenvuelvan individuos autónomos y libres pertenecientes a comunidades acogedoras de la diversidad; un país en el que la responsabilidad frente a los demás, incluyendo a las nuevas generaciones, sea la base de la convivencia y de una esfera pública activa e informada; un país en el que los incrementos de prosperidad se traduzcan equitativamente en el mayor bienestar para el mayor número posible de personas; un país que ofrezca una mejor educación y oportunidades a sus jóvenes para que puedan construir con autonomía sus propios proyectos de vida y en el que nadie quede encadenado a un destino de exclusión que no puede modificarse; un país con un gobierno efectivo e instituciones probas al servicio de los ciudadanos; un país que gobierne una economía dinámica para ponerla al servicio de la calidad de vida, de los derechos sociales y del respeto por el ambiente; un país con un Estado democrático redistribuidor de las oportunidades, los activos y los ingresos que disminuya las desigualdades injustas que no por ancestrales son menos intolerables.

¿Y por qué los que gobernamos entre 1990 y 2009 no avanzamos en esta dirección sino muy parcialmente? Porque las realidades políticas fueron de empates de poder. Pero además porque retrocedieron las convicciones. Prevalecieron, no sin luchas, las de quienes enfatizaron, al volver el país desde 1990 a ser dirigido por gobiernos elegidos por el pueblo, su preferencia por la llamada ética de la responsabilidad por sobre la ética de la convicción, siguiendo la distinción de Max Weber. La primera terminó por reemplazar la energía inicial de la transición y justificó una especie de pragmatismo blando sin grandeza que ha devenido en una práctica política crecientemente conservadora entre quienes debieran representar el cambio y la transformación.

La dialéctica entre el realismo y el sueño, la moderación y la audacia, ha estado siempre presente en los procesos sociales de “alta intensidad”, como han sido los del Chile contemporáneo. Pero la referencia extendida en algunas élites a la distinción weberiana es un síntoma del conformismo que se ha instalado en Chile, que se traduce en una subordinación de muchos a los poderes económicos y de la Iglesia Católica. La ética de la convicción, que defendemos, no excluye la cautela que deben mantener los promotores del cambio social frente a los peligros de involución en la consecución de sus objetivos por conductas maximalistas irreflexivas. Pero la cautela y la flexibilidad en la defensa de una convicción son una cosa, no conducirse con arreglo a convicciones en nombre de la responsabilidad es otra muy distinta. En cambio, una inspiración libertaria puede resumirse en las palabras de Michel Onfray: “querer una política libertaria es invertir las perspectivas: someter la economía a la política, pero poner la política al servicio de la ética, hacer que prime la ética de la convicción sobre la ética de la responsabilidad, luego reducir las estructuras a la única función de máquinas al servicio de los individuos y no a la inversa”.

¿Será posible caminar en esta dirección en las circunstancias actuales de Chile y el mundo, aprender consistentemente de los aciertos y dramas nacionales y universales del siglo 20 para dejarlos atrás de manera creativa y reconocer en profundidad los cambios en curso? ¿Será posible hacer emerger desde una democracia política en consolidación una democracia social moderna que promueva, además de la consagración de derechos de amplio espectro, la celebración de la vida humana que merecen los chilenos del siglo 21 y el respeto a la naturaleza?

En Chile, el obstáculo aún decisivo es el peso de los conservadores y del poder económico y político que mantienen y la prevalencia de las ideas neoliberales que no solo defienden sus intereses sino también han dado consistencia a un programa sistemático de cooptación de una parte de la centroizquierda. Han tenido relativo éxito en la domesticación de aquella izquierda que confundió renovación con conversión al neoliberalismo y de aquella neoizquierda que sufre del “síndrome esteoriental” (en referencia a la caída del muro de Berlín, que implicó una rápida transición de los dogmas marxista-leninistas a la religión del libre mercado y al atlantismo pro-occidental, en tanto ahí estaban las nuevas fuentes de poder, en vez de abrazar las ideas socialistas democráticas) y que busca estabilizar vínculos con los poderes constituidos, no sin al mismo tiempo mantener un lenguaje y una identidad populistas destinados a mantener su clientela electoral.

El “optimismo de la voluntad” de inspiración libertaria e igualitaria ha tenido y tiene entonces una gama de huesos duros de roer y muchos esfuerzos que realizar. Pero para eso son las fechas simbólicas: para volver a soñar en un mundo y un país mejor.

Hace 37 años

2010-09-11T15:55:00.002-04:00

Hay días como hoy 11 de septiembre que, aunque uno trate de soslayarlos, simplemente son de un peso demasiado grande. Para el país, que no solo vio caer destruida su democracia sino, mucho más que eso, vio reestablecido en medio del dolor el poder de sus oligarquías de siempre. Ese poder que largas luchas habían hecho retroceder. Las consecuencias hasta el día de hoy han sido enormes no solo para la izquierda y sus organizaciones, sino para el pueblo llano, el ciudadano de a pie, los excluìdos que se identificaban con sueños de dignidad. Retroceso histórico y conquistas aplastadas, muertos, desaparecidos, torturados, exiliados han sido un costo para varias generaciones. Y para todos los chilenos, más allá de sus posturas políticas, es un día finalmente triste. Incluso para los que descorcharon champaña, porque fue el día en que se llegó por algunos a aplaudir la muerte trágica de un Presidente y el inicio de horrores infligidos a compatriotas. Esas degradaciones nunca han dignificado a nadie, y así va quedando registrado en nuestra historia para las nuevas generaciones.
Y es un día indeleble en la memoria personal de muchos de nosotros. Desde donde escribo estas líneas siento ruido de aviones, banales, sin significado particular. Pero que evocan aquel día, que amaneció despejado y que luego quedó signado por los ruidos de bombardeos y balazos y también más tarde por una lluvia tenue y triste. Ese día nos juntamos un grupo que terminó reducido a una veintena, en el Pedagógico, luego en las industrias aledañas, en la noche en los barrios cercanos. Eramos universitarios y secundarios, trabajadores jóvenes, ninguno con mucho más de 20 años, el mayor si acaso 25, yo el menor con 16. Intentamos resistir, defender el gobierno legítimo del Presidente Allende. Unas pocas armas de las que disponíamos nada podían hacer frente al poder de fuego militar. Nosotros teníamos arrojo y mucho susto. Ellos tenían miedo y recibían órdenes de matar. Después de tres días nos dispersamos. Algunos partimos al exilio, otros siguieron resitiendo en Chile, como pudieron. Cuatro están desaparecidos. Treinta y siete años después, solo cabe rendir honor a su memoria de jóvenes ejemplares y valientes que querían un país libertario y justo.

Un bicentenario marcado por el más antiguo conflicto

2010-09-01T00:16:00.002-04:00

En las últimas semanas el “conflicto mapuche” ha agregado un nuevo episodio con la huelga de hambre de miembros de ese pueblo procesados o condenados bajo la ley anti-terrorista. Este no puede entenderse desde una perspectiva de orden público y no puede hacer abstracción de su origen histórico. Los españoles llegaron en el siglo XVI a un territorio habitado por varios centenares de miles de personas de etnias diversas y con predominio de lo que se conocería más tarde como pueblo mapuche. Cuando partieron solo quedaban unos noventa mil, según el censo de Ambrosio O'Higgins. El pueblo mapuche llegó a habitar entre el río Choapa en el norte y la isla de Chiloé en el sur y evolucionó incluso hacia las pampas argentinas, sin perjuicio de la presencia aymara y de los atacameños en las pampas del norte, de los changos en la costa norte, de los chonos de Chiloé al sur, y de cuatro pueblos que habitaban el extremo austral del país, los sélknam, los aónikenk, los yámana y los kawéskar, Los mapuche del norte detuvieron primero la expansión del imperio Inca. Luego resistieron la conquista española, lo que se conoce a través del poema épico "La Araucana", en el que Alonso de Ercilla describe la magnitud del conflicto y la eficacia militar indígena. Se produce entonces lo que en ninguna otra parte de América Latina: la derrota y muerte en combate del conquistador y gobernador español, Pedro de Valdivia, en 1553, y una prolongada resistencia bélica de los mapuches. Esto no impidió la derrota de los ejércitos de Lautaro en 1557 y luego de sus sucesores dada la superioridad de la tecnología militar española (en especial el arcabuz y la pólvora) y el impacto de las nuevas enfermedades. En los primeros cincuenta años de contacto con los españoles se habría producido la muerte de dos tercios de la población originaria de Chile y la destrucción de la sociedad ribereña organizada en aldeas en los ríos del sur. No obstante, el conflicto se estabilizó en un "modus vivendi" con el pueblo mapuche, cuyos diversos jefes de familias extendidas al sur del río Bío-Bío pactaron con la Corona una relativa autonomía a través de “parlamentos”, el más conocido de los cuales fue el de Quilín celebrado en 1641. Junto a intercambios basados en trueques con la economía colonial, el territorio mapuche en el centro-sur del país se mantuvo bajo el dominio de este pueblo sin estructuras políticas estables, con una economía basada originalmente en la pesca, recolección y algunas siembras y más tarde en la explotación ganadera de su territorio, pero que nunca llegó a estar organizado en un Estado-nación ni adoptó los sistemas agrícolas andinos basados en el riego que suponían algún grado de centralización.
En el ideario de los próceres de la independencia de Chile existió una visión romántica sobre el mundo indígena. Los libertadores latinoamericanos, muchos de los cuales se agruparon en la “Logia Lautaro” creada por Francisco de Miranda, entendían que este mundo fue objeto de un desplazamiento y despojo y admiraban su capacidad de resistencia. Bernardo O'Higgins estableció al proclamarse la independencia en 1819 la libertad de los indígenas y su igualdad con el resto de la población chilena. Los mapuche no se sumaron sino parcialmente a los criollos y siguieron viviendo en sus territorios al sur del Bío-Bío con acomodos en sus sistemas de producción e intercambio de frontera. Por su parte, el extremo sur, aunque pretendido por los españoles, no había sido verdaderamente ocupado por la Corona y se mantuvo en la práctica como territorio indígena hasta avanzado el siglo diecinueve. Si bien el Chile republicano estableció en 1843 una guarnición en el estrecho de Magallanes, fue a través de alianzas con la población indígena que la influencia chilena en la Patagonia creció de lado y lado de la cordillera, en especial mediante el comercio de ganado. Hasta la década de 1870 Chile reclamaba para sí toda la Patagonia al sur del río Negro. La guerra de Chile con Perú y Bolivia de 1879-84 cambió la situación. En el lado argentino se gatilló la llamada Conquista del Desierto por el general Roca: las fuerzas argentinas ocuparon los territorios indígenas hasta el río Negro, en una campaña iniciada días después de la declaración de guerra de Chile a Bolivia.
A esta presión por el lado argentino se agregó por el lado chileno que el gobierno en 1866 había declarado como fiscales las tierras indígenas y dado inicio a distribuciones a colonos y criollos en medio de la conformación de una economía cerealera orientada a la exportación complementaria de la actividad minera del norte. La ocupación militar de la Araucanía, en una trágica, codiciosa y miope decisión, comenzó en 1881. El ejército chileno, una vez conquistados los territorios a Bolivia y Perú, fue orientado al desplazamiento violento de los mapuches de sus tierras ancestrales. Se puso en marcha el proceso de radicación en reducciones a través del otorgamiento de "títulos de merced" en unas 510 mil hectáreas (el 6 por ciento de su territorio). El resto de las tierras, las más ricas, fueron entregadas a colonos nacionales y extranjeros, a título gratuito en el caso de estos últimos. Dadas las concepciones eurocéntricas de la élite de la época, se entendía que había que traer a Chile alemanes, y también franceses e italianos, que podían colonizar la selva templada del sur y transformarla en un territorio agrícola. Se estima que la mitad de los mapuche fueron desplazados hacia zonas de la costa y la montaña. Dejó así de existir el territorio indígena con una cierta autonomía de hecho. En el extremo sur, cuya población originaria alcanzaba a fines del siglo XIX unas diez mil personas, se produjo un exterminio en el siglo XX: los sélknam y aónikenk terminaron por desaparecer, en tanto los yámana y kawéskar apenas sobrevivieron.
Dos conflictos permanecen fruto de este proceso de “conquista interior”. El primero es que una parte de la población indígena no recibió títulos, y sin embargo siguió residiendo en los mismos lugares. Durante más de un siglo hubo un choque permanente con quienes iban recibiendo títulos legales de parte del gobierno de manera legal o fraudulenta. También se instaló un conflicto con el Estado chileno respecto de las propias tierras entregadas a los indígenas. Las comunidades mapuches recurrieron con frecuencia ante los tribunales con documentos de mercedes de tierra otorgados por el Estado de Chile, en contraste con lo progresivamente establecido en sentido contrario por los registros de propiedad de bienes raíces de manera poco ortodoxa en beneficio de terratenientes no indígenas. Se cambió el carácter de un tercio de esas mercedes de tierra, aumentando la expoliación de la población mapuche. Estas situaciones han sido y son la fuente de un conflicto que no proviene ya de la conquista del territorio mapuche de origen colonial, sino que tiene origen en la conducta del Estado chileno al servicio de las nuevas oligarquías dominantes.
Este proceso se entronca en el siglo XX con dos grandes corrientes en el mundo indígena. La primera busca la integración a la institucionalidad tradicional y conservadora del país en distintos ámbitos junto a una defensa de sus derechos adquiridos. Otra parte se vincula con movimientos que se identifican con el ideario socialista y laico que proviene de Europa y forma parte de organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda. Este proceso no estuvo exento de una cierta incomprensión mutua, que favoreció una inclinación electoral hacia la derecha. En los años sesenta se inició el proceso de la reforma agraria destinado a redistribuir tierras del gran latifundio tradicional en beneficio de los trabajadores de la tierra. El tema indígena se subsumió en el tema campesino. El proceso se aceleró desde 1967, y muy en especial en el período de Salvador Allende, que culmina una rápida reforma agraria. Se produce además un fenómeno de tomas ilegales de tierras, incluyendo grupos indígenas que reclamaban sus derechos. Este proceso termina trágicamente cuando el presidente Allende es derrocado por una dictadura militar que desata una contra-reforma agraria drástica y una represión violenta en las zonas donde se habían producido las mayores movilizaciones autónomas de campesinos y de indígenas, con el resultado de muertes, fusilamientos, exilios y la desarticulación de las organizaciones de campesinos e indígenas. En el año 1979 se estableció la desaparición del trato diferenciado de la propiedad territorial indígena para subdividir las comunidades y entregar títulos de propiedad individual, que, sin embargo, solo podían ser objeto de venta 20 años después de entrados en vigencia los Decretos Leyes 2568 y 2750. Se produce en una década la disolución legal de la casi totalidad de las comunidades.
La vuelta a la democracia incluyó la búsqueda de un nuevo trato con los pueblos indígenas. La nueva coalición elaboró, antes de asumir el gobierno, una propuesta que asumía como válidos muchos de los planteamientos formulados por las organizaciones indígenas en octubre de 1989 en Nueva Imperial, en el Encuentro Nacional Indígena con el candidato presidencial Patricio Aylwin. En él se suscribió un Acta mediante la cual los representantes de los pueblos originarios se comprometían a apoyar los esfuerzos del futuro gobierno en favor de la democratización del país y a canalizar sus demandas a través de los mecanismos institucionales. La coalición de gobierno, a su vez, se comprometía a obtener el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con la participación activa de estos pueblos, y crear una Comisión Especial con participación de los distintos pueblos para estudiar una nueva legislación sobre la materia. El balance más de 20 años después es que en tanto las organizaciones del mundo mapuche presentes cumplieron su palabra, el Estado chileno no la cumplió sino de manera incompleta, especialmente por la negativa de la oposición en el parlamento a otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. No obstante, se consolidó la propiedad indígena de la tierra y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que contempla dos mecanismos: un consejo elegido por las comunidades y un director nombrado por la Presidencia de la República, que a su vez administra un fondo nacional de tierras y aguas. Se generaron así las condiciones para satisfacer al menos parcialmente las demandas ancestrales de reconocimiento de derechos sobre parte de las tierras indígenas.
Se configuró entre tanto una nueva generación de dirigentes, una parte de la cual asumió posturas radicales, identificada con la idea de la vuelta a la comunidad perdida y la creación de una Nación Mapuche. Un grupo asumió incluso la lógica de la "acción directa" con tomas de fundos, quemas de casas y de propiedades forestales, con la consecuencia de acusados que están en prisión bajo proceso o condena. En este tema hay dos visiones. Una plantea que no se ha actuado con suficiente energía para mantener el orden público y se ha permitido un retroceso del Estado de Derecho y que por tanto se debe acentuar la represión. Otra visión subraya que se trata de una situación de conflicto frente a derechos no reconocidos, que existen personas que sienten que sus derechos están siendo violados y que están siendo acusados de hechos no constitutivos de delitos terroristas, sin cuya invocación estarían en libertad. La prudencia indica que, junto con hacer prevalecer el respeto a la ley democrática en condiciones no discriminatorias, y por tanto sin recurrir a las leyes antiterroristas de origen dictatorial de dudosa legitimidad, es necesario al menos que la democracia chilena ofrezca al mundo indígena lo comprometido o esbozado desde 1989: un reconocimiento constitucional aún pendiente, participación de representantes en el parlamento, la conformación de nuevas comunas con predominio indígena y de instituciones representativas propias, junto a programas masivos de desarrollo de los territorios indígenas y de la educación y salud interculturales.

¿Es necesario que Chile siga regalando su riqueza minera?

2010-08-17T09:09:00.002-04:00

El Mostrador

Chile es un país que prácticamente regala a terceros su riqueza minera. Y para los que nos gobiernan la idea parece ser que esto siga ocurriendo. El jueves 12 de agosto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín ha declarado: “Lo importante es cerrar una discusión en un tema importante para un sector que tiene cerca de US$ 50 mil millones de inversión proyectada”. He aquí develado, y se agradece la franqueza, el fondo del tema: cerrar la discusión.

Chile tiene la más competitiva industria del cobre del mundo gracias a sus minerales de alta calidad. Y al mismo tiempo tiene una de las menores tributaciones mineras. Y si el país ha estado anestesiado en este tema, es probable que no lo siga eternamente: de ahí, probablemente, la premura del Ministro Larraín.

En los años 1950-1970, es decir antes de la nacionalización, la tributación representó del orden de 60% de las utilidades brutas de la gran minería del cobre, según Patricio Meller en su texto Un siglo de economía política chilena (1890-1990). En 2008-2009, los impuestos (a la renta y especial) de las 15 mayores compañías mineras privadas promediaron apenas un 13% de las ventas. El costo medio de la minería del cobre es del orden de 1,3 centavos de dólar la libra. La principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años. Con ese precio, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Si se considera una utilidad más que razonable de 30% sobre las ventas, que justifica desde luego cualquier decisión de inversión, entonces con el cobre a tres centavos de dólar la utilidad de la gran minería privada no explicada por capacidades empresariales sino por el valor del recurso minero que pertenece a todos los chilenos, sería de nada menos que 4.700 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, que bien utilizada permitiría sacar a Chile del subdesarrollo en plazos breves. Como se observa, no es poco lo que está en juego.

Frente a semejante perspectiva, el gobierno de Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento temporal del impuesto especial a la minería vigente desde 2005 con una nueva tasa para dos años sobre las utilidades operacionales de entre 4%y 9%.

Como las empresas mineras están acogidas a una invariabilidad del tributo de 4% de las utilidades operacionales hasta 2017, la moneda de cambio era ampliar esa invariabilidad hasta 2025, de modo que las empresas acepten pagos voluntarios por unos 600 millones de dólares durante 2011 y 2012. Claro, a partir de ahí el gobierno actual y los próximos tres gobiernos democráticamente elegidos nada tendrían ya que decir en la materia.

La invariabilidad tributaria no existe en ningún país maduro. En Chile no hemos logrado (¿no hemos querido? ¿tan capturado está nuestro sistema político por la gran minería privada?¿tan graves siguen siendo las secuelas del golpe de 1973?) evitar sustraer del gobierno y del parlamento, depositarios de la soberanía popular, la potestad de cambiar normas en la materia, lo que es una anomalía democrática manifiesta. La Concertación se opuso a su ampliación y la votó en contra en julio, pero en su seno hoy se la discute de nuevo. ¿Qué pasó entre medio? Recordemos que se prevé una década de altos precios del cobre, que podría llevar a una monumental transferencia de utilidades al exterior.

En algunos países desarrollados se grava el valor de las ventas mineras, lo que lleva con el resto de mecanismos normales la tributación a las utilidades a niveles de 40-60% en el sector. ¿Por qué no pensar para la minería chilena de gran escala un régimen como el noruego, que grava la explotación privada del petróleo con una regalía (“royalty”) de entre 8 y 16% de las ventas, además de un impuesto a las ganancias de hasta 78%?

Adicionalmente, no existen razones valederas para mantener el carácter indefinido de las concesiones mineras, que al ser tales no son sino una transferencia gratuita ilegítima de derechos de propiedad que pertenecen a la Nación.

Si se plantea un problema jurídico con la invariabilidad tributaria otorgada, ello no impide que se establezcan desde ya reglas más exigentes para las nuevas inversiones y para las actuales a partir de 2018, con un premio en tasas menores para las compañías que se acojan desde ya a ellas. Lo que no cabe desde el punto de vista del interés nacional es ampliar la invariabilidad a cambio de una recaudación temporal de poca monta.

Cualquier combinación de mecanismos que llegara a gravar, por ejemplo, solo un 45% de las utilidades extraordinarias (llevando del 13% al 30% la tributación total sobre ventas) permitiría recaudar más de dos mil millones de dólares al año. Esa sería una batalla digna de grandes chilenos como Radomiro Tomic y Salvador Allende. En contraste con los poco dignos arreglos menores a los que estamos asistiendo.

El toro por las astas en la minería

2010-08-11T02:21:00.008-04:00

http://blog.latercera.com/blog/gmartner/entry/el_toro_por_las_astas

Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento del impuesto especial a la minería vigente desde 2005. Eso sí, a cambio de una todavía mayor invariabilidad tributaria que la que existe, de modo que las empresas mineras acepten nuevos pagos voluntarios durante 2011 y 2012. Esta invariabilidad se proponía fuera ampliada hasta 2025, ocho años más que la que la derecha le había arrancado al gobierno de Ricardo Lagos, es decir hasta el 2017, cuando éste propuso modificar la ley de concesiones y establecer una regalía de hasta 3 % de las ventas, dependiendo la tasa del margen operacional, que podría haber llevado la tributación efectiva hasta cerca de un 50% de las utilidades. Recordemos de paso que “regalía” es la expresión castellana equivalente de “royalty“, la que en propiedad lingüística debiéramos utilizar. Regalía o royalty, el hecho es que fue rechazada la propuesta en el parlamento en julio y agosto de 2004. Devino en junio de 2005 en un pequeño avance respecto a la cuasi ausencia de tributación minera previa mediante una nueva ley pero ahora de impuesto especial en base a las utilidades imponibles operacionales del explotador minero. Por encima de 50 mil toneladas y con un margen operacional de al menos un 8%, la tasa es de 5%. Para montos inferiores la tasa es de 0,5% a 4%. Este pago es adicional al impuesto normal aplicable a todas las empresas (primera categoría) e incluyó una rebaja del llamado impuesto adicional, que se aplica a la repatriación de utilidades, de 42% a 35% para que las empresas acogidas a inavariabilidad tributaria aceptaran la nueva fórmula. Su recaudación entre 2006 y 2009 ha sido del orden de 3 mil millones de dólares, incluyendo Codelco. En 2009 fue de 315 millones de dólares en la minería privada.
Lo grave de la imposición de la derecha, sin la cual no hubiera habido legislación ni recurso adicional alguno por el alto precio del cobre en la etapa de bonanza que hemos vivido, fue consagrar una invariabilidad tributaria, figura existente desde los años setenta para la inversión extranjera, que supone sustraer del parlamento, depositario de la soberanía popular, la posibilidad de cambiar normas en la materia. Y esto precisamentge cuando se producían cambios tan relevantes en la industria del cobre que podrían cambiar el destino de Chile, si empre que el país actúe con inteligencia. La invariabilidad congela una situación en extremo favorable para la minería privada y representa un privilegio exorbitante para las empresas que explotan un recurso no renovable que pertenece a todos y una anomalía democrática manifiesta. La Concertación y el MAS votaron en contra de la propuesta de incrementar la tasa de tributación a cambio de aumentar la invariabilidad hasta cuatro gobiernos más por considerarla lesiva al interés nacional. Hicieron bien,. Pero hoy se reactiva la posibilidad de un acuerdo Concertación-gobierno. ¿Qué cambió en pocos días entre los actuales directivos de la Concertación? Aparentemente un diagnóstico de encuestología primaria: la mala valoración actual de la Concertación debería poder corregirse con una actitud más colaborativa con el gobierno... Es como para no creer la levedad del argumento frente al peso de lo que está en juego.
El país viene cometiendo error tras error en este tema. Primero José Piñera en la dictadura de Pinochet vació de contenido la nacionalización lograda por Salvador Allende en 1971, al establecer las concesiones indefinidas de las pertenencias mineras que incluso la constitución de 1980 señala como de exclusiva propiedad pública. Luego, en democracia, pese a las advertencias de Radomiro Tomic, mantuvimos el abuso del carácter indefinido de las concesiones y no controvertimos suficientemente la equivocada idea de los neoliberales de que se debía favorecer con urgencia la explotación privada de cobre porque este recurso perdería valor en breves plazos por la emergencia de sustitutos como la fibra óptica. Sabemos hoy que el consumo ha seguido en expansión y que las economías emergentes son grandes demandantes de cobre hoy y en el futuro, con su respectivo impacto en los precios. ¿Bien para Chile entonces? Si, en el caso de las mayores utilidades para la proporción menor al 30% de la producción de CODELCO, y para la recaudación del impuesto minero que logró Ricardo Lagos. Y espectacularmente bien para los accionistas de las compañías del sector, que están beneficiándose de una renta no originada en la actividad empresarial sino en la apropiación de un recurso del subsuelo no renovable, es decir de un bien natural escaso que pertenece a otros, en este caso a la Nación chilena.
Hagamos un paréntesis. La primera ministra de Australia, Julia Gillard, anunció a principios de julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata sobre un nuevo impuesto a los recursos naturales, poniendo fin así a una agria disputa que duró dos meses después que su antecesor, Kevin Rudd, antes de ser desestabilizado, había propuesto un cambio audaz a la legislación tributaria con un nuevo impuesto a las ganancias mineras extraordinarias de 40%. El acuerdo logrado establece una tasa para la extracción de petróleo y gas del mencionado 40%, y para el mineral de hierro y el carbón una tasa de 30% a partir de julio de 2012. El impuesto se aplicará a las utilidades que excedan a un equivalente a un retorno de 12% sobre las inversiones, en lugar de 6%. Con los cambios, el gobierno recaudará unos US$ 1.360 millones menos que los US $ 10.900 millones del plan original. No obstante, no parece del todo un mal acuerdo para el gobierno, mientras las mineras lo aceptaron pues hace tributar solo las ganancias extraordinarias. Una regalía propiamente tal, es decir un tributo basado en el pago por el valor del volumen físico extraído, es una primera opción válida y recomendada por los libros de texto. En algunos países se grava con hasta un 18% de las ventas. Pero este mecanismo pudiera seguir menos de cerca las realidades de la inversión privada, especialmente en los períodos de precios bajos, inversión que eventualmente podría verse afectada, lo que es discutible, pero argumentable. La tributación a las sobreganancias, en cambio, nunca va a afectar a inversión minera alguna, salvo que compita con las tasas de retorno del narcotráfico o la venta clandestina de armas.
¿Porqué no aplicar un esquema semejante en Chile, donde están presentes las mismas compañías mineras? Sería una primera opción. Australia posee los mejores yacimientos de hierro, Chile los de cobre. El que puede allá podrá acá, indica el sentido común. Incluso compartimos pertenencia a la OCDE, el club de los países pudientes. Pero no: como se sabe en Chile es el menos común de los sentidos. Acordemos mejor modificaciones no sustantivas a la propuesta piñerista. Grave error, que esperamos no se concrete.
En efecto, la principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años. Con ese precio del cobre, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Estas son cifras astronómicas.
De esos datos se infiere que una propuesta rigurosa y justificada es la de un impuesto como el que prevaleció durante un tiempo en Zambia para las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios del cobre, que en su momento recibió el apoyo del Banco Mundial: una tasa sobre utilidades de 25% para un precio entre 2,5 y 3 dólares la libra; de 50% para un precio de más de 3 y hasta 3,5 dólares la libra y de 75% para un precio superior a 3,5 dólares la libra.
Pero la opción australiana, que debe ser refrendada aún por un nuevo parlamento, y la de Zambia, que no logró perdurar, chocan en Chile con la oposición empresarial, a la que sabemos es bastante sensible el actual gobierno, y con el problema jurídico de la invariabilidad tributaria, que puede ser invocada en tribunales internacionales.
Por ello es una opción válida la propuesta que ha planteado Juan Villarzú. Si se trata de recaudar en el corto plazo, entonces obviemos el tema de la invariabilidad del impuesto especial a la minería ya vigente. Simplemente deroguémoslo y establezcamos un impuesto a las utilidades extraordinarias de todas las empresas no pymes (a las utilidades operacionales que excedan el 30% de los ingresos por venta), fijando una tasa marginal del 30% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 30% y el 40% de las ventas; una tasa del 40% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 40% y el 50% de las ventas y una tasa de 50% con utilidades por encima del 50% de los ingresos por ventas. Con un precio del cobre de tres dólares la libra las mineras privadas quedarían con este esquema afectas a sobretasas de 50% en Escondida, y de 30% y 40% en el resto de las compañías. Tributarían unos dos mil millones de dólares anuales que no le vendrían mal a Chile para financiar la reconstrucción y mucho más, frente a los 600 millones por dos años de la propuesta de Piñera, con una tasa sobre utilidades operacionales entre 4%y 9%, sin paralizar la inversión privada dada la naturaleza de lo gravado: las utilidades extraordinarias. ¿No habrá llegado la hora de tomar el toro por las astas en vez de concordar con el gobierno de Piñera condiciones inaceptables para el bien de Chile y su futuro?

La necesidad de debatir

2010-07-17T13:18:00.005-04:00

Con Girardi, Ominami, Silber y Vidal hemos planteado en días recientes que el gobierno de Sebastián Piñera y su coalición de derecha han utilizado el aumento de 1,1 puntos porcentuales registrado por el índice de pobreza monetaria medido por Mideplan para darle una connotación de fracaso global a las políticas sociales durante los últimos 20 años,. Esto resulta clamorosamente incongruente con el 45,1 por ciento de pobreza y el 17,4 por ciento de extrema pobreza registrado hacia 1987, que fue el legado que la dictadura le dejó a la democracia, con cerca de la mitad del país viviendo en condiciones pauperizadas y uno de cada seis chilenos sumido en la miseria.

Los causantes de esa gigantesca regresión social fueron los neoliberales y Chicago Boys que desmontaron las políticas sociales construidas con mucho esfuerzo durante sucesivos gobiernos democráticos desde 1920 hasta 1973. No tienen hoy demasiada autoridad moral para juzgar una baja sistemática de la población que vive con ingresos inferiores al doble del costo de una canasta alimentaria básica desde un 45,1 por ciento en 1987 a un 13,7 por ciento hacia 2006, aunque en medio de la crisis se haya ahora experimentado lamentablemente un incremento al 15,1 por ciento de la población. No tiene presentación que se descalifique el esfuerzo social de los último años, que se saludaba durante la campaña electoral, y menos que se insista en que “falta focalización”, como si hubiera un exceso de prestaciones sociales en Chile cuando lo que existe es aún una clara insuficiencia de las mismas.

No cabe tampoco reaccionar con una actitud defensiva del tipo “siempre supimos que la lucha contra la pobreza es larga” o que “esto se debe a que en 2009 subió el desempleo y el precio internacional de los alimentos”, lo que traduce la idea de que este incremento de la pobreza era inevitable. Y manifiestamente no era inevitable, máxime cuando el país, con nuestro decidido apoyo, había acumulado reservas fiscales y holguras macroeconómicas considerables.

Se debió actuar con mayor prontitud en materia de política monetaria, cambiaria y fiscal y con mayor profundidad frente a la grave crisis de 2008-2009, como lo sostuvimos en su momento (ver en este blog). Las autoridades económicas, está a la vista, se equivocaron y llevaron al país a tener uno de los comportamientos menos exitosos en Sudamérica frente a la crisis, solo acompañados en la recesión por Venezuela y Paraguay, lo que no fue el caso de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, que crecieron en medio de la crisis global. El propio Banco Central proyectaba a inicios de 2009 que Chile no tendría una recesión, en circunstancias en que finalmente el PIB cayó en un -1,5 por ciento. Muy tarde y muy poco, esa es la lección a aprender en materia de política económica reciente. Este error de los economistas neoliberales que han conducido la política económica desde el Ministerio de Hacienda y el Banco Central en el pasado reciente, que ya se había cometido de manera similar en 1999 frente a la crisis asiática, no debe volver a repetirse: Chile debe ampliar y no restringir el carácter anticíclico de su política económica. No haber utilizado los instrumentos que hemos construído provocó el incremento de la pobreza que hoy lamentamos.

Quien reconoce errores no se humilla sino que se enaltece. Y especialmente porque al hacerlo está en mejores condiciones de sacar lecciones positivas para el futuro. Lo contrario ocurre con quienes se niegan a asumir responsabilidades y transforman su gestión en un dogma de fe, empobreciéndose moral e intelectualmente. Toda obra humana es imperfecta, y si la realizada desde 1990 está llena de realizaciones positivas, también tiene zonas grises y oscuras que deben ser corregidas por una nueva mayoría que se constituya como alternativa a la derecha en los próximos eventos democráticos en el país y a la que nos proponemos contribuir activamente.

Entre las lecciones a sacar está que el programa Chile Solidario creado por el Presidente Lagos y que apoya a los 200 mil familias de menores ingresos, parece haber estado en condiciones de contener el nivel de indigencia, medido como el porcentaje de familias cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta de alimentación básica: aunque aumentó levemente, es cinco veces menor que el existente en 1987. Por su parte, la reforma a las pensiones impulsada personalmente por la Presidenta Bachelet –el anterior Ministro de Hacienda fue reacio a que esta medida estuviera siquiera incluida en su programa, así como cualquier reforma tributaria progresiva- , contribuyó a que la pobreza medida por Mideplan afecte solo al 8,9 por ciento de los mayores de 60 años, la mitad menos que al resto de la población. Se debe perseverar por ese camino y seguir extendiendo y aumentando la Pensión Básica Solidaria.

Muy preocupante resulta por su parte que la pobreza monetaria alcance aún al 24,5 por ciento de los jóvenes menores de 3 años o al 21,5 por ciento de los niños entre 4 y 17 años. Esto es moralmente inadmisible. Si bien es cierto que el Subsidio Único Familiar se extendió durante 2009 de 1,3 a 1,7 millones de causantes, su monto, al igual que el de la Asignación Familiar, es manifiestamente insuficiente. Debe ser aumentado con prontitud. Lo propio puede decirse del seguro de cesantía, que solo cubrió a menos de uno de cada cinco cesantes en la crisis reciente. No es de extrañar que entre los cesantes la pobreza haya alcanzado un 51%. El dispositivo creado en 2002 debe fortalecerse sustancialmente, así como los programas de creación directa de empleo, que mostraron su fortaleza en evitar aumentos de la pobreza en la crisis de 1999-2000.

El país debe además revisar la metodología de medición de la pobreza. Ninguna metodología cubre todas sus facetas, según muestra la experiencia comparada y especialmente la de los países de la OCDE. La medición vigente de la pobreza monetaria absoluta con la canasta de alimentos de 1988 no debe suprimirse sino complementarse con mediciones adicionales utilizando una canasta de consumo básico actualizada. También debe utilizarse líneas de pobreza relativas (como las que calcula la Unión Europea, con líneas de 40%, 50% y 60% del valor de la mediana de los ingresos por unidad de consumo o la que calcula la CEPAL con 50% de la mediana) y así enriquecer la percepción de esta realidad compleja y multifacética. Especial relevancia tiene la medición por tramos de edad y por estructura familiar, pues la experiencia comparada indica que los niños, las familias uniparentales y las personas solas son las que más sufren de pobreza y requieren de programas especializados en su apoyo. Asimismo, la experiencia comparada –y las pocas investigaciones de panel existentes en Chile- demuestran que la rotación de personas que entran y salen de situaciones de pobreza es muy alta, por lo que fortalecer la protección social frente a los ciclos económicos y del empleo sigue siendo una tarea crucial y nuestra seña de identidad en materia de políticas económicas y sociales frente al dogmatismo neoliberal que se opone a las intervenciones públicas necesarias sobre la economía en aras del bienestar de las mayorías.

Buena y mala política económica

2010-06-15T10:56:00.001-04:00

Tribuna publicada en El Mercurio el 15 de junio de 2010

Las discusiones sobre política económica están en la plaza pública, como por lo demás otros temas controvertidos en nuestra sociedad. En buena hora nuestra democracia va madurando. En el tema que nos ocupa, una determinada visión económica, la liberal, intentó hacer creer que la política económica debía remitirse a unos bancos centrales autónomos y a unas autoridades económicas gubernamentales a las que se les otorga el monopolio del manejo de temas considerados demasiado complejos y delicados. Pero detrás de las políticas económicas suelen estar opciones de sociedad, las que en democracia se dirimen en la esfera pública si se quiere evitar, precisamente, los populismos de uno u otro signo.

Véase lo que ocurre en el mundo de la OCDE: arrecia la controversia sobre apretarse el cinturón para reducir los grandes déficits públicos o perseverar en las políticas de estímulo hasta que el crecimiento económico vuelva a ser lo suficientemente robusto, y contribuya al equilibrio de las cuentas fiscales. Alemania ha optado por lo primero, arrastrando a los europeos más débiles bajo la férula de Merkel-Trichet y su culto calvinista por la austeridad, que sumirá a Europa en un bajo crecimiento prolongado. En Estados Unidos se ha optado por mantener los estímulos, monetizando incluso masivamente los bonos gubernamentales, con la inspiración más o menos lejana de la dupla de premios nobeles neokeynesianos Stiglitz-Krugman. Se sigue apostando por reanimar el crecimiento, hasta aquí con cierto éxito.

En Chile se ha abierto una controversia entre ex ministros en donde las buenas formas, que siempre se deben agradecer, no parecen estar a la orden del día. Sin embargo, el tema de fondo es relevante, y ojalá no termine en caricaturas. ¿Será que por un lado están los que no entienden de economía y en general de no muchas cosas y por el otro los que sí entienden y han hecho una adecuada política económica basada en la disciplina fiscal y son hoy injustamente atacados?

Pongamos las cosas en perspectiva. No olvidemos que el razonamiento durante el gobierno de Lagos fue que la crisis asiática puso una vez más a Chile frente a una restricción de liquidez externa que llevó a subir drásticamente las tasas de interés internas y a la recesión. Debía construirse paso a paso una mayor autonomía financiera con una especie de “autoseguro” frente a los ciclos externos. El Presidente Lagos aprobó una política fiscal de desendeudamiento y contracíclica —que poco tiene que ver con la “disciplina fiscal” ortodoxa marcadamente procíclica— para poder reaccionar ante las crisis. Tuvo razón la Presidenta Bachelet en reafirmar esa política.
Parece haber en esto un consenso generalizado en los que apoyaron a la anterior administración, aunque es debatible la tardanza de los encargados de la macroeconomía en bajar las tasas de interés, en aplicar el plan de estímulo y en pasar de un superávit estructural, ya obsoleto, a un balance estructural del presupuesto. Esta tardanza del Banco Central y de Hacienda se tradujo en una recesión evitable. ¿Por qué, según el FMI, en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Colombia la economía creció en 2009 y en Brasil prácticamente no hubo recesión? Chile compartió números negativos solo con Paraguay y Venezuela, entre sus vecinos. Un buen enfoque puede ser mal y tardíamente aplicado, y este parece ser el caso.

Una discusión distinta es el nivel de gasto fiscal que se estima necesario para proveer bienes públicos a la población, y especialmente a los más pobres y vulnerables, y promover la innovación productiva. Eso no tiene que ver con la política fiscal contracíclica, que puede funcionar con impuestos y gastos estructurales altos o bajos. Y sí tiene que ver con una conducción económica que redujo impuestos en diversos proyectos de ley (¿no es eso populismo?). Y que fue la primera desde 1990 en negarse a toda reforma tributaria, recomendación que hizo extensiva al candidato Frei, en circunstancias en que se hacía crecientemente evidente que el país ha perdido enormes recursos por no realizar una tributación inteligente a sus recursos naturales, como la que hace, por ejemplo, Noruega. La equivocada opción por rebajar impuestos y por transferir casi gratis la renta minera nada tiene que ver con la política de bajo endeudamiento fiscal y de protección frente a los vaivenes financieros. Esa fue una política adecuada.

Lo equivocado fue apostar a una política liberal de reducción de impuestos (en 2009 la recaudación tributaria disminuyó a uno de sus niveles más precarios, y no solo por la caída del precio del cobre) que se tradujo en no incrementar como se debía el gasto para hacer una reforma educacional consistente, insuflar dinamismo a la investigación y desarrollo, y hacer una reforma previsional con un pilar solidario más amplio que rebajara claramente la pobreza en las personas de edad avanzada (en el actual se gastará menos que en pensiones militares; es decir, 1% versus 1,4% del PIB), para no hablar de la oposición liberal a toda reforma laboral que permita un nivel decente de negociación colectiva en Chile.

Las políticas de empleo privilegiaron subsidiar contrataciones, lo que está demostrado en todo el mundo que sustituye empleo y no lo crea, mientras se sobredimensionó fondos de ahorro como el de becas en el exterior, improvisado, mal gestionado y que complica el desarrollo de los posgrados nacionales. Macroeconomía, pensiones, empleo, educación, entre otros temas: el verdadero debate, ojalá con altura de miras, entre liberales y progresistas debe seguir, por lealtad con los ciudadanos y para la buena salud de nuestra democracia.

¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?

2010-05-31T15:39:00.000-04:00

"Los nuevos fichajes de militantes decé en el Gobierno, y el discurso del 21 de mayo reabren el debate sobre los lazos del Presidente con el partido."

En El Mercurio del domingo 30 de mayo, Rocío Montes pregunta: ¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?

R. Los hechos: Piñera era un DC que partió a la derecha. Su programa y estilo son de centroderecha pragmática. No gusta a muchos UDI. Más hechos: hay una centroderecha en la Concertación. Algunos han ido al Gobierno y a la empresa, no sólo desde la DC. El futuro: Piñera debe tener al frente a un fuerte centro democrático aliado a una amplia izquierda progresista".

Las cartas sobre la mesa

2010-05-24T15:08:00.008-04:00

Llama la atención en el discurso del 21 de mayo de Sebastián Piñera la promesa de que “antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la pobreza”. Agrega Cristián Larroulet que Chile será “el primer país de América Latina en haber alcanzado el desarrollo”. Excelente idea, como por lo demás el tono no confrontacional y de apertura al diálogo del actual Presidente, así como la promoción de valores como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, lo que siempre se agradece viniendo desde la derecha. Hay en el mensaje, ya visto en el tema del financiamiento de la reconstrucción, un tono centrista. ¿Estaremos en presencia de una nueva derecha civilizada, tan ausente en el Chile contemporáneo? ¿Pero cómo se pasa de los deseos y la retórica a concretar realidades?
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de 24 800 en Chequia, de 22 030 en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población). Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante, es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza” en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza. Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos, para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile entiende lo que lee…
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.

¿Sabía usted?

2010-05-18T15:48:00.002-04:00

¿Sabía usted que en abril de 2008 el presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, promulgó una nueva ley de impuestos a la minería, considerando que su país no estaba recibiendo ingresos adecuados por su principal producto de exportación, el cobre? El nuevo régimen tributario aumentó el royalty de 0.6% a 3% del valor bruto de los minerales exportados. El impuesto a la renta para las empresas mineras aumentó del 25% al 30%. También se estableció un impuesto a la renta de 15% (adicional a la tasa del 30%), cuando las utilidades superasen el 8% de sus ingresos totales, y un Impuesto a las Ganancias Extraordinarias para aprovechar para su país los altos precios del cobre: el impuesto es de 25% cuando el precio del cobre se sitúa entre 2.50 y 3.00 dólares la libra; de 50% cuando el precio sube al rango de más de 3.00 y hasta 3.50 dólares la libra. Llega al 75% cuando el precio del cobre es superior a 3.50 dólares la libra.

Usted dirá que eso es típico tercermundismo, de aquel que no sabe estimular la inversión extranjera para salir del subdesarrollo. El FMI no objetó la fórmula, pero no se preocupe, el Presidente Mwanawasa falleció en agosto de 2008, y el nuevo gobierno derogó, por presión de las empresas mineras, el impuesto a las ganancias extraordinarias.

Pero, ¿sabía usted que Kevin Rudd, el Primer Ministro de Australia, uno de los países más prósperos del primer mundo, también propuso este 2 de mayo aumentar los impuestos a las ganancias de la minería? Ha declarado nada menos que “a lo largo de una década, las mineras han tenido ganancias extraordinarias de 74.000 millones de dólares: mientras tanto, los gobiernos, en representación del pueblo australiano, han recibido solo 9.000 millones de dólares en ingresos adicionales en el mismo período” y que “las compañías mineras merecen obtener una rentabilidad justa sobre sus inversiones, eso es importante. Sin embargo, creemos que también es importante que el pueblo australiano reciba una retribución justa por los recursos que les pertenecen.” Casi habla como Allende este Kevin Rudd: claro, es socialdemócrata, le ganó no hace mucho las elecciones a la derecha, qué lástima. Y ha agregado este señor que BHP Billiton, la empresa más grande de Australia, es actualmente de propiedad extranjera en un 40 por ciento, porcentaje que en el caso de Río Tinto alcanza a un 70 por ciento: “eso significa que este masivo incremento de utilidades, construido en base a recursos australianos, se está yendo mayoritariamente al extranjero”. Y fíjense que para evitar semejante situación propone un impuesto a las utilidades mineras de 40%.

Usted dirá: hasta a Australia están llegando las malas influencias del estatismo y de esta gente que considera, horror, que los recursos naturales les pertenecen a sus países, y que las empresas privadas deben pagar por ellos.

Pero eso en Chile, claro, no pasa. Aquí a Allende, que nacionalizó el cobre, como se le ocurre, le hicimos un golpe de Estado. Ahora tenemos buenos economistas que convencen a casi todos los presidentes, o ellos mismos están convencidos, como el actual, que no se debe, horror, “discriminar” a la inversión extranjera, no vaya a ser que se nos enoje. A lo más les pedimos unos poquitos aportes voluntarios, pero a cambio de “más invariabilidad tributaria” para que no crean que nos comportamos mal: deben tener bien claro que nos encanta regalarles los recursos de los que dotó la naturaleza a los chilenos, porque lo que nos importa en realidad es la empresa privada, sea de donde sea, y el libre mercado, no se nos olvide. Sin estatismos. Y naturalmente votamos en contra del royalty que propuso Lagos, vaya mala idea. Al final le aceptamos solo un poquito de impuesto especial a la minería y con mucha invariabilidad para que no se les fuera a ocurrir entusiasmarse a los estatistas de siempre, estos que, no hay caso, no entienden que es la propiedad privada bien privada la que conduce al desarrollo, o en todo caso a nuestro desarrollo, pues.

¿Y qué hay de los déficits del país en hospitales, escuelas, guarderías infantiles, pensiones, infraestructura productiva local y regional, universidades, medio ambiente, sin los cuales ninguna empresa privada innovadora, social y ecológicamente responsable, puede en definitiva prosperar? ¿Y qué hay del terremoto? Bueno, hay un plan, que incluye unos poquitos impuestos (temporalmente, por supuesto, no nos confundamos) y bastante endeudamiento (que paguen otros y después) y naturalmente ventas de activos estatales: ¿qué hacen todavía en manos del gobierno, que todo lo administra mal, si deben estar en manos nuestras? Para eso somos los dueños del país, los de la empresa privada (la grande, claro, no nos confundamos de nuevo). Y si este no es un buen momento para vender activos –esta molestosa crisis mantiene muchas incertidumbres que deprimen sus precios- si lo es para comprar baratos los recursos del Estado, que es lo que hemos hecho siempre, para qué vamos a perder la costumbre.

Mientras tanto, ¿sabía usted que hasta 2002, mientras el precio del cobre estuvo más bien bajo, las remesas anuales de ganancias de las empresas al exterior no alcanzaron a 4.500 millones de dólares? ¿y que desde entonces, cuando China, India y otros emergentes han terminado de irrumpir en la economía mundial con su fuerte demanda por materias primas –perdón, ahora se dice “commodities”, no nos desubiquemos- las ganancias remesadas han superado en algunos años recientes del nuevo ciclo los 25 mil millones de dólares? ¿y que este año podrían alcanzar unos 20 mil millones de dólares, que van a ir a parar a manos de prósperos accionistas extranjeros de las empresas mineras en vez de a las de los chilenos y sus hijos?

Es de esperar, vea usted, que no haya quienes propongan que nos pongamos como los de Zambia y Australia, que planteen que dejemos en Chile, con un impuesto a las ganancias extraordinarias de 40% o más si los precios alcanzan niveles muy altos, los recursos que nos permitirían reconstruir mejor lo que la naturaleza destruyó. Y además abordar las tareas del desarrollo en plazos mucho más breves de los que los bloqueos de los últimos dos decenios han permitido. Usted dirá: no vengan con malas ideas otra vez, pues. Igual no lo hicieron cuando gobernaban. En realidad, seamos justos, no los dejamos mucho, con esto de los senadores designados y la genial idea del quórum calificado que permite que sea la minoría la que legisla y no la mayoría, qué buena ocurrencia que nos aceptaron en 1989. Esto de que las mayorías gobiernen hay que ponerle límites, ¿no es verdad? Se les pueden ocurrir cosas raras. Y más bien se resignaron o se fueron acostumbrando a la idea de que para qué hacer estas cosas estatistas, ya no es propio de la época, vea usted. Les dijimos: dejen que el mercado cumpla su tarea y les fue gustando porque estaban demasiado ocupados en repartirse cargos en el Estado, salvo unos recalcitrantes que nunca faltan que insisten en que el mercado tiene demasiadas fallas y miopías como para no actuar con estrategias públicas de desarrollo para formar capital humano, hacer redistribuciones importantes de los ingresos y protecciones de los recursos naturales. A varios hasta les encantó recibir estipendios para defender los intereses de las empresas mineras que antes querían chilenizar y nacionalizar. Por lo demás, cuando se pusieron a chilenizar y nacionalizar con Frei y Allende, les votamos sus reformas, pero claro, terminamos llamando a los militares, ¿se fijan?

¿Y no ven que ahora ganamos las elecciones los partidarios de la propiedad privada? Así es que organicemos peleítas menores, veamos el mundial y que los que siempre han esperado, que sigan esperando. Total, a eso los tenemos acostumbrados. ¿O no?

Sobre impuestos

2010-04-18T21:39:00.000-04:00

Ver video sobre impuestos con Guido Girardi.

Impresiones y Reflexiones

2010-04-17T18:18:00.002-04:00

Permanecer un poco más de un año fuera de Chile, como ha sido mi caso, permite observar algunas cosas que de otro modo no se ven con tanta nitidez. Lo que salta a la vista es una cierta falta de veracidad como sello de nuestra cultura, y también de la vida política. Ejemplo: Sebastián Piñera promete crear un millón de empleos en su gobierno, a razón de doscientos mil por año, lo que suma, a ojos vista, ochocientos mil. Pero un millón suena mejor que ochocientos mil. Para que la incongruencia no se note tanto, se lleva la meta a cinco años, solo que es uno más de lo que dura su gobierno... Y está la promesa de Sebastián Piñera de vender las acciones de LAN antes de asumir el gobierno, venta que se dilata con un alto costo de imagen para, parece ser, aprovechar ventajas tributarias legales pero cuantiosas.

Este aire de falta de veracidad que nos acompaña incluye una cierta falta de pudor en materia de un tema central de la vida pública: el eventual uso del aparato de Estado para fines privados. Esto va desde un canal de televisión hasta un club de fútbol que permanecen en manos de la persona del Presidente de la República y sigue con los bienes e intereses de sus ministros e intendentes, obligados, de acuerdo a la legislación vigente, a abstenerse de tratar numerosos temas de sus carteras en los que tienen un interés personal involucrado. Mientras, se nos dice que esta situación no empañará la objetividad de sus decisiones y que serán muy eficientes. Veremos. Lo que está claro es que la imagen de Chile en el exterior como país serio y probo no gana con este tipo de configuración de equipos gubernamentales. ¿Qué opinarán de la capacidad de preservación del interés público en Chile las opiniones públicas de los países de origen de las empresas concesionarias extranjeras, que ven, sin más, que empleados de sus asociaciones gremiales pasan al otro lado del mostrador a dirigir la entidad pública que las regula? Esto no se da en ninguna parte del mundo.

Se anuncian por fin las medidas económicas para financiar la reconstrucción. Sebastián Piñera se permite, de nuevo sin veracidad, criticar el estado de las finanzas públicas. Este incluye un déficit fiscal limitado, perfectamente justificado para reanimar una economía que viene saliendo de una recesión, en medio de una de las más graves crisis que haya conocido la economía mundial. Nunca un gobierno había entregado a otro un país con las cuantiosas reservas fiscales que están a disposición de Sebastián Piñera. Al menos las actuales autoridades debieran reconocerle al anterior gobierno su gran seriedad fiscal. Sorprendentemente, esto se transforma en crítica a la Presidenta Bachelet, a cuyo gobierno se le atribuye un falso deterioro de las finanzas públicas con el fin de socavar su imagen: no se está actuando así con honestidad intelectual, ni ciertamente espíritu de unidad nacional.

Los que hemos pugnado por décadas por cambiar el sistema tributario en un sentido progresivo, proponiendo sin mucho éxito, reconozcámolo, incrementar el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, ampliar la tributación especial a la minería, subir la contribución de las propiedades de más alto valor, penalizar con mayor energía tributariamente males sociales como los que atentan contra la salud, no podríamos sino saludar diversas medidas anunciadas el viernes por Sebastián Piñera. Supuestamente no era posible diferenciar impuestos por sectores y tamaño de las actividades económicas y no se podía gravar más el patrimonio so pena de gravísimas catástrofes. El hecho es que si se podía y si se puede en beneficio, por lo demás, de la eficiencia y la equidad, como se hace en buena parte de las economías modernas. Sebastián Piñera anuncia que está dispuesto a hacerlo. Seguramente hay allí un cierto cálculo político, del tipo tomar temas de la agenda del adversario que este nunca se atrevió a enfrentar. Pero es buena lid. No cabe sino valorarlo si mantenemos un apego, aunque sea poco frecuente en nuestros adversarios, por una básica honestidad intelectual en el debate político (y, ¿porqué no? también un apego a las formas civilizadas: lo cortés nunca ha quitado lo valiente). El hecho es que terminan de caer en Chile -fuera de Chile esto ya ocurrió hace mucho tiempo- los dogmas de los discípulos de Milton Friedman y otros neoliberales presentes en buena parte del espectro político chileno. Estos han recibido en los últimos veinte años, dicho sea de paso, un apoyo injustificado de quienes no tuvieron el coraje de oponérseles en nombre de un realismo mal entendido, transformado en resignación o en reconversión interesada.

En todo caso somos muchos -o al menos algunos, no exageremos, pues Chile ha sufrido una fuerte derechización intelectual- los que seguimos afirmando que, detrás del terremoto, la principal catástrofe de Chile son sus desigualdades. El sistema tributario debe ayudar a enfrentar ese terremoto permanente y no agravar las desigualdades, como ocurre hoy. Ya decía Platón hace muchos siglos que no se puede tratar del mismo modo a los desiguales, y la exitosa experiencia histórica de muchos Estados de bienestar está allí para demostrar la viabilidad de sistemas tributarios progresivos en los que los que tienen más pagan más para financiar las tareas públicas.

Quisiéramos, claro, en nombre de la veracidad que reclamamos, que las anunciadas desgravaciones tributarias a las donaciones y un nuevo mecanismo de depreciación para supuestamente acelerar la inversión no terminen perforando en grado significativo el incremento del impuesto a la renta de las grandes empresas que se le plantea al país. Quisiéramos que el leve incremento del impuesto especial a la minería no termine de nuevo costándonos más caro a los chilenos por aumento de la “invariabilidad tributaria” que garantiza utilidades más que sobrenormales a unas pocas empresas mineras. Pareciera que Chile no tuviera necesidades urgentes, antes y después del terremoto, como para seguir regalando a unos pocos accionistas de mineras extranjeras los recursos con que la naturaleza nos ha dotado. Quisiéramos que personas que no inscriben las casas en que viven a su nombre sino de sociedades inmobilliarias de su propiedad y que descuentan el pago del impuesto territorial, pagaran como los demás chilenos ese impuesto. En estos días hemos sabido que el Presidente de la República es de los que descuenta el impuesto territorial de su casa, pues no está a su nombre.

Y quisiéramos que los modestos incrementos de tributos a los que más tienen fueran permanentes, para así financiar la eliminación de la cotización de 7% para salud de los jubilados o para aumentar las becas para estudiantes sin recursos, por ejemplo. Tal vez sea esta la ocasión, después de grandes avances en materia de democracia y derechos humanos, para un debate en serio sobre el país que queremos en materia económica y social, aunque lo hayamos escamoteado durante tanto tiempo o nos hayamos incluso rendido en más de una ocasión -lo digo autocríticamente por no haber enfrentado más a la tecnocracia y apoyado más las demandas de equidad de la sociedad civil- ante el poder económico y su capacidad de influir por diversas vías sobre el sistema político.

Renuncia

2010-03-13T23:59:00.000-03:00

Gonzalo Martner deja la embajada en España y regresa a Chile

Madrid, 12 mar (EFE).- Gonzalo Martner deja la embajada de Chile en España tras encabezar la legación diplomática durante más de un año, que concluye con la satisfacción de haber cumplido un "período constructivo" en las relaciones entre los dos países.

"Las relaciones entre España y Chile se pueden catalogar de óptimas desde el punto de vista de político, en materia de intercambios comerciales y económicos, y en el ámbito cultural", declaró hoy a EFE Martner, quien entregó su cargo de embajador este jueves coincidiendo con la toma de posesión de Sebastián Piñera.

Al hacer balance de su gestión, Gonzalo Martner destacó, además de las consolidación de las relaciones bilaterales definidas por un "estilo de cordialidad mutua", el avance que han logrado varios proyectos de cooperación universitarios y científicos.

Desde que llegó a Madrid a fines de 2008, Martner recordó que ha impulsado un acuerdo entre universidades de Chile y España denominado "Programa Becas Chile", así como varios acuerdos científicos firmados con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC).

También destacó el impulso que han tomado las relaciones con varias autonomías españolas, entre las que citó Cataluña, La Rioja, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Castilla león y Castilla y La Mancha.

Gonzalo Martner agradeció el apoyo mostrado por España tras el seísmo que sacudió a Chile del pasado día 27.

Este país, dijo, "abrió sus puertas" para enviar ayuda a Chile tras el terremoto que ha causado dos centenares de víctimas mortales.

"Ha habido una respuesta muy significativa por parte de los ciudadanos y del Gobierno de España, que agradecemos", subrayó Martner.

Gonzalo Martner Fanta, economista de formación, regresará el próximo martes a Chile, donde volverá a ocupar su cargo de profesor titular en la Universidad de Santiago, mientras no se ha desvelado el nombre del nuevo embajador que ocupará la legación diplomática de Chile en Madrid. EFE

Entrevista en El Mercurio

2010-02-18T18:32:00.004-03:00

"Se debe entender que ser DC no es lo mismo que ser de izquierda"

Actual embajador en España llama a fundar una Federación Progresista, que incluya al PS, PPD, PRSD y a los seguidores de ME-O, y desde ahí relacionarse con la DC.
Andrea Sierra

A exactos 21 días de dejar su cargo como Embajador en España, Gonzalo Martner ya llegó a Chile. Y aunque está aquí por vacaciones, desde Villarica prepara su retorno: en lo profesional a la Usach como profesor titular y en lo político a su partido, el PS, del que fue presidente, con varias propuestas bajo el brazo.

"A mi generación le va tocar una experiencia nueva: nunca hemos sido oposición en democracia", dice.

-¿Y que rol deberá jugar en este nuevo escenario?

"Lo que esencialmente cabe hacer es reunificar todo aquello que estaba resquebrajado. Desgraciadamente aquí se resquebrajó el partido socialista, el mundo progresista y la Concertación. Desde hace unos años las directivas socialistas dejaron de representar lo que los socialistas somos. Cuando el PS renunció a toda reforma tributaria en el gobierno de Bachelet y a su vez levantara la postulación del Presidente Frei yo dije 'acá tenemos un grave problema: hemos dejado de ser lo que somos'".

-¿A qué se refiere?

"He visto a la actual directiva del PS que ha reaccionado al nuevo gabinete señalando que expresa a un conjunto de personajes que vienen de la actividad privada. A mí me parece que mezclar la política y los negocios es muy negativo, pero si uno tiene un poco de honestidad no se puede menos que constatar que connotados personeros del gobierno de los últimos años también provenían de directorios de grandes empresas. Entonces yo me pregunto: si nosotros criticamos a Sebastián Piñera porque pone a gente del directorio en su gabinete. ¿Esa no es una queja válida para nosotros?"

"Hay que hacer una oposición que se haga cargo también de lo que nosotros hicimos mal"

-¿Es posible seguir con la Concertación?

"Yo creo firmemente en la continuidad de la Concertación, pero de otra manera".

-¿Con los mismos integrantes?

"La agenda progresista en la Concertación, tal como ha existido en los últimos años, ha sido vetada en aspectos valóricos o culturales. Un ejemplo: la entonces diputada PS Fanny Pollarolo a mediado de los 90 trató de buscar un acuerdo para plantear el derecho a abortar en Chile. Yo le dije que eso significaba que se rompía la coalición de inmediato y que no era el momento. 15 años después yo creo que las mujeres en Chile tienen ciertos derechos que les son propios y no tenemos porqué, los que somos progresistas, negárselos porque estamos en una determinada coalición política".

-¿Qué plantea entonces?

"Chile tiene que seguir modernizándose e incluir el derecho al aborto, a un estado de bienestar sustentado por la reforma tributaria y negociación colectiva de manera generalizada. El mundo progresista tiene que luchar por ellos y por lo tanto, tiene que reconstituirse programáticamente. Entre socialistas, PPD y PRSD no hay ninguna diferencia esencial en estos aspectos. Hay que federarse y llevar adelante una agenda política".

-¿A qué se refiere?

"Tiene que armarse una federación progresista al más breve plazo que invite también a quienes han seguido a ME-O y que de ese modo tengamos en Chile una expresión progresista clara, nítida, con oferta al país. Esto no supone romper con la DC ni mucho menos, sino pedirle a la DC que siga con su camino, con sus propios temas, sus propias preocupaciones, que los ciudadanos entiendan que la Concertación no es un partido único de centro, sino que es la reunión de un centro cristiano con una izquierda democrática, y nosotros desde el ámbito de las fuerzas progresistas tenemos que reconstituir nuestra agenda".

-¿Qué significa que la DC siga su camino?

"Se debe entender que ser DC no es lo mismo que ser de izquierda. Ser DC significa tener un vínculo con las normas que la iglesia pretende establecer en la sociedad que para la izquierda no son tolerables. Por tanto, reconozcamos y en ese sentido cada uno debe ser claro en lo suyo. Lo cual no impide colaborar en otras cosas".

-¿Cómo?

"Por ejemplo, que tengamos candidato a presidente común en primera vuelta, que para elegirlo tengamos primarias entre nosotros, entre el PPD, el PS y el PRSD ; y que con la DC tengamos un apoyo mutuo en segunda vuelta. Que en materia programática busquemos tener un programa común en la federación, que tengamos lista común de concejales".

-¿Qué hará el PS para llevar a cabo la Federación Progresista?

"Al interior del PS hay quienes no creen mucho en estas cosas. Hay quienes creen que hay que mantener dispersa a la izquierda, para así buscar una alianza privilegiada con la DC y de esa manera dar vida a la Concertación como una especie de conjunto de acuerdos para la conquista del poder burocrático del Estado. A aquellos es a quienes los chilenos dijeron "no más", dándole el 20% de apoyo en primera vuelta a ME-O y en segunda dándole el triunfo a Piñera. Entonces, hay que hacer un giro, una rectificación, y no a costa de decir que el progresismo no exista en Chile".

La Crisis y el Estado Activo

2010-02-01T20:02:00.010-03:00

Intervención en la presentación de mi nuevo libro La crisis y el Estado activo, que trata sobre la intervención del Estado en la economía a la luz de la crisis actual, junto a Enrique Iglesias y José Luis Gurría, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid, el 1 de febrero de 2010.

El siglo XX fue testigo de la Gran Depresión que entre 1929 y 1933 arrojó al desempleo a millones de personas. Los inicios del siglo XXI han conocido, por su parte, la Gran Recesión de 2008-2009, la que ha sido enfrentada con bastante éxito por planes de estímulo de gran envergadura, recogiéndose en parte las enseñanzas de la Gran Crisis. Pero diversos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, cometieron graves errores que originaron la actual situación, especialmente al desregular el sistema financiero, en un contexto en el que durante más de treinta años prevaleció la idea del “retiro del Estado”. Frente a la magnitud de la crisis que se ha vivido, resuena irónica la afirmación de Robert Lucas, de la Universidad de Chicago en 2003, según la cual “el problema central de la prevención de depresiones ha sido resuelto”, afirmación sustentada en la sempiternamente errónea fe -porque se trata de una creencia y no de una hipótesis teórica más o menos sustentada en la evidencia- en la capacidad inherentemente autoregulatoria de los mercados, incluyendo los financieros.

La paradoja es que mientras el enfoque dominante fue generando las condiciones para la crisis financiera más importante que haya conocido la historia de la humanidad y para una crisis económica solo comparable con la de 1929, en la práctica en muchas áreas, y por la fuerza de la realidad de las sociedades modernas, los órganos de gobierno continuaron realizando un importante número de tareas y empleando un volumen considerable de recursos al iniciarse el siglo XXI, en la mayoría de los casos muy superior al de la etapa de construcción inicial de los Estados de bienestar. Así, la crisis actual ha permitido mirar mejor la historia reciente y reforzado la idea de que los gobiernos tienen roles estabilizadores, redistribuidores y de provisión de bienes públicos que son insustituibles, temas que son tratados en detalle en el libro.

En América Latina, el impacto de la crisis de los años treinta y de la segunda guerra mundial fue devastador. Pero dio lugar a una posterior recuperación en base a dejar de lado la ortodoxia y establecer esbozos de política industrial (incluyendo la política de sustitución de importaciones, que en muchos casos no fue una opción sino una obligación frente a la ausencia de alternativas en un mundo fragmentado por la crisis y la guerra) y de política social cuyos resultados no fueron del todo negativos, contrariamente a la narrativa neoliberal tan repetida en las últimos tres décadas. Los años del desarrollismo latinoamericano permitieron sostener tasas de crecimiento relativamente elevadas (de 3,9% al año del PIB por habitante entre 1960 y 1980 para el conjunto de América Latina y el Caribe), inferiores a las del sudeste asiático pero bastante superiores a las de la “década perdida” de 1980-1990 (-0,4%) y las de los años 1990-2004 (1,1%), según los datos del Banco Mundial. El quinquenio de oro 2004-2008, que vio emerger un conjunto variado de políticas no ortodoxas y se benefició de un ciclo al alza en los precios de las materias primas, permitió tasas de crecimiento muy superiores a las período neoliberal y avances en la disminución de la pobreza que se vieron interrumpidos por la crisis en curso.

A su vez, el desempeño de América Latina en la actual crisis ha sido bastante positivo, gracias a una visión más activa del rol gubernamental en la regulación macroecónomica, con políticas fiscales contracíclicas

Con la crisis actual entramos en una nueva fase, imprevista y para muchos imprevisible, la del retorno del Estado. Se ha creado ya un nuevo clima intelectual, que busca dilucidar cuales serán las proporciones, modalidades y profundidad de este retorno del Estado de difícil predicción, pero que en todo caso incluye hechos tan inéditos como que General Motors, símbolo del capitalismo norteamericano de posguerra, está hoy en manos del gobierno. En esta perspectiva, el libro propone revisitar los fundamentos de la intervención del Estado en diversas áreas, y estimular al lector a reabrir pistas de reflexión por largo tiempo relegadas a un segundo plano en el análisis de los avatares de la economía. Se puede inferir de su lectura cinco tesis.

Tesis 1: En economía, cabe mantener el espíritu crítico y el respeto por la evidencia. La crisis actual mostró una vez más que la teoría económica no es una ciencia exacta, que la actual corriente dominante es frágil y se constituyó en una moda –el efecto manada también existe entre los intelectuales- marcada por prejuicios ideológicos. El “main stream” económico terminó por actuar no solo con su tradicional arrogancia sino con franca ceguera frente a los trastornos y burbujas financieras que se desplegaban ante sus ojos, mucho mejor explicadas por las corrientes económicas heteredoxas que constatan que los mercados son inherentemente inestables y que requieren de regulaciones públicas para funcionar y para producir resultados sociales y ecológicos medianamente aceptables.

Tesis 2: Ni el Estado ni los mercados son siempre malos ni siempre buenos. Los gobiernos deben ser el soporte institucional de los intercambios, y ser una factor de coordinación y control de los efectos positivos y negativos de las transacciones privadas sobre terceros (las llamadas externalidades), y a la vez asegurar la provisión de bienes públicos, la estabilización y redistribución de ingresos y activos, la regulación macroeconómica fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. Existen sólidos argumentos racionales para la intervención del Estado frente a mercados inestables e incompletos que contradicen la tesis del Estado inevitablemente depredador.

Tesis 3: El mejor Estado no es el más pequeño ni el más grande, es el mejor diseñado para cumplir los fines de disminuir la inestabilidad e inequidad de los mercados, y en general las tareas antes descritas y los fines que la sociedad determine –de preferencia con uso intensivo del conocimiento y la investigación especializada en políticas públicas- en base al control de los gobiernos por los ciudadanos y una democracia fuerte y efectiva,. El mejor Estado es el que democráticamente es capaz de gobernar al poder económico y someter los intereses particulares al interés general, especialmente en materia de estabilidad, seguridad y equidad y le preservación de los intereses de las futuras generaciones, evitando la descarga sobre ellas de deudas que financian un exceso de consumo presente y modelos productivos que penalizan y destruyen el ambiente y la biosfera.

Tesis 4: En América Latina, los gobiernos progresistas que han emergido más o menos con el nuevo siglo tuvieron razón en abandonar el consenso de Washington (desregular, privatizar, disminuir el gasto público, liberalizar indiscriminadamente). Se constató una mejoría de las políticas macroeconómicas desde el inicio del siglo XXI y se logró más que en otras etapas mantener niveles consistentes de inversión pública y de gasto social, financiados por impuestos y no mediante un déficit estructural e inflación, y mantener políticas fiscales anticíclicas y cambiarias flexibles. El estudio Panorama Social de América Latina 2009 de la CEPAL "muestra que hemos avanzado en el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso en la región, tanto que entre 2002 y 2008 en siete de los 18 países estudiados disminuyó la desigualdad, mientras que aumentó en sólo tres" en contraste con la regresión social generalizada sufrida durante la ola neoliberal.

Tesis 5: Las estrategias de salida de la crisis deberán contemplar un doble desafío: en el corto plazo, mantener el estímulo de la demanda mediante políticas fiscales expansivas y déficits públicos que compensen la caída del consumo y la inversión; en el largo plazo, velar por la sostenibilidad de la deuda pública. Se trata de crear empleo en el corto plazo mediante estímulo fiscal y realizar acciones hoy que reduzcan el déficit más tarde, en particular fortaleciendo los sistemas tributarios y creando condiciones sustentables para los sistemas de pensiones y de salud, y en general para el gasto público. En ese doble desafío se juega el progreso, la estabilidad y el futuro democrático de América Latina, tan duramente conquistado.

Proposiciones para el futuro

2010-01-23T08:04:00.007-03:00

Después de la derrota del 17 de enero de 2010, el peor camino es de la espiral de recriminaciones. Atender lo ocurrido es necesario, habrá largo tiempo para hacerlo, y lo es también asumir las responsabilidades que corresponden a una derrota de proporciones. Pero la acción política siempre debe proyectarse hacia los nuevos desafíos. Discutir sobre esos desafíos es por lo demás una manera de dar cuenta de los errores cometidos. En nuestro caso, se trata de reencaminar la situación de serio retroceso actual hacia un nuevo proyecto político. La Concertación debe redefinirse y entenderse como una expresión de alianza entre el centro político democrático y el arco de la izquierda moderna, progresista y popular, es decir una entidad con vocación mayoritaria que incluye dos grandes identidades diferentes que se unen para fines específicos. La izquierda concertacionista, luego de años de renuncia a su propia agenda transformadora en nombre de un pragmatismo de vuelo rasante y de una absorción unívoca en la función gubernamental, con buenos resultados de consolidación democrática pero finalmente un balance bastante estéril desde el punto de vista de su proyecto histórico de expansión de las libertades, de la igualdad social y del bienestar colectivo, debe reagruparse de una vez, incluyendo si es posible las nuevas expresiones polìticas que surjan a su izquierda, y abrirse a la sociedad para representar a los trabajadores y postergados de Chile que compartan los valores e ideas igualitarias y libertarias, propias del acervo histórico de la izquierda, y a las ideas ecológistas, propias de los nuevos desafíos de la condición humana. Debe revincularse a variadas formas de acción social y ciudadana y dejar de situar al Estado como su único espacio de actividad. El PS debe contribuir, una vez renovadas sus autoridades a la brevedad, a ese propósito central de desestatización y resocialización, aunque siempre estará abierta la opción de la autodestrucción o la esterilidad de las querellas y ambiciones de personas y la defensa de intereses burocráticos particulares. Las nuevas bases de un renovado proyecto político deben ser programáticas y organizativas y dar amplia cuenta del alejamiento producido respecto a las aspiraciones de la sociedad que nos ha llevado a la derrota.

1. Las nuevas bases programáticas progresistas deben ser congruentes con los valores y principios permanentes de la izquierda democrática. En primer lugar, deben reiterar que la democracia es el espacio y límite de su acción en favor de la justicia social, de los derechos de los que viven de su trabajo y de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente. Somos partidarios de una sociedad pluralista en la que se cultiva la tolerancia de las ideas ajenas y se respeta las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición. Los sistemas políticos son más democráticos y fuertes en su capacidad de proveer una forma de gobierno que respete los derechos individuales y colectivos cuando las opciones existentes y los intereses que representan se ponen en juego frente a los ciudadanos, llamados a dirimirlas periódicamente. Las izquierdas autoritarias no merecen ser calificadas como fuerzas de izquierda: toda izquierda auténtica defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo.

2. La visión de izquierda y progresista debe afirmar con energía que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder, buscando su difusión territorial y el control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. En Chile existe un déficit de interacción de los poderes públicos, un déficit de representación y un déficit de concertación social. El parlamento debe poder jugar un rol mayor en la orientación de las políticas públicas y en su fiscalización y al mismo tiempo componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías y represente a las minorías políticas significativas. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias para dejar atrás el sistema de empate y negación de la soberanía popular y sus opciones mayoritarias, fuente de parálisis y alejamiento de la opinión pública de su principal institución representativa. El espacio institucional regional y local debe robustecerse para tener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.

3. La visión progresista no puede seguir resignándose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos. Entre estos debe ser establecido el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia sexual, étnica, de género o social es parte de la reivindicación histórica del progresismo que debe adquirir de aquí en adelante toda su fuerza, y no aceptar ser subordinada al juego de las alianzas políticas con el centro y sus vetos arbitrarios.

4. La izquierda moderna debe promover una economía social y ecológica con mercados, siguiendo las experiencias socialistas democráticas de economía mixta, pero no ser meros defensores de la economía de mercado, a lo que hemos sido asimilados en la práctica, por sentido de la oportunidad, omisión o convicción, lo que ya es más grave. La derecha es la que defiende la economía de mercado en la que prevalecen los intereses oligárquicos establecidos, la concentración económica, los salarios injustos, la desigualdad de ingresos, la falta de competencia, los subsidios a los grandes empresarios, los impuestos regresivos, la no regulación ecológica, la indefensión del consumidor. Este sistema económico tiene por nombre capitalismo y los que lo defienden promueven políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y democrática, que defiende la distribución equitativa de la riqueza, el derecho de los trabajadores a luchar organizadamente por ella, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. La visión progresista no aceptará de aquí en adelante mantener la colonización por el neoliberalismo de sus propuestas económicas y sociales por falta de convicción en su propio proyecto histórico igualitario y ambientalista. La izquierda moderna considera que los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada. Los mercados sirven para asignar recursos de manera descentralizada en el corto plazo, y no deben ser ahogados por burocracias incompetentes, pero no deben ser idolatrados y menos desconocidos sus límites en materia de eficiencia y de equidad, que requieren de un Estado sólido y capaz de servir a los ciudadanos con transparencia y diligencia. Porque esto es consustancial a su proyecto, la izquierda moderna cree que el peor error que se puede cometer frente a los ciudadanos que confían en ella es descuidar el carácter profesional del Estado y someterlo al clientelismo y la incompetencia, prácticas que se compromete a desterrar de sus filas.

5. El crecimiento es un medio para salir del subdesarrollo, pero debe fomentarse en el marco del ejercicio de las libertades políticas y sociales. Nuestro horizonte es construir, junto a los ciudadanos, un nuevo Estado democrático y social de derecho que garantice seguridades básicas, igualdad de derechos y oportunidades, acceso de todos a los bienes públicos, al goce de la naturaleza y a incidir en las decisiones administrativas y políticas. Esto requiere más gasto en educación y salud pública, bienes urbanos y protección de la naturaleza, y no menos como proponen los liberales y sus soluciones de mercado o de Estado subsidiario y marginal. Requiere una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y exclusión, y no menos protección para los más vulnerables. Requiere más y no menos Estado en infraestructura, formación, innovación tecnológica. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de los servicios básicos y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora. Esto tiene un costo para la sociedad, expresado en una mayor carga tributaria, que debe ser suficiente y justa en su distribución. Pero mucho mayor es, entre otras lacras, el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones. La sociedad de mercado debe ser reemplazada por una sociedad plural, con un espacio público fuerte, con ciudadanos con derechos, en el que la economía y el mercado se subordinen al interés general y a la sustentabilidad democrática, social y ambiental del desarrollo.

6. Volver a conectarse con las aspiraciones de la sociedad a través de un proyecto político que les otorgue orientación y sentido de futuro requerirá un cambio en la configuración organizativa del progresismo. Llegó la hora de desechar la dispersión que se ha mantenido en nombre de “cautelar la Concertación”, al precio de renunciar a la agenda progresista y de distanciarse de los ciudadanos. La mejor fórmula es la de una federación de fuerzas que incluya a las existentes y a nuevas expresiones políticas que se reconocen en el proyecto político progresista y están dispuestas a ser parte de su desarrollo, sin exclusiones. Esta federación debe sustentarse mediante procedimientos democráticos de representación proporcional en un consejo nacional, que delibere sobre sus bases programáticas y las orientaciones políticas en cada coyuntura, y en una dirección política conjunta que combine representatividad y pluralidad de los componentes de la federación. El procedimiento federativo supondrá escoger en primarias abiertas una candidatura presidencial de primera vuelta cada cuatro años, con un pacto de apoyo mutuo previo con el centro y el PC para segunda vuelta. Las candidaturas parlamentarias y candidaturas a alcaldes deberán ser pactadas por el mismo espectro mientras permanezca el sistema electoral actual, pero mediante un estricto procedimiento de primarias internas en el caso de la federación progresista. Las candidaturas a concejales deben permitir representar la pluralidad en una lista progresista.

7. La existencia de la federación progresista no supondrá terminar con las alianzas de gobierno con fuerzas del centro político y especialmente con la Democracia Cristiana, sino redefinirlas en los términos mencionados. Supondrá su autonomía en materia de candidaturas presidenciales, en las que promoverá sus bases programáticas propias, con disposición a realizar pactos de gobierno de coalición sustentados en un programa destinado a cumplirse en cada período presidencial de modo exigible por los ciudadanos. La Concertación no puede seguir siendo el espacio de la dispersión del progresismo y de su competencia interna descarnada en beneficio de la agenda conservadora y de la subordinación del sistema democrático a los poderes económicos oligárquicos, que por nuestros errores y falta de voluntad política han conquistado ahora el gobierno, único espacio del que aún no disponían en propiedad en Chile. La Concertación debe en cambio ser en el futuro próximo el espacio de encuentro para tareas comunes delimitadas en cada período político entre el centro político y el progresismo unificado y estructurado como fuerza política federada.

¿Cuando empezó la declinación de la Concertación?

2010-01-18T08:23:00.001-03:00

Respuesta a pregunta de Diario La Tercera:

"En las parlamentarias del 97. Perdimos un millón de votos que nunca más recuperamos. Era la época de Frei Ruiz-Tagle, en donde muchas cosas no se hicieron bien. Ahí se produjo el distanciamiento. La transición a la democracia ya terminó su motivación política. La gente empezó a querer ver resultados y se encontró con que nosotros no se lo estábamos dando, sobre todo en materia económica y social. No se dio el salto hacia un Estado de bienestar en las condiciones chilenas, sino que se mantuvo una lógica de Estado subsidiario, de políticas sociales de pequeña escala".

Nuevas etapas, nuevos desafíos

2009-12-20T07:55:00.003-03:00

La Concertación, al menos tal como la hemos conocido desde que se fundó en 1988, ha dejado de existir en la reciente elección. Ya no está en condiciones de reunir bajo una misma opción al electorado de centro y de izquierda progresista en primera vuelta y en el plano parlamentario constituye listas solo instrumentales, acogiendo con éxito candidaturas comunistas en tanto respuesta a la negativa de la derecha de que todas las fuerzas relevantes estén en el parlamento.

La manera sensata de abordar el tema hacia el futuro es tomar nota que, más allá de los deseos de cualquier directiva de partido, una candidatura presidencial democratacristiana tiende a hacer crecer candidaturas a su izquierda. Ocurriría lo mismo a la inversa: una candidatura encabezada por la izquierda progresista estimularía otras más o menos vinculadas al centro. Todo esto no es sino la constatación de las dinámicas de la actual vida política del país. No hay que darle la espalda a esa realidad, hay que darle un nuevo cauce.

Las voces de centro tienen razón cuando señalan que no pueden quedar subsumidas en la izquierda progresista. A su vez, la izquierda progresista no puede ya permitir que desaparezca su agenda. Ese pacto implícito no puede seguir. Hablemos con claridad: lo que no puede seguir es una alianza en que se veta lisa y llanamente abordar el aborto y las uniones homosexuales, en que no se respeta los símbolos históricos de cada cual y se rehúye temas económico-sociales esenciales. Quedan fuera las reformas laborales y tributarias, no se apoya como se debe la educación pública, no se regula el poder omnímodo de los seguros privados de salud, no se descentraliza más el país, no se evita suficientemente la captura del sistema político por intereses empresariales. Frente a semejante situación, y a prácticas clientelísticas crecientes, no podía sino ocurrir que la agenda progresista buscara cauces nuevos de representación, aunque fuera de manera imperfecta y en muchos sentidos improvisada. Ahí está, conquistado en nueve meses, el 20% de adhesión a Marcos Enríquez-Ominami, atacado por doquier, hasta en la dignidad de su nombre.

De aquí para adelante, resulta verosímil que se consagre que el centro y la izquierda progresista ofrezcan su propia alternativa en primera instancia frente a los ciudadanos, favoreciendo el debate sobre las opciones de país. Para que sea eficaz, este esquema supondría un pacto previo de apoyo mutuo en segunda vuelta que tome en cuenta en la definición final de un programa común de gobierno los pesos ciudadanos obtenidos por cada cual. Asimismo, supondría un acuerdo parlamentario instrumental global mientras permanezca el sistema binominal. A su vez, maximizar la diversidad local supondrá no una sino varias listas a los consejos municipales, con candidaturas únicas a alcalde de todas las fuerzas no derechistas, mientras no se introduzca la segunda vuelta en ese nivel. Un nuevo esquema de autonomía y convergencia podría darle opciones y al mismo tiempo gobernabilidad al país, con un pacto democrático que sea alternativa frente a una derecha que sigue siendo la de los privilegios y el autoritarismo.

Sigamos siendo claros: si la agenda progresista está actualmente bloqueada con el aval de los partidos de la Concertación, en todo caso ni un ápice de ella podrá avanzar con un gobierno de derecha. Los progresistas deben contribuir fervorosamente a derrotar a la derecha, a lo que ayudaría mucho que las burocracias de partido asuman que la preservación de sus intereses no puede hacerse al costo de una derrota general. La lógica de las cosas parece ser hoy la siguiente: el candidato de centro en la segunda vuelta tiene en sus manos la posibilidad de constatar la votación de la izquierda progresista y de la izquierda tradicional e integrar por propia iniciativa a su programa de gobierno aquello que sea representativo de estas fuerzas y que le resulte asumible para su propia identidad. Y éstas debieran, en virtud de ese esfuerzo positivo, y en la medida que les resulte suficientemente creíble, convocar a votar por el candidato que esté en condiciones de derrotar a la derecha. Quien no quiera que gobiernen los dueños de fundo, que se amnistíe a los criminales pinochetistas, que se privatice CODELCO, el Banco del Estado, la salud y la educación más de lo que están, que pase la Dirección del Trabajo a manos de los empresarios, que el medioambiente se deteriore todavía más frente a los intereses del dinero, tiene solo una opción. Ni la abstención ni el voto nulo derrotarán a Piñera. Lo hará marcar el 17 de enero una preferencia en el voto por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y seguir movilizados a favor de la agenda progresista. Converger en el nombre de Frei en la segunda vuelta se facilitará con lo que será sin duda su llamado a trabajar firmemente durante cuatro años como una alternativa serena y eficaz frente a la derecha, comprometida con una propuesta de gobierno que combinará lo mejor del centro y del progresismo.

La primera vuelta en perspectiva

2009-12-13T17:54:00.002-03:00

En las dos elecciones presidenciales anteriores a la de diciembre de 2009 la derecha obtuvo en primera vuelta un muy buen resultado. En 1999, con Joaquín Lavín como único candidato, alcanzó el 47,5% de los sufragios válidamente emitidos (sin contabilizar los votos nulos y blancos), situándose a menos de medio punto porcentual de Ricardo Lagos, con apenas unos 31 mil votos de desventaja. En 2005, las candidaturas de Sebastián Piñera y de Joaquín Lavín sumaron juntas el 48,6%, lo que en esta ocasión implicó superar el 46,0% de Michelle Bachelet, con una diferencia a favor de la derecha de nada menos que 186 mil votos, lo que a veces se olvida. En efecto, hace ya una década que quedaron atrás las victorias holgadas de la Concertación en primera vuelta, dirimiéndose desde entonces la contienda presidencial en la segunda vuelta electoral que prevé nuestro sistema institucional.

En enero de 2000, Joaquín Lavín incrementó su votación de primera vuelta en 143 mil votos, pero Ricardo Lagos lo hizo en 300 mil votos, sellando su victoria por una diferencia porcentual de 2,6 puntos (51,3% contra 48,7 %). Se produjo probablemente el apoyo de buena parte de los 291 mil votantes de Gladys Marín, Tomás Hirsch y Sara Larraín, mientras unos 123 mil ciudadanos se sumaron al proceso electoral en comparación a los que sufragaron en primera vuelta.

En cambio, en enero de 2006 el comportamiento fue diferente: no se incrementó mayormente la participación electoral (con solo 17 mil votos más), mientras Sebastián Piñera no logró reunir tras su nombre los votos que se habían expresado a favor de la derecha en la primera vuelta presidencial, con una pérdida de 140 mil votos. En cambio, Michelle Bachelet logró un espectacular repunte en la mencionada ocasión, sumando 532 mil votos adicionales, es decir 7,5 puntos porcentuales de votación, una cifra bastante mayor a los 375 mil votos que había obtenido el candidato del Juntos Podemos, Tomás Hirsch. Así, una parte del voto de Joaquín Lavín se transfirió hacia la primera mujer que ha llegado a la primera magistratura del país, que logró ser electa con una importante diferencia de sufragios respecto a la derecha ( 53,5% contra 46,5%).

Como vemos, la primera y la segunda vuelta tienen sus propias dinámicas, en donde la fortaleza inicial de la derecha hasta acá no se ha traducido en un crecimiento suficiente en la segunda vuelta. Pero naturalmente, cada elección es distinta, y la de hoy 13 de diciembre deparará seguramente más de alguna sorpresa, como es propio de la democracia, en la que nada está escrito hasta que los ciudadanos de pronuncian.