lunes, 1 de agosto de 2016

¿Los sistemas de reparto están quebrados?

Hay quienes opinan con gran alarde que los sistemas de reparto están universalmente quebrados y otros con gran propiedad indican que ningún sistema de capitalización individual ha sido revertido. Nada de esto es cierto.
La reversión ha ocurrido en Argentina (sin que el actual gobierno de derecha se manifieste a favor de volver a un sistema de capitalización individual), Hungría y Eslovaquia, mientras Estonia, Letonia y Polonia han reducido su proporción al interior de sistemas mixtos, que usualmente incluyen un pilar solidario de reparto, uno de cotizaciones laborales obligatorias y uno de incentivos fiscales al ahorro. Estos sistemas mixtos son la tendencia más frecuente en la actualidad.
Los sistemas basados en la capitalización individual, especialmente en estructuras laborales heterogéneas y con contratos de trabajo volátiles, garantizan bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa reciente de las personas que se retiran, especialmente en el caso de las mujeres.
El envejecimiento demográfico provoca una mayor dificultad de financiar las pensiones bajo el sistema de reparto, bajo el sistema de capitalización o bajo cualquier otro sistema que pueda imaginarse. No obstante, existen sistemas de reparto perfectamente compatibles con este proceso en tanto la carga financiera del pago de pensiones se vaya adaptando a las disponibilidades presupuestarias definidas. El sistema de reparto puede absorber el cambio demográfico: a) ajustando los parámetros (tasa de cotización, años de cotización, edad de retiro, tasa de reemplazo), lo que han hecho casi todos los países que mantienen este tipo de sistema, entre los que se cuenta Estados Unidos y la mayoría de los europeos, o b) estableciendo “cuentas individuales no financieras”, es decir una contabilidad de derechos según cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida activa, indexadas por la evolución de la masa salarial (Suecia) o el PIB (Italia). Este sistema da lugar a  derechos pensionales según la trayectoria laboral completa de cada cual y se impiden los tristes e indignantes incrementos de salario de última hora para obtener ventajas a costa de los demás que hemos conocido en estos días, o los que se impusieron para las fuerzas armadas en la etapa de la dictadura militar, o cualquiera otra maniobra que suele presentarse en los sistemas políticos permeables a los intereses particulares mediante el financiamiento privado de la política. Esos derechos son convertidos en renta con un coeficiente que depende de la esperanza de vida de cada generación y del esquema de revalorización de pensiones escogido, prohibiendo la discriminación hombres-mujeres en las tablas de longevidad, o c) estableciendo una pensión uniforme universal a la neozelandesa o canadiense, financiada por reparto a través de impuestos, establecida en este caso como un porcentaje del salario medio. Ninguno de estos sistemas está “quebrado” en absoluto.
En el caso de Chile, un mejor sistema a adoptar sería uno de reparto sustentado en una pensión uniforme universal establecida como un porcentaje del sueldo medio y concebida como un derecho para todos los ciudadanos mayores de 65 años, única manera de lograr una cobertura adecuada en una estructura laboral tan heterogénea y discriminadora contra las mujeres, financiada por impuestos progresivos que amplíen sustancialmente y reemplacen la actual Pensión Básica Solidaria (que cuesta menos de un 1% del PIB, es decir, menos que las pensiones militares), a la neozelandesa, y manteniendo el fondo fiscal de reserva de pensiones para asegurar su sustentabilidad en el tiempo.
Un esquema de este tipo que asegure un 40% del salario promedio actual sería 2,6 veces superior a la Pensión Básica, costaría un 3% del PIB, en circunstancias que por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo de AFPs. Por tanto no estamos hablando de nada inusual. Junto a esta pensión universal, se debe estimular pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias -descontadas por planilla al momento del pago por el salario- con aportes equivalentes (con topes) del empleador y subsidios públicos para los pequeños ahorrantes.
En el futuro, las AFP debieran transformarse en entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, sin ya mantener el inusitado y absurdo privilegio de recibir cotizaciones obligatorias. Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –en adelante voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda, enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que viven de su trabajo.
La idea de que la solución a la baja tasa de reemplazo del sistema actual sea subir la cotización a ser entregada obligatoriamente a las AFP, haría poco por aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, salvo que sea sustancial, con la consecuencia de encarecer todavía más el sistema, y mucho por aumentar aún más las sobreutilidades ilegítimas de las AFP, que simplemente deben terminar, pues existen mediante coerción a costa de los ingresos presentes y futuros de la gran mayoría de los chilenos.
Un nuevo enfoque debe asegurar a toda persona con más de 65 años el derecho a un ingreso igualitario del que vivir –necesariamente modesto pero digno, basado en la capacidad productiva de la sociedad y en las rentas colectivas que genera- por el sólo hecho de ser ciudadano (o residente de larga duración), junto a una atención de salud fuertemente subsidiada y un acceso a bajo costo al transporte, la cultura y la recreación para los mayores.
Debatir la magnitud de ese subsidio financiado por impuestos progresivos, transparentes, sin privilegios de ningún tipo, con montos materialmente viables -para lo que necesitamos una economía de alta productividad e innovación con una base social y ecológicamente sustentable- es fundamental para la sociedad de mayor edad promedio, con relativamente muchos menos jóvenes, que tendremos como horizonte futuro.