viernes, 8 de julio de 2016

¿Gratuidad de qué y para quien?



El actual gobierno actúa con una curiosa práctica programática y legislativa. En vez de plantear medidas para su período, lo hace, en diversas materias cruciales, para los siguientes gobiernos. Esto pudiera considerarse una saludable visión de largo plazo y un prudente espíritu de gradualidad. El problema es que ese proceder no considera un elemento básico de la democracia y contribuye a su desprestigio creciente: los gobiernos son por definición “de turno”, es decir de duración limitada, y más aún lo son los presupuestos, que son anuales. Lo que ocurra después de 2018 en materia tributaria y de gasto público, y también en materia de gratuidad universitaria, será fruto de decisiones del próximo Presidente y del próximo Congreso y no de los actuales. Discutir sobre proyecciones de PIB y otras consideraciones para ver cuando se llegaría a la gratuidad universal –con el famoso “todo lo demás permaneciendo constante” de los economistas poco criteriosos- no tiene simplemente ningún sentido.
El actual gobierno ha dicho, en definitiva, que se accederá al finalizar su período a la gratuidad universitaria si se pertenece al 60% de menos ingresos, dados los rendimientos de la reforma tributaria y el menor crecimiento, los que no alcanzarán para sostener la promesa del 70%. Si ese guarismo se modificó, también valdría la pena reflexionar sobre el sentido de la gratuidad, que debe discutirse en sus fundamentos y dejar de ser una carrera por porcentajes. Por nuestra parte, como venimos escribiéndolo desde el año 2012,  sostenemos que la idea de gratuidad universal no es la mejor desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad y debiera sustituirse por otra: la de una progresión presupuestaria fundada en una nueva política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior. Y no en promesas genéricas bastante poco racionales.
Primero, debiera alcanzarse la gratuidad en toda la educación técnico-profesional declarada pertinente por el Ministerio de Educación, siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas por un nuevo órgano público especializado, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica, como está previsto por el actual gobierno,  e Instituto Profesional por región a partir de las universidades estatales.
Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en las carreras pertinentes declaradas como tales por el Ministerio de Educación (¿tiene sentido gastar enormes recursos públicos para formar gente en carreras sin empleabilidad?), aumentando su matrícula progresiva pero sustancialmente. En tanto, es indispensable redimensionar a la mayoría de las carreras universitarias, que deben pasar, como en el mundo desarrollado, de cinco a cuatro años, en base a fortalecer la formación escolar con un sistema público de preuniversitarios y propedéuticos. Y no se debe incluir a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (estableciendo un arancel diferenciado con crédito subsidiado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector privilegiado de la sociedad.
Como tercera prioridad, la gratuidad debiera incluir, con los mismos criterios anteriores, a los alumnos de las carreras de universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y de investigación, junto a una extensión al servicio de las comunidades, sin discriminaciones.
Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general (todas esas son características fundamentales de la función pública en educación superior, según lo establecen además los tratados firmados por Chile en materia de derechos sociales y culturales), no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales y sus alumnos de menos ingresos recibir ayudas estudiantiles si están acreditadas y en carreras declaradas pertinentes por el Ministerio de Educación.
Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión (donde haya compromiso con el interés general, con las prioridades de desarrollo, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos, y dónde no los haya simplemente no debe haber subsidio), debiera poder acomodarse sin problemas con los recursos fiscales disponibles para 2017 y 2018. Lo que siga más adelante será materia, insistimos, del próximo gobierno y del próximo Congreso emanados del pronunciamiento ciudadano. Ellos verán qué política de educación superior aplican.
Si lo que se quiere es un mercado educativo desregulado universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de carreras y universidades ni niveles de ingresos de los alumnos,  no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto financiado por el Estado con los impuestos que pagan todos los chilenos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.