martes, 5 de julio de 2016

Gratuidad universal


Es un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto
La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.
Publicado en EMOL el 5 de julio
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Pregunta y respuesta completa

Pregunta Emol: ¿cuándo podríamos llegar a la gratuidad universal? Considerando el lento crecimiento económico del país y los resultados esperables de la reforma tributaria. ¿Se puede lograr? ¿Es un proyecto muy a largo plazo? ¿Es imposible lograrlo?

Respuesta:

La idea de la gratuidad universal debiera sustituirse por una progresión presupuestaria fundada en una política que refleje las prioridades del país en materia de educación superior y no en promesas genéricas poco racionales. Primero debiera alcanzar a la brevedad a toda la educación técnico-profesional (siempre que sea sin fines de lucro e incluya, además de entidades privadas estrictamente acreditadas, un sector estatal hoy inexistente y que se debe crear a la brevedad, con mucho más de un Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional por región a partir de unas universidades estatales que aumenten su matrícula progresivamente hasta el 50% del total). Segundo, la gratuidad debiera extenderse a los alumnos de las universidades estatales en tanto la mayoría de las carreras pasen de cinco a cuatro años y se excluya a los alumnos de familias pertenecientes al 20% más rico (arancel diferenciado) mientras no se incremente el impuesto progresivo a la renta de este sector de la sociedad. Como tercera prioridad en el tiempo, la gratuidad debiera incluir, con el mismo criterio anterior, a los alumnos de las universidades privadas acreditadas en docencia e investigación que practiquen la libertad de cátedra y la investigación sin discriminaciones. Las entidades de formación técnica con fines de lucro y las universidades privadas con fines de lucro encubierto, o que no practican la libertad de cátedra y discriminan a alumnos y docentes por razones distintas del mérito, o bien que prohíben la investigación en ciertas áreas por convicciones particulares y por tanto no se conducen de acuerdo al interés general, no debieran recibir recurso público alguno. Las que no realizan investigación debieran ser declaradas Institutos Profesionales. Esta secuencia presupuestaria basada en una visión (la educación superior es un bien que la sociedad decide sustraer del mercado y transformar en un bien público) y en una política pública que es una consecuencia de esa visión, debiera poder acomodarse sin problemas a los recursos fiscales adicionales disponibles en los próximos años. Si lo que se quiere es un mercado educativo universalmente subsidiado por el Estado, que no distingue entre tipos de universidades, no sólo no hay presupuesto que alcance antes de décadas, sino que se trataría de un despilfarro fiscal y social insostenible e injusto, una suerte de capitalismo educativo financiado por el Estado. Donde hay compromiso con el interés general de la sociedad, con el pluralismo y con la libertad de cátedra e investigación, debe haber recursos públicos. Donde no lo hay, simplemente no debe haber subsidio público.