sábado, 9 de abril de 2016

Legalidad y ética pública



Publicado en Voces La Tercera

En tanto Panamá y otros paraísos fiscales no quedan precisamente a la vuelta de la esquina, los que en Chile se toman la molestia de inscribir allí sociedades y abrir cuentas bancarias seguramente no lo hacen por comodidad sino porque la tributación a la renta y a las ganancias de capital es inexistente o muy baja. Si la renta se genera en Chile y llega a un paraíso fiscal sin tributar, se trata, en muchos casos, de blanqueo de capitales con el objeto de eludir o evadir impuestos. Esto plantea entonces el problema, además de cuánto se están o no violando las normas legales vigentes, de lo que tendrán que hacerse cargo las instituciones pertinentes, del tipo de ética pública que profesan los que actúan de ese modo. Según ha informado la prensa, aparentemente se incluye en el caso de chilenos a un ex Presidente de la República y a un ex candidato a Presidente de la República, ambos empresarios.

Si los más ricos eluden o evaden impuestos transfiriendo ingresos generados en Chile o en transacciones que involucran a nuestro territorio, quiere decir que consideran que los demás chilenos son los que deben sostener las cargas tributarias que permiten el funcionamiento del cuerpo social.Recordemos que las acciones públicas indispensables para el correcto funcionamiento de toda sociedad y su desarrollo en el tiempo incluyen tanto la provisión de bienes públicos en materia de seguridad interna y externa, infraestructuras diversas y producción de conocimiento, como el incremento de las capacidades humanas y la cohesión social del país a través de gastos en salud y educación y transferencias directas de ingresos y activos a los más pobres para la igualación de oportunidades y de resultados que aumentan la equidad distributiva.

La tarea pública no sólo tiene un costo para los contribuyentes, sino que también, cuando está bien hecha, reporta beneficios a la mayoría y a la larga a todos al incrementar la seguridad y el bienestar colectivo y la propia actividad económica.

Así, la acción gubernamental requiere necesariamente de financiamientos tributarios y de contribuciones obligatorias de los ciudadanos. Si los ricos eluden y evaden el pago de impuestos (y de paso corrompen el sistema político para favorecer legislativa y administrativamente sus intereses, como hemos visto en el último tiempo), mientras los sectores medios y los pobres pagan por los servicios públicos de los que también se benefician los ricos, ¿qué apelación a la ética pública y privada puede sostenerse con legitimidad? ¿No se erosiona acaso por esa vía los fundamentos de la vida en común?

Según François Perroux: “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el… espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”. El afán de lucro, que algunos han querido persistentemente poner como el valor central de nuestra sociedad, es el que lleva, legal o ilegalmente, a eludir y evadir impuestos utilizando paraísos fiscales y a sustraerse de las obligaciones frente a la sociedad, con la consecuencia de debilitar sus bases de funcionamiento.