miércoles, 27 de enero de 2016

Democracia y socialismo en el siglo XXI

Publicado en Voces La Tercera
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Durante el último fin de semana de enero se llevará a cabo un Congreso del Partido Socialista que no ha suscitado mayores expectativas. Esto tal vez ocurre porque este partido ha usado de un modo que hoy ya no tiene credibilidad  una cierta retórica radical en sus congresos y eventos, que luego se contradice palmariamente con una práctica política que privilegia la permanencia en el poder gubernamental y parlamentario por sobre cualquier idea o proyecto político transformador. Esto se ha expresado en la tibieza del apoyo socialista a las reformas sociales del actual gobierno y en mantener alianzas privilegiadas con la DC, en un curioso rol de articulación sin contenidos que se ha autosignado desde hace una década, más precisamente desde las elecciones municipales de 2008. Cabe recalcar que esta alianza no tiene nada de “histórica”,  pues desde 1989 hasta esa fecha el PS siempre privilegió dentro de la alianza de centro e izquierda un pacto con el PPD en materia municipal y parlamentaria, además de presidencial, en la perspectiva de fortalecer al mundo progresista. Desde entonces, la política de sus sectores dominantes (si no en sus intenciones declaradas, en todo caso en sus resultados) ha sido la de dividir al campo progresista. Esto no se avizora que se vaya a modificar, especialmente  luego del reciente acuerdo cuasi unánime de establecer una alianza con la DC en el preciso momento en que este partido arrecia en sus críticas a las reformas de la presidenta Bachelet. Entienda el que pueda.

Tal vez tenga sentido recordar que la acción política del socialismo chileno desde sus orígenes estuvo en el campo de la transformación y no en el de la gestión conservadora de posiciones de poder.  Y con todos los errores que se quiera, pero nunca abandonando un vocación de representar al mundo del trabajo y de la cultura para un proyecto de cambios estructurales, el que Eugenio González  llamaba “democrático en sus métodos” y “revolucionario en sus fines” y que luego Salvador Allende denominó la “vía chilena al socialismo”.

En el mundo de hoy, frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global,  la agenda política del socialismo en su sentido más amplio –crear las condiciones para extender normas de igualdad y comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gocen de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar,  con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor- ha acrecentado antes que disminuido su vigencia. Esto contrasta con mucha fuerza con el viraje hacia el centro del socialismo chileno que ya dura una década.

En efecto, la crisis del capitalismo global abierta en 2008-2009 ha puesto todavía más en evidencia que las sociedades económicamente polarizadas que genera y reproduce el capitalismo -y que desde esta condición enfrentan las crisis que no son sólo económicas sino también sociales, ecológicas y de representación política- destruyen los factores de cohesión social e incrementan los males públicos. Existe una probada correlación entre desigualdad de ingresos y problemas sociales y de salud, así como entre desigualdad y confianza mutua, participación comunitaria y niveles de violencia. La actitud frente a la desigualdad de posiciones en las instituciones económicas, de  ingreso, de trato, de condición, de oportunidades y de derechos de unos y otros miembros o clases de miembros de la sociedad sigue estructurando en una medida importante el campo político y diferenciando a izquierdas y derechas. Y la igualdad sigue siendo la “estrella polar” de la izquierda, en la expresión consagrada de Norberto Bobbio (1989).

Por su parte, la agenda democrática –la del autogobierno del pueblo- pugna por seguir avanzando hacia nuevos espacios, aunque los regímenes autoritarios siguen gobernando buena parte de la humanidad y la política “postmoderna” en el mundo occidental dificulta la operatoria que, de acuerdo a Habermas (2009), ensambla los tres elementos que constituyen el núcleo normativo de los Estados democráticos de derecho: “la autonomía privada de los ciudadanos, que tienen derecho a llevar una vida autodeterminada; la ciudadanía democrática, esto es, la inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política; y una esfera pública independiente que, operando como la esfera de la libre formación de la opinión y de la voluntad, vincula entre sí al Estado y la sociedad civil”.

La tarea del socialismo moderno es precisamente esa: seguir bregando incansablemente por la convergencia de la agenda democrática con la agenda igualitaria. Se debe en este sentido reemplazar progresivamente el predominio del impulso ilimitado de acumulación por una economía plural gobernada por la democracia y orientada a satisfacer las necesidades humanas y preservar los bienes comunes. Esto no se podrá lograr sin una cooperación acentuada en el espacio mundial con nuevas regulaciones políticas, económicas, sociales y ambientales. Pero es en los Estados-Nación y en el espacio local donde los procesos de cambio deben arraigarse en primer lugar, donde tiene sentido promover  una nueva economía mixta con mercados pero no de mercado, con Estado fuerte pero no estatizada, que integre cuatro lógicas económicas:

- la de la planificación de la provisión pública de bienes y servicios de consumo colectivo (seguridad, infraestructura y equipamientos sociales, conocimiento), o con fuertes externalidades (educación, cultura, salud, innovación), que deben ser objeto de acceso gratuito o parcialmente subsidiado en tanto sean útiles a la sociedad  y que el mercado no provee o provee en magnitudes insuficientes,  mediante empresas y administraciones estatales (con participación  local y comunitaria cuando sea posible y eventualmente producción privada licitada cuando minimice costos a la colectividad); su financiamiento debe provenir de impuestos progresivos al ingreso, a la propiedad y al consumo e impuestos al “ingreso tecnológico” , al patrimonio hiperconcentrado   y a las rentas provenientes de la actividad financiera y la explotación de recursos naturales de propiedad de naturaleza colectiva cuya apropiación privada no tiene justificación;

- la de la institucionalización de ingresos de reemplazo frente al desempleo, la enfermedad, la vejez (financiados por aportes progresivos basados en las rentas del trabajo y el capital), y de distribución universal de ingresos básicos disponibles para todos (financiados con impuestos generales), especialmente frente a la perspectiva de una caída tendencial de la creación de empleo asalariado –desde donde la mayoría de la población obtiene sus ingresos y el vínculo con la protección social- en las economías de mercado intensivas en capital, dados los cambios tecnológicos en curso, y que da lugar a un proceso inevitable de, en palabras de Paul Jorion (2013), “gran transformación” del empleo tradicional;

- la de laproducción programada de bienes y servicios  por una economía social y solidaria de carácter cooperativo y de interés colectivo, inserta en redes locales de reciprocidad, con acceso al crédito provisto por entidades públicas subsidiada en tanto tenga capacidad de producir integración social a través del empleo y la actividad de prestación de servicios a las personas más vulnerables y en tanto esté asociada a los circuitos cortos de producción-consumo que dinamicen las economías locales;

- la de la producción descentralizada de bienes y servicios por empresas privadas competitivas con fines de lucro pero capaces de producir con eficiencia en gran escala  insertas en y para los mercados domésticos y globales, pero con utilidades que pagan impuestos y una actividad sujeta a la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo, a reglas antimonopólicas y de responsabilidad social y ambiental, y con participaciones accionarias de fondos de los trabajadores que den  lugar a incidencia en la gestión, en un contexto de estrecha regulación financiera.

Una redistribución de ingresos y activos económicos mediante criterios de igualdad justa de oportunidades y en base al principio de comunidad, que sea democrática, estable y que mantenga dinámicas de crecimiento-decrecimiento, no supone dejar de apoyarse en mercados descentralizados, pero si regularlos sistemáticamente y restringir desde el Estado democrático el derecho absoluto de propiedad de los activos económicos. Esta restricción es indispensable para limitar la concentración y monopolización de la oferta, permitir el control de las fallas de mercado y de los “males públicos” que emanan de esos derechos de propiedad  -entre los cuales se encuentran las diferencias de ingresos no legítimas- y distribuir socialmente parte de los beneficios de las empresas más allá de la retribución de mercado.   

Para aminorar sustancialmente las desigualdades de ingreso cabe entonces estructurar acciones regulatorias  y subsidios ex ante, que incluyen a) la “gran transformación del trabajo”  (con derecho a la sindicalización y negociación colectiva generalizada, salarios mínimos y despido compensado, participación salarial en las utilidades en la empresa tradicional, junto a la formación permanente de la fuerza de trabajo en oficios y especializaciones, subsidios de acceso al trabajo formal para jóvenes, desempleados de larga duración y personas con capacidades diferentes y sobre todo crecientes  programas de empleo y actividad en la economía social financiados en base al incremento de productividad del empleo tradicional); b) establecer un derecho de acceso sin costo a la educación, con escuelas y universidades efectivas, intervenir el acceso a los activos productivos mediante una política de fomento a la innovación, ampliando el acceso al crédito y las transferencias tecnológicas,  ampliando el alcance de la economía social y solidaria sin fines de lucro y el rol de las empresas y servicios públicos en la provisión de servicios básicos y bienes públicos; c) establecer políticas antimonopolio efectivas y reformar los gobiernos corporativos asegurando la participación diversificada de intereses en las empresas de mayor escala, incluyendo la de los asalariados en la propiedad.
Las acciones de corrección ex post deben constatar que la desigualdad será mayor o menor según la magnitud y estructura de los impuestos, ya sea directos (progresivos a la renta, a la propiedad, a las herencias,  al acceso a los recursos naturales, minimizando los efectos distorsionadores) o indirectos, es decir diferenciados al valor agregado y a las importaciones, especiales al consumo de males, como el daño a la salud, la contaminación local y la huella de carbono que incide en el calentamiento global. La estructura y nivel de gasto público tendrán la misma consecuencia, incluyendo el gasto en bienes públicos y en externalidades positivas que mejoran el bienestar de la mayoría y/o de los peor situados; gastos universales en bienes asegurables de protección social y gastos redistributivos directos en especie y en dinero para asegurar un cierto grado de bienestar básico universal acorde con la capacidad de la economía.

Del congreso socialista no saldrá ninguna afirmación en este sentido, porque por el momento allí los proyectos políticos ya no son relevantes. Solo lo son las candidaturas a unas u otras posiciones en el gobierno y las instancias de representación. Por supuesto, el pesimismo de este diagnóstico de corto plazo no impide en nuestro caso el optimismo histórico, pues existe en el seno del PS una energía transformadora que viene de su historia y de nuevas expresiones que van poco a poco resurgiendo, pero que son hoy minoritarias. Y lo serán al menos hasta que no se produzca una nueva convergencia entre mayores demandas transformadoras en la sociedad y la reemergencia de expresiones con convicciones socialistas desde ese partido y desde fuera de él.