viernes, 25 de septiembre de 2015

Postura de Chile tras el fallo de La Haya

Hemos escuchado incansablemente, por parte de la mayoría de los analistas y juristas chilenos sobre los temas de las demandas peruana y boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que la mayor instancia jurídica internacional debe fallar en derecho -lo que es una obviedad (¿qué tribunal no falla a sus ojos en derecho?)-, y que por tanto sólo le cabe aceptar la posición chilena, lo que los hechos han desmentido una y otra vez. Tanto en el caso peruano sobre límites marítimos, como en el caso boliviano sobre admisibilidad de la demanda sobre obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar, la Corte no le ha dado la razón a la parte chilena.

Caben dos posibilidades: o la Corte no falla en derecho y mantiene una animadversión arbitraria hacia Chile –en cuyo caso hay que denunciar a la Corte Internacional y salirse del Pacto de Bogotá de 1949 que Chile suscribió y que compromete a los países suscriptores a que los diferendos de límites se diriman por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia como alternativa a la guerra entre naciones- o los analistas y juristas chilenos de marras están equivocados.

El autor de estas líneas no es jurista, pero procura razonar más allá de lo que digan o  no las opiniones convencionales o las encuestas frente a los hechos de la esfera pública. Y el primer razonamiento que se le ocurre hacer es que el propio nombre de la Corte Internacional indica que está para impartir justicia, y no para aceptar sin más los argumentos de alguna parte demandada según la cual su posición sobre límites no admite controversia y es intangible, como ha sido invariablemente la posición chilena y que manifiestamente no convence a nadie. ¿Es menester recordar que este camino lleva sólo a una conclusión, la de terminar a la larga sustituyendo la diplomacia por la guerra? ¿Y que la Corte Internacional de Justicia procura establecer soluciones justas para las partes involucradas en controversias territoriales que eviten la solución de la guerra?

En el caso de los límites con Perú, Chile debe actuar -luego del fallo sobre límites marítimos- dando por cerrado el tema de la frontera norte, lo que Perú formalmente no cuestiona. Aparentemente sólo permanece una controversia sin resolver que involucra el llamado “triángulo terrestre” de 3,7 hectáreas de arena al borde del mar, aunque es posible que permanezca como trasfondo la conjetura según la cual la subyacente postura peruana es la de mantener conflictos de cualquier índole en vistas a procurar recuperar soberanía sobre Arica en algún momento en el futuro.

Esta postura no es expresamente formulada por la diplomacia peruana, aunque fue insinuada en su respuesta al acuerdo de Charaña de 1975 cuando puso como condición para aceptar un pacto entre Chile y Bolivia que permitiera a nuestro vecino acceder al mar en condiciones de soberanía en la frontera sur del Perú, que se estableciera un área territorial bajo soberanía compartida entre los tres países, aunque aceptaba la cesión de una franja desde la frontera boliviano-chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana que une Tacna y Arica.

En el caso de Bolivia, lo sensato frente al reciente revés en la Corte, es tomar iniciativas unilaterales constructivas. En vez de denunciar el Tratado de Bogotá y poner todo tipo de dificultades, como les gustaría a los chauvinistas irredentos, nuestro país debe facilitar aceleradamente el libre tránsito establecido en los tratados entre Chile y Bolivia en todos los aspectos, lo que ayudaría grandemente a mejorar nuestra imagen internacional, hoy bajo la sospecha de ser un país militarista y obtuso.

Esa imagen que transmite Chile no predispone a juez o gobierno alguno a escuchar con benevolencia la posición chilena sobre intangibilidad eterna de los tratados emanados de guerras de conquista, y a poner el tema dónde debe estar: en la negativa de Perú de aceptar una presencia boliviana en su frontera sur. Recordemos lo señalado en el acuerdo de Charaña, en la versión del ex embajador Demetrio Infante: “la propuesta chilena era un corredor de aproximadamente siete kilómetros al sur del Punto de la Concordia y era un corredor que no solamente daba playa, costa, mar, sino que unía hasta Bolivia mismo. Además le entregábamos el aeropuerto de Arica, pues quedaba en la franja, pero bueno, se tasaba y se entregaba. También le entregábamos el ferrocarril Arica-La Paz, por lo que había que valorarlo y cobrar un justo precio por ello”. Esto se acompañaba de la construcción de un túnel para el tránsito de personas y mercancías entre Chile y Perú.

Si la dictadura de Pinochet estuvo dispuesta a hacer estas cesiones de territorios chilenos, con una  compensación equivalente de territorios bolivianos, la democracia chilena del siglo XXI debe estar dispuesta a entregar unilateralmente facilidades de libre tránsito mayores a las pactadas hasta ahora con Bolivia, aunque el tema de la soberanía quede en suspenso mientras el Perú se niegue a otorgársela a Bolivia por el único lugar por el cual es concebible una salida soberana al mar para este vecino país. Nadie debe tener dudas sobre el hecho que es impensable, y un eventual factor de permanente inestabilidad futura, cualquier partición del territorio chileno en dos a través del antiguo territorio boliviano, lo que seguramente Bolivia está en condiciones de admitir.

Chile no debe seguir en la ofuscación, la negación y el nacionalismo estrecho, sino manifestar claros signos y expresiones de voluntad de ayudar a Bolivia en todo lo que esté en sus manos para superar su situación de enclaustramiento y ser un factor de contribución a la integración latinoamericana, haciendo posible a la brevedad el más completo libre tránsito de los bolivianos, incluyendo nuevas facilidades de transporte y logística en la franja al sur de la línea de la Concordia.

Nuestros pueblos tienen muchos otros temas de los que preocuparse que de eternos conflictos de fronteras agitados por gobernantes preocupados de ganar popularidad interna antes que de avanzar en el desarrollo común, que es lo que debiera interesarnos como nación moderna con vocación de progreso.