miércoles, 8 de abril de 2015

La crisis de legitimidad democrática

Publicado en Voces La Tercera

No es aventurado afirmar que a estas alturas estamos en presencia de una verdadera crisis de legitimidad del sistema político. Los que deben gobernar y legislar aparecen para la mayoría de los ciudadanos -mezclándose el antiguo sustrato autoritario pinochetista contra los “políticos” con el contemporáneo rechazo al clientelismo y el oportunismo, que incluye la subordinación a intereses privados de muchos representantes políticos- como sólo sirviéndose a sí mismos.

Los hechos son contundentes para extender este tipo de interpretación: se constatan mecanismos naturalizados de especulación, abuso de usuarios y corrupción, junto al ahora visibilizado financiamiento ilegal generalizado de campañas por grandes empresas, lo que permite presumir un fuerte control del sistema político por intereses económicos y corporativos. Es doloroso hacerlo, pero se debe constatar que muchos de los que gobiernan y legislan están representando -en mayor o menor medida- a poderes empresariales o sectoriales y no a quienes los eligieron para defenderlos en el tratamiento en la esfera pública de los temas que les preocupan cotidianamente: sus condiciones de empleo, salarios y sus pensiones, atención de salud, condiciones del transporte, de la vivienda y del entorno urbano, así como el presente y futuro de sus hijos a través de la educación y la expansión de oportunidades económicas, como también el legado ambiental a las nuevas generaciones.

La representación política se encuentra hoy enturbiada en su sentido básico de canalización racional de las aspiraciones y opciones mayoritarias. Se acentúa la reacción colectiva, que se viene constatando -desde el punto de vista de la participación electoral- al menos a partir de 1997, mediante un alejamiento generalizado de los ciudadanos de la esfera pública. Probablemente no pasará en el corto plazo nada catastrófico en la sociedad chilena –aunque la naturaleza está siempre poniéndonos a prueba-, pero los síntomas de una descomposición de la vida en común están a la vista: anomia y percepción generalizada de injusticia de la situación personal y familiar, no respeto de la ley, repliegue en el interés privado y en el individualismo negativo (cuando no en las adicciones), violencia cotidiana, avance del narcotráfico y del gran delito. Sus consecuencias serán severas en el mediano y largo plazo, y llevan hoy a confusiones inaceptables, como cuando un subsecretario del Interior -supuestamente de izquierda- plantea la receta del estado de sitio frente a la violencia (lo que revela un carácter autoritario y su falta de idoneidad para ejercer el cargo en un régimen de libertades democráticas, en mi opinión).

Frente a esta perspectiva peligrosa de descomposición social, es tarea de la esfera política reaccionar para relegitimar y fortalecer la democracia como forma de gobierno, aunque sea a estas alturas sumamente tardía, dada la rigidez y miopía mostrada por la derecha en la defensa de las oligarquías que representa y el oportunismo de parte del centro y de la izquierda, que renunció a defender los intereses de las mayorías y se acomoda a un sistema de privilegios. Lo que está en juego es ampliar las bases de un régimen de libertades y de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en el que todos los sectores y grupos sociales sean parte legítima y reconocida, y no sólo pequeñas oligarquías. Régimen a partir del cual -en tanto alternativa a los autoritarismos de diverso signo- se aborden las tareas del fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia económica, sin desligarlas de la sustentabilidad social y ambiental del desarrollo, y que son las que permiten dar respuestas de largo plazo a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos antes mencionadas.

Atacar una crisis de legitimidad de esta envergadura no tiene muchas variantes. Sólo cabe recurrir a la fuente primaria de la legitimidad democrática, que no es el sistema de partidos, no son los parlamentarios ni representantes regionales y locales, menos aún es el poder económico o el poder religioso; es el pueblo.

El problema del sistema político actual tiene su origen en una dictadura que lo entendió como concesión inevitable, pero sólo bajo la forma de una “democracia protegida” que permitiera mantener el dominio del poder económico oligárquico reconstruido entre 1973 y 1989. Las enmiendas parciales y sucesivas desde entonces, valiosas, no han estado en condiciones de superar esa falta de legitimidad de origen, y simplemente ya no lo harán. El gobierno debiera reaccionar, tomar la iniciativa y someter al Congreso una reforma constitucional que permita la realización -en 2015- de un plebiscito en el que los ciudadanos se pronuncien por mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma, o bien por la elección de una asamblea constituyente, que en caso de ser aprobada por el pueblo y elegidos nuevos representantes, redacte de manera pacífica y civilizada una Constitución legítima que sea luego plebiscitada hacia fines de 2016.

Mientras, el gobierno y el Congreso debieran avanzar en las reformas a la educación y a la negociación colectiva que ha propuesto la Presidenta Bachelet, y preparar junto a diversos otros temas del programa de gobierno, las reformas a los seguros privados de salud y a las pensiones, que han sido o están siendo trabajadas por comisiones asesoras. Y además debieran abordar los temas que están en juego para separar la política del dinero y terminar con la clientelización del Estado, que son los componentes inmediatos de la crisis del sistema político.

En materia de financiamiento de la política, se debe legislar para, entre otras cosas, disminuir sustancialmente los límites del gasto electoral; restringir la publicidad en la vía pública; prohibir el aporte de personas jurídicas; limitar el aporte privado y mantener el carácter anónimo sólo hasta 20 UF por demanda del donante y publicidad a las de monto mayor a 20 UF, con límite; invalidación de la eventual elección a cualquier cargo de elección popular si se infringen los límites de gasto y llamado inmediato a una elección complementaria; ampliación de la titularidad de los denunciantes y de la prescripción por transgresión a la legislación electoral.

En materia de tráfico de influencias, se debe reforzar la ley de lobby, publicitando detalladamente la identidad y representación de intereses de los que concurren a audiencias o se comunican por cualquier vía con autoridades, y su eventual aporte previo a campañas electorales o partidos, e impedir de ese modo que la ley de lobby sea eludible vía llamado telefónico y correo electrónico. Se debe prohibir la militancia en partidos políticos de los lobistas. Se debe ampliar los sujetos obligados de la ley de transparencia a todos aquellos que puedan incidir en las decisiones públicas. Se debe realizar una ampliación sustancial del plazo de prohibición (cinco años) para que ex funcionarios opten a un empleo en empresas reguladas.

En materia de profesionalización de la función pública, el legislador debe disminuir drásticamente los cargos de exclusiva confianza, y distinguir los que requieren requisitos técnicos y profesionales, y los que no los requieren, pues deben expresar por sobre todo un compromiso con la realización de un programa comprometido ante los ciudadanos (como ministros, subsecretarios y jefes de determinados servicios, junto a restringidos equipos de asesores de confianza). Se debe fortalecer las normas objetivas de acceso a la administración pública, privilegiando los concursos anónimos de oposición, y llevar la carrera profesional hasta el nivel de jefes de división y departamentos y equivalentes, mediante calificaciones objetivas y concursos anónimos de oposición, creando un sistema de movilidad horizontal entre las plantas de los diversos servicios públicos.

El actual Sistema de Alta Dirección Pública debe remitirse a ser un procedimiento de certificación de cumplimiento de requisitos y habilitación para el nombramiento de determinados cargos. Se debe, además, establecer un procedimiento de justificación detallada en la ley de presupuestos de los cargos a contrata que superen el 20% de la planta funcionaria, junto con eliminar los honorarios como modalidad de contratación de personal en la administración, que se presta tanto para el pago de remuneraciones desmedidas a cercanos, es decir, el clientelismo puro para algunos, y para la mayoría la precarización de sus derechos como trabajadores.

Como se observa, la agenda pública está especialmente recargada. Razón adicional para no seguir retardándola y rindiéndose frente al peso del conservadurismo.