viernes, 2 de enero de 2015

El 2014, las reformas y el gabinete

Publicado en Voces de La Tercera

En materia de conducción gubernamental tiene poco sentido hacer juicios sobre las personas –aunque sea parte de la fruición colectiva sobre los pormenores de la política y sea un componente del folclore nacional (¿cuántos no hacen y deshacen gabinetes periódicamente?)- sino más bien sobre los resultados de sus acciones y omisiones. Las personas con responsabilidades gubernamentales, además, van pasando, como fruto de errores discursivos o en sus decisiones que aconsejan su reemplazo, como le ocurrió a Helia Molina, o bien por los naturales ajustes que todo equipo va requiriendo, lo que no tiene nada de dramático. En la esfera pública, lo importante son los hechos y el sentido en que se inscriben esos hechos. Pasemos revista a algunos de los temas públicos principales del último año.

En materia de seguridad, la “victimización” viene subiendo desde 2012. También lo hizo en 2014, con un 44% de familias que declara que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo. Las instituciones de seguridad tienen un problema pendiente con la percepción ciudadana, frente a un tema complejo y en todo caso multifactorial, como tuvo ocasión de constatar el gobierno de Piñera: proclamó que se podía resolver con rapidez en base a la “mano dura” y terminó chocando a poco andar con los límites de las políticas puramente represivas. Finalmente indultó de manera masiva a condenados por delitos menores, contradiciendo todo su discurso anterior.

La tentación represiva, que termina limitando los derechos civiles y siendo ineficaz, junto a la inflación de las penas, tan propia de nuestras reacciones frente a cada problema de seguridad que se presenta, debe ser siempre contenida, aunque se vea bien ante las cámaras. Y ser sustituida por la persistencia paciente en políticas que reduzcan las causas de la violencia y de la delincuencia con mayor cohesión social y ataquen prioritariamente el delito organizado (narcotráfico, trata de personas, corrupción)  y sus ramificaciones. En particular, la violencia en las zonas mapuche no va a poder ser resuelta con las penas del infierno sino con un acuerdo histórico de reparación y oportunidades de desarrollo autónomo, en la línea del intendente Huenchumilla.

Las relaciones exteriores han visto mejorías en los vínculos con América Latina, miopemente deteriorados por el gobierno anterior, que apostó a una mera alianza ideológica con países del Pacífico. Se debilitó la ineludible integración sud y latinoamericana, frente a la cual tiene tantas reticencias una élite tradicional que aspira de manera risible a no ser parte del continente. Pero se mantiene una sistemática reprobación de la política chilena respecto a Bolivia, nos guste o no, y no se terminan de resolver las tensiones vecinales con Perú, a pesar del fallo de La Haya sobre delimitación marítima.

Tal vez llegó la hora de constatar que el eclecticismo de nuestra política exterior, que impulsa a Chile a estar en todos los espacios de pertenencia posibles e imaginables para un país pequeño, al final lo lleva a no estar sólidamente anclado en ninguno. Chile se beneficia de cordiales relaciones con todo el mundo, de todo tipo de acuerdos de libre comercio (a veces de dudoso interés para el país), pero finalmente de muy pocos socios estratégicos a los que acudir frente a los problemas globales (económicos, ambientales) y vecinales que nos afectan, lo que obliga entre otras cosas a mantener un elevado gasto militar disuasivo. Y desde luego frente al gran desafío de la proyección al Asia, que no podemos abordar de manera aislada y debemos coordinar especialmente con Argentina y Brasil para hacer posibles las conexiones bioceánicas con sus respectivas infraestructuras. Esta perspectiva es indispensable para hacer de nuestro país un nodo productivo selectivo de alta tecnología inserto y apoyado en el continente, basado en energías renovables y en servicios modernos, y no un mero productor de minerales y alimentos, lo que hasta aquí ha bastado para un crecimiento razonable a cuenta de los recursos naturales y de la mantención de bajos salarios, pero no para asegurar una prosperidad social y ecológicamente sustentable en el futuro.

En materia de política económica, hemos visto una muy rápida acción de las autoridades –contrariamente a lo ocurrido en 1999 y 2008, cuando se reaccionó tarde y poco- para sintonizar la política monetaria, cambiaria y fiscal en una lógica contracíclica y enfrentar el fin del gran boom de la inversión minera y del consumo de bienes durables. Dicho sea de paso, el fin de ciclo iba a venir con o sin cambio de gobierno y cualquiera fuese su orientación. Pero las tasas de interés deben bajar todavía más. Y la ejecución del gasto público superar los problemas de eficiencia que presenta: ¿no habrá llegado la hora de poner un drástico fin a la clientelización de buena parte de la administración pública?

Por lo demás, si el “sector privado” –en realidad el poder económico- se autoconvence de que todo es incertidumbre y amenazas, nada mejor que tasas de interés bajas y un buen programa de inversiones públicas como el anunciado por Codelco y un crecimiento de cerca de 30% para 2015 de la inversión pública previsto en la ley de presupuestos. Y un buen esquema de diálogo constructivo y de largo plazo sobre los desafíos productivos y la necesaria evolución de la empresa y de sus entornos.
Las incertidumbres construidas que llevan a profecías autocumplidas irán decayendo con mucha paciencia y diálogo, antes que haciendo alabanzas indebidas al gran empresariado, siempre politizado hacia la derecha y con frecuencia enfrascado en la búsqueda de ventajas corporativas, demasiado lejos aún de adherir a un régimen de libertades y de derechos fundamentales efectivos para todos, incluyendo el debido respeto a las autoridades democráticamente constituidas por el simple hecho de que emanan de la voluntad del pueblo: vox populi-vox dei, decía ya el arzobispo de Canterbury en 1327.

Las políticas de largo plazo en materia de innovación tampoco parecen tomar un gran impulso, sin que se perciba una visión sobre el desarrollo de distritos industriales (los llamados “clusters”, porque en inglés suena mejor para algunos que en castellano) y sobre la articulación entre universidades, territorios y empresas, siguiendo los ejemplos coreano, danés, finés y de diversos otros países de menor tamaño que han basado su éxito económico en la innovación promovida por la acción pública. Aunque esto es difícil con responsables de estas áreas “market friendly”, como les gusta también autodenominarse, y que no creen que Chile deba tener una estrategia de desarrollo con prioridades ni hacer un tránsito rápido a las energías renovables no convencionales, sino que debe resignarse a vivir al vaivén de los  mercados y de sus agentes (que con frecuencia inusitada -e inaceptable para los criterios éticos de otras latitudes- los contratan rápidamente después de su paso por el gobierno o pasan a engrosar las filas de los lobistas) porque esa sería la única opción posible. La evidencia muestra que otros países han sido bastante más inteligentes, audaces y exitosos que el nuestro y producido aceleraciones productivas considerables mediante políticas industriales activas y selectivas.

Las políticas sociales quedarán lastradas por la excesiva gradualidad y omisiones de la reforma tributaria, que es un avance y hará pagar más a los sectores de más altos ingresos, que hoy aportan proporcionalmente menos impuestos que el resto de la sociedad (ver “How redistributive is fiscal policy in Latin America? The case of Chile and Mexico”, OECD Development Centre, 2013), pero que no tendrá una magnitud suficiente ni entrará en vigor plenamente antes de 2018. Lo que sí entró en vigencia de inmediato es el aumento del impuesto al tabaco y al alcohol, plenamente justificado, pero que pagarán sin dilación todos lo que los consumen, y no son pocos. Ahí no hay “gradualidad”. El sentido político de las autoridades económicas admite mejorías.

Por otro lado, ¿cuánta inversión social y productiva adicional pudo haberse realizado haciendo tributar las sobreutilidades de las en este caso sí pocas grandes empresas de la minería privada (unos US$ 8 mil millones promedio anual entre 2005 y 2011)? ¿Y con las actuales y futuras utilidades ilegítimas de un sector que hace poco aporte empresarial y en cambio demuestra una gran capacidad de apropiación indebida, aunque legalizada por un parlamento que le aseguró que el tema no se discutirá hasta el 2023, sino que extrae una renta cuantiosa que pertenece a todos los chilenos?

La reforma a la educación, en su necesaria dimensión de fortalecimiento de la escuela y de las universidades estatales, quedó para más tarde, con además evitables e injustificadas percepciones de amenaza para diversas comunidades educativas que se justifica sean parte del sistema escolar obligatorio e integrador del futuro. No es casual que las reformas del sistema de pensiones y de salud quedaran, también, para las calendas griegas, en nombre de una “gradualidad” que se va transformando en sinónimo de gatopardismo, probablemente por ausencia de aquellos recursos que no se fue a buscar de manera suficiente. Sólo a título de ejemplo: Felipe González gobernó España por doce años y la carga tributaria subió en doce puntos del PIB en ese período, uno por año. Desde 1990 la nuestra ha subido sólo tres puntos, básicamente en el gobierno de Aylwin, y es menor a la de 1987. Este es uno de los grandes fracasos de la transición, en donde los que postulamos un enfoque a la González fuimos derrotados, lo que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo.

Y se anunció finalmente, después de ires y venires, el proyecto de ley que aborda temas laborales que van en la buena dirección: la de disminuir la asimetría entre empleadores y asalariados. Las reacciones no se dejaron esperar. Para los voceros de la gran empresa, se trataría de una reforma “sindical” y no “laboral”: como si ambas cosas pudieran separarse. Tal vez prevalece en esos medios la fantasía de un “mercado” laboral sin sindicatos, con una mera relación individual y atomizada entre empleador y asalariado, a lo José Piñera.

Pues bien, en las sociedades modernas los sindicatos existen y su misión es defender eficazmente los intereses y los derechos de los asalariados, con muy variadas experiencias exitosas en que el sindicalismo contribuye a hacer más fluido el diálogo social y las adaptaciones económicas. Para muchas empresas, desde el punto de vista microeconómico, la mejor relación laboral es probablemente la esclavitud, pero convengamos que en las sociedades civilizadas los trabajadores…tienen unos derechos que las empresas simplemente deben respetar.
Macroeconómicamente, las condiciones de la producción deben, al menos en parte importante, articularse con las del consumo doméstico, muy mayoritariamente alimentado por los ingresos de los asalariados. Los salarios no son sólo costo de producción, son también demanda efectiva, y no todo lo que se produce se exporta.

Una segunda reacción curiosa ha sido la de autoridades que se han ido especializando en ser defensivas frente a las reformas, casi como pidiendo perdón por ellas, y que ahora insisten en que se trataría de una reforma “proempleo” y que “favorece la productividad”. La verdad es que puede que sea efectivo (personalmente creo que la evidencia comparativa disponible muestra efectos en el largo plazo que van en ese sentido), o bien que no lo sea, especialmente en el corto plazo. Pero simplemente no es el punto y no se debiera llamar a nadie a engaño. Las reformas son en esencia para equilibrar la relación laboral entre empleadores y asalariados: sabemos que menos del 10% de estos últimos se encuentran afiliados a sindicatos y que una proporción muy pequeña negocia colectivamente. Esta reforma debe ser para fortalecer la capacidad de negociación de los asalariados y aumentar su participación en la distribución primaria del ingreso, para que al menos sus salarios aumenten con la productividad, así de simple.

Y la empresa debe adaptarse, como se adapta al valor del dólar o a la tasa de interés. Y si en determinados momentos se necesita contención salarial, qué mejor que negociarla con sindicatos fuertes, como demuestra la experiencia histórica. Las cuentas claras finalmente conservan mejor la amistad, necesaria por lo demás en una economía mixta.
Esta reforma laboral está llamada a otorgar derechos a los trabajadores y a aumentar la cultura de la negociación entre las partes en la empresa y entre sindicatos y representantes empresariales más allá de la empresa, ojalá en el futuro por sectores y ramas, que tanta falta le hace a esta economía, que entre cosas no forma bien a su gente por la altísima rotación en los puestos de trabajo que resulta de la sacrosanta flexibilidad laboral con frecuencia mal utilizada como mero mecanismo de disciplinamiento y castigo. A la economía chilena no le va a hacer mal caminar hacia una estabilidad dinámica del empleo, estimulada por la negociación colectiva y sindicatos fuertes. Y va a ganar en equidad. “Esos son lujos de países desarrollados”, reza el coro: a Uruguay, cerca nuestro, le ha ido muy bien con la negociación tripartita por rama establecida por el Frente Amplio, y a sus empresarios otro tanto.

Cuando se tiene un mandato popular claro, es al inicio de la gestión gubernamental cuando parece sensato realizar o encaminar los cambios principales, especialmente si son de largo plazo, que se ha comprometido ante los ciudadanos, para señalar el rumbo y… despejar las tan mentadas incertidumbres. Y para que en plazos prudentes se vean los efectos de las reformas, aunque las decisiones que siempre tendrán detractores eventualmente compliquen la popularidad de corto plazo del gobierno.