lunes, 4 de agosto de 2014

Sobre las coaliciones y el futuro de la Nueva Mayoría

Publicado en El Mostrador

¿Saben ustedes cómo se conformó la coalición de gobierno entre democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) alemanes en 2013? Hubo el 22 de septiembre pasado una elección, en la que cada fuerza partidaria se presentó ante los electores con su propio programa. Los electores dieron la primera mayoría relativa a los primeros, que invitaron a los segundos a gobernar en conjunto al no obtener la mayoría absoluta en el Parlamento.

Estos sólo aceptaron hacerlo después de semanas de un detallado proceso de negociaciones programáticas públicas, concluido el 17 de noviembre, cuyo resultado fue refrendado por el pronunciamiento favorable de los 475 mil miembros del SPD mediante voto directo el 15 de diciembre. Esto condujo finalmente a un acuerdo de repartición de carteras ministeriales para la conformación de un gobierno común. Se pactaron objetivos socialdemócratas, como la introducción de un salario mínimo o la doble nacionalidad para los hijos de inmigrantes, así como temas claves para el bloque democristiano, como el compromiso de que el gobierno deje de endeudarse a partir de 2015 y el rechazo a subidas de impuestos a los que más ganan (en todo caso, en Alemania los ricos pagan un 45% de las rentas personales superiores a 250 mil euros al año, más un 5,5% de contribución de solidaridad), así como diversos otros temas, como el aumento de las pensiones a las mujeres que tuvieron hijos antes de 1992, propuesto por la CDU, o la anticipación de la edad de jubilación de 67 a 63 años para los que coticen 45 o más años, propuesta por el SPD. Desde entonces, encabezados por la canciller CDU Merkel, ambos partidos gobiernan sin grandes problemas de cohesión interna, porque las medidas concretas de gobierno para toda la legislatura fueron establecidas en detalladas 185 páginas antes de comprometerse a gobernar, y no después. Las concesiones mutuas fueron transparentes y suficientemente equilibradas como para obtener la adhesión de todos los involucrados. En fechas muy similares y procedimientos semejantes (elección el 29 de septiembre y pacto el 12 de diciembre de 2013) renovaron recientemente su coalición el partido socialdemócrata y el partido democristiano OVP de Austria, encabezada en este caso por el socialdemócrata Faymann.

A nadie tampoco se le pasaría por la cabeza argumentar en otros lares, como hace el jefe democratacristiano chileno, que los acuerdos voluntarios con la derecha (distintos de los forzados por las circunstancias institucionales, como en 1990-2010, pero que ya quedaron en buena hora definitivamente atrás) son útiles porque le conferirían más legitimidad a la legislación, como si lo ilegítimo no fuera el veto de las minorías y como si la acción de respeto de los compromisos adquiridos por los representantes de la mayoría de los ciudadanos no fuera fuente necesaria y más que suficiente de legitimidad para aprobar leyes en democracia.
¿Por qué ésta referencia germánica? Puede que tenga algo que ver con la lejana ascendencia del autor de esta columna, pero más bien se vincula con la necesidad de subrayar que en diversas democracias maduras las cosas funcionan de otra manera que en Chile. Desde luego, a nadie se le pasaría por la cabeza en Alemania o Austria traer a colación los argumentos que se escuchan en nuestro país sobre “pasar la aplanadora” por el acto democrático de poner en práctica los acuerdos de mayorías emanadas de las urnas y pactados transparentemente, aprobándolos con disciplina en el Parlamento. La oposición defiende sus puntos de vista y vota en contra, esperando tiempos mejores en que los electores le den la mayoría escuchando sus argumentos y validando su convocatoria y liderazgos. Mientras, cumple su rol, respetando a la mayoría, que a su vez respeta a las minorías, lo que no incluye cambiar sus objetivos para satisfacerlas. Eso sería considerado antidemocrático. Simple y práctico. En total contraste con el barroco chileno que considera inapropiado que los gobernantes cumplan sus compromisos y que la voluntad democrática de la mayoría, en el marco del respeto a los derechos fundamentales, sea respetada.

Las inepcias vertidas en nuestro país sobre la democracia como supuesta “máquina de hacer acuerdos” serían apreciadas con algún sarcasmo. La democracia, por el contrario, existe en esencia para dirimir institucional y civilizadamente diferencias mediante el principio de mayoría, y su tarea es mantener un clima de deliberación contradictoria y creativa sobre los asuntos públicos. Y también mantener la legítima heterogeneidad de las representaciones de ideas e intereses para construir y sostener sociedades abiertas y plurales, que consagran libertades y derechos fundamentales junto a cargas públicas legítimas. Derechos que incluyen que las minorías de un momento puedan transformarse en mayorías en otro momento, para lo cual deben poder existir, organizarse y expresarse. Dicho sea de paso, otro absurdo del barroco político chileno es la extendida idea peyorativa de los “gobiernos de turno”, que les quitaría legitimidad en sus decisiones: en democracia, por definición, ¡todos los gobiernos son de turno!

A nadie tampoco se le pasaría por la cabeza argumentar en otros lares, como hace el jefe democratacristiano chileno, que los acuerdos voluntarios con la derecha (distintos de los forzados por las circunstancias institucionales, como en 1990-2010, pero que ya quedaron en buena hora definitivamente atrás) son útiles porque le conferirían más legitimidad a la legislación, como si lo ilegítimo no fuera el veto de las minorías y como si la acción de respeto de los compromisos adquiridos por los representantes de la mayoría de los ciudadanos no fuera fuente necesaria y más que suficiente de legitimidad para aprobar leyes en democracia. Y nadie tampoco argumentaría que adoptar el punto de vista de la minoría sería dar supuestamente permanencia en el tiempo a las legislaciones, pues violentar la voluntad de la mayoría es precisamente fuente permanente de inestabilidad e invitación al cambio futuro de esas legislaciones.

Un ex presidente del PDC chileno ha planteado que la Nueva Mayoría tiene fecha de término, lo que no debiera provocar ningún escándalo. La Nueva Mayoría existe porque, aquí y ahora, sus componentes tienen, sumando y restando, más en común entre sí que con la derecha o la izquierda postmoderna o radical, y deciden gobernar juntos por un período. Por un lado, esto puede cambiar en otro momento, lo que es propio de la vida democrática. Por otro, no se trata de una coalición ideológica, sino que programática, como es propio de la lógica republicana. Como las principales corrientes de la coalición actual tienen filosofías políticas y representan intereses distintos, son fuerzas autónomas que aspiran a que su visión prevalezca en la sociedad. Un DC no tiene por qué buscar imponerle sus valores humanistas cristianos a un socialista laico, libertario e igualitario y viceversa, así como un comunista no debe imponer su visión de la democracia a DCs y socialistas y así sucesivamente. Es de la esencia de la democracia que cada fuerza política busque la mayor adhesión para sus principios y visión de sociedad, aunque siempre sea saludable el diálogo entre ideologías diferentes y la búsqueda de convergencias inteligentes y transparentes. Las coaliciones de partidos en democracia no se hacen para disolver las ideologías y las diferencias, sino para gobernar en períodos específicos cuando ninguna fuerza en particular logra ser mayoría o, lográndolo, considera necesario invitar a gobernar a fuerzas próximas con cuyo concurso quiere contar. Otra cosa es buscar siempre el más amplio consenso político en materia de reglas del juego si el objetivo es afianzar la democracia como autogobierno del pueblo y respeto de los derechos fundamentales de todos.

No tenemos en Chile un sistema parlamentario que facilite esta lógica de funcionamiento político. Bueno sería un cambio constitucional que establezca al menos un régimen semiparlamentario, como el defendido por mucho tiempo por el citado ex presidente del PDC (me pregunto: ¿no es esa una idea refundacional?). Mientras este tipo de cambios no ocurra, el sistema de doble vuelta presidencial haría posible, voluntad política mediante, un ejercicio distinto al que estamos acostumbrados, es decir, dar el visto bueno a programas sin intención de cumplirlos y hacer promesas que luego no se llevan a la práctica, porque son inviables, porque no se cree en ellas o porque se declina la voluntad política de llevarlas a cabo en nombre de la resignación “realista”. Otro esquema sería el de que cada fuerza política someta con claridad su visión y su programa preciso de gobierno a los electores en primera vuelta y busque la adhesión para un candidato que los encarne. Una vez conocido el veredicto ciudadano en las urnas, y no habiendo una mayoría absoluta para alguna candidatura, las fuerzas políticas pueden voluntariamente confluir en una candidatura común en la segunda vuelta presidencial de acuerdo a sus segundas preferencias. En vez de un presidencialismo que reúne adhesiones finales canalizando esperanzas vinculadas a la distribución de cargos gubernamentales, que con frecuencia termina sin mayoría parlamentaria o con componendas incoherentes de geometría variable, lo republicano es que los partidos con cercanía suficiente confluyan en un programa preciso de gobierno pactado para cuatro años en función del cual den un apoyo presidencial de convergencia en segunda vuelta. Esto supone que los partidos comprometan solemnemente los apoyos parlamentarios obtenidos para la realización de lo pactado. Ni más ni menos. Para ello se necesita partidos democráticos sólidos, con capacidad de defender ideas y representar abiertamente intereses legítimos. Y que cumplan sus compromisos, en vez de buscar brechas para su molino mediante “astucias”. Esa conducta es siempre pan para hoy y hambre para mañana.

El continuo desdibujamiento del sistema de partidos y de la acción colectiva de largo plazo en beneficio de ventajas cortas y de liderazgos personales, por meritorios que sean, nos ha llevado, cuando se toman decisiones por mera voluntad del Príncipe, por el camino de la pérdida de consistencia y coherencia política y la creciente permeabilidad frente a intereses particulares. Esto lleva, a su vez, a la creciente decepción de los ciudadanos y especialmente de los más jóvenes, que se preguntan con toda razón para qué sirve el ejercicio democrático si al final las decisiones se toman en lugares distintos del de la representación ciudadana, de acuerdo a la influencia relativa de poderes opacos. Este clima de confusión no se despeja con aquellos que hacen alabanzas desde sus columnas a la “astucia” como método de gobierno o bien a una mal entendida responsabilidad que concede todo a los intereses dominantes para evitar conflictos. En sociedades heterogéneas y de poder asimétrico, hay conflictos inevitables, incluyendo los que oponen a los dominados frente a los que dominan. Estos últimos son invariablemente los que se oponen al conflicto, para así mantener el statu quo que asegura su dominación en nombre de la paz social, y que buscan cooptar sistemáticamente a uno u otro representante de los dominados con ese fin, en nombre del “realismo”. Conductas que vienen, por lo demás, desde tiempos inmemoriales. De la contradicción, el conflicto y la innovación civilizatoria proviene siempre el progreso, no de la conservación estática de lo existente. Por eso existe un “partido del orden”, con ideas y plataformas siempre claras y coherentes (conservar lo que hay) y un “partido del cambio”, siempre más confuso, creativo y heterogéneo.

Volviendo a lo nuestro, ¿no será un mejor método de gobierno privilegiar la transparencia de lo comprometido frente a los ciudadanos? ¿Y en caso de necesidad de enmendar rumbos, porque la dinámica política, social y económica puede aconsejarlo, no tiene acaso más sentido hacerlo de cara al público y en su caso acudiendo a referéndums para solicitar directamente la opinión de los ciudadanos sobre las opciones a tomar en cuestiones fundamentales que resulten controversiales?

Nuestra sociedad y nuestra democracia están cada vez más inmersas en la desconfianza generalizada. Es tarea primordial de los que nos gobiernan o nos representan cautelar por sobre todo la confianza depositada en ellos por cada vez menos ciudadanos, y trabajar con urgencia por cambios refundacionales de las institucionales y de las conductas, con todas sus letras, aunque algunos quieran hoy transformar la idea de refundación en anatema. A nuestra democracia, después de la larga transición desde la dictadura, hay que refundarla sobre nuevas bases precisamente porque sus pilares están un tanto roídos, carecen de suficiente legitimidad y vigor, y soportan un edificio cada vez más dañado y desprestigiado. Las frases altisonantes sobre querer hacer tabla rasa del pasado son absurdas. El pasado simplemente no se puede modificar, para bien o para mal. Sus consecuencias negativas, claro que sí, y esa es precisamente la tarea de la acción política. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En este caso, que las fundaciones están peligrosamente obsoletas y hay que cambiarlas si es que la idea es construir un mejor país, más próspero, menos desigual y más respetuoso de la vida y de la naturaleza que nos cobija. Y si no es así, los que lo piensan debieran tener la amabilidad de reconocerlo y contarnos sus razones. Salvo que las razones no existan, sino sólo intereses.