lunes, 6 de enero de 2014

La democracia y los vetos

Artículo en El Mostrador

La democracia post 1990 está marcada en Chile por la idea de “democracia protegida” que concibieron los civiles que promovieron y sostuvieron a la dictadura militar de 1973-1989. Se trataba para ellos, en primer lugar, de asumir como indeseable pero inevitable volver a un cierto régimen de libertades en el momento más tardío posible, pero estableciendo una limitación expresa del pluralismo. Por ello prohibieron las ideas de izquierda en el artículo 8° original de la constitución de 1980, a cuya supresión debieron resignarse más tarde por inaceptable e indefendible. En segundo lugar, su propósito expreso era impedir los roles activos del Estado en la economía y en la política pública social y cultural, a través de normas constitucionales y de un sistema legal (”perfeccionado” hasta último minuto antes de marzo de 1990) que no fueran modificables por la mayoría. Es decir, se trataba de establecer el veto de la minoría con un triple candado: los senadores designados (que sólo se terminaron cuando los ex presidentes empezaban a inclinar la balanza en el Senado), el sistema electoral binominal (que impide o hace muy difícil que la mayoría electoral sea mayoría en las cámaras legislativas, que se sacó de la constitución en el pacto constitucional de 2005 pero para dejarlo con el mismo quorum) y los altos quorum de aprobación de leyes y reformas constitucionales, hasta hoy vigentes de manera inaceptable (y que se reforzaron en este último caso muy equivocadamente en el pacto constitucional de 1989). Se trataba de “proteger” al sistema político de la voluntad del pueblo a través de un régimen de veto ejercido por la minoría en el parlamento y por la influencia del dinero en las elecciones. Este se legalizó, más tarde, permitiendo el aporte de empresas a las campañas de manera otra vez muy inadecuada en los pactos de 2003 sobre gestión pública, en los que obtuvieron una victoria indebida los partidarios de la “democracia protegida”, subordinada al poder económico y gobernada por el mercado. 
Aunque desde el punto de vista de la moral pública sea deleznable, el veto minoritario ha constituido un notable éxito político de la derecha en los últimos 25 años. La pregunta es si el resto del país político y social está dispuesto a seguir tolerando esta situación. La reivindicación de una asamblea constituyente es la expresión de una saludable rebeldía colectiva frente al veto de la derecha, a la que no debiera renunciar nadie que considere que vivimos en un régimen político inaceptable, por mucho que se pudiera haber justificado transitoriamente para salir de la situación de dictadura sin guerra civil.
La perpetuación del sistema político y constitucional vigente desde 1990 es, en efecto, inaceptable desde el punto de vista de los fundamentos mismos de la democracia. Ponerlo en evidencia es la primera tarea de los que comparten sus valores.
La democracia es el ideal del autogobierno del pueblo y goza de legitimidad como el sistema político más idóneo para regir las sociedades contemporáneas en tanto las personas sean libres de interferencias indebidas de otros y las instituciones sean la expresión de la soberanía popular, de la igualdad ante la ley y del gobierno de las mayorías con respeto de las minorías. Es decir, un sistema político en el que “los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría” en la expresión de Giovanni Sartori (2009). La democracia es, en palabras de Cornelius Castoriadis (publicadas en 2010), “la conciencia explícita de que nosotros creamos nuestras leyes y por tanto nosotros podemos también cambiarlas” e instituye a ese título la autonomía política colectiva. Norberto Bobbio (1986) subraya el sentido procedimental de la democracia y pone el acento en que su tarea principal es establecer determinadas reglas del juego que eviten la resolución violenta de conflictos. La valoración de la democracia se nutre también de diversos otros atributos, según Robert Dahl (2006): está llamada a evitar la tiranía, garantizar derechos fundamentales, permitir un alto grado de igualdad política, extender una cultura de libertades, ayudar a las personas a perseguir sus propios intereses y a autodeterminarse. 
De acuerdo a Jurgen Habermas (2009), se ensamblan tres elementos como núcleo normativo de los Estados democráticos de derecho modernos (con sus respectivas tradiciones de pensamiento político: la liberal, la republicana, la deliberativa). Primero, la autonomía privada de los ciudadanos, que tienen derecho a llevar una vida autodeterminada, con protección de la esfera privada mediante un sistema de libertades básicas iguales sólo restringidas por los derechos a la libertad de los demás (principio del derecho de Kant), en base al acceso a tribunales independientes que otorgan a todos la misma protección jurídica, con separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para garantizar la sujeción de la administración pública al derecho y a la ley. Segundo, la ciudadanía democrática como inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política (Rousseau), que se encarga de la participación política de tantos ciudadanos interesados como sea posible mediante iguales derechos a la asociación, a la participación y la comunicación, y con elecciones periódicas y referéndums con base electoral inclusiva e igualitaria, competencia entre partidos, plataformas y programas, ejerciéndose el principio de mayoría en los cuerpos representativos. Tercero, la esfera pública independiente, en la que concurre la libre formación de la opinión y de la voluntad, que vincula al Estado y la sociedad civil, con libertad de prensa e información, pluralidad de medios, garantía de acceso a la información y a los foros de la comunicación pública.
En la concepción republicana de la democracia, el Estado debe estructurarse con un principio constitucional-democrático según el cual el poder público no sea arbitrario y oprima a los ciudadanos, pero también con un segundo principio según el cual el Estado debe plantearse como objetivo la reducción de la dominación que conlleva el poder privado. La concepción cívica republicana traslada estos principios a diseños institucionales específicos que procuran facilitar el control por los ciudadanos del poder público, y también a políticas públicas que persigan el establecimiento de un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana, siguiendo a Philip Pettit (2009). No se trata de suprimir la propiedad privada para terminar con los peligros de la concentración del poder económico, pues la estatización general de la economía establece una desigualdad radical entre el ciudadano, las comunidades y la burocracia que domina el Estado y acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del siglo XX. La autonomía del ciudadano y de las comunidades supone que no dependan del Estado para su existencia. Pero sí se trata de evitar que pese en forma desigual la influencia política de individuos en extremo desiguales, violando la condición de igualdad política propia de la democracia. La concentración de la propiedad genera esa influencia desigual e incluso la captura del sistema político por el poder del dinero. En palabras de Adam Przeworski (2010): «la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia». Ya lo decía Rousseau en un pasaje de su Contrato Social: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”. 
Esta dimensión crucial de la democracia es la que la derecha ha logrado con éxito impedir que tenga vigencia en Chile. Es cierto que para eso, en definitiva, realizó el golpe de Estado de 1973 y construyó el andamiaje institucional de la constitución de 1980 y sus leyes asociadas. También ha logrado impedir que se reconozca derechos civiles como el matrimonio igualitario y el aborto bajo condiciones, postura que proviene de su integrismo religioso que busca imponer respetables convicciones particulares a todos los ciudadanos, impidiendo su autonomía y el ejercicio de las libertades de las que son merecedores en las sociedades democráticas modernas. A ese ejercicio es al que se opone la derecha, con la complicidad de los que se someten a sus designios con el pretexto del realismo político que supuestamente evita desestabilizaciones. Como todos debiéramos saber, las desestabilizaciones provienen de la ausencia de autodeterminación y de grados elementales de cohesión social, lo que la mayoría de la élite tradicional se niega a reconocer, con el concurso muy mediático de sus actuales socios “realistas” y “prudentes”.
Una variante de la lógica del veto es la que terminó descomponiendo y derrotando a la Concertación. Sus sectores conservadores en materias culturales y económicas actuaron de manera abierta para terminar con la lógica del “arco iris” y de la diversidad, imponiendo sus posiciones en el gobierno y el parlamento, aliados a la tecnocracia gubernamental liberal y vetando avances sociales y políticos que la sociedad mayoritariamente demandaba. Una alianza amplia y diversa sólo puede mantenerse con coherencia política reconociendo y respetando la diferencia, y luego pactándola de manera transparente o dirimiéndola mediante el voto popular. La actual Nueva Mayoría construyó un buen método: el de las primarias legales para dirimir liderazgos sin excluir a nadie que quisiese participar de ellas, a la manera del Frente Amplio uruguayo. Concurrió el Partido Comunista, ampliando su convocatoria. Se autoexcluyó Marco Enríquez-Ominami, disminuyendo la suya. Y en las primarias se expresó quien quiso, incluso con ideas situadas bastante a la derecha, y otros conformaron bloques llamados a prolongarse, no por afán divisivo de nadie, sino en defensa de ciertas ideas programáticas contra la desigualdad y la exclusión. La democracia dirime, no divide. Esto todavía no lo han entendido algunos que se formaron en política adhiriendo a los regímenes de partido único y que se han adaptado a la democracia porque está en los signos de los tiempos, pero sin dejar de creer en la lógica de los vetos ejercidos o recibidos. 
Lo que no resolvió bien la Nueva Mayoría, en cambio, es la construcción de su programa de gobierno, que terminó haciéndose “entre cuatro paredes” en manos de la tecnoburocracia liberal y dejando muchas ambigüedades, incluyendo propuestas tributarias y educacionales que pueden terminar siendo regresivas y aumentando todavía más la desigualdad en Chile. Tal vez se podrá buscar una inspiración futura en el método de resolución programática recientemente practicado por la democracia cristiana y la socialdemocracia alemanas: debate político que consideró el dato de mayoría electoral relativa, deliberación temática en comisiones amplias, el acuerdo entre direcciones legítimas y finalmente el voto de los militantes, en el caso de los socialdemócratas. Con deliberación y votos, pero sin vetos.