miércoles, 11 de septiembre de 2013

Pasado y presente en Chile

¿Por qué los acontecimientos desencadenados a partir de septiembre de 1973 siguen tan presentes en Chile y tan vivo el dolor que provocan? Los que vivimos en el exilio en Europa no percibimos una situación semejante respecto de la segunda guerra mundial, por ejemplo, cuando llegamos allá unos treinta años después de su término. Los sufrimientos humanos habían sido gigantescos, pero los responsables históricos estaban claros, se había hecho justicia y probablemente eso permitía que la sociedad pudiera mirar adelante en base al ideal democrático y de integración. ¿Será que, en cambio, el tema del Golpe de 1973 funciona en nuestro país como lo que el sicoanálisis denomina un trauma no superado, que se transmite además a las nuevas generaciones? La hipótesis de que en Chile nuestro trauma, grave, pero de una magnitud no comparable con una guerra mundial, no ha sido adecuadamente procesado, en detrimento de la convivencia en el presente, es digna de ser explorada.

Primero, el reconocimiento de los hechos es equívoco y con ribetes perturbadores. Los autores militares del Golpe y los autores civiles y sus herederos suelen minimizar y justificar lo que hicieron, con la notable excepción parcial del Ejército que en 2003 enunció una posición institucional que reafirmó la sujeción al orden democrático y el compromiso de no repetición de violaciones de derechos humanos. Los civiles de derecha no mencionan el hecho histórico bastante bien documentado de que en los planes de personeros como Jorge Prat y Sergio Jarpa, al menos desde los años de la reforma agraria de Frei, como también en la mente de los jóvenes integristas agrupados por Jaime Guzmán, estaba establecer una dictadura de tipo franquista en Chile. Lo propio ocurría con corrientes militaristas al interior de las FF.AA. No nos olvidemos que intentaron realizar un golpe en 1969 contra Frei y luego otro en 1970 para impedir que asumiera Allende.

Estos actores de la vida política vieron realizado en 1973 su proyecto y lo abrazaron con entusiasmo, pues terminar con la democracia era su propósito. Su convicción, en medio de la guerra fría, era que la democracia era débil para confrontar “los avances del comunismo”, con el trasfondo de pérdida de hegemonía social de las oligarquías tradicionales desde los años 20. Jarpa y los del Partido Nacional no han hecho reconocimiento alguno al respecto. La UDI tampoco, aunque sus miembros fueron un soporte principal de la dictadura y de su intento de prolongación a través del diseño de una “democracia protegida”. En 2003 hizo un planteamiento equívoco sobre derechos humanos, proponiendo una medida tan éticamente inaceptable como la indemnización económica a las víctimas a cambio de renunciar a la justicia, que era lo que en definitiva les interesaba. Y han insistido en que ciertos líderes algo intentaron para proteger a conocidos suyos que eran violentados, generando la molestia del jefe de los torturadores, lo que contrasta con la defensa gremialista acérrima del régimen de fuerza y de sus aparatos de represión, según se puede comprobar con una simple revisión de la prensa de la época.

La negación de hechos dolorosos, siempre según el sicoanálisis, permanece en el inconsciente individual y a la larga vuelve a manifestarse y provocar sufrimiento. Eso es parte de lo que pasa socialmente en Chile hasta hoy, con una variante que aumenta el trauma: el exasperante intento de transferir la responsabilidad de los victimarios a las víctimas. Leo el 2 de septiembre de 2013 (sí, cuarenta años después) al senador Espina de RN que declara: “Nosotros debemos ser claros en decir que la izquierda fue culpable de lo que ocurrió el 11”. Esto es trastocar de manera perturbadora la realidad histórica: los responsables del Golpe fueron los golpistas, no el gobierno que fue víctima del Golpe Militar ni sus partidarios. Sin ese punto de partida nunca será posible procesar civilizadamente nada en esta materia.


Que el contexto histórico influyó en la conducta de los actores políticos de la época, que todos fueron parte de la polarización y todo lo demás, por supuesto que es relevante (aunque muchos nos podrían ahorrar ahora sus perdones personales balbuciantes y televisivos que no vienen francamente al caso). La insistencia en el contexto es digna de discusión, incluyendo el análisis de los desórdenes políticos y económicos que el conflicto de la época agudizó al extremo, la fiereza y violencia de la oposición, el boicot norteamericano, las incoherencias de la UP, la expansión inmanejable de la demanda de consumo, la exasperación de las clases medias frente a la escasez, la ausencia de firme acotamiento de los cambios de propiedad, los desbordes de ocupación de pequeñas propiedades por la extrema izquierda, todos temas que el gobierno debiera haber enfrentado con una eficacia que no demostró. Todo esto fue más tarde objeto de interminables debates y autocríticas en la izquierda y ha sido una lección razonablemente aprendida. Pero este debate no debe esconder que quienes quisieron e hicieron el golpe fueron unos y quienes se opusieron a él e intentaron evitarlo fueron otros.Reconozcamos los hechos antes de hacer interpretaciones: a) hubo un Golpe de Estado cuyos autores fueron los golpistas que conspiraron y lograron conformar una Junta Militar e instigadores y cómplices que le prestaron apoyo (la derecha civil, la gran mayoría de la Democracia Cristiana, el gobierno de Nixon y la dictadura brasileña); b) este golpe tuvo como finalidad interrumpir violentamente el régimen de libertades propio de la tradicional democracia chilena, para algunos por tiempo indefinido, para otros temporalmente, y, c) hubo quienes lo apoyaron y hubo quienes lo rechazaron, empezando por el Presidente Allende —que prefirió soportar un bombardeo y finalmente suicidarse antes que rendirse a los golpistas— y por sus partidarios, así como por un Comandante en Jefe y un Director General, todos respetuosos de la Constitución (el Almirante Montero y el General Sepúlveda Galindo), así como por muchos oficiales y soldados que no dudaron en ceñirse a la tradición constitucionalista de las FF.AA en contra del golpismo militar. Los que no lo hicieron no pueden escudarse en que no tenían otra opción, porque sí la tenían, como lo demostraron con coraje parte de sus camaradas de armas.

Segundo, hay quienes combinan la negación o el intento poco ético de querer trastocar las responsabilidades con una variante: la idea de la legítima defensa. Lo más persistente sigue siendo atribuirle al Partido Socialista que preparaba desde 1967 una insurrección. Es cierto que una resolución en un congreso de ese año señaló que “las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”. La idea simplista de que el Estado es burgués por esencia, que sus cuerpos armados siempre actúan a favor de los intereses de los privilegiados y de Estados Unidos, que inevitablemente reaccionan con violencia ante procesos de cambio que promovieran los intereses de la mayoría popular, estaba presente en el PS y en parte de la izquierda. La conclusión era procurar acumular una fuerza equivalente o superior a la del Estado para derrotar la fuerza armada de las clases económicamente dominantes. La guerra de Vietnam y el avance de las dictaduras militares en América Latina (Brasil, Argentina, Bolivia, entre muchas) abonaban este análisis que creía que un golpe vendría a la brevedad en Chile.

Pero prevaleció otra respuesta, la de que en Chile tenía sentido que la izquierda recorriera el camino democrático, argumentando que las FF.AA. tenían un componente constitucionalista, que no necesariamente estaban al servicio de la clase burguesa o del imperialismo externo, y que se debía construir mayorías en contextos institucionales para hacer avanzar unos cambios que Eugenio González llamada “revolucionarios en sus fines y democráticos en sus métodos”, básicamente una reforma agraria, una nacionalización del cobre y crear una industria nacional para sustentar mejorías del nivel de vida de la mayoría popular. Se trataba del proyecto del socialismo histórico chileno expresado en el programa de 1947, encarnado por González y Ampuero, y que Allende sintetizó en 1971 en la idea de la “vía chilena al socialismo”. De hecho, en el PS, ya en 1967 no prevalecieron sus sectores “trotskistas” o guevaristas, pues eligió para dirigirlo al experimentado parlamentario Aniceto Rodríguez, cuya tarea no fue organizar la lucha armada sino, con éxito, una política consistente en persistir en la vía legal para alcanzar democráticamente el gobierno, con una amplia alianza con pleno respeto de las normas constitucionales. Desde 1971, el sector reformista fue desplazado, el PS pasó a promover el “avanzar sin transar” y mantuvo una estructura armada de poco alcance que proveía protección al presidente Allende (el GAP) y a algunos de sus dirigentes, bajo control del sector llamado ELN, ajeno a conductas ultraizquierdistas. En un contexto de gran tensión política, esto no significaba promover la lucha armada sino mantener una capacidad de autodefensa, que resultó ser bastante mínima (el MIR por su parte solo tenía una pequeña “fuerza central” con muy pocas armas), aunque abundasen las declaraciones de beligerancia y las expresiones de verbalismo revolucionario en el propio partido del presidente, lo que provocaba su recurrente irritación y le llevó a promover el reemplazo de la dirección en un congreso a realizarse en 1974. Esta retórica contribuyó a generar una percepción de amenaza inexcusable.

Pero no nos equivoquemos en el análisis: los que preparaban el Golpe de Estado no eran los socialistas ni la izquierda. La pretensión de que la responsabilidad de los actos propios es de terceros, es simplemente inaceptable desde el punto de vista de la ética pública. Lo es también en el derecho penal: el que asesina voluntariamente a alguien es objeto de atribución de responsabilidad, por mucho que el contexto explique su acto, incluyendo una eventual insoportable provocación de la víctima. El asesino es el asesino y la víctima, la víctima y la justicia debe actuar en consecuencia. Es la distinción entre justificar y explicar. El Golpe de 1973 tiene muchas explicaciones. Lo que no tiene es justificación, al menos, desde las convicciones democráticas. Distingamos entre ser responsable del Golpe, contribuir a la polarización y dar pretextos a los golpistas, de lo que el PS de la época sí es responsable y ha admitido a la postre formalmente. Una declaración de la Comisión Política en 2003 así lo hizo con claridad: del Golpe son responsables los que lo hicieron.

Estos construyeron en la época —y hay quienes todavía lo sostienen— el mito del Golpe de Praga que el PS y Allende habrían estado preparando. Se aludía no a la invasión soviética a Checoeslovaquia de 1968, como recientemente mencionó Allamand (basta mirar un mapa para darse cuenta de lo absurdo de la idea, no obstante utilizada en la campaña del terror de 1964 cuando se difundía que con Allende llegarían los tanques rusos a Chile, lo que provocó el quiebre de la amistad entre Allende y Frei), sino a la toma del poder por los comunistas checos que dominaban el gobierno en 1948 frente a una elección que iban a perder. En especial, Frei y Aylwin temían que el general Prats se prestara para algo que por lo demás ni el Presidente Allende, ni nadie en la izquierda, jamás le propuso, ni éste hubiera aceptado. Prats sí estaba dispuesto a destituir masivamente a los oficiales golpistas, a lo que Allende se negó porque consideraba que podía llevar a una guerra civil, según testimonio de Jaime Gazmuri en sus memorias, con lo que Prats terminó por renunciar, junto a una reacción frente a la deslealtad de muchos de sus generales.

El presidente Allende no podía estar más lejos de la idea de precipitar una guerra civil o un Golpe de Praga. Se aprestaba a llamar a un plebiscito el 11 de septiembre —lo que incluso llevó a Miguel Enríquez, advertido por Allende, a desmovilizar al MIR en los días previos— a propósito de la promulgación de una ley sobre áreas de propiedad (llamada Hamilton-Fuentealba) sobre la que había ejercido un veto. Hecho a tiempo (hubo una demora en la respuesta del PC, que fue positiva, contrariamente a la del PS), el anuncio hubiera evitado probablemente el Golpe. Éste se adelantó por los conspiradores, a los que se sumó a última hora Pinochet, para evitar una salida política que se hubiera encaminado a partir del discurso de Allende previsto para el martes 11 en un acto en la Universidad Técnica del Estado. Este adelantamiento no se produjo, como lo señala una cierta leyenda, por la irritación provocada por el senador Altamirano al reconocer que había sostenido una reunión con marinos antigolpistas. En caso de derrota en el plebiscito, lo que era probable, esto hubiera llevado al Presidente Allende a renunciar y a convocar a una nueva elección. Allende buscó hasta el final una salida política para evitar el Golpe Militar.

La lógica del Golpe de Praga y el mito de los miles de guerrilleros extranjeros fue, por su parte, la justificación de la mayoría DC para justificar entonces el Golpe: “El gobierno de Allende, movido sobre todo por el afán de conquistar de cualquier modo la totalidad del poder, había agotado en el peor fracaso la llamada vía chilena al socialismo y se preparaba para consumar un autogolpe de fuerza que habría sido terriblemente despiadado y sangriento, para instaurar una dictadura comunista”, según un documento del Consejo Nacional del 27 de septiembre de 1973. Esto fue reconocido más tarde por el Presidente Aylwin en su libro de 1998 como un error de hecho: “Aunque las irresponsables amenazas públicas de algunos líderes izquierdistas, sus simpatías con el régimen cubano, la existencia de brigadas populares armadas y la cercanía de algunos jefes militares al gobierno de entonces daban pábulo a esa opinión, los hechos demostraron que ese temor carecía de todo fundamento”. De paso, mencionemos que los archivos soviéticos dejan en clara evidencia que la URSS no apoyaba que en Chile se constituyera un gobierno satélite y que no podía sostenerlo.

Nadie en la izquierda estaba preparando un Golpe. Nadie. Algunos se prepararon para resistirlo, y me incluyo entre ellos, aunque era un adolescente militante del MIR de 16 años, pero esa es harina de otro costal. Hasta donde conozco, esto ocurrió puntualmente sólo en La Moneda —donde resistieron 27 personas el bombardeo—, en un par de fábricas de los cordones Vicuña Mackenna y Cerrillos, en la población la Legua, en Renca, en Valparaíso y en Macul, donde me encontraba, con medios patéticamente desiguales. A partir de ahí, los golpistas y sus cómplices transformaron a sus adversarios políticos (la izquierda política y social) en enemigos a eliminar por cualquier medio. Construyeron una idea de defensa propia —ellos o nosotros— frente a un supuesto diseño de exterminio, el completamente falso llamado “Plan Zeta”. Generaron el pánico en sus filas y, a partir de él, procedieron metódicamente al exterminio de la izquierda, sin tasa ni medida, brutalmente, asesinando, torturando, violando mujeres, encarcelando, exiliando.

Esos son los hechos. Negarlos o justificarlos no podrá ser nunca la base de una pacificación de los espíritus que dé lugar, poco a poco, a una superación del trauma y a una convivencia civilizada. Cuando las víctimas son designadas como responsables de sus sufrimientos por sus victimarios y por sus cómplices pasivos o activos, los que además los invitan a “reconciliarse”, estamos simplemente frente a una forma de perversión. No nos extrañemos entonces que las heridas no cierren. El camino por recorrer es aún largo para no quedar prisioneros de nuestro pasado. El dicho bíblico “solo la verdad nos hará libres” (Juan 8,32) es tal vez el que mejor resume, incluso para un ateo irremediable como el que escribe estas líneas, la tarea que a todos nos debe seguir convocando.

(Declaro para claridad de las cosas que no soy neutral frente a estos hechos, como ningún chileno que haya vivido esa época. Mi familia formaba parte de los partidarios del Presidente Allende. Por lo demás, mi padre fue su ministro de Planificación durante los tres años de la Unidad Popular, y heredé su testimonio de los esfuerzos incansables del Presidente Allende por evitar el Golpe. Mi padre participó en la redacción del discurso previsto para el martes 11 y fue parte de la discusión de escenarios en caso de perder el gobierno el plebiscito, de lo que también testimonia Joan Garcés. Sobre quien ejercía violencia en Chile en ese momento, puedo decir que la bomba puesta en nuestra casa familiar en la noche del 2 de septiembre, que destrozó una parte en la que me encontraba segundos antes, no fue puesta precisamente por la izquierda sino por los violentistas de derecha. Al rato llegó el Presidente Allende a solidarizar con mi padre y nuestra familia, en una escena para mi impresionante e indeleble. Al día siguiente, en una asamblea de mi colegio en que se discutía llamar a paro indefinido contra el gobierno, mencioné el bombazo y muchos lo aplaudieron. Así actuaban los adolescentes de derecha en esa época, azuzados por sus líderes. En todo caso, en mi colegio nunca lograron una mayoría para paralizar las clases, pequeño triunfo del que me siento hasta hoy orgulloso, aunque después del Golpe no pude volver a clases, claro. ¿Quién podrá convencerme, y como yo a tantos, que la violencia asesina no era de ellos, los golpistas, sino de nosotros, la izquierda?).