lunes, 1 de octubre de 2012

Nuevos Horizontes


Presentación en el INSTITUTO IGUALDAD, en el encuentro “Pensar a Chile: El desafío de la democracia, del desarrollo y la igualdad en un nuevo ciclo político”, en el panel “Construyendo un nuevo Modelo de Desarrollo: Economía, Empleo y Desigualdad”, el 29 de septiembre 2012.

Frente a los desafíos actuales, de crisis externa y expansión interna desigual, hay diversas respuestas, entre ellas:
 - la neoliberal y conservadora de menos Estado y más mercado, que termina abandonando a su suerte a los sectores sociales con inserción económica precaria, no financia suficientemente a las empresas y personas que innovan y descuida los efectos externos de la acción pública sobre las capacidades humanas, el patrimonio tecnológico, el ambiente y la cohesión social;
- la “blairista” de ayuda pública a individuos autonomizados, con intento blando de mayor igualdad de oportunidades, pero sin diálogo social por considerarlo “corporativista”, sin reformas fiscales ni Estado de bienestar recompuesto,  para prolongar el actual “modelo híbrido” con creciente sello liberal y privatizador, es decir más de lo mismo y de los mismos en un Chile que prolonga la desigualdad;
- la “caudillista y paternalista” de gobierno interventor y clientelista según las necesidades de liderazgos mesiánicos, con chequera estatal para pagar favores y como condición de posibilidad, que algunos llaman “Estado protector”;
- la del proyecto del Estado democrático y social de derecho y modelo de desarrollo integrador y sustentable, con rasgos de la socialdemocracia europea, y especialmente nórdica, que logró construir sociedades igualitarias en condiciones iniciales no radicalmente diferentes de las nuestras, pero asumiendo que la estructura laboral precaria e inestable requiere de una organización más directamente estatal de la solidaridad, y  valorando en América Latina el camino seguido por Brasil y Uruguay hacia una mayor equidad.

El progresismo debe, para estar a la altura de los desafíos del país  y de las demandas de la sociedad, desordenar  (¡horror!) el statu quo obsoleto e improductivo actual  para  rearticular  y  promover sin subordinaciones el  proyecto histórico de una sociedad democrática, socialmente solidaria, ecológicamente sustentable, económicamente eficiente y capaz de ofrecer una calidad de vida digna a todos acorde con el nivel de desarrollo del que logre disponer.
El mero crecimiento no basta. El crecimiento definitivamente no es el desarrollo, como se ha constatado con el actual gobierno. Contribuye al bienestar, pero mantiene una sociedad desarticulada y conflictuada sometida al mal vivir y a la desconfianza. Una de las lecciones cruciales de los últimos 22 años, cruzados por avances y retrocesos, esperanzas y decepciones, es que el instrumento central para construir nuevos horizontes es la interacción de la sociedad civil organizada con un Estado fuerte y reinventado, en base a los siguientes principios:

-  Un Estado que se sustenta en la legitimación democrática permanente, con la decisión ciudadana periódica como el bien social más preciado, que además de garantizar las libertades y derechos fundamentales contribuye al bienestar y el bienvivir mediante políticas públicas activas que combaten frontalmente la corrupción, el clientelismo y la depredación del Estado por intereses particulares  y por el poder económico, y hace de la transparencia, el respeto de la ley legítima y la participación ciudadana su fundamento.
- Un Estado garante del contrato social, que prioriza la disminución de las desigualdades y es catalizador de la concertación socioeconómica, para lo que consagra derechos mediante una tributación justa y eficaz  y dota al gobierno, administrado con la exigencia perentoria de la eficiencia y la transparencia,  de los medios para hacerlos efectivos.
- Un Estado que desarrolla la economía, invierte en innovación, especialmente en educación, políticas industriales y energéticas sustentables, sin subsidiar las actividades y modos de organización obsoletos, y no se subordina al mercado sino que lo gobierna.
Un Estado que mejora la seguridad  y prosperidad todos y especialmente del mundo del trabajo frente a los riesgos sociales de desempleo, enfermedad, vejez sin ingresos  y vida urbana  insegura, y que actúa para integrar en la vida social a los excluidos y marginados,  tarea central en el contexto de una economía periférica que precariza el trabajo y margina a los  grupos sociales sin recursos, en medio de la inestabilidad financiera y económica global, sobre la que Chile no tiene capacidad de control.

De la reafirmación de esos principios y de sus instrumentos de realización podrá desprenderse, junto y en diálogo estrecho con la sociedad civil organizada y los movimientos ciudadanos, un programa de gobierno para el período 2014-2018 que sea una auténtica alternativa mayoritaria a la derecha y al capitalismo neoliberal que ésta defiende. De ese programa podrán desprenderse, a su vez, los planes de acción gubernamental específicos encargados al liderazgo político por mandato de los ciudadanos y mediante diálogo social y político, en el entendido que éste no se sitúa por encima del bien y el mal sin darle cuenta a nadie, sino que debe interactuar con sus representados para ... representarlos, y en su caso hacer valer el interés general, articulando y si es necesario limitando los intereses sectoriales, y arbitrando la necesidades del presente y las del futuro. ¿Por qué no empezar por discutir la pertinencia de las grandes tareas que emergen de las limitaciones y orientaciones de defensa de los intereses de los privilegiados del actual gobierno?

1. Superar el bloqueo institucional. Es ineludible salir del bloqueo institucional contenido en el diseño de la constitución de 1980, que ilegítimamente impide la expresión de la soberanía popular. La nuestra es una democracia crecientemente inútil para representar los intereses mayoritarios, lo que genera un irremediable desprestigio de lo que muchos ciudadanos comunes asumen ya como la "clase política", indiferenciada y con intereses propios repudiables. Relegitimar la democracia es la tarea de hoy, mediante nuevos contenidos de la constitución en materia de valores colectivos,  deberes y derechos y el pronunciamiento ciudadano sobre su orientación. El mejor instrumento conocido para la tarea de legitimación democrática que Chile necesita con urgencia es una asamblea constituyente representativa, autorizada y mandatada para esa tarea por los ciudadanos en un plebiscito convocado por ley. ¿Es inviable? La peor batalla es la que no se da. La acción política está para  ampliar la frontera de lo posible, no para la resignación y la renuncia, ni para conformarse con la coparticipación en la administración del orden desigual existente. Esta tarea emana de una constatación simple y a la vista de todos: no se puede disminuir las desigualdades en el actual marco constitucional. Esquivar este desafío es renunciar a todo cambio de la estructura de poder para eliminar privilegios ilegítimos en la sociedad chilena. Avanzar a una nueva constitución no es provocar el caos ni partir de cero, y no prejuzga sobre la orientación política de los gobiernos futuros, aunque si debe establecer en primer lugar el principio de mayoría, en respeto de las minorías y de su derecho a procurar transformarse en mayoría. Es poner al día las reglas democráticas de convivencia, sin amenazar a nadie e incluyendo a todos: es dejar un legado consistente a las nuevas generaciones que asegure la gobernabilidad democrática, hoy cuestionada por todos lados.        
La nueva constitución debe proponerse consagrar los derechos civiles y políticos fundamentales y las garantías y deberes de los ciudadanos; consagrar la igualdad de género; reconocer y promover los derechos de los pueblos originarios; reafirmar los derechos económicos, sociales y culturales  contemplados en los tratados internacionales firmados por Chile; reafirmar la propiedad pública sobre los bienes comunes para permitir la explotación racional y sustentable de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio en beneficio de todos los ciudadanos y de las nuevas generaciones y para permitir el uso del espectro radioeléctrico con obligaciones de desarrollo cultural y de respeto del pluralismo, especialmente en la televisión; establecer la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos; avanzar a un régimen político semi-presidencial y la representación proporcional en el parlamento; poner fin a los quorum que dan de derecho a veto ilegítimo a la minoría en las leyes orgánicas; establecer la obligación de consulta a las organizaciones sociales y productivas en la elaboración de leyes sociales, económicas y ambientales; consagrar la iniciativa popular de ley; fortalecer la independencia y profesionalismo del poder judicial; ampliar la descentralización política, incluyendo la elección popular de los gobiernos regionales y la afirmación de la autonomía regional y municipal en las tareas de desarrollo y a avanzar hacia nuevas libertades, en primer lugar hacia la libertad de la mujer para decidir sobre la maternidad en determinadas condiciones; el matrimonio igualitario y el respeto por la diversidad sexual.

2. Avanzar a un nuevo modelo de desarrollo innovador  y sustentable 
Afianzar una transición desde la exclusiva especialización en la explotación de recursos naturales con bajo valor agregado, que genera una economía inestable, desintegrada y desigual, a una economía diversificada basada en el conocimiento innovador, la sustentabilidad y la integración sectorial requiere retomar, pero ahora en gran escala, la tarea de robustecer complejos productivos que desarrollen los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en al menos la actividad minera, pesquera, forestal y alimentaria, mediante programas de innovación, desarrollo y producción limpia, triplicando la inversión actual. Requiere fortalecer una banca pública activa y un sistemas de compras públicas que amplíen la red de pequeñas y medianas empresas creadoras de empleo, con un nuevo sistema de subsidios directos a la capacitación, ampliación sustancial del microcrédito y regulación de los poderes monopsónicos en la distribución.
También supone establecer un nuevo modelo energético basado en una meta de uso de tecnologías renovables no convencionales de 20% en 2020 y 70% en 2040 en la generación eléctrica, desechando la insanía tecnocrática que persiste en introducir la energía nuclear en Chile, el país más sísmico del mundo. Cubrir las necesidades energéticas, incluyendo políticas sustanciales de ahorro, requerirá un ordenamiento territorial riguroso para luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, ampliando el sistema de zonas protegidas. Se requiere además devolver los derechos de agua al dominio público, y permitir su uso racional mediante concesiones limitadas en el tiempo, con garantías de acceso equitativo y sustentable.
Un nuevo Fondo de Inversión en  Infraestructuras debe permitir un mayor equilibrio regional, consolidar la formación y educación de capacidades humanas y favorecer un urbanismo integrador que aumente la calidad de vida e intervenga los barrios sin equipamiento social y cultural, en una amplia política de reforma urbana. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe disminuir su condicionalidad para que las decisiones sobre su uso residan en los territorios. El Fondo Común Municipal debe redistribuir mejor los recursos desde las comunas ricas a las pobres y aisladas.

3. Optar por una política económica y laboral para el pleno empleo y la desconcentración
Para financiar el esfuerzo productivo y social del Estado con mayor equidad, la estructura tributaria debe ser progresiva, con una mayor tributación de las empresas y de las personas que tienen más ingresos (eliminando el vínculo entre ambas) y una diferenciación de los impuestos al consumo. La recaudación tributaria debe aumentarse estructuralmente en 1% del PIB al año por una década (y aún así quedaría bajo el promedio OCDE). Se debe estimular el ahorro y la inversión  mediante el reforzamiento de los impuestos al lujo y los males públicos, así como a las rentas especulativas mediante impuestos a las ganancias de capital. Los impuestos permanentes deben permitir el financiamiento de las tareas permanentes del Estado, el que debe combatir el clientelismo y la ineficiencia con una función pública más profesional, reforzando los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas de todas las actividades de gobierno.
Cabe además la ampliación sustancial de la minería estatal y el aumento drástico de la tributación privada por el acceso al subsuelo y a los recursos del mar que pertenecen a todos los chilenos, con licitación periódica y transparente de las concesiones de explotación de recursos naturales que se justifiquen; el cambio en el tratamiento de la renta por uso de los recursos naturales, que hoy se transfiere gratuitamente en proporciones inaceptables a inversores extranjeros y nacionales, deteriorando de paso las cuentas externas de Chile, fruto de un sistema de regalías que debe ser modificado, junto al aumento del impuesto adicional a la repatriación de utilidades. Esta política puede generar nuevos recursos fiscales que deben orientarse al sustancial aumento de la investigación y el desarrollo de productos y procesos innovadores y la ampliación de la infraestructura productiva y social.
La política fiscal y monetaria debe acentuar la capacidad de acción contracíclica y evitar los errores de 1999  y 2009, que  llevaron a la economía chilena a recesiones evitables por actuar poco y tarde.
Las grandes empresas deben estar sujetas a estrictas reglas competitivas y de protección del consumidor, con una regulación financiera que impida los abusos y limite la concentración económica. La fijación de tarifas en los servicios básicos debe evitar las sobreutilidades monopólicas y responder a sus  costos reales.
La negociación colectiva debe realizarse en la empresa y más allá de la empresa, pues la relación laboral no puede estar determinada de manera individual en beneficio exclusivo del empleador. Los trabajadores deben tener organización, voz y poder, factores con los cuales es posible aumentar la confianza y mejorar la cooperación productiva en la empresa, en interés compartido. La ausencia de la negociación colectiva debe terminar, pues no es propia de una economía moderna y civilizada. Esta se debe extender a temas como los despidos colectivos, que deben asociarse a compensaciones y mecanismo de reinserción, la capacitación laboral y la seguridad en el trabajo.
Nuevos aumentos del salario mínimo deberán proteger los ingresos de los trabajadores más pobres, mientras el seguro de desempleo debe ser ampliado en su cobertura, complementado con programas de empleo de inserción juvenil y de reinserción para los desempleados de la larga duración.

4. Desarrollar la educación pública
La educación no es un bien de consumo más llamado a transarse en mercados. Los valores democráticos y humanistas en la sociedad y la igualdad de oportunidades para hacer posible la transición a la economía del conocimiento aprovechando todos los talentos, independientemente de su origen social, es tarea de la educación. Para cumplir ese propósito, el sistema educativo debe ser público por esencia. Esto no es contradictorio con un sistema mixto de provisión, pero solo con el financiamiento público de entidades no estatales sin fines de lucro ni discriminadores. En la medida en que los establecimientos reciban recursos públicos, nada justifica ser un factor caracterizado de segmentación social y cultural y además obtener utilidades privadas con el presupuesto de la Nación. Este debe emplearse en seguir fortaleciendo la cobertura de la educación pre-escolar  y los recursos en la educación básica y media estatal o sin fines de lucro, con escuelas públicas administradas por nuevas corporaciones educacionales regionales con fin único bajo tuición directa del Ministerio de Educación, terminando con el factor de discriminación constituido por el financiamiento compartido y la selección por dinero. Cabe volver a consagrar  la  completa gratuidad escolar y la cabal sujeción a las normas públicas allí donde existan recursos del Estado, incluyendo la prohibición de la selección arbitraria en el acceso, que debe estar vinculado a la vecindad y a políticas de heterogeneidad social y cultural. La formación de profesores debe someterse a altos niveles de exigencia, con exámenes de habilitación obligatorios, junto a una carrera docente fortalecida.
La educación técnica superior deberá asimilarse al régimen de educación universitaria y terminar con su mercantilización generalizada. La educación universitaria debe ser efectivamente sin fines de lucro –cerrando las universidades que burlan la ley y reintegrando a sus alumnos a otras universidades- y su acceso debe ser gratuito para los jóvenes pertenecientes a las familias que integran el 90 por ciento inferior de la distribución de ingresos. La completa gratuidad puede abordarse para la totalidad de los jóvenes con capacidad de seguir estudios superiores si se opta por agregar un nuevo  tramo en el impuesto a la renta con una tasa marginal de  50% (reforzado en 1990 y vigente hasta 1994), por sobre la de 40% actualmente existente, de modo que los más ricos financien su educación con el pago de mayores impuestos.
Las universidades públicas deben garantizar una educación plural y laica y recibir mayores aportes basales para el desarrollo de la cultura y de la ciencia de acuerdo a su nivel de complejidad, junto al fortalecimiento de su rendición de cuentas y sujeción a normas estrictas de calidad y excelencia.

5. Seguir mejorando la protección social.
La experiencia histórica de todas las economías modernas exitosas muestra que la desigualdad se combate de muchas maneras, pero con prioridad mediante estados de bienestar y sistemas de tributación-redistribución directa.  Mencionar cambios de largo plazo en la distribución primaria del ingreso en la empresa como eje de la lucha contra las desigualdades es simplemente esquivar el desafío. Para que estos sistemas de redistribución secundaria del ingreso no se transformen en maquinarias de clientelismo y de desincentivo de la responsabilidad personal, deben basarse en el acceso a prestaciones concebidas como derechos, no como gracia del gobernante de turno ni caridad individualizada. 
Llegó la hora de combatir la individualización, estigmatización y prolongación de la exclusión que se realiza en nombre de la focalización de las políticas hacia los pobres, que debe desaparecer de nuestro lenguaje, y reorientar los subsidios hacia derechos universales, especialmente orientados a la inserción en el trabajo, en la educación y en la participación comunitaria local. Se deja de ser pobre en primer lugar cuando se es responsablemente parte de la sociedad y de sus desafíos colectivos.
Abordar uno de los grandes riesgos de la sociedad futura, el envejecimiento demográfico, requiere dejar de someterse al ideologismo ultraliberal e introducir un pilar de reparto que dé certeza básica a las pensiones junto al pilar solidario y el de capitalización individual, el que debe incluir una entidad pública. A su vez, debe organizarse un pilar solidario que ayude a las familias y comunidades a sustentar la pérdida de autonomía de las personas de edad.
Un Fondo Solidario en Salud debe corregir el mayor riesgo de los cotizantes en el seguro público (los seguros privados discriminan contra las personas afectadas por enfermedades preexistentes, las personas de edad y las con menores recursos) y utilizarlo para aumentar las garantías de atención en la salud pública, que ya abarca el 70% de las patologías, además de reforzar la salud primaria y preventiva, que sigue siendo la mejor inversión posible en salud y también en eficiencia productiva que contribuya al desarrollo.