domingo, 6 de noviembre de 2011

Una reforma tributaria estructural: ¿por qué no?

Nuestros ingresos tributarios son bajos y equivalen al 17% del PIB en 2010 (a lo que cabe agregar un 3% de ingresos por cobre, que varía mucho de año en año), contra un promedio de 35% en la OCDE (cuyos rangos van de 24% en EE.UU. y 26% en Corea a 42% en Francia, 48% en Suecia y 49% en Dinamarca). La cifra chilena es además mucho más baja respecto a diversos de estos países cuando tenían un PIB por habitante similar al nuestro (del orden de 15 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra). 
Su estructura es además inequitativa. Pagan proporcionalmente en relación a sus ingresos más impuestos los más pobres, por el mayor peso de los impuestos parejos a las ventas de bienes y servicios. Los impuestos sobre ventas representan en Chile el 50% de los ingresos tributarios, contra un promedio de 32% en la OCDE. El impuesto a la renta y las utilidades representa en Chile un 8% del PIB (incluyendo cobre) en comparación con el 13% promedio de la OCDE (con un rango de 5% en México y nada menos que 29% en Dinamarca). La tasa del impuesto a la empresas en Chile (17%) - la tasa vigente es de 20% como efecto de la reforma tributaria de 2010, pero se reducirá a 18,5% en el año 2012 para volver a 17% en el 2013- está también muy por detrás de la media de la OCDE. Esta tasa es en Estados Unidos de 35%. En Chile, la estructura tributaria y la debilidad de la negociación colectiva contribuyen de manera muy importante a explicar la alta concentración del ingreso en unas decenas de miles de familias y la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el patrimonio.
Una reforma tributaria debe proponerse incrementar progresivamente la tasa de tributación al menos del 17% al  26% (nivel de Corea) para abordar las tareas de educación, salud, pensiones  e infraestructura que avanzar al desarrollo demanda de manera inmediata. Debe reequilibrar la composición de las contribuciones obligatorias hacia los impuestos directos a los perceptores de ingresos más adinerados, especialmente los muy ricos, para lo que cabe al menos, como hemos propuesto en la Fundación Chile 21:
a) aumentar y diferenciar el impuesto a las utilidades, estableciéndolo para las  micro y medianas empresas en 15%, para las empresas medianas en 20% y para las grandes empresas (incluyendo los bancos) en   un 25%;
b) aliviar y diferenciar el IVA, llevándolo a 15% para alimentos básicos, medicamentos y cultura y para el resto de los bienes fijarlo en 20%; 
c) disminuir la carga de los impuestos a la renta de los sectores medios y aumentarlos a los sectores altos, aumentando la progresividad, para lo que se debe subir el tramo exento a $ 750 mil pesos de ingresos mensuales  y establecer las tasas en 10% hasta 1,5 millones de pesos, 20% hasta  3 millones, 30%  hasta 6 millones  y 40% en los tramos de ingresos superiores a 6 millones.
d) eliminar el 50% del crédito al impuesto global complementario por utilidades empresariales y las exenciones injustificadas al impuesto de primera categoría, que supuestamente estimulan el ahorro, pero que en realidad disminuyen los impuestos a las personas de más altos ingresos sin mayores efectos sobre el ahorro.
e) aumentar el impuesto adicional de 35% que pagan las empresas que transfieren utilidades al extranjero a un 40%, para igualar así la tasa marginal del impuesto a la renta, con lo que las utilidades retiradas de inversionistas chilenos y extranjeros tributarían de la misma manera y se aumentaría el aporte de la industria minera, sin modificar el royalty, sujeto desgraciadamente -por irresponsabilidad del actual gobierno y parlamento- a invariabilidad hasta el 2023. 
Este programa de reforma tributaria permitiría una recaudación total anual adicional neta en torno a US$ 8 mil millones en régimen (3,3% del PIB de 2011),  a lo que habría que agregar un fuerte plan de disminución de la evasión para completar en los próximos cinco años la meta de recaudación tributaria necesaria para el desarrollo de Chile.      
El argumento de que esto disminuiría la inversión y por tanto el crecimiento, en base a la idea de que los inversores dejarían de mantener su esfuerzo o se irían del país, no tiene sustento en los estudios disponibles, que subrayan que con bases amplias de tributación de las utilidades y sin facilitación de la elusión mediante exenciones variadas la recaudación no disminuye. En materia de inversión extranjera, ésta se concentra en los recursos naturales, con unas sobreutilidades exorbitantes que les permiten en diversos casos de la minería recuperar la inversión en dos años, con lo que difícilmente dejarían las oportunidades existentes en el país.
Una alta tributación con estímulos al crecimiento funciona, como lo subraya el economista Philippe Aghion. Ahí están los países escandinavos, que son los que mejor han resuelto la ecuación entre equidad e incentivos a la innovación y a la inversión en capital humano (menor concentración en el ingreso y al mismo tiempo crecimiento y altas tasas de patentes por habitante), con una combinación de tasas marginales del impuesto a la renta que se acercan o superan el 50% (Suecia, incluso bajo gobiernos de derecha, como en la actualidad, mantiene una tasa marginal de 55%, a comparar con el 40% en Chile) y con tasas de tributación pareja de los ingresos del capital de 30%. Mientras, en Chile mantenemos diversas desgravaciones sustanciales e injustificadas de los ingresos y ganancias de capital. 
Ni la crisis internacional ni la situación de las empresas en Chile son pretexto para no promover una mayor recaudación del impuesto de primera categoría en el corto plazo y viabilizar un gran acuerdo sobre la educación, junto al inicio de la reforma tributaria estructural que se propone. Lo que corresponde es que el Estado capture e invierta las rentas del cobre y las sobreutilidades monopólicas en proyectos de alta rentabilidad social  y enfrente el fomento productivo para la competitividad sustentable de las pymes y los sectores productivos capaces de generar empleos, preservar los ecosistemas e incrementar el bienestar en todo el territorio. Para ello se requiere un Estado más fuerte, eficiente y al servicio exclusivo del interés público, que es la reforma paralela a la de la tributación que se debe acometer con energía para que no se malgaste un solo peso del presupuesto público.