jueves, 4 de agosto de 2011

¿Un conflicto sin fin?

El conflicto educacional sigue sin resolverse al cabo de más de dos meses. No parece haber acuerdo entre los actores del sistema sobre los problemas a enfrentar y, por tanto, tampoco sobre sus soluciones. Y no parece haber un diálogo real que permita llegar a acuerdo. Tal vez sea útil reseñar los temas en debate.
En materia de educación preescolar, sobre la que los actores sociales organizados insisten poco pues se sitúan en otros niveles educativos, está diagnosticado que su importancia es esencial para la estimulación temprana del niño y el desarrollo posterior de las personas, empezando por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. La cobertura es todavía baja, especialmente en las familias pobres, a pesar del esfuerzo de los últimos gobiernos y del programa Chile Crece Contigo de la presidenta Bachelet. Se requiere todavía un gasto adicional que, según Mario Waissbluth,  es del orden de 600 millones de dólares en inversión y 450 millones anuales de funcionamiento para alcanzar niveles aceptables de  cobertura. Esta reforma tendría además efectos muy positivos para la inserción de la mujer en el trabajo y para la distribución del ingreso. El gobierno no dice nada muy concreto al respecto. No hay que dejar este tema crucial en el olvido.
En materia de educación escolar, el gobierno propone diversas cosas salvo la esencial: disminuir la fragmentación del sistema escolar, para ayudar a disminuir la fragmentación de la sociedad y la ausencia severa de igualdad de oportunidades en Chile. Hoy el rendimiento está estrictamente relacionado con los ingresos de los padres y las escuelas no hacen la diferencia frente a esta ley de hierro. Esto se consolidaría en la propuesta del gobierno con un quinto sector, además del particular pagado, del subvencionado con financiamiento compartido, del subvencionado sin financiamiento compartido y del municipal, es decir un nuevo segmento que podríamos llamar de "educación desmunicipalizada por fracaso". Allí entrarían algunos liceos municipales con los alumnos con peores resultados, aumentando la lógica de ghetto y marginalidad e impidiendo cualquier mixtura social, que es la base para empezar a mejorar el sistema. Luego el gobierno nos explica que los que tendrían la tarea de ofrecer educación a los niños y jóvenes con más dificultades serían unos organismos públicos que dependerían no se sabe de quién: esto es un nuevo fracaso garantizado, mientras las escuelas subvencionadas lucrativas seguirían siendo muy lucrativas mediante transferencias sin control de recursos fiscales y seleccionarían, como lo hacen hoy burlando la ley, a alumnos más aventajados que los municipales y neopúblicos, consolidando mejores resultados sin hacerse cargo del avance educativo de los que más lo necesitan, terminando de desprestigiar a la educación pública. En ella estarían confinados los niños más pobres y con más desventajas relacionales, con el resultado de aumentar esas desventajas y la desigualdad social profunda que lacera a Chile. 
¿Por qué no tomar el toro por las astas y reformar en serio? Esto quiere decir en primer lugar que el sector particular pagado, sujeto al estricto cumplimiento programático y normativo del Ministerio de Educación, evolucione en el futuro sin subsidio público alguno, eliminando todas las exenciones tributarias que hoy lo benefician, que resultan carísimas para el Estado y que contribuyen a dejar al resto de los chilenos con subsidios educativos muy bajos. En segundo lugar, reformar en serio supone que las municipalidades transfieran a corporaciones educativas públicas regionales sus establecimientos escolares, que deben ser financiados según una dotación basal de equipamiento y otra variable de funcionamiento, terminando con la subvención por asistencia, que no hace sino castigar a las escuelas y liceos con alumnos con problemas. La corporación regional debiera mantener una planta de directivos escolares y profesores habilitados por el Estado (con estrictas pruebas obligatorias, anónimas y periódicas de habilitación, pues sin profesores que cumplan estándares adecuados no hay mejoramiento posible de la educación pública) y una proporción de profesores en práctica de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La contratación, promoción y remoción de docentes en base a evaluación debe ser responsabilidad de directivos escolares capaces de gestionar proyectos educativos de establecimiento, los que a su vez deben ser nombrados y evaluados por la corporación regional de educación pública, sujetas a la evaluación del gobierno regional y nacional y a las normas del Ministerio de Educación.
La educación escolar privada subvencionada por recursos públicos, debiera ser declarada definitivamente sin fines de lucro, pues nadie ha podido demostrar que algo bueno pueda emanar de la educación concebida como negocio, y en todo caso no resiste ningún criterio de justicia que se gane dinero con subsidios públicos. Múltiples expresiones de la sociedad civil pueden en cambio contribuir a la formación de las nuevas generaciones y asegurar el principio de libertad de enseñanza en el marco del derecho a la educación. Esta educación escolar privada subvencionada, con establecimientos firmemente regulados y supervisados, no debiera multiplicarse de manera inorgánica y en cambio recibir una asignación por alumno para gastos corrientes y otra para gastos de capital, con la contrapartida de la estricta sujeción a las normas del Ministerio de Educación y la expresa prohibición de discriminación en el acceso y permanencia de los alumnos. Este segmento de educación debe ser entendido como uno que mantiene fines públicos, aunque sea gestionado por entidades privadas sin fines lucrativos.
La educación superior técnica no debe seguir solo siendo impartida por entidades privadas, algunas de la cuales lo hacen hoy bastante bien. El Estado debe asumir su responsabilidad en esta área crucial para el desarrollo y crear Institutos Tecnológicos en cada región bajo dependencia de las Universidades públicas, con un fuerte sistema de becas que asegure gratuidad en el acceso a todos los jóvenes con capacidades suficientes para recibir una educación técnica. Las entidades privadas de esta área con fines de lucro no deben recibir recursos estatales.  
Las Universidades públicas y las privadas con fines públicos deben ser las únicas autorizadas a impartir enseñanza superior universitaria. Las con fines de lucro deben ser sacadas del sistema, puesto que existen aunque están prohibidas por la ley vigente, y sus alumnos transferidos al resto de las universidades. Las Universidades públicas deben recibir financiamiento de acuerdo a planes de desarrollo por área y mantener su carácter de organizaciones plurales y complejas, con un fuerte componente de investigación fundamental y aplicada y siempre sujetas a fiscalización externa rigurosa y examen periódico de resultados. Sus alumnos sin recursos y con profesiones de ingresos futuros bajos deben tener becas de cobertura completa y el resto un sistema combinado de beca y crédito fiscal único.
Reformas de este tipo suponen dos cosas: asumir como sociedad que la educación debe ser sustraída de la condición de mera mercancía y además estar dispuestos como ciudadanos a pagar con nuevos impuestos justos por una educación pública y/o privada con fines públicos de calidad y excelencia. Ni la libertad de enseñanza ni la pluralidad de esfuerzos educativos suponen la mercantilización que degrada a la educación. Y tratar, por integrismo ideológico, de seguir impidiendo lo que toda sociedad moderna hace a través de su presupuesto público en educación, no puede sino ser calificado de ceguera e irresponsabilidad. De las que traen graves consecuencias. Entre otras, la de mantener una sociedad inaceptablemente desigual y ... alimentar protestas periódicas en las calles de jóvenes justificadamente descontentos con una sociedad que no les ofrece un futuro.