jueves, 14 de abril de 2011

Pobreza y distribución del ingreso: Chile en la OCDE

La entrada de Chile en la OCDE tiene la virtud de homologar  la presentación y, esperamos, la calidad de nuestras estadísticas. Esto va permitiendo además hacer mejores análisis de la situación relativa de Chile y de sus desafíos en el camino al desarrollo. En estos días se ha conocido el informe anual de la situación social de los países miembros del organismo denominado “Society at a Glance” correspondiente a 2011. Este incluye por primera vez datos de Chile, en especial los correspondientes a gasto social, distribución del ingreso y pobreza. Con datos de 2006 para Chile y 2007-08 para el resto de los países, la OCDE confirma que Chile tiene la peor distribución del ingreso entre las 34 naciones consideradas, incluyendo México y Turquía, cuyos niveles y estructura de desarrollo son más cercanos al nuestro. El coeficiente de Gini, que oscila entre cero y uno (con el valor uno, la concentración del ingreso es absoluta en una unidad de ingreso, mientras el resto no recibe nada; con el valor cero esta se distribuye igualitariamente entre todas las unidades de ingreso) es una de las medidas canónicas en la materia y muestra un valor para Chile de 0.50, mientras el promedio OCDE es de 0.31 y el de Estados Unidos es de 0.38. La buena noticia es que la distribución del ingreso mejoró en una década, pues en 1996 el coeficiente era todavía mayor (0.53).
Algunas precisiones metodológicas que es bueno tener en cuenta: el coeficiente de Gini para los ingresos monetarios (ingresos autónomos más subsidios monetarios de los hogares, sin considerar el número de miembros) es de 0,53 en la CASEN 2006, un poco superior a lo calculado por la OCDE en base a la misma encuesta.  ¿Dónde están las diferencias? Esta entidad internacional realiza el análisis de la concentración de ingresos en base al “ingreso disponible”, que es diferente al nuestro, corregido por el tamaño del hogar con una escala de equivalencia, lo que nunca se ha hecho en Chile. Se mide el ingreso disponible como los ingresos monetarios de los hogares (sin tomar en cuenta la imputación por arriendo de los propietarios que ocupan una vivienda o la producción doméstica, como en el caso de Chile) descontando los impuestos directos (a la renta y otros) y las cotizaciones sociales de los trabajadores y considerando las transferencias monetarias. Se considera la repartición de ingresos entre las personas que viven en el seno de hogares privados (fuera de instituciones), cada uno viéndose atribuir el ingreso del hogar en que vive y el ingreso es 'ajustado' en función de un parámetro común entre países para reflejar las diferencias en las necesidades de los hogares según su tamaño (ingreso por 'unidad de consumo'). En este caso, se trata de la raíz cuadrada del tamaño del hogar: por ejemplo, las necesidades de un hogar compuesto por cuatro personas representan el doble de las necesidades de un hogar compuesto por una sola persona (la escala de equivalencia por persona es de 0,5). Se excluye los servicios en especie provistos a los hogares por el gobierno y entidades privadas, los impuestos al consumo y los ya mencionados flujos de ingresos imputados por propiedad de la vivienda. Se evita de esta manera cálculos con poca información, o directamente arbitrarios, como lo que Mideplan hace en Chile para algunos cálculos de distribución del ingreso: imputa gastos de gobierno (por ejemplo algunos de educación y salud) de carácter progresivo, pero no los de carácter regresivo (por ejemplo educación superior o pensiones), lo que permite barrer debajo de la alfombra y presentar mejores datos, pero no hacer una apreciación apropiada de la situación.
Raya para la suma: lo menos que se puede decir es que en Chile queda mucho camino por recorrer en el esfuerzo por disminuir niveles de desigualdad que no tienen nada de inevitable. El camino recorrido por los países desarrollados para disminuir la desigualdad de mercado es a prueba de desmentidos neoliberales: construir estados de bienestar modernos suficiente y equitativamente  financiados. Mientras la media de gasto público social en 2007 era de 19,6% del PIB en la OCDE (y en el caso del país con gasto social más alto, Francia, era de 28,3% del PIB), en Chile era de solo 10,6%. La mitad. Más claro echarle agua.
Una última observación: la pobreza se mide en la OCDE en términos relativos (como un porcentaje de la mediana, es decir el valor que divide en 50% y 50% la distribución de una variable, en este caso el ingreso disponible), entre otras consideraciones para evitar las arbitrariedades a la hora de definir las líneas de pobreza y de los índices de precios que miden su evolución, lo que ha dado lugar a las polémicas recientes en Chile sobre la magnitud de la pobreza. La pobreza es a la postre una posición en la sociedad más que una medición frecuentemente equívoca de necesidades absolutas y del costo monetario de su satisfacción, medidas que sin embargo será siempre útil intentar tener para abordar las carencias de los peor situados en la sociedad y desarrollar las políticas de ayuda directa hacia ellos. El hecho es que en 2007-2008 la medición de la OCDE arroja que
en promedio un 11,1% de la población de sus países miembros está en situación de pobreza, mientras sus estimaciones para Chile son de 20,2% en 1996 y de 18,9% en 2006. Chile tiene una pobreza relativa que es casi el doble del promedio de la OCDE. En la década considerada por la OCDE para Chile la pobreza bajó, pero no demasiado. También aquí nos falta mucho para alcanzar los niveles promedio de un país desarrollado.
Así, tal vez podremos entrar en una etapa de polémica mejor circunscrita en estos temas siempre controversiales, sobre la base de poder comparar, para bien o para mal, nuestra evolución en base a las metodologías de consenso utilizadas en el club de los países desarrollados. El ingreso de Chile a ese club gustó a muchos, pero ahora es posible que a varios les guste menos.