Las cartas sobre la mesa
Llama la atención en el discurso del 21 de mayo de Sebastián Piñera la promesa de que “antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la pobreza”. Agrega Cristián Larroulet que Chile será “el primer país de América Latina en haber alcanzado el desarrollo”. Excelente idea, como por lo demás el tono no confrontacional y de apertura al diálogo del actual Presidente, así como la promoción de valores como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, lo que siempre se agradece viniendo desde la derecha. Hay en el mensaje, ya visto en el tema del financiamiento de la reconstrucción, un tono centrista. ¿Estaremos en presencia de una nueva derecha civilizada, tan ausente en el Chile contemporáneo? ¿Pero cómo se pasa de los deseos y la retórica a concretar realidades?
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de 24 800 en Chequia, de 22 030 en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población). Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante, es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza” en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza. Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos, para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile entiende lo que lee…
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de 24 800 en Chequia, de 22 030 en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población). Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante, es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza” en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza. Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos, para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile entiende lo que lee…
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.