sábado, 23 de enero de 2010

Proposiciones para el futuro

Después de la derrota del 17 de enero de 2010, el peor camino es de la espiral de recriminaciones. Atender lo ocurrido es necesario, habrá largo tiempo para hacerlo, y lo es también asumir las responsabilidades que corresponden a una derrota de proporciones. Pero la acción política siempre debe proyectarse hacia los nuevos desafíos. Discutir sobre esos desafíos es por lo demás una manera de dar cuenta de los errores cometidos. En nuestro caso, se trata de reencaminar la situación de serio retroceso actual hacia un nuevo proyecto político. La Concertación debe redefinirse y entenderse como una expresión de alianza entre el centro político democrático y el arco de la izquierda moderna, progresista y popular, es decir una entidad con vocación mayoritaria que incluye dos grandes identidades diferentes que se unen para fines específicos. La izquierda concertacionista, luego de años de renuncia a su propia agenda transformadora en nombre de un pragmatismo de vuelo rasante y de una absorción unívoca en la función gubernamental, con buenos resultados de consolidación democrática pero finalmente un balance bastante estéril desde el punto de vista de su proyecto histórico de expansión de las libertades, de la igualdad social y del bienestar colectivo, debe reagruparse de una vez, incluyendo si es posible las nuevas expresiones polìticas que surjan a su izquierda, y abrirse a la sociedad para representar a los trabajadores y postergados de Chile que compartan los valores e ideas igualitarias y libertarias, propias del acervo histórico de la izquierda, y a las ideas ecológistas, propias de los nuevos desafíos de la condición humana. Debe revincularse a variadas formas de acción social y ciudadana y dejar de situar al Estado como su único espacio de actividad. El PS debe contribuir, una vez renovadas sus autoridades a la brevedad, a ese propósito central de desestatización y resocialización, aunque siempre estará abierta la opción de la autodestrucción o la esterilidad de las querellas y ambiciones de personas y la defensa de intereses burocráticos particulares. Las nuevas bases de un renovado proyecto político deben ser programáticas y organizativas y dar amplia cuenta del alejamiento producido respecto a las aspiraciones de la sociedad que nos ha llevado a la derrota.


1. Las nuevas bases programáticas progresistas deben ser congruentes con los valores y principios permanentes de la izquierda democrática. En primer lugar, deben reiterar que la democracia es el espacio y límite de su acción en favor de la justicia social, de los derechos de los que viven de su trabajo y de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente. Somos partidarios de una sociedad pluralista en la que se cultiva la tolerancia de las ideas ajenas y se respeta las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición. Los sistemas políticos son más democráticos y fuertes en su capacidad de proveer una forma de gobierno que respete los derechos individuales y colectivos cuando las opciones existentes y los intereses que representan se ponen en juego frente a los ciudadanos, llamados a dirimirlas periódicamente. Las izquierdas autoritarias no merecen ser calificadas como fuerzas de izquierda: toda izquierda auténtica defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo.


2. La visión de izquierda y progresista debe afirmar con energía que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder, buscando su difusión territorial y el control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. En Chile existe un déficit de interacción de los poderes públicos, un déficit de representación y un déficit de concertación social. El parlamento debe poder jugar un rol mayor en la orientación de las políticas públicas y en su fiscalización y al mismo tiempo componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías y represente a las minorías políticas significativas. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias para dejar atrás el sistema de empate y negación de la soberanía popular y sus opciones mayoritarias, fuente de parálisis y alejamiento de la opinión pública de su principal institución representativa. El espacio institucional regional y local debe robustecerse para tener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.


3. La visión progresista no puede seguir resignándose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos. Entre estos debe ser establecido el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia sexual, étnica, de género o social es parte de la reivindicación histórica del progresismo que debe adquirir de aquí en adelante toda su fuerza, y no aceptar ser subordinada al juego de las alianzas políticas con el centro y sus vetos arbitrarios.

4. La izquierda moderna debe promover una economía social y ecológica con mercados, siguiendo las experiencias socialistas democráticas de economía mixta, pero no ser meros defensores de la economía de mercado, a lo que hemos sido asimilados en la práctica, por sentido de la oportunidad, omisión o convicción, lo que ya es más grave. La derecha es la que defiende la economía de mercado en la que prevalecen los intereses oligárquicos establecidos, la concentración económica, los salarios injustos, la desigualdad de ingresos, la falta de competencia, los subsidios a los grandes empresarios, los impuestos regresivos, la no regulación ecológica, la indefensión del consumidor. Este sistema económico tiene por nombre capitalismo y los que lo defienden promueven políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y democrática, que defiende la distribución equitativa de la riqueza, el derecho de los trabajadores a luchar organizadamente por ella, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. La visión progresista no aceptará de aquí en adelante mantener la colonización por el neoliberalismo de sus propuestas económicas y sociales por falta de convicción en su propio proyecto histórico igualitario y ambientalista. La izquierda moderna considera que los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada. Los mercados sirven para asignar recursos de manera descentralizada en el corto plazo, y no deben ser ahogados por burocracias incompetentes, pero no deben ser idolatrados y menos desconocidos sus límites en materia de eficiencia y de equidad, que requieren de un Estado sólido y capaz de servir a los ciudadanos con transparencia y diligencia. Porque esto es consustancial a su proyecto, la izquierda moderna cree que el peor error que se puede cometer frente a los ciudadanos que confían en ella es descuidar el carácter profesional del Estado y someterlo al clientelismo y la incompetencia, prácticas que se compromete a desterrar de sus filas.

5. El crecimiento es un medio para salir del subdesarrollo, pero debe fomentarse en el marco del ejercicio de las libertades políticas y sociales. Nuestro horizonte es construir, junto a los ciudadanos, un nuevo Estado democrático y social de derecho que garantice seguridades básicas, igualdad de derechos y oportunidades, acceso de todos a los bienes públicos, al goce de la naturaleza y a incidir en las decisiones administrativas y políticas. Esto requiere más gasto en educación y salud pública, bienes urbanos y protección de la naturaleza, y no menos como proponen los liberales y sus soluciones de mercado o de Estado subsidiario y marginal. Requiere una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y exclusión, y no menos protección para los más vulnerables. Requiere más y no menos Estado en infraestructura, formación, innovación tecnológica. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de los servicios básicos y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora. Esto tiene un costo para la sociedad, expresado en una mayor carga tributaria, que debe ser suficiente y justa en su distribución. Pero mucho mayor es, entre otras lacras, el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones. La sociedad de mercado debe ser reemplazada por una sociedad plural, con un espacio público fuerte, con ciudadanos con derechos, en el que la economía y el mercado se subordinen al interés general y a la sustentabilidad democrática, social y ambiental del desarrollo.

6. Volver a conectarse con las aspiraciones de la sociedad a través de un proyecto político que les otorgue orientación y sentido de futuro requerirá un cambio en la configuración organizativa del progresismo. Llegó la hora de desechar la dispersión que se ha mantenido en nombre de “cautelar la Concertación”, al precio de renunciar a la agenda progresista y de distanciarse de los ciudadanos. La mejor fórmula es la de una federación de fuerzas que incluya a las existentes y a nuevas expresiones políticas que se reconocen en el proyecto político progresista y están dispuestas a ser parte de su desarrollo, sin exclusiones. Esta federación debe sustentarse mediante procedimientos democráticos de representación proporcional en un consejo nacional, que delibere sobre sus bases programáticas y las orientaciones políticas en cada coyuntura, y en una dirección política conjunta que combine representatividad y pluralidad de los componentes de la federación. El procedimiento federativo supondrá escoger en primarias abiertas una candidatura presidencial de primera vuelta cada cuatro años, con un pacto de apoyo mutuo previo con el centro y el PC para segunda vuelta. Las candidaturas parlamentarias y candidaturas a alcaldes deberán ser pactadas por el mismo espectro mientras permanezca el sistema electoral actual, pero mediante un estricto procedimiento de primarias internas en el caso de la federación progresista. Las candidaturas a concejales deben permitir representar la pluralidad en una lista progresista.

7. La existencia de la federación progresista no supondrá terminar con las alianzas de gobierno con fuerzas del centro político y especialmente con la Democracia Cristiana, sino redefinirlas en los términos mencionados. Supondrá su autonomía en materia de candidaturas presidenciales, en las que promoverá sus bases programáticas propias, con disposición a realizar pactos de gobierno de coalición sustentados en un programa destinado a cumplirse en cada período presidencial de modo exigible por los ciudadanos. La Concertación no puede seguir siendo el espacio de la dispersión del progresismo y de su competencia interna descarnada en beneficio de la agenda conservadora y de la subordinación del sistema democrático a los poderes económicos oligárquicos, que por nuestros errores y falta de voluntad política han conquistado ahora el gobierno, único espacio del que aún no disponían en propiedad en Chile. La Concertación debe en cambio ser en el futuro próximo el espacio de encuentro para tareas comunes delimitadas en cada período político entre el centro político y el progresismo unificado y estructurado como fuerza política federada.