martes, 2 de septiembre de 2008

Las instituciones y la necesidad de innovar

Las cada vez más complejas sociedades modernas están inmersas en procesos de cambios constantes. Las instituciones políticas son con frecuencia más rígidas que las sociedades, por lo que suelen permanecer en estado de obsolescencia por períodos prolongados. ¿No estará esto ocurriendo hoy en Chile en muchas áreas, obstaculizando su desarrollo, es decir su capacidad de expandir las libertades, la igualdad de derechos y oportunidades y la prosperidad y solidaridad colectivas?
La confusión sobre los proyectos de los unos y los otros, el doble discurso, el pragmatismo sin visión, han ido creando un mal clima en el país, que no tiene claridad sobre cuales son sus opciones y por tanto se desinteresa de la búsqueda del interés general. A este estado de cosas no es ajena la mala calidad de las instituciones.
Un buen funcionamiento global del país necesita, como la respiración humana del oxígeno, de instituciones políticas y administrativas dinámicas. Estas lo son cuando se constituyen en nexos constructivos entre las opciones individuales, la provisión de bienes públicos y la construcción de proyectos colectivos.
Para que una moderna articulación entre poder administrativo, economía y sociedad facilite la innovación y la competitividad y que estas sean soportes sólidos de una mayor prosperidad justamente distribuida, las democracias pluralistas deben admitir el carácter estructurante del conflicto y del debate. Para una visión antigua y traumada esto pudiera aparecer como factor de desestabilización. La estabilidad democrática se obtiene con la legitimación de la representación de intereses particulares o colectivos contradictorios, no con su represión o negación, y con mecanismos fluidos y transparentes de deliberación sobre su pertinencia, seguidos de procedimientos de decisión mayoritaria legítima sobre las opciones en presencia. Por supuesto, esto no excluye cautelar como corresponde los derechos de las minorías, y especialmente su derecho a transformarse en mayoría, razón por la cual períodos de gobierno de cuatro años no son necesariamente malos para la dinámica política.
Los sistemas de representación y de separación de poderes deben proteger el pluralismo, aunque no paralizar la acción colectiva, como es el caso hoy: el “empate binominal” no permite orientar a Chile hacia ningún proyecto colectivo coherente, de uno u otro signo, que no sea una especie de centrismo blando inconducente. En muchos aspectos el ejecutivo se paraliza por la ausencia de mayoría parlamentaria y su programa de gobierno es un papel sin valor, que no compromete a nadie a hacer nada. Para que el parlamento juegue un rol mayor en la orientación de las políticas públicas, además de la fiscalización de su ejecución, no debe ser un factor de entrampamiento para unas u otras opciones políticas, sino estar en sintonía con la voluntad del país. Esto requiere de un sistema electoral coherente con ella. ¿Porqué no avanzar a un sistema electoral mayoritario como el existente en muchas democracias maduras? Esto no debe implicar renunciar a incluir una representación no decisiva de las minorías políticas significativas, sino dejar atrás el actual sistema de empate, fuente de parálisis, de desincentivo a la innovación y de alejamiento de la opinión pública de su principal institución representativa, de la que hoy casi nada nuevo o significativo puede surgir que no sea la obstrucción. No es de extrañar entonces que su prestigio no sea el más alentador, pues la opinión pública se ha hecho una opinión del parlamento como una institución parasitaria y no como el lugar en el que se contribuye a mejorar el presente y se representan, en un contexto de debate, sus proyectos de futuro.
Mejorar las instituciones incluye otros temas. Cabe mencionar al menos dos. En primer lugar, el espacio institucional regional y local debe tener más autonomía en los asuntos que le competen: la crisis del sistema de transporte metropolitano gestionado por el gobierno central es paradigmático al respecto. No se conoce democracia moderna alguna que entregue el manejo del transporte urbano de cada una de sus ciudades, incluyendo la capital, a una autoridad del gobierno central. Es sorprendente como el debate sobre el tema no incluya la creación urgente de los gobiernos metropolitanos (que tuvimos ocasión de proponer en... 1991 y que fue rechazado como tantas otras cosas por la derecha en el parlamento). Las regiones deben poder ocuparse de sus asuntos propios con autoridades propias, eligiéndolas por ejemplo al mismo tiempo que las autoridades municipales, y estas deben tener más facultades y a la par más escrutinio público sobre sus acciones y más cercanía con sus ciudadanos.
A la vez, no existen razones para no establecer –como quedó comprometido por lo demás con la Unión Europea- mecanismos profesionales, periódicos y amplios de concertación entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social, complementando el trabajo del gobierno y el parlamento e institucionalizando la representación razonada de intereses. E
n Chile nos estamos acostumbrando a los estallidos sociales parciales, a los que se otorga respuestas cada vez más clientelares, sin una visión sobre la orientación hacia la cual el país se dirige y sin coherencia de conjunto. Es este tal vez el momento, al iniciarse un período electoral que durará poco más de un año continuo, en el que algunos temas de fondo puedan ser discutidos.