domingo, 13 de mayo de 2007

El debate sobre la reforma a las pensiones



En los próximos días el debate sobre la reforma provisional entrará en tierra derecha. Las autoridades del ministerio de hacienda informan que la reforma al sistema de pensiones, que constituye conceptualmente un gran avance y que incluye la nueva pensión básica garantizada y subsidios especiales a las mujeres y a los jóvenes, tendría un costo del orden de 1% del PIB en régimen de pleno funcionamiento.
Debe hacerse notar en primer lugar que esta reforma va a implicar que movilizará menos recursos que el gasto en pensiones militares, que es de 1,3% del PIB.
En segundo lugar, cabe también hacer notar que esta reforma va a movilizar mucho menos recursos que los que en promedio se vienen gastando en pensiones desde 1981. Según los propios datos de la Dirección de Presupuestos, el déficit previsional del sector civil financiado por el Estado entre 1981 y 2004 representó en promedio un 4,3% del PIB. El gasto en 2006 en pensiones (déficit operacional del sistema civil y bonos de reconocimiento) es de 3,7% del PIB y en 2010 sería de 3,2% del PIB, evidenciando una caída. En el período reciente empieza a notarse el efecto que provoca el que vaya disminuyendo el número de pensionados en el sistema antiguo. Se viene generando desde mediados de esta década una cada vez mayor holgura fiscal en materia de pensiones.
¿Se usarán estos recursos para el nuevo sistema de pilar solidario? No está previsto que sea así. En efecto, según el Informe Financiero del proyecto de ley de reforma su costo sería en 2010 de US $ 500 millones, menos del 0,3% del PIB, prolongando además la entrada en vigencia del beneficio hasta el 2017. Se trata de una novedad en las prácticas financieras del Estado: se fija un beneficio para siete años después de terminado el actual gobierno, en circunstancias que en Chile el gasto público se establece año a año y no corresponde anticipar decisiones de otros gobiernos.
Resultado: al final del gobierno de la Presidenta Bachelet se gastaría menos (3,5% del PIB) en pensiones que a su inicio (3,7% del PIB), lo que resultaría curioso para una prioridad presidencial. Recordemos que las reformas de educación y de salud involucraron en su momento un aumento de 1% del IVA en cada caso.
De imponerse el particular criterio enunciado por las autoridades del ministerio de hacienda, la sociedad chilena, en medio de una fuerte transición demográfica, va a disminuir sustancialmente el esfuerzo en gasto en pensiones civiles, lo que resulta francamente inexplicable.
Existen indudables dificultades de implementación que hacen comprensible una transición para llegar al 60% de la población con la pensión básica garantizada. Pero un calendario anual de incremento de la cobertura hasta 2010 (y no el 2017, como está previsto) por tramos es factible y con montos mayores al anunciado, pues los recursos están disponibles. En cambio, la reforma prevé una sustancial reducción del esfuerzo público en pensiones en largo plazo, lo que parece al menos incongruente con la promesa presidencial y con la necesidad de mejorar la distribución del ingreso.
Una reorientación de la reforma al sistema de pensiones debiera al menos incluir un acortamiento del calendario de entrada en vigencia al 2010, una pensión solidaria más alta (un criterio posible es que sea equivalente a un 80% del ingreso mínimo), el inicio del beneficio a los 60 años y no a los 65 para las mujeres, una participación de los empleadores en el sistema haciéndose cargo del pago de la prima de invalidez y sobrevivencia y una disminución de la incertidumbre en las pensiones contributivas, eliminando el sistema de retiro programado y estableciendo tasas de reemplazo con rangos mínimos y máximos, además de asegurar a través de licitaciones de cartera y una regulación de las cotizaciones la caída drástica de los cobros de administración de las AFP, que las tienen entre los negocios más rentables de Chile y el mundo a costa de los trabajadores chilenos.


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Ilustración de Cecilia Martner